La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de desafuero que el senador Fidel Espinoza presentó contra el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista, en un episodio que resume con una precisión incómoda el estado de la convivencia interna en ese partido: Manouchehri llamó "corrupto" a Espinoza durante una sesión de la acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa, y después denunció que el propio senador lo amenazó con golpearlo fuera del hemiciclo. El tribunal determinó que el insulto quedó protegido por la inviolabilidad parlamentaria, y que la denuncia de amenazas no constituye injuria, sino el ejercicio legítimo del derecho a denunciar. El fallo no fue unánime: dos ministras estuvieron por acoger parcialmente el desafuero.

Dos socialistas, un mismo techo partidario, una pelea que llegó a tribunales

El episodio que originó este proceso judicial ocurrió en noviembre de 2025, durante la sesión de la acusación constitucional contra el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa —posteriormente destituido por sus vínculos con el caso Hermosilla, que esta cobertura ya documentó extensamente al analizar la expulsión de Luis Hermosilla del Colegio de Abogados. En medio de esa sesión, que debió ser suspendida durante cinco minutos por un altercado entre parlamentarios, Daniel Manouchehri llamó "corrupto" a Fidel Espinoza. Posteriormente, Manouchehri denunció que el propio senador lo había amenazado con golpearlo fuera del hemiciclo.

Lo que hace que este episodio merezca ser destacado con el título que encabeza este informe es un dato que cualquier observador del sistema político chileno no puede pasar por alto: Manouchehri y Espinoza no son adversarios de bancadas distintas ni de coaliciones rivales. Ambos son del Partido Socialista, la misma colectividad que esta cobertura ya ha documentado en distintos episodios de esta sesión, incluyendo la posición de Manouchehri minimizando como "miserable" la fiscalización sobre el caso de los niños haitianos. Que dos correligionarios del mismo partido terminen acusándose mutuamente de corrupción y de amenazas físicas, al punto de judicializar la disputa con una solicitud de desafuero, revela una fractura interna que ningún comunicado de unidad partidaria puede disimular.

Lo que la Corte resolvió: el insulto protegido, la denuncia legítima

La Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó, respecto del calificativo de "corrupto", que esa expresión fue emitida mientras Manouchehri se encontraba ejerciendo sus funciones parlamentarias y sosteniendo la acusación constitucional contra Ulloa, por lo que quedó amparada por la inviolabilidad parlamentaria que la propia Constitución consagra para las opiniones que los parlamentarios emiten en el ejercicio de su cargo.

Respecto de la denuncia de amenazas, el tribunal sostuvo que Manouchehri simplemente relató hechos que, a su juicio, habían ocurrido durante la discusión, y que cualquier persona tiene derecho a denunciar situaciones que considera constitutivas de un delito. Por esa razón, concluyó que no existió intención de injuriar ni de afectar la honra del senador, sino el ejercicio legítimo del derecho a informar y denunciar hechos ante las autoridades competentes.

El extracto del propio fallo lo resume con precisión técnica: "una de las conductas denunciadas como delito se encuentra amparada por la inviolabilidad parlamentaria y la otra, aunque pudiera generar cierto descrédito, no alcanza, por la forma en que se desencadenaron los hechos ni por cómo estos se dieron a conocer, la significación jurídico-penal necesaria para considerar justificada la existencia del delito de injurias."

El voto dividido: dos ministras vieron las cosas de otra manera

El fallo no fue unánime, y esa división dentro del propio tribunal merece registrarse con la misma atención que el resultado final. Dos ministras estuvieron por acoger parcialmente el desafuero, estimando que llamar "corrupto" a un colega durante una suspensión de la sesión —es decir, en un momento en que la actividad parlamentaria formal estaba momentáneamente detenida— no necesariamente queda cubierto por la inmunidad parlamentaria, y que esa conducta sí podría constituir una injuria.

Es una distinción jurídica relevante: la inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones emitidas en el ejercicio de las funciones del cargo, pero existe un debate legítimo sobre si esa protección se extiende también a los momentos en que la sesión formal está suspendida, aunque el intercambio ocurra dentro del mismo recinto y en el contexto de la misma disputa política. Que dos de las ministras del tribunal hayan considerado que ese matiz temporal era suficiente para acoger, al menos parcialmente, el desafuero, confirma que el caso no era tan jurídicamente sencillo como el resultado final —rechazo por mayoría— podría sugerir a primera vista.

La respuesta de Manouchehri: "No nos van a amedrentar"

Tras conocer la resolución, Manouchehri entregó una declaración que vincula este episodio personal con su rol más amplio en la fiscalización de casos de corrupción judicial: "Las acciones que hemos impulsado han permitido destituir a tres jueces vinculados a la corrupción. Eso ha sido bueno para Chile." Y agregó, en un tono de confrontación que confirma que esta disputa interna del PS sigue lejos de resolverse: "Ni las amenazas que hemos recibido, ni menos las querellas, nos van a amedrentar. La pelea interna no contribuye a nada. Mi foco está en seguir representando a las casi 100 mil personas que nos llevaron al Congreso, enfrentando los abusos del poder con la misma valentía y coraje."

Hay una ironía que merece señalarse en esa misma declaración: Manouchehri reivindica su rol en la destitución de jueces "vinculados a la corrupción" como parte de la justificación de su conducta, en el mismo comunicado donde reconoce que "la pelea interna no contribuye a nada" —una pelea interna que él mismo inició, en los hechos, al llamar "corrupto" a un senador de su propio partido en plena sesión legislativa.

Lo que este episodio confirma sobre el estado del Partido Socialista

Esta cobertura ya ha documentado, en informes anteriores de esta sesión, las tensiones que atraviesan distintos sectores de la coalición de gobierno de Kast —entre Matthei y los republicanos, entre RN y la UDI— como un patrón recurrente de fractura interna que amenaza la gobernabilidad. Lo que este episodio confirma es que esa misma dinámica de descomposición interna, lejos de ser exclusiva de la derecha, atraviesa también a los partidos de oposición: dos senadores y diputados del mismo partido, acusándose mutuamente de corrupción y de amenazas físicas, al punto de necesitar que un tribunal de apelaciones resuelva, con votos divididos, si la inviolabilidad parlamentaria protege ese tipo de intercambio entre correligionarios.

Que la disputa se haya originado, además, en el contexto de una acusación constitucional contra un juez corrupto —Antonio Ulloa— y que termine, meses después, con dos socialistas librando entre ellos una batalla judicial sobre quién insultó o amenazó a quién, es exactamente el tipo de episodio que erosiona la credibilidad de cualquier partido que aspire a presentarse como adalid de la fiscalización anticorrupción, cuando no logra siquiera resolver internamente sus propias disputas sin necesidad de litigar en tribunales.