La imposición del arancel de 12,5% que Estados Unidos aplicó a una parte relevante de las exportaciones chilenas desencadenó esta semana una ofensiva parlamentaria transversal, que exige a Fundación Libera y Centro Ecoceanos, las dos organizaciones no gubernamentales chilenas que expusieron ante la USTR acusaciones de trabajo forzoso en la salmonicultura y la agricultura de exportación, que transparenten de una vez quién financia sus operaciones. La pregunta no es menor: si estas organizaciones utilizaron una tribuna extranjera para instalar un relato que, según coinciden parlamentarios de todos los sectores, carece de fundamento verificable, corresponde saber con qué recursos y con qué intereses de fondo operan.

Lo que las ONG expusieron, y lo que el Congreso no encuentra

Ambas organizaciones —Fundación Libera, liderada por Carolina Rudnick Vizcarra, y Ecoceanos, dirigida por Juan Carlos Cárdenas Núñez— participaron en las audiencias de Washington acusando la existencia de trabajo forzoso en dos de las actividades productivas más relevantes del país. El problema, según denuncian de forma prácticamente unánime los parlamentarios de la comisión de Pesca consultados por la prensa, es que ninguno de ellos tiene registro de que existan antecedentes reales que sustenten esa acusación. El diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal), presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, fue categórico: "llevo años trabajando, fiscalizando, reuniéndome con gremios de trabajadores de la industria acuícola, incluso he presentado algunos proyectos de ley. Sin embargo, nunca he visto lo que aquí se está relatando respecto a trabajo forzoso en la industria salmonicultora".

"Que digan quiénes los financian": el reclamo que cruza todo el espectro político

El llamado a la transparencia financiera de ambas organizaciones no provino de un solo sector, sino que fue formulado de manera coincidente por parlamentarios de derecha, centro e izquierda. Los diputados UDI Natalia Romero, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu anunciaron que oficiarán a las distintas reparticiones del Estado para determinar si estas ONG reciben financiamiento público, calificando como "incomprensible que estas dos organizaciones estén utilizando recursos que pertenecen a todos los chilenos para desacreditar la imagen internacional de nuestro país". El propio Bernales, desde la oposición al gobierno de Kast, fue en la misma línea: "creo que ambas ONGs tienen que aclarar esta situación y, sobre todo, decir y transparentar cómo obtienen los recursos y para qué son utilizados".

Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Paulina Muñoz fue la más dura de todas las voces consultadas, calificando la actuación de las organizaciones como "vergonzosa e impresentable" y acusando que "fueron a mentir descaradamente a Estados Unidos acerca de nuestro país (...) hoy el pato y el precio lo pagamos como país". Muñoz reveló además que presentó, hace un tiempo, un proyecto de ley para obligar a este tipo de organizaciones a transparentar los recursos que reciben del extranjero, solicitando explícitamente al Ejecutivo darle urgencia: "sabemos y tenemos antecedentes de que se utilizan mediante grandes pagos desde el extranjero para obstaculizar proyectos importantes para el desarrollo de nuestro país".

El emplazamiento a la Fiscalía: "si tienen pruebas, que las presenten aquí"

Uno de los planteamientos más contundentes de los parlamentarios UDI fue exigir que ambas ONG entreguen toda la información que dicen manejar directamente ante la Fiscalía chilena, y no solo ante un organismo extranjero: "si realmente cuentan con antecedentes sobre la existencia de trabajo forzoso en nuestro país, su obligación es acudir a las autoridades competentes y no hacerlo en el extranjero". La advertencia fue directa: "si no tienen las pruebas que respalden estas graves acusaciones, entonces estaríamos frente a una operación absolutamente irresponsable, motivada solo por razones ideológicas y cuyo único objetivo ha sido dañar la imagen internacional de Chile".

El respaldo transversal a esta exigencia: incluso desde la izquierda

Resulta especialmente significativo que este reclamo no haya quedado circunscrito a la derecha. El senador democratacristiano Iván Flores, integrante de la comisión de Pesca del Senado, cuestionó con dureza la decisión de las organizaciones de exponer sus denuncias fuera de Chile: "me llama la atención que estas dos organizaciones hayan hecho esas acusaciones en espacios que escapan al territorio nacional. ¿Por qué no lo hicieron en Chile? ¿Por qué no elevaron la voz aquí, en nuestro país, antes de enredar a la economía nacional exportadora en tribunales o en instancias que son ajenas a nuestro interés nacional?". Flores fue enfático en que "el trabajo forzado no es una cuestión que hoy día esté permitida en Chile", subrayando que el país ha avanzado en regulación de horas extras y condiciones laborales.

Incluso la diputada comunista Nathalie Castillo, pese a defender que "denunciar los derechos laborales es una obligación y jamás puede relativizarse", coincidió en el diagnóstico de fondo: "tampoco podemos validar el intervencionismo ni el tutelaje de una potencia extranjera. Las diferencias entre Estados deben resolverse mediante el derecho internacional, los canales diplomáticos y los acuerdos comerciales vigentes, no mediante decisiones unilaterales que finalmente terminan pagando nuestros sectores productivos y sus trabajadores".

El costo real: 70 mil empleos en juego

Más allá del reclamo político, los parlamentarios de las zonas exportadoras pusieron cifras concretas al daño. Bernales cuestionó "el daño" que se está provocando a una industria "que entrega crecimiento a nuestra región, entrega más de 70.000 empleos directos e indirectos a través de las pymes", advirtiendo que ese sector "está siendo afectado por un grupo de personas, por un puñado de personas que tiene intereses que están completamente desajustados con lo que buscamos como región". El diputado RN Mauro González, en un tono más constructivo, pidió al Gobierno "liderar una mesa de trabajo urgente con los gremios y las organizaciones para aclarar la solidez de nuestras instituciones, proteger los puestos de trabajo de nuestra gente y destrabar cuanto antes este conflicto comercial con Estados Unidos".

Por qué esta exigencia de transparencia es legítima

Esta columna respalda con firmeza el reclamo transversal del Congreso: cuando organizaciones que dicen actuar en nombre de la sociedad civil chilena exponen ante un gobierno extranjero acusaciones que ningún parlamentario de la comisión especializada logra corroborar con antecedentes propios, y que terminan siendo invocadas, aunque sea parcialmente, para fundamentar una sanción comercial que afecta a decenas de miles de trabajadores chilenos, la ciudadanía tiene el derecho legítimo de saber quién financia esa actividad y con qué objetivo. Defender los derechos laborales es, como bien planteó la diputada Castillo, una obligación irrenunciable; pero esa defensa exige, como mínimo, agotar los canales internos —la Inspección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, los tribunales de justicia, la propia Fiscalía— antes de acudir a un organismo de un gobierno extranjero cuya política comercial, como esta misma columna ya documentó en su investigación previa sobre el origen del arancel, buscaba de todos modos aplicar sanciones a 60 países simultáneamente.

Conclusión: transparencia, no censura

El reclamo de estos parlamentarios no busca impedir el trabajo legítimo de fiscalización de la sociedad civil, sino exigir un estándar mínimo de transparencia y proporcionalidad cuando ese trabajo se traslada a instancias que pueden terminar perjudicando directamente los intereses productivos y laborales del propio país que dicen defender. Que Fundación Libera y Ecoceanos transparenten sus fuentes de financiamiento no es una persecución: es exactamente el mismo estándar de rendición de cuentas que esta línea editorial exige, sin excepción, a cualquier actor —público o privado— que incida en decisiones de esta magnitud para Chile.