ORDEN CON CONSECUENCIAS: LA NUEVA LÓGICA DEL GOBIERNO KAST FRENTE A LAS INCIVILIDADES Y EL INCUMPLIMIENTO

Subtítulo: El Registro Único de Vándalos e Incivilidades, la cobranza del CAE y las sanciones al evasor del transporte público marcan el inicio de una reconfiguración cultural y política que el gobierno de Kast instaló como eje central de su gestión. El debate entre quienes ven en esto una respuesta legítima al caos post-estallido y quienes advierten un sesgo clasista está apenas comenzando.

Hay una frase que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, pronunció para explicar la lógica detrás del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, y que sintetiza con precisión el enfoque del gobierno de José Antonio Kast en esta materia: "Cuando existen este tipo de sanciones de carácter social, yo creo que una persona lo piensa dos o tres veces, porque afecta primero sus beneficios personales y también al resto de su familia."

No es un argumento menor. Es una declaración de principio: el Estado no solo castiga el delito con penas judiciales tradicionales, sino que incorpora consecuencias sociales concretas para quienes lo cometen. Es una lógica que conecta el comportamiento individual con el acceso a bienes públicos financiados colectivamente. Y es una lógica que, dependiendo del observador, representa o bien una respuesta madura y necesaria al deterioro del orden público, o bien una trampa que castiga desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El debate está abierto. Y merece ser analizado con la profundidad que requiere.

EL CONTEXTO: DE DÓNDE VIENE ESTA AGENDA

Para entender el alcance de lo que el gobierno Kast está construyendo en materia de orden público, hay que ubicar el punto de partida. Chile vivió a partir del 18 de octubre de 2019 un proceso de deterioro acelerado y documentado del orden público. La destrucción de infraestructura urbana, la quema de metro, la impunidad generalizada en el espacio público y el repliegue progresivo de la fuerza estatal ante la violencia política dejaron una marca profunda en amplios sectores de la sociedad chilena.

Lo que siguió durante el gobierno de Gabriel Boric fue, en gran medida, la continuación de ese deterioro bajo una administración que oscilaba entre la condena discursiva de la violencia y la resistencia práctica a aplicar las consecuencias institucionales que esa condena requería. El resultado fue una ciudadanía que, según el análisis del sociólogo Max Colodro, "pasó de la esperanza al miedo": el mismo sector social que en 2019 recibió el estallido "con optimismo o como un mal necesario" comenzó a vivir las consecuencias directas de la violencia en su cotidianidad, y esa experiencia transformó su sensibilidad política.

Esa transformación es el telón de fondo sobre el cual el gobierno Kast llegó al poder con una promesa central: orden y seguridad con consecuencias reales. No como eslogan, sino como programa legislativo concreto. La Cuenta Pública del 1 de junio de 2026 fue la primera gran vitrina de esa promesa materializada.

EL REGISTRO ÚNICO DE VÁNDALOS E INCIVILIDADES: QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

El proyecto de ley fue anunciado por el presidente Kast en su primera Cuenta Pública y firmado el mismo día. Establece un Registro Único de Vándalos e Incivilidades: un listado nacional de personas condenadas o sancionadas por conductas que afecten la convivencia ciudadana y el espacio público.

La innovación central del mecanismo no es el registro en sí —existen registros similares en otras jurisdicciones— sino las consecuencias que activa: quien ingrese al registro pierde el acceso a beneficios sociales financiados por el Estado. Entre los beneficios que podrían verse suspendidos figuran la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en la educación superior, el Subsidio de Arriendo y becas de posgrado.

Las conductas que activarían el ingreso al registro se dividen en dos categorías. La primera corresponde a delitos: atentados contra Carabineros, atentados contra personal de los servicios de salud, retención del transporte público, tráfico de estupefacientes, daño a monumentos nacionales y destrucción de infraestructura pública, entre otros. La segunda categoría corresponde a incivilidades, conductas que no constituyen delito en el sentido penal tradicional pero que el proyecto busca tipificar y sancionar: venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados sin autorización en espacios públicos y destrucción de equipamiento comunitario.

El proyecto deberá ser discutido en el Congreso, donde el gobierno espera que la discusión parlamentaria revele, en palabras del propio presidente Kast, "quiénes están por cuidar la patria y quiénes están por recuperar los barrios".

EL CAE Y EL TRANSPORTE: LA MISMA LÓGICA, DISTINTOS FRENTES

El Registro de Vándalos no opera en aislamiento. Es parte de una arremetida más amplia del gobierno Kast contra el incumplimiento de normas en distintos ámbitos de la vida pública, una arremetida que también incluye otros dos frentes igualmente reveladores.

El primero es la cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Tesorería General de la República activó un plan agresivo para perseguir a los deudores del crédito universitario estatal. El CAE fue uno de los focos de mayor tensión política durante el gobierno anterior, que intentó sin éxito condonar la deuda a través de un proceso legislativo que finalmente no prosperó. El gobierno Kast tomó la dirección opuesta: si hay deuda, se paga. El Estado no puede financiar educación superior y luego tolerar sistemáticamente el impago de ese financiamiento sin consecuencias.

El segundo frente es la evasión en el transporte público. Se anunciaron nuevas sanciones para quienes evadan el pago del pasaje en el sistema de transporte urbano. La evasión masiva en el Metro y en los buses del sistema RED fue uno de los problemas más visibles y más tolerados durante los años del deterioro del orden público. Su normalización fue también una señal: en un sistema donde nadie paga, el Estado financia el caos.

Los tres frentes —vándalos, deudores CAE, evasores del transporte— tienen una lógica común: el Estado otorga beneficios, protección y servicios. Quien los recibe tiene también obligaciones. El incumplimiento de esas obligaciones tiene consecuencias. Es una relación bilateral que el boricismo tendió a presentar como unilateral, poniendo el énfasis solo en los derechos sin asumir la contraparte de los deberes.

EL RESPALDO INTELECTUAL: EL CAMBIO CULTURAL QUE VIENE DESDE ABAJO

El sociólogo y doctor en Filosofía Max Colodro ofrece una lectura que va más allá de la política contingente. Para Colodro, el gobierno Kast no está imponiendo una nueva lógica desde arriba: está canalizando un cambio cultural que se gestó desde abajo, en la experiencia cotidiana de millones de chilenos que vivieron el deterioro del orden público y decidieron que no querían más de eso.

"El deseo de orden y de que se cumpla la ley en todos los aspectos es lo que otorga un grado importante de legitimidad a esta arremetida contra los deudores del CAE y el registro de vándalos, entre otras medidas", señala. No es mano dura impuesta desde el poder: es una demanda social que el gobierno está procesando institucionalmente.

Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), agrega otro ángulo igualmente relevante. Recuerda que esta agenda de orden era "una de las principales promesas de campaña del hoy Presidente Kast, y bastante apoyada por la generalidad de los partidos políticos, del centro hacia la derecha, que integran su gobierno". Es decir, hay coherencia: el gobierno está haciendo lo que dijo que haría.

Alvarado agrega, sin embargo, una nota de contexto importante: durante los primeros dos meses de gobierno, esa promesa "se vio debilitada a consecuencia de la difícil instalación que tuvo el gobierno en general, pero sobre todo, por la fallida apuesta de la exministra Trinidad Steinert". La salida de Steinert del Ministerio de Seguridad —cuya gestión inicial no cuajó— fue un traspié que el gobierno superó con la designación de Martín Arrau, quien retomó la agenda de seguridad con mayor consistencia y claridad de rumbo.

LAS OBJECIONES: EL DEBATE QUE NO SE PUEDE IGNORAR

La izquierda y varios sectores académicos han levantado objeciones al Registro de Vándalos que merecen ser analizadas con seriedad, no descartadas por reflejo.

La primera objeción es la más mencionada: el proyecto es "clasista" porque solo castiga a quienes acceden a beneficios sociales, que son justamente los sectores más vulnerables. Un vándalo de clase media o alta que no depende de la PGU, la gratuidad o el Subsidio de Arriendo quedaría, en la práctica, sin consecuencias adicionales más allá de la pena judicial ordinaria. En ese sentido, el mecanismo genera un trato diferenciado según el nivel socioeconómico del infractor.

Es una objeción que tiene sustancia y que el gobierno deberá responder en la discusión parlamentaria. Sin embargo, tiene también un contraargumento relevante: el sistema judicial tradicional ya aplica las mismas penas independientemente del nivel socioeconómico del infractor. El Registro de Vándalos no reemplaza ese sistema: lo complementa, añadiendo consecuencias en el ámbito de los beneficios estatales. El problema no es que el registro exista, sino que el sistema judicial común sea ineficiente para disuadir a los sectores más acomodados. Ese es un problema diferente que requiere una solución diferente.

La segunda objeción viene desde la filosofía moral. El académico de la UC Mauricio Correa Casanova plantea que "la cohesión moral no se logra a fuerza de sanciones" y que las medidas punitivas "contribuyen muy poco a construir una nueva cultura moral". Para Correa, el cambio cultural verdadero requiere promover en el sistema educativo la empatía, el sentido compartido de la justicia y la corresponsabilidad solidaria.

Es un argumento filosóficamente serio. Pero confunde dos planos distintos. El gobierno Kast no está afirmando que las sanciones construyen cultura moral: está afirmando que generan desincentivos conductuales concretos en el corto plazo. Son instrumentos distintos para objetivos distintos. La educación cívica construye cultura a largo plazo; las sanciones generan desincentivos inmediatos. Ambas cosas pueden y deben coexistir. El gobierno que espera que la cultura moral se forme sola mientras tanto, sin sanciones, es el que entregó el espacio público al desorden durante años.

Correa Casanova añade, sin embargo, una advertencia que sí merece atención: el proyecto debe aplicarse con prudencia, evaluando las causas reales del incumplimiento. El 10% de ingreso destinado al pago de una deuda "puede ser contraproducente en algunos casos", especialmente cuando los sueldos son muy bajos o existe cesantía. Es decir, la rigidez en la aplicación puede generar injusticias concretas. Esa es una alerta legítima para la fase de implementación.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO: MÁS QUE UNA LEY, UN CONTRATO SOCIAL

El debate sobre el Registro de Vándalos toca algo más profundo que la discusión técnica sobre qué beneficios se pierden y por qué conductas. Toca la pregunta fundamental sobre la naturaleza del contrato social en Chile post-estallido.

Durante años, el discurso dominante en amplios sectores de la izquierda chilena sostuvo que la violencia política era comprensible como expresión de demandas sociales postergadas. Esa comprensión tendió a convertirse en tolerancia, y esa tolerancia tendió a convertirse en impunidad. El resultado fue un espacio público deteriorado, una ciudadanía atemorizada y un Estado que retrocedía ante quien levantara el puño.

El gobierno Kast está apostando por revertir esa lógica. El principio que subyace a toda esta agenda es sencillo pero políticamente potente: los recursos del Estado son de todos los chilenos, y no tiene sentido que el Estado los entregue, sin condición alguna, a quienes activamente destruyen lo que ese mismo Estado y esa misma sociedad han construido con esfuerzo colectivo.

No es un principio ideológico exótico. Es una intuición de sentido común que la izquierda chilena tardó en reconocer y que el boricismo pagó caro en las urnas. La ciudadanía no quería solo derechos: quería también que esos derechos tuvieran como contrapartida el cumplimiento de deberes básicos de convivencia.

EL CONGRESO Y EL VERDADERO TEST

El proyecto deberá superar la discusión parlamentaria, donde la oposición ya anunció "preocupaciones" sobre sus alcances legales y constitucionales. Algunos parlamentarios cuestionarán si la pérdida de beneficios sociales como sanción adicional a la pena judicial viola principios de igualdad ante la ley o afecta derechos adquiridos.

Son preguntas legítimas que el gobierno tendrá que responder con argumentos jurídicos sólidos. Pero el escenario político es favorable: el gobierno Kast tiene una coalición que va del centro hacia la derecha y cuenta con el respaldo ciudadano que documenta el 58% de apoyo a la acusación constitucional contra el exministro Grau, un indicador de que el estado de ánimo social sigue siendo adverso a la gestión anterior y receptivo a la agenda de orden.

El presidente Kast lo planteó con claridad al firmar el proyecto: el Congreso deberá mostrar "quiénes están por cuidar la patria y quiénes están por recuperar los barrios". Es un encuadre político deliberado: votar en contra del Registro de Vándalos equivaldrá a ponerse del lado de los vándalos ante la opinión pública. La oposición lo sabe. Y eso, más que cualquier argumento filosófico, determinará el resultado de la discusión parlamentaria.

Chile está reconfigurando su contrato social en materia de orden público. El debate que apenas comienza determinará si esa reconfiguración es también justa, proporcional y constitucionalmente sólida. Lo que ya no admite debate es que la tolerancia sin límites del período anterior fue un fracaso cuyas consecuencias siguen pagándose.

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