Este 11 de septiembre vence, sin pena ni gloria, el plazo constitucional de seis meses para presentar una acusación en contra del expresidente Gabriel Boric. La misma coalición que durante cuatro años de gobierno presentó nueve acusaciones constitucionales contra ministros y subsecretarios de esa administración —todas rechazadas—, y que este mismo año llevó adelante un libelo contra el propio exministro de Hacienda Nicolás Grau, dejó pasar el plazo sin siquiera intentarlo contra el expresidente. VDI Global se pregunta, con la misma exigencia de rigor que aplica siempre a cualquier gobierno, incluido el que hoy respaldamos: ¿por qué la derecha que fue implacable fiscalizando cada gesto del gobierno anterior descubrió, justo en el momento decisivo, la sobriedad institucional?

Nueve intentos fallidos, y un décimo que nunca llegó

El historial reciente es elocuente. Durante los cuatro años de la administración Boric, la oposición de entonces —hoy coalición de gobierno— presentó al menos nueve acusaciones constitucionales contra distintas autoridades: Giorgio Jackson (dos veces), Marcela Ríos, Carlos Montes, Carolina Tohá, Gonzalo Durán, y otras, todas rechazadas en la Cámara por no alcanzar el quórum de 77 votos. Ya bajo el gobierno de Kast, en junio de este año, republicanos y libertarios impulsaron una décima acusación, esta vez contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, por presuntas inconsistencias en las cifras fiscales entregadas durante su gestión.

Pero cuando llegó el momento de evaluar una acusación contra el propio expresidente Boric —la única figura política capaz de concentrar, en un solo libelo, la responsabilidad última de cuatro años de gestión—, el plazo constitucional de seis meses desde que dejó el cargo, que se cumplía este mismo 11 de septiembre, se dejó vencer sin que la coalición de gobierno siquiera lo intentara formalmente.

Los argumentos oficiales, y lo que ocultan

La explicación que hoy entregan dirigentes republicanos y libertarios combina cálculo electoral con prudencia institucional: que no existía "sustento político" suficiente, que los quórums son altísimos, y que acusar a Boric equivaldría a "darle una tribuna", convirtiéndolo en mártir de cara a una eventual candidatura en 2029. Son argumentos que, en abstracto, tienen cierta lógica política. Pero la pregunta que ninguno de estos dirigentes responde con franqueza es otra: ¿por qué la misma coalición que fue implacable fiscalizando —a veces hasta el exceso, con nueve intentos fallidos en cuatro años— de pronto encontró la mesura justo cuando llegó el momento de poner sobre la mesa las irregularidades más graves de la administración anterior?

El propio caso Grau ofrece una pista reveladora sobre la fragilidad de la unidad de la derecha incluso en sus propios intentos. La diputada libertaria Paulina Muñoz lo reconoció sin filtros: "cierta parte de la derecha no tuvo los pantalones para apoyar esa AC y los chilenos se dieron cuenta". Si la propia coalición no logró mantenerse unida para acusar a un ministro con cifras fiscales cuestionadas por el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz —quien llegó a hablar de una brecha de más de 10 mil millones de dólares en la deuda pública informada—, resulta difícil de creer que hubiera existido la cohesión necesaria para sostener una acusación contra el propio expresidente.

La otra cara: un argumento jurídico que también merece respeto

Es justo reconocer, con el mismo rigor que exigimos siempre, que no todo en este silencio responde a cálculo cínico. Constitucionalistas y varios dirigentes de derecha sostienen razones de peso: la acusación constitucional no es una herramienta diseñada para juzgar la gestión completa de un gobierno, sino para perseguir responsabilidades específicas y acotadas —comprometer gravemente el honor o la seguridad de la Nación, infringir abiertamente la Constitución—, y forzar una acusación sin una causal jurídicamente sólida habría constituido, en sí mismo, un uso instrumental y populista de un mecanismo institucional serio. El propio caso Grau, que terminó dividiendo a la propia derecha y dejando la sensación de un uso arrojadizo del mecanismo, es la prueba viva de ese riesgo.

Bajo esa lectura alternativa, la contención no sería cobardía política, sino un ejercicio —aunque tardío e inconsistente respecto de los nueve intentos anteriores— de responsabilidad institucional, que contrasta paradójicamente con el patrón de acusaciones que caracterizó buena parte de la política chilena de los últimos años, incluidas las que se presentaron sin quórum asegurado desde el propio inicio.

Lectura editorial

Desde VDI Global sostenemos que ambas lecturas son verdaderas al mismo tiempo, y que precisamente esa coexistencia es lo que vuelve este episodio tan incómodo para la actual coalición de gobierno. Es cierto que la acusación constitucional exige una causal jurídica sólida, no una condena política genérica por "mala gestión". Pero también es cierto que la misma coalición que hoy invoca ese estándar de rigor jurídico no lo aplicó con la misma consistencia durante los cuatro años en que fue oposición, cuando presentó nueve libelos, varios de ellos sin quórum asegurado desde el principio, contra ministros y subsecretarios de Boric.

Cuando una coalición que se presentó ante la ciudadanía como garante de la probidad y el orden institucional decide, en el momento decisivo —el único momento en que efectivamente podía perseguir formalmente al máximo responsable político de la administración anterior—, guardar la espada en la vaina, no está necesariamente siendo prudente: corre el riesgo real de ser leída, con razón, como cómplice por omisión de las irregularidades que la propia auditoría al Estado impulsada por el Gobierno de Kast ya documentó con cifras concretas —los 1.529 hallazgos que reportamos hace días, los siete casos derivados a Contraloría y Ministerio Público, incluidos Junaeb, el Ministerio de la Mujer y la Corporación Santiago 2023—.

Es imprescindible, con el mismo rigor que aplicamos siempre, subrayar que Gabriel Boric no ha sido acusado, formalizado ni condenado por ningún delito específico vinculado a estas irregularidades, y que mantiene plena presunción de inocencia respecto de cualquier responsabilidad personal directa. El debate que planteamos no es sobre su culpabilidad penal individual, sino sobre la coherencia política de una coalición que hoy gobierna: si existían, como demuestra la propia auditoría estatal, irregularidades documentadas y verificables durante su administración, la pregunta legítima es por qué esa misma coalición, tan activa en fiscalizar durante cuatro años, optó por el silencio justo cuando el plazo constitucional para perseguir la responsabilidad política máxima estaba a punto de vencer.

Lo que corresponde exigir

• Que la coalición de gobierno explique públicamente, con la misma franqueza que exigió a la izquierda durante años, por qué decidió no presentar una acusación constitucional contra Boric dentro del plazo constitucional.
• Que los siete casos ya derivados a Contraloría y al Ministerio Público, producto de la auditoría al Estado, avancen con la máxima celeridad judicial, independientemente de que la vía política de la acusación constitucional ya haya quedado cerrada.
• Que se transparente si existieron acuerdos tácitos entre sectores de la coalición de gobierno para no perseguir políticamente a Boric, dado el argumento electoral de no "darle tribuna" de cara a 2029.
• Que la derecha aplique hacia adelante el mismo estándar de rigor jurídico que hoy invoca para justificar su inacción, evitando repetir el patrón de acusaciones sin sustento que caracterizó sus propios nueve intentos fallidos contra el gobierno anterior.

Conclusión

El vencimiento del plazo para acusar constitucionalmente a Gabriel Boric, sin que la coalición de gobierno lo intentara siquiera, deja una pregunta abierta que trasciende el cálculo electoral del momento: ¿fue prudencia institucional genuina, o complicidad pasiva con un período de gestión cuyas irregularidades la propia auditoría estatal ya documentó con cifras concretas? VDI Global cree que la respuesta honesta combina ambos elementos, y que precisamente esa mezcla es la que la derecha chilena debe estar dispuesta a explicar con franqueza, no a ocultar detrás de argumentos jurídicos que, aplicados con la misma consistencia durante los cuatro años anteriores, habrían impedido buena parte de sus propios nueve intentos fallidos.