Una auditoría interna del Gobierno, desarrollada en el marco del Plan Inspección Total, detectó irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en Agustinas 1269, con un sobrecosto que la propia auditoría cifra en 146% respecto del presupuesto inicial. La respuesta de la exministra Antonia Orellana (Frente Amplio), a cargo de la cartera durante el gobierno anterior, fue negar el problema y reducirlo a un "dato erróneo". Para VDI Global, esa reacción —lejos de hacerse cargo del fondo del asunto— es el ejemplo perfecto de la cara dura con la que el Frente Amplio suele enfrentar sus propios cuestionamientos de gestión.

Lo que encontró la auditoría

Según informó la actual administración de la cartera, el proyecto de traslado del Ministerio de la Mujer —que buscaba generar ahorro para el Estado dejando de pagar el arriendo de las antiguas dependencias— contemplaba originalmente una inversión de $1.100 millones y un plazo de ejecución de un año y medio. El resultado final: más de $2.831 millones de costo y cerca de tres años y medio de ejecución, es decir, el doble de plazo y 146% más de presupuesto que lo inicialmente proyectado. A eso se suman $120 millones por el término anticipado del arriendo de las antiguas oficinas y $494 millones adicionales proyectados para reparaciones y habilitación del nuevo edificio.

La auditoría no se limitó a los números: identificó irregularidades en los procesos de licitación, en la ejecución de las obras y en las condiciones de seguridad y habitabilidad de las nuevas dependencias, incluyendo un patrón de oferentes que, según el informe, habría permitido mantener el número mínimo de participantes requerido para que los procesos no fueran declarados desiertos, sin que existiera una competencia real por la adjudicación. Los antecedentes ya fueron remitidos a Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al fiscal regional Metropolitano Centro Norte.

La defensa de Orellana: "el sobrecosto real es de 5%, no de 146%"

Frente a estos hallazgos, Orellana salió a desmentir públicamente el informe, calificándolo de "dato erróneo". Según su versión, la auditoría del Gobierno habría comparado el costo final con una proyección preliminar enviada a Dipres en 2023 en el marco de la discusión presupuestaria, que posteriormente fue modificada. "Las obras siempre se proyectaron en más de $2.200 millones, y ese monto se fue ajustando durante la ejecución, tal como consta en los presupuestos aprobados por el Congreso cada año, que son públicos", sostuvo la exministra, quien afirmó que, a marzo de 2026, las cinco licitaciones asociadas a la remodelación sumaban $2.452.471.883, lo que a su juicio representaría un incremento de apenas 5% respecto de la formulación relevante, y no de 146%.

La reacción transversal de las diputadas

La controversia generó cuestionamientos que van desde el Partido de la Gente hasta el Partido Republicano y el Partido Cristiano de Chile. La diputada Flor Contreras (PDG) fue enfática: "ante acusaciones de esta gravedad no podemos quedarnos en un debate de declaraciones cruzadas", exigiendo que el caso se aclare "con datos duros y respaldos técnicos sobre la mesa, no con minutas políticas". Su par de bancada, Tamara Ramírez, pidió que "este eventual sobrecosto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias", mientras que Lilian Betancourt exigió que "esta disputa de porcentajes se resuelva mostrando los documentos y respaldos financieros reales", recordando que "Chile enfrenta un déficit fiscal severo".

Desde el Partido Republicano, la diputada Catalina Del Real fue categórica: "es inaceptable que se intente normalizar un sobrecosto, cuando miles de familias chilenas lo están pasando mal". Macarena Santelices agregó que "no nos interesa si para la exministra un 5% es poco, lo concreto es que ni un solo peso de todos los chilenos puede ser malgastado en burocracia ni en obras cuestionadas", y advirtió que si la auditoría detecta negligencias o faltas a la probidad, "los responsables tendrán que pagar como corresponde". La diputada Francesca Muñoz (PCC) valoró que el ministerio haya derivado los antecedentes a los organismos competentes, subrayando que "las ex autoridades pueden dar su opinión, pero serán los organismos competentes los que deberán determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan".

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, la respuesta de Orellana ilustra un patrón que este medio ha señalado reiteradamente respecto de figuras del Frente Amplio: cuando la gestión propia queda expuesta a un cuestionamiento serio, la reacción no es transparentar ni colaborar con la investigación, sino disputar la metodología del cálculo para intentar minimizar el problema. Que el proyecto haya duplicado su plazo de ejecución y que la propia auditoría documente irregularidades en los procesos de licitación —no solo una discrepancia de cifras— es un antecedente que no se resuelve simplemente recalculando el porcentaje de sobrecosto sobre una base presupuestaria distinta.

Es cierto, y este medio lo reconoce con el mismo rigor técnico que exige a cualquier sector, que corresponde determinar con precisión cuál es la base de comparación correcta antes de dar por establecido un sobrecosto de 146%. Ese es, precisamente, el trabajo que ahora deberán hacer Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Pero la premura de Orellana por instalar públicamente la cifra de "apenas 5%" —sin que exista todavía una determinación oficial e independiente sobre cuál de las dos metodologías es la correcta— es un ejercicio de relaciones públicas más que de rendición de cuentas, especialmente cuando la propia auditoría documenta irregularidades adicionales en los procesos de licitación que van mucho más allá de una simple discusión de porcentajes.

Lo que corresponde exigir

• Que Contraloría determine con carácter técnico y vinculante cuál es la base presupuestaria correcta para calcular el sobrecosto real del proyecto, zanjando la disputa entre el 146% de la auditoría gubernamental y el 5% que reclama la exministra Orellana.
• Que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado investiguen con celeridad las irregularidades detectadas en los procesos de licitación, incluyendo el patrón de oferentes señalado por la auditoría.
• Que la exministra Orellana y el resto de las exautoridades involucradas pongan a disposición de los organismos fiscalizadores toda la documentación que respalde su versión de los hechos, en lugar de limitarse a declaraciones públicas.
• Que se determinen con claridad las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan, conforme a lo que establezcan los organismos competentes.

Conclusión

El caso de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer combina un problema de gestión pública —sea el sobrecosto de 146% que documenta la auditoría o el 5% que reclama la exministra Orellana— con irregularidades en los procesos de licitación que exceden la disputa de cifras. Para VDI Global, la premura de Orellana por instalar una narrativa de "dato erróneo" antes de que los organismos competentes se pronuncien es exactamente la cara dura que este medio ha identificado reiteradamente en la forma en que el Frente Amplio enfrenta los cuestionamientos a su propia gestión. Se reitera: la exministra mantiene la presunción de inocencia mientras Contraloría, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no establezcan responsabilidades.