Nota editorial: El presente titular refleja la posición editorial de VDI Global respecto a los hechos descritos, en particular sobre el uso de la normativa de cannabis medicinal como cobertura de una presunta red de tráfico de drogas. Todos los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme en su contra.

Treinta y ocho personas detenidas. Allanamientos simultáneos entre Arica y Aysén. Una empresa que, según el propio Ministerio Público, movió más de 8 mil millones de pesos —cerca de 9 millones de dólares— bajo el paraguas de una organización creada, en teoría, para entregar cannabis medicinal a sus asociados. Así se presenta la Operación Ámsterdam, la megaoperación policial y judicial que esta semana llegó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago con la formalización de decenas de imputados por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

Para VDI Global, el caso no es solo una noticia policial más. Es la radiografía de un problema estructural: la facilidad con que una figura legal —el autocultivo asociativo de cannabis, amparado en la ley 20.000 y sus reglamentos— puede ser capturada por estructuras con apariencia empresarial para operar, en los hechos, como una red de narcotráfico a escala industrial. Y es, también, una prueba de la magnitud del desafío que enfrenta el actual esfuerzo del Gobierno por endurecer la persecución del crimen organizado.

Contexto: qué es la Operación Ámsterdam

La investigación fue liderada por la Fiscalía de Aysén en conjunto con el OS-7 de Carabineros, la unidad especializada en investigación de drogas. Tras meses de pesquisas, la semana pasada se ejecutaron allanamientos masivos en domicilios y oficinas vinculadas a Dispensario Nacional (DN), una organización sin fines de lucro fundada en 2016 con el objetivo declarado de proveer cannabis medicinal a sus asociados.

El resultado: 38 personas detenidas, cuya audiencia de formalización se inició este miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Según consigna El Mercurio, la investigación estableció que la estructura habría operado una red de cultivo, distribución y venta de cannabis que excedía largamente el marco legal del autocultivo asociativo, utilizando la fachada regulatoria para dar apariencia de legalidad a un negocio de tráfico a gran escala.

La estructura: DN Medcorp y el liderazgo de los Astorga

De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía y reportados por El Mercurio, la sociedad DN Medcorp operaba como el núcleo directivo y administrativo de toda la red. Su llegada a un giro distinto se produjo en 2024, cuando Andrés Astorga —señalado como principal accionista— asumió el liderazgo de la corporación junto a otros imputados.

Según el Ministerio Público, bajo su gestión los ingresos de la organización se dispararon. Un informe fiscal citado por El Mercurio establece que, durante el período bajo observación, DN Medcorp recibió transferencias, depósitos y otros ingresos por un total de 8.089.879.813 pesos, cifra equivalente a algo más de 9 millones de dólares. En diversas escuchas telefónicas con otros involucrados, Astorga habría proyectado utilidades millonarias a largo plazo para el negocio.

El OS-7 sitúa como su brazo derecho a dos figuras clave. Mario Astorga de Valenzuela, padre de Andrés, aparece como gerente general de DN Medcorp. Gino Athens, por su parte, estaba a cargo de la administración financiera de la organización: contabilidad, transferencias, retiros bancarios, pagos y control de stock en los distintos locales del dispensario.

M.A. Botanics y la producción en el sur

La red también incluía a M.A. Botanics, empresa fundada por Matías Landerer, Raimundo Silva y Rodrigo Buzeta, que contaba con terrenos en la localidad de Pelarco, en la Región del Maule, destinados a la producción y abastecimiento de cannabis para el resto de la estructura.

Silva y Buzeta figuran, además, como accionistas de DN Medcorp, a cargo de la administración del local de Maipú. El OS-7 describe a Buzeta específicamente como gerente general de M.A. Botanics y como una figura de rango superior dentro de la organización investigada.

Matías Landerer Henzi, por su parte, habría cumplido labores de logística de distribución. Según las escuchas telefónicas citadas en la investigación, coordinaba stock, envíos y transportistas, y supervisaba la operación de los locales de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Las Condes.

Los engranajes menores de la red

La formalización también apunta a un conjunto de imputados con roles más específicos dentro de la cadena:

• Sergio Olmedo González, administrador de una franquicia en Maipú, donde agentes encubiertos habrían logrado comprar marihuana sin receta médica, en contravención directa de la normativa que regula el acceso a cannabis medicinal.
• Vicente Necochea Briones, señalado como responsable del transporte de cannabis desde Santiago hacia las franquicias de la zona sur del país.
• Hernán Bocaz, abogado que prestaba asesoría jurídica a la organización, elaborando documentos para enfrentar fiscalizaciones. Según el OS-7, Bocaz tenía conocimiento de que ciertas prácticas de la organización podían constituir delito, y aun así habría realizado recomendaciones a cambio de remuneración y descuentos para la compra de cannabis.

Todos estos imputados serán formalizados por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

El caso Camilo Huerta: la red llega hasta el aeropuerto

Un capítulo aparte lo constituye Camilo Huerta, detenido el lunes en el Aeropuerto de Santiago al arribar a Chile desde Estados Unidos. Huerta tenía a su cargo una franquicia del dispensario en la comuna de Colina.

Según las pesquisas, si bien este local operaba formalmente dentro del marco regulatorio vigente, habría vendido cannabis a personas que no cumplían los requisitos ni contaban con la prescripción médica correspondiente. Un informe de Carabineros lo vincula "a la organización criminal, desempeñando funciones administrativas, ejecución y facilitación en la cadena delictiva" del local ubicado en Chicureo.

El Ministerio Público rastreó, además, llamados entre Huerta y Gino Athens, en los que habrían conversado sobre la creación de una nueva empresa y sobre nuevas cepas de cannabis, además de asuntos administrativos de la franquicia de Colina. Según la investigación, Huerta habría obtenido ganancias superiores a los 51 millones de pesos en un período de seis meses, cifras que hoy son cuestionadas por el Ministerio Público.

Lectura editorial — VDI Global

Desde la línea editorial de VDI Global, el caso Ámsterdam expone algo más que una red de narcotráfico: expone el punto ciego de un modelo regulatorio —el autocultivo asociativo de cannabis medicinal— que, en la práctica, ha demostrado ser permeable a estructuras de crimen organizado con apariencia corporativa. Una organización fundada en 2016 bajo un propósito terapéutico terminó, según la propia Fiscalía, operando como una sociedad con roles de gerencia general, administración financiera, logística de distribución y hasta asesoría jurídica especializada para sortear fiscalizaciones. Esa sofisticación no es casualidad: es la evidencia de que hay incentivos económicos enormes —9 millones de dólares en el período investigado— para explotar cualquier resquicio regulatorio.

Este diario ha respaldado de manera consistente la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, particularmente el impulso del Acuerdo Nacional Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Pero el respaldo a esa agenda no exime de exigir rigor técnico en su ejecución. Casos como este demuestran que la lucha contra el crimen organizado no se agota en la persecución penal posterior al hecho consumado: requiere fiscalización preventiva efectiva sobre figuras legales —como los dispensarios de cannabis medicinal— que hoy funcionan, en la práctica, con escasa supervisión estatal continua. Que hayan existido 56 recintos de este tipo operando en el país, según reportó Emol esta misma semana, y que uno de ellos haya podido escalar a una facturación de miles de millones de pesos sin activar alertas tempranas, es una falla que trasciende a la organización criminal específica y apunta a un vacío de control estatal.

Lo que corresponde exigir

• Fiscalización estatal permanente y no solo reactiva sobre las organizaciones autorizadas para el cultivo asociativo de cannabis medicinal, con auditorías financieras periódicas obligatorias.
• Trazabilidad completa del flujo de dinero de estas organizaciones, dado que la ley 20.000 ya contempla el delito de lavado de activos como parte del combate al narcotráfico.
• Coordinación efectiva y sin fisuras entre el OS-7, las fiscalías regionales y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para detectar precozmente estructuras que excedan su marco regulatorio.
• Que la formalización de los 38 imputados se desarrolle con pleno respeto al debido proceso, sin que ello implique dilación en el esclarecimiento de responsabilidades.
• Revisión legislativa del marco que regula los dispensarios de cannabis medicinal, para cerrar los espacios que —como en este caso— permiten que una figura de fines terapéuticos derive en una estructura de tráfico a escala industrial.

Conclusión

La Operación Ámsterdam es, hasta ahora, uno de los golpes más significativos contra una red de narcotráfico que operó bajo apariencia de legalidad en el último tiempo. Los 38 imputados, encabezados según la investigación por Andrés Astorga y su entorno más cercano, enfrentan cargos por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, en un proceso que recién comienza y en el que —vale reiterar— rige plenamente la presunción de inocencia. Para VDI Global, el caso confirma que la batalla contra el crimen organizado en Chile no se gana solo con allanamientos espectaculares, sino con una arquitectura de fiscalización permanente que hoy, evidentemente, todavía tiene brechas por cerrar.