El Ministerio del Deporte presentó el lunes una denuncia ante el Ministerio Público por hechos vinculados al cierre y liquidación de la Corporación XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Según el comunicado de la cartera, los antecedentes que motivan la acción se relacionan con rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que habrían significado eventuales perjuicios patrimoniales para la Corporación, y aspectos vinculados a la administración del propio proceso de liquidación.

Para VDI Global, esta denuncia es apenas el capítulo más reciente de un problema de proporciones mayores que este medio viene siguiendo de cerca: de los más de $282 mil millones entregados a la Corporación Santiago 2023 entre 2020 y 2023, la Contraloría detectó que $194 mil millones —cerca del 70% de los recursos— nunca fueron debidamente rendidos. Ese es el verdadero tamaño del "otro asalto al Estado" que hoy exige que la justicia actúe con celeridad.

Un agujero financiero que atraviesa dos gobiernos

La Contraloría, en un informe presentado por la entonces contralora subrogante Dorothy Pérez, estableció que del total de recursos públicos entregados a Santiago 2023, solo el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional no presentó observaciones. El resto exhibió multas, falta de documentos de acreditación, pagos improcedentes y una falta de rendición de cuentas que alcanzó los $17 mil millones en un primer nivel de gravedad, además del hueco mayor de $194 mil millones antes mencionado.

Ese período de gestión atravesó tanto la administración de Sebastián Piñera como la de Gabriel Boric, con Felipe de Pablo, Gianna Cunazza y, desde 2025, Harold Mayne-Nicholls, ejerciendo como directores ejecutivos de la Corporación en distintos momentos. Frente a la falta de avances sustantivos en la rendición del 70% de los recursos pendientes, la propia Contraloría remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara acciones de responsabilidad civil o de otro tipo.

Un cierre marcado por litigios y deudas impagas

El cierre de la Corporación, que debió concretarse en noviembre de 2024, se extendió por la vía de una prórroga estatutaria hasta noviembre de 2025, y hasta la fecha de esta publicación aún no se completa formalmente. Según reportó La Tercera, la entidad acumula más de 85 juicios en curso y deudas laborales impagas, con obligaciones financieras cercanas a los $10 mil millones al momento de iniciar su proceso de disolución. Una extrabajadora incluso demandó judicialmente para intentar frenar el cierre de la Corporación mientras esas deudas laborales permanecieran impagas, ante el vacío legal que existiría respecto de quién asumiría esas obligaciones tras la disolución.

La diputada Erika Olivera (Demócratas), que junto al diputado Andrés Celis (RN) impulsó la solicitud de auditoría a Contraloría, fue categórica al advertir que el país no puede "repetir una vez más el mismo patrón de desorden, falta de rendición y ausencia de responsabilidades" en la gestión del deporte nacional.

El conflicto de interés del actual ministro

Un antecedente que agrega complejidad al caso es que el actual ministro del Deporte, Francisco Riveros, se desempeñó previamente como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la propia Corporación Santiago 2023, es decir, fue parte de la estructura administrativa que hoy está siendo revisada por presuntas irregularidades. Riveros ha señalado públicamente que la Corporación todavía no está formalmente cerrada.

Cabe destacar que Harold Mayne-Nicholls, exdirector ejecutivo de la Corporación, ya había sido formalizado en una causa distinta relacionada con el cobro irregular de garantías vinculadas a los Panamericanos 2023, antecedente que se suma —sin prejuzgar su responsabilidad en los hechos que ahora denuncia el Mindep— al historial de cuestionamientos que rodea la gestión de este evento deportivo.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, este caso confirma un patrón que este medio ha identificado reiteradamente en la administración de recursos públicos en Chile: la ausencia de mecanismos de control efectivos y en tiempo real sobre corporaciones que gestionan miles de millones de pesos del erario, dejando que las irregularidades se acumulen durante años antes de que alguna autoridad —en este caso, recién ahora el propio Ministerio del Deporte— decida judicializar el problema. Que un agujero de $194 mil millones haya podido acumularse a lo largo de dos administraciones de distinto signo político, sin que existiera una rendición de cuentas oportuna, es una falla estructural que trasciende a cualquier gobierno específico.

Dicho esto, corresponde señalar que la denuncia llega en un momento en que el Gobierno de José Antonio Kast, a través del Mindep, decide judicializar formalmente un problema que se arrastraba desde antes. Ese es exactamente el tipo de rigor que este medio exige de cualquier administración: no basta con heredar un problema, hay que actuar sobre él, y eso es lo que finalmente está ocurriendo. Al mismo tiempo, el hecho de que el actual ministro Riveros haya sido parte de la estructura administrativa de la Corporación exige una transparencia adicional para despejar cualquier duda sobre su rol en las decisiones hoy cuestionadas.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio Público investigue con celeridad los antecedentes aportados por el Mindep, determinando responsabilidades individuales en las decisiones financieras que habrían generado perjuicio patrimonial a la Corporación.
• Que el Consejo de Defensa del Estado avance en las acciones de responsabilidad civil que le fueron encomendadas por Contraloría respecto del 70% de los recursos no rendidos.
• Que el ministro Francisco Riveros transparente públicamente su rol específico dentro de la Corporación Santiago 2023 durante su gestión como gerente jurídico, y se inhabilite de cualquier decisión que pudiera representar un conflicto de interés en el actual proceso.
• Que se resuelvan con prioridad las deudas laborales pendientes de extrabajadores de la Corporación, evitando que el vacío legal de su disolución termine perjudicando a quienes tienen créditos legítimos y impagos.
• Que se establezcan mecanismos de fiscalización financiera en tiempo real para futuras corporaciones organizadoras de eventos deportivos internacionales, evitando que un problema de esta magnitud vuelva a acumularse durante años antes de ser abordado.

Conclusión

El "otro asalto al Estado" que hoy denuncia el Ministerio del Deporte no es un hecho aislado, sino la judicialización tardía de un problema que la propia Contraloría ya había documentado hace más de un año y medio: $194 mil millones de recursos públicos sin rendir, en una corporación que organizó uno de los eventos deportivos más relevantes de la última década en Chile. Para VDI Global, la denuncia presentada esta semana es un paso correcto y necesario, pero solo será una señal real de rigor institucional si deriva en responsabilidades concretas, y no en otro proceso que se diluye en la lentitud judicial. Se reitera: todas las personas mencionadas en esta nota mantienen la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme en su contra.