Más de 40 personas estarían involucradas en la red de tráfico de cannabis desarticulada por la Operación Ámsterdam, según la investigación conjunta del Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros. Para ordenar ese entramado, ambas instituciones construyeron organigramas que ubican a cada imputado según su rol, respaldados en evidencia documental e interceptaciones telefónicas. VDI Global detalla a continuación el perfil de los 12 imputados que la Fiscalía considera más relevantes dentro de la estructura.

La cúpula directiva

En la cima del organigrama, la Fiscalía sitúa a Andrés Astorga (43), señalado como principal accionista y líder de la presunta organización, vinculado a cinco empresas. Se le atribuye participación en el restaurante Pulmay, de BordeRío, en Vitacura, y según escuchas telefónicas habría sido registrado planificando el futuro del grupo, afirmando que "el negocio generaría miles de millones de pesos".

Como segundo en la línea de mando aparece Gino Athens A. (37), identificado como segundo accionista y directivo número dos, con una participación del 29% en la sociedad matriz DN Medcorp. Las escuchas citadas por la investigación registrarían instrucciones que habría recibido de Andrés Astorga para realizar pagos en efectivo a proveedores y mover excedentes de stock de marihuana entre locales; se le atribuye además haber ofrecido su propio departamento para almacenar mercancía.

Mario Astorga (73), padre del líder señalado por la Fiscalía, aparece como gerente general de DN Medcorp, vinculado a cinco empresas. Ha actuado como vocero de los locatarios de BordeRío, y según la investigación existirían antecedentes sobre su conocimiento de la presunta ilicitud de las actividades del grupo.

Los accionistas de la administración

Raimundo Silva (43) figura como accionista y miembro de la cúpula administrativa, vinculado a seis empresas. La investigación le atribuye haber utilizado otras sociedades en las que también es accionista —incluido el restorán Pulmay de BordeRío— para mover y encubrir dinero de la organización.

Rodrigo Buzeta Q. (45), también accionista, es imputado como parte del área de producción de marihuana, con vínculos a cinco empresas. Es descrito por la Fiscalía como el encargado de coordinar la producción, dosificación, mantención y desvío de cannabis desde el predio de cultivo de Pelarco. Un dato adicional del reportaje periodístico: Buzeta es cuñado de Álvaro Jalaff, cofundador de Grupo Patio, recientemente condenado en el caso Factop.

Sebastián Risco (43) es sindicado en la toma de decisiones a nivel de dirección del grupo y vinculado a cuatro empresas. Según un informe policial citado por la investigación, la sociedad "RM Diseños Limitada recibió desde DN Medcorp SpA la suma total de $53.042.809, asociada a Sebastián Risco, siendo utilizada como vehículo societario para la recepción de activos provenientes del tráfico de drogas".

Cristián Ossa (42) aparece con participación en la administración y en el marketing para la comercialización, vinculado a tres empresas. Una escucha telefónica citada por la investigación lo describe como considerado "intocable" dentro de la organización, señalando que "sus condiciones eran mejores que las de otros integrantes relevantes".

Producción y comercialización

Matías Landerer (41) es imputado como miembro de la cúpula en las áreas de producción y comercialización, con vínculos a cinco empresas, entre ellas MA Botanics SpA, también indagada en la causa. Según escuchas telefónicas, habría coordinado el traslado de cargamentos de marihuana y aceites desde el local de Colón, en Las Condes, hacia Concepción y Los Ángeles.

Eduardo Oviedo (35) tiene un rol atribuido en la línea de comercialización, vinculado a seis empresas. Una escucha telefónica citada por la investigación lo registra confirmando planes para la apertura de un nuevo dispensario en Chiloé, evaluando si convenía operar bajo la marca Dispensario Nacional o Botánico.

Juan Pablo Cox (38) aparece vinculado al campo de cultivo de marihuana de la empresa MA Botanics, en Pelarco. Según una escucha entre él y Landerer citada por la Fiscalía, este último habría reconocido que la rentabilidad real del negocio no estaba en el proyecto medicinal, sino en la venta directa de marihuana.

Juan Astorga (38) tiene atribuido un rol en la administración y explotación directa de las sucursales de Lo Barnechea (Dispensario de La Dehesa) y Viña del Mar, vinculado a al menos cuatro empresas que, según la investigación, serían utilizadas como vehículos para el desvío de fondos y lavado de activos.

Nicolás Ljubetic (43) está vinculado al área de comercialización del dispensario de Vitacura. La investigación detectó transferencias de dinero desde DN Medcorp SpA hacia Smart Corp Limitada, empresa vinculada tanto a Ljubetic como a Cristián Ossa.

Lectura editorial — VDI Global

El nivel de detalle que arroja este organigrama —12 personas, decenas de sociedades vinculadas, escuchas telefónicas específicas y transferencias documentadas— confirma la magnitud de la investigación y refuerza el diagnóstico que este medio planteó en su cobertura inicial de la Operación Ámsterdam: la sofisticación de esta estructura, con roles diferenciados de dirección, producción, comercialización y manejo financiero, es exactamente el tipo de organización que la fiscalización preventiva del Estado debería haber detectado antes de que escalara a la magnitud que hoy investiga la Fiscalía.

Un dato que amerita seguimiento periodístico adicional es el vínculo familiar entre Rodrigo Buzeta y Álvaro Jalaff, condenado en el caso Factop. Sin prejuzgar responsabilidades —que son estrictamente individuales—, la coincidencia de que distintas causas de alta connotación pública en Chile terminen cruzándose en los mismos círculos empresariales y familiares es un fenómeno que este medio seguirá observando con atención, siempre con el debido rigor probatorio.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía transparente, en la medida que el secreto de la investigación lo permita, el estado de avance respecto de cada uno de los más de 40 imputados, no solo de los 12 destacados en este organigrama.
• Que se investigue exhaustivamente el circuito de sociedades utilizadas —según la propia imputación— como vehículos para el desvío de fondos y lavado de activos, dado que la cantidad de empresas vinculadas a cada imputado (entre tres y seis en los casos destacados) sugiere un entramado societario complejo.
• Que la UAF colabore activamente con la Fiscalía en el rastreo de las transferencias entre sociedades relacionadas, como la detectada entre DN Medcorp SpA y Smart Corp Limitada.

Conclusión

El organigrama construido por la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros ofrece la radiografía más detallada hasta ahora de cómo habría operado la presunta red de tráfico de cannabis tras la fachada de Dispensario Nacional. Doce nombres, roles diferenciados y un entramado societario que abarca decenas de empresas dibujan un caso que, para VDI Global, seguirá siendo objeto de seguimiento editorial en las próximas semanas. Se reitera: todos los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en su contra.