La elección interna del Frente Amplio, que dejó a la diputada Gael Yeomans como nueva presidenta del partido, se produjo en un momento que no puede leerse de forma aislada. En paralelo a esa disputa interna, el expresidente Gabriel Boric reapareció en la escena pública defendiendo activamente su propia gestión y cuestionando al gobierno de José Antonio Kast — una ofensiva comunicacional que varios analistas leen como el arranque temprano de una eventual candidatura presidencial en 2029.

Esa lectura no es antojadiza. La influencia de Boric sobre el aparato partidario será decisiva frente a la amenaza interna que representa el liderazgo municipal del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, hoy la figura con mejor evaluación ciudadana dentro del sector y el nombre que más incomoda al círculo histórico de Convergencia Social. Yeomans, cuya cercanía es mayor con el mundo de Boric que con el de Vodanovic, fue explícita tras ganar la interna: la discusión presidencial del partido "vamos a anticiparla para poder llegar bien, porque creemos que el Frente Amplio debe estar en condiciones de disputar las próximas elecciones".

Contra ese telón de fondo, esta columna revisó la composición completa de los dos órganos que definirán el rumbo del Frente Amplio de cara a 2029 — el Comité Central y la nueva directiva nacional — y encontró un patrón que confirma, con cifras duras, algo que VDI Global viene documentando de forma sistemática sobre la izquierda chilena: la porosidad casi total entre el aparato partidario y el aparato de Estado cuando ambos están controlados por el mismo sector político.

Los números: 30 de 47

El resultado del catastro es contundente. 22 de los 36 miembros del Comité Central (61%) y 8 de los 11 integrantes de la nueva directiva (73%) trabajaron en el gobierno de Boric. En conjunto, 30 de las 47 personas que hoy conducen al Frente Amplio —el 64% de su cúpula completa— pasaron por cargos remunerados en la administración que el propio partido encabezó entre marzo de 2022 y marzo de 2026, con una remuneración bruta promedio mensual superior a los $5 millones.

Para dimensionar esa cifra: en un país donde el sueldo mínimo ronda los $529.000 y donde el ingreso promedio de un profesional recién egresado no llega a los $900.000, casi dos tercios de la conducción de un partido que se presenta como representante de las causas populares y de la clase trabajadora se nutrió, durante cuatro años, de remuneraciones diez, doce, hasta dieciocho veces superiores a ese piso — pagadas, en todos los casos, con recursos fiscales.

La directiva: el jefe de gabinete y cuatro exministros

El caso más ilustrativo es el de Carlos Durán, quien se incorpora como representante nacional al Comité Central tras haber sido, ni más ni menos, el jefe de gabinete del propio Boric entre enero de 2023 y marzo de 2026, con un sueldo bruto de $6.042.544 mensuales. Durán no es una figura menor dentro del ecosistema frenteamplista: militante de Convergencia Social, fue uno de los estrategas de la campaña presidencial de Boric en 2021 y es considerado uno de los fundadores intelectuales del propio Frente Amplio, además de haber sido jefe de Estudios del Segundo Piso antes de asumir la jefatura de gabinete presidencial. Que el hombre que coordinó la agenda diaria del expresidente hoy pase directamente a sentarse en la mesa que define la estrategia del partido no es coincidencia: es la lógica natural de un sistema donde gobierno y partido nunca terminaron de separarse.

A Durán se suman cuatro exministros en el Comité Central. Javiera Toro acompañó a Boric los cuatro años completos de gobierno, primero en Bienes Nacionales y luego en Desarrollo Social —cargo al que llegó reemplazando a Giorgio Jackson—, con una remuneración de entre $6,3 y $9,2 millones mensuales según el mes, y con un lugar en el comité político, la instancia de mayor poder real dentro de cualquier gabinete presidencial. Francisco Figueroa, periodista y exdirigente de la Izquierda Autónoma que compartió la vicepresidencia de la FECh con el propio Boric entre 2009 y 2011, fue jefe de gabinete de Toro antes de asumir él mismo como ministro de Bienes Nacionales en enero de 2025, con sueldos de hasta $9,2 millones. Marcela Sandoval ocupó esa misma cartera entre agosto de 2023 y enero de 2025, con remuneraciones de entre $6,8 y $7,3 millones. Y Francisca Perales, ingeniera civil bioquímica y exvicepresidenta de Convergencia Social, pasó de subsecretaria de Servicios Sociales a subsecretaria de la Subdere, con sueldos que llegaron a los $10,2 millones mensuales — la remuneración más alta de todo el catastro.

Completan el bloque de exautoridades del Comité Central el exdirector de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra —hoy diputado electo, con sueldos de hasta $8,1 millones durante su paso por el gobierno— y las exseremis Sonia Reyes (Medio Ambiente, $4.387.747 mensuales) y Dafne Pino (Transportes, entre $3,4 y $6 millones).

La nueva directiva nacional replica el mismo patrón en su cúspide: el exministro del Trabajo Giorgio Boccardo —sociólogo, académico de la Universidad de Chile y de trayectoria autonomista, subsecretario primero y ministro después hasta el término del gobierno, con sueldos de hasta $9,2 millones— y la propia expresidenta saliente del partido, Constanza Martínez, quien dejó su cargo de delegada presidencial de la Región Metropolitana —entre $6,6 y $7,6 millones mensuales— para asumir la conducción del Frente Amplio en 2024, y que pese a haber perdido su intento de reelección hace apenas unos días, continuará formando parte de la directiva encabezada por Yeomans.

Las jefaturas de gabinete y asesorías: el segundo piso del aparato

El resto de la nueva conducción del partido proviene, en su mayoría, de cargos de asesoría y jefatura de gabinete de segundo nivel, casi todos contratados a honorarios. En la directiva: Javiera Cabello, quien asumirá la Secretaría Nacional de Comunicaciones, fue jefa de gabinete en el Ministerio de la Mujer con sueldos de hasta $8 millones; Marco Verdugo, futuro secretario de Frentes, fue asesor en la Subsecretaría de Evaluación Social con remuneraciones de hasta $7,5 millones; Andrés Couble, próximo secretario de Contenidos, fue asesor directamente en Presidencia, con $3.800.692 fijos mensuales; Leonardo Jofré, encargado de Acción y Despliegue Territorial, fue asesor legislativo en la Subsecretaría de Educación Parvularia, con $3.130.145; y Camila Romero, futura tesorera del partido, se desempeñó como administrativa en la Seremi de Salud de Coquimbo, con $1.119.169 mensuales — el sueldo más bajo del catastro, pero de todos modos un cargo remunerado con fondos públicos.

En el Comité Central, el listado de exasesores continúa: la diputada Constanza Schonhaut, hoy parlamentaria en ejercicio, fue asesora del Ministerio del Interior con $4 millones fijos mensuales; Rodri Mallea trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos con remuneraciones de hasta $8,4 millones; David León se desempeñó en la Subdere con sueldos de hasta $9,58 millones incluyendo bonos; Simón Ramírez trabajó en la Subsecretaría de Servicios Sociales con $5,3 millones; Alfonso Castellano fue jefe de gabinete en la Subsecretaría de Transportes con $4,2 millones; y Nicole Martínez, también en Servicios Sociales, con sueldos de hasta $7 millones. Se suman, con montos algo menores pero igualmente cargados al presupuesto público, Sofía Fuentes (Segpres, $2.778.552), Francisco Arellano (Subsecretaría General de la Presidencia, $5.720.947), Rodrigo Oliva (Delegación Presidencial de Tarapacá, $2.221.590), Valentina Olivares (Subsecretaría del Interior, $2.438.792), Lorena Meneses (Subdere, hasta $3,9 millones) y Javiera López (Subsecretaría de Prevención del Delito, $2.732.232).

El dato que rompe la narrativa simple: dos siguen trabajando para Kast

Un elemento que esta columna considera indispensable señalar, porque escapa a la lectura binaria más fácil del episodio: dos integrantes del nuevo Comité Central del Frente Amplio continúan hoy, en este mismo momento, trabajando dentro del gobierno de José Antonio Kast. Piroska Sandoval se desempeña a honorarios en la Subsecretaría de Justicia, con $2.818.510 mensuales, y Patricia Paillao trabaja en la DOS de la Segegob, con una remuneración de entre $2,2 y $4,2 millones. Una tercera, Magda Cottet —quien asumirá la Secretaría Ejecutiva de la nueva directiva—, trabajó en la Subdere hasta fines de abril de 2026, ya bajo la administración de Kast, con sueldos de entre $2,5 y $4,6 millones.

Esta columna no ve en este dato una contradicción que deba ocultarse: al contrario, confirma que el problema de fondo no es exclusivamente partidario, sino estructural al Estado chileno en su conjunto, donde la rotación entre cargos de confianza política y militancia activa ocurre con independencia de qué coalición gobierne en un momento dado. Dicho eso, el caso del Frente Amplio es el que hoy está bajo la lupa, por la magnitud de la concentración documentada y por la coincidencia temporal con el regreso público de Boric.

Lectura editorial

Esta columna sostiene, desde una posición que no oculta su distancia crítica con el proyecto del Frente Amplio, que el problema no reside en que exdirigentes hayan ocupado cargos de gobierno durante la administración que su propio sector encabezó — eso, hasta cierto punto, es previsible en cualquier coalición que llega al poder. El problema es la escala y la concentración: cuando el 64% de la conducción completa de un partido —no un porcentaje menor, sino casi dos tercios— proviene del mismo círculo de nombramientos rentados por el Estado durante los mismos cuatro años, ese partido deja de operar como un contrapeso ciudadano capaz de evaluar con distancia crítica la gestión de su propio gobierno, y pasa a funcionar, en los hechos, como una prolongación institucional de ese mismo gobierno con otro nombre.

Esto es particularmente relevante en el momento político actual. El Frente Amplio y el Partido Comunista han sido, durante los primeros meses del gobierno de Kast, la voz más dura en exigir rendición de cuentas inmediata frente a cualquier error de gestión del actual Ejecutivo —una exigencia que esta misma columna comparte cuando corresponde, como ha quedado documentado en nuestra cobertura sobre la falta de meticulosidad del propio gobierno en el diseño de la reforma de seguridad—. Pero esa misma vara de exigencia se aplica con una laxitud notoria hacia adentro: el partido que hoy exige transparencia y autocrítica al oficialismo es, según este catastro, uno cuya propia conducción está compuesta mayoritariamente por quienes se beneficiaron directamente, en sueldo y en poder, de la gestión que hoy Boric sale a defender sin matices.

Lo que corresponde exigir

• Que el Frente Amplio transparente, como partido, el criterio con el que seleccionó a sus representantes para el Comité Central y la directiva, y explique públicamente si la experiencia de gobierno fue un criterio explícito de selección o una simple coincidencia estadística.
• Que las nuevas autoridades partidarias que además ejercen cargos públicos actuales —Sandoval, Paillao y, hasta abril, Cottet— declaren explícitamente cómo evitarán conflictos de interés entre su rol partidario y su función en el Estado.
• Que Boric, en su rol de figura de mayor ascendencia sobre este nuevo ciclo del partido, se pronuncie sobre si esta concentración de exautoridades en la conducción responde a una estrategia deliberada de cara a 2029.
• Que la prensa y la opinión pública apliquen a este episodio el mismo estándar de escrutinio que se aplicaría, sin dudarlo, si la composición equivalente se diera en la directiva de un partido de derecha con exautoridades de un gobierno de ese signo.

Conclusión

El Frente Amplio llega a este nuevo ciclo con una conducción que, en sus dos tercios, tiene menos experiencia de oposición que de gobierno propio. Eso no convierte en ilegítima a ninguna de las 30 personas mencionadas en este catastro — todas ocuparon cargos formales, con escalas de remuneración pública y conocida, y esta columna no formula contra ninguna de ellas ninguna acusación de irregularidad. Lo que sí queda establecido, con nombre, cargo y cifra, es un patrón: el Frente Amplio no está construyendo hoy una nueva generación de liderazgo independiente del poder que tuvo, sino administrando, con otros títulos, la misma red de personas que ya lo ejerció.