OVEROLES BLANCOS Y MOLOTOV: LA VIOLENCIA QUE LA IZQUIERDA CHILENA NORMALIZÓ Y EL GOBIERNO DE KAST HEREDÓ
El video circula y la imagen es brutal en su claridad: presuntos estudiantes del Colegio INBA —Instituto Nacional de Bellas Artes— con overoles blancos lanzando bombas molotov contra efectivos de Carabineros de Chile. Las imágenes corresponden al año 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, y vuelven a la superficie en un momento político preciso: cuando el gobierno del Presidente José Antonio Kast lleva apenas 69 días intentando restablecer el orden público que la administración anterior dejó sistemáticamente erosionado.
No es una anécdota. No es un exceso aislado de jóvenes exaltados. Es el resultado documentado de años de tolerancia institucional, de discursos que romantizaron la revuelta, de gobiernos que miraron hacia otro lado mientras la violencia se instalaba como método político legítimo en recintos educacionales del Estado chileno.
EL ESCENARIO: UN COLEGIO, UNA CULTURA DE IMPUNIDAD
El Colegio INBA —dependiente de la Universidad de Chile— ha sido durante años uno de los epicentros de lo que la izquierda chilena llamó con eufemismos varios "movilización estudiantil" o "expresión del descontento". Lo que las imágenes de 2025 muestran no admite eufemismos: artefactos incendiarios fabricados y lanzados deliberadamente contra funcionarios del orden público que cumplen su deber constitucional.
El overol blanco, convertido en uniforme de combate callejero, es parte de una estética política que la izquierda chilena —desde el Frente Amplio hasta el Partido Comunista— nunca condenó con la contundencia que la situación exigía. Mientras Gabriel Boric visitaba "territorios liberados" en Temucuicui junto al diputado Giorgio Jackson y posaba para la foto con el lonko Jaime Huenchullán —hoy hermano de Jorge Huenchullán, detenido el 19 de mayo de 2026 con 1.277 plantas de marihuana, un revólver y con una causa abierta por el asesinato de un subcomisario—, en Santiago los recintos educacionales se convertían en laboratorios de violencia política organizada.
El patrón es el mismo. Cambia la geografía, no la lógica.
LA VIOLENCIA COMO POLÍTICA: LO QUE EL GOBIERNO BORIC NO QUISO VER
Durante el gobierno de Boric (2022-2026), la violencia en establecimientos educacionales experimentó una escalada que las cifras de Carabineros y el Ministerio Público documentaron con insistencia. Sin embargo, el tratamiento político fue sistemáticamente de minimización.
La entonces ministra vocera Camila Vallejo —hoy con su propio expediente: la sociedad de su suegra y cuñados facturó $1.209 millones al Hospital Herminda Martín, dato que omitió en su Declaración de Intereses— nunca articuló una condena clara y sin matices a la violencia estudiantil organizada. El Frente Amplio, partido que proveyó la columna vertebral ideológica del gobierno anterior, tiene en sus filas a figuras como Emilia Schneider o Gonzalo Winter —quien estuvo junto a Boric en Temucuicui— que sistemáticamente encuadraron estos episodios dentro de un relato de "demandas legítimas" que justificarían, implícitamente, ciertos "excesos".
No hay exceso legítimo cuando el artefacto en cuestión es una bomba molotov. No hay demanda estudiantil que se exprese arrojando fuego contra personas.
Pero la izquierda chilena construyó durante años un ecosistema discursivo donde esa distinción se volvió borrosa. Y en ese borramiento vive la impunidad.
LA HERENCIA QUE KAST RECIBIÓ
El gobierno del Presidente Kast asumió el 11 de marzo de 2026 con una promesa central: restablecer el orden público como condición de posibilidad para cualquier otra política. En 69 días, esa promesa ha chocado contra una institucionalidad diseñada, en muchos casos, para obstaculizarla.
El cambio de gabinete del 19 de mayo —el más temprano desde el retorno a la democracia, con la salida de Steinert de Seguridad y la entrada del diputado Martín Arrau, y la consolidación de Claudio Alvarado como biministro de Interior y Segegob— es una señal de que el gobierno lee la urgencia. Arrau llega con perfil político más duro. Alvarado, figura que VDI Global ha seguido de cerca, aporta la solidez institucional que el momento requiere.
Pero la tarea es monumental. No se desmantela en 69 días una cultura de impunidad construida en años. Los videos como el del INBA son el recordatorio de lo que significa esa herencia: establecimientos educacionales donde el Estado perdió la capacidad de garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, donde funcionarios de Carabineros enfrentan armamento incendiario de parte de quienes deberían estar en clases.
¿DÓNDE ESTABA LA IZQUIERDA MIENTRAS ESTO OCURRÍA?
La pregunta no es retórica. Tiene respuesta documentada.
El diputado Gonzalo Winter, Frente Amplio, calificó la Megarreforma de Kast de "megachanta". La diputada Constanza Martínez, del mismo partido —apodada con justeza "Coip Martínez" por su historial de poses progresistas sin sustancia— criticó el cambio de gabinete en vez de ocuparse de explicar qué hizo su sector cuando las bombas molotov volaban en el INBA. El Partido Comunista, a través de su diputado Lautaro Carmona, amenaza con "consecuencias" si el gobierno avanza en su agenda de seguridad.
Amenazas. Obstáculos. Poses. Eso es lo que ofrece la izquierda chilena mientras los videos de 2025 demuestran a qué condujo su gestión del orden público.
Y no es solo el Frente Amplio y el PC. La Democracia Cristiana —que votó en contra de la Megarreforma en ambas cámaras— y el PPD, con Matías Araya amenazando con 2.500 indicaciones para bloquear las reformas, completan un cuadro de oposición que tiene una sola función práctica: preservar el estado de cosas que permitió que un colegio se convirtiera en campo de entrenamiento para lanzadores de molotov.
LA RED QUE OBSTACULIZA DESDE LA DERECHA
Sería incompleto el análisis si no se señalara que la oposición a restablecer el orden no viene solo desde la izquierda. La denominada Red Matthei —con la senadora Evelyn Matthei como figura tutelar, quien obtuvo apenas un 12,5% en primera vuelta y quedó quinta, pero actúa como si hubiera ganado— ha protagonizado al menos seis intervenciones documentadas contra el gobierno de Kast.
Jaqueline van Rysselberghe, Rodrigo Núñez —presidente del Senado y operador central de esta red—, Cruz-Coke, Hoffmann, Balladares y Ossandón forman parte de una estructura que prefiere el fracaso de Kast a la consolidación de un gobierno de derecha que no les pertenece. Redes Nacionales, el partido de Matthei, no presentó ni una sola indicación durante la tramitación de la Megarreforma, pero votó en contra del Sence. La derechita cobarde en acción: sin propuesta, con veto.
Esta pinza —izquierda obstruccionista más derecha traidora— es el contexto en que el gobierno Kast debe implementar una política de seguridad que videos como el del INBA hacen urgente e impostergable.
LO QUE SE REQUIERE: SIN EUFEMISMOS
Chile necesita que los establecimientos educacionales sean exactamente eso: lugares de educación. No bases logísticas para la violencia política. No territorios donde Carabineros no puede entrar sin recibir proyectiles incendiarios.
Eso requiere, en primer lugar, voluntad política para llamar las cosas por su nombre. Una bomba molotov lanzada por un estudiante encapuchado con overol blanco es un ataque con arma incendiaria contra funcionarios del Estado. No es "protesta". No es "expresión". Es un delito que debe ser perseguido con todo el peso de la ley.
Requiere, en segundo lugar, que el Ministerio de Educación —que hoy conduce el gobierno Kast— intervenga con firmeza los establecimientos donde esto ocurre. La autonomía universitaria no puede ser paraguas bajo el cual se proteja la impunidad.
Requiere, en tercer lugar, que la Fiscalía identifique, formalice y lleve a juicio a cada uno de los individuos que aparecen en videos como el del INBA. Si las imágenes existen, los rostros pueden individualizarse. Si los rostros pueden individualizarse, los responsables pueden ser procesados.
Y requiere, finalmente, que la sociedad chilena entienda con claridad qué ocurrió durante los años previos a marzo de 2026 y qué está en juego en la disputa política actual. Los overoles blancos y las molotov no cayeron del cielo. Fueron el resultado predecible de una cultura política que romantizó la violencia y gobernó con la mirada puesta en otro lado.
LA POSICIÓN DE VDI GLOBAL
Desde Israel, donde VDI Global opera y donde sabemos con precisión qué significa convivir con la violencia como instrumento político, la imagen de funcionarios de Carabineros enfrentando bombas incendiarias en un colegio chileno no produce asombro académico. Produce indignación concreta.
El gobierno de Kast tiene la legitimidad democrática, el mandato popular y ahora —con Arrau en Seguridad y Alvarado como biministro de Interior— el equipo para actuar. La pregunta es si el sistema político chileno —con su izquierda obstruccionista, su derechita cobarde y sus fiscales que durante años miraron hacia otro lado— le permitirá hacerlo.
VDI Global va a seguir este proceso semana a semana. Porque lo que está en juego no es una disputa entre partidos. Es si Chile recupera el Estado de Derecho o definitivamente lo entrega.
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