PRIVILEGIO ILUSTRÍSIMO: LOS MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO QUIEREN VÍAS EXCLUSIVAS — LA CASTA JUDICIAL Y SU INSACIABLE APETITO DE PRIVILEGIOS
Chile tiene un problema estructural con sus élites institucionales que va mucho más allá de la política partidaria. Es un problema de cultura: la convicción profunda y sistémica de que quienes ejercen cargos de relevancia institucional merecen un tratamiento diferente al del ciudadano común. Vías exclusivas. Pensiones vitalicias. Asignaciones millonarias. Protocolos de seguridad para trasladarse por la ciudad. El Estado chileno, construido en buena parte por y para esa élite, codificó esa convicción en normas, resoluciones y privilegios que se renuevan solos y que, cuando hay oportunidad, se expanden.
VDI Global accedió a antecedentes que documentan el último episodio de esa expansión: los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago intentaron que se les autorizara a circular en sus vehículos institucionales por las vías exclusivas para el transporte público de la Región Metropolitana — el mismo privilegio que ya tienen los ministros de la Corte Suprema, su fiscal judicial y los presidentes de las cortes de Santiago y San Miguel.
La solicitud fue rechazada. Pero que haya sido formulada — en pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en diciembre de 2025, y llevada formalmente al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial — dice todo lo que hay que saber sobre cómo piensa la casta judicial chilena respecto a sus propios privilegios.
El mecanismo: cómo se construyen y expanden los privilegios de la élite judicial
Para entender la dimensión de lo que se reveló, hay que entender primero cómo funciona el sistema de privilegios de la élite judicial chilena — porque no es informal ni vergonzante. Está escrito en resoluciones oficiales.
La Resolución Exenta N°462 de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana es el instrumento que autoriza a los ministros de la Corte Suprema, su fiscal judicial y los presidentes de las cortes de Santiago y San Miguel a circular por las vías exclusivas del transporte público. La justificación oficial: "razones de seguridad para el traslado de dichas autoridades" y la necesidad de "permitir un desplazamiento fluido y evitar detenciones prolongadas por congestión vehicular que incrementan la vulnerabilidad de dichas autoridades durante sus desplazamientos oficiales."
Esa autorización se renueva. La propia Corporación Administrativa del Poder Judicial ofició en noviembre y diciembre de 2025 a la SeremiTT para renovar el privilegio de los supremos. Y con ese privilegio vigente, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago decidieron que también lo querían.
En diciembre de 2025, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acordó elevar la solicitud al Consejo Superior de la CAPJ para que gestionara la extensión del privilegio a la totalidad de sus ministros. El argumento presentado: un problema logístico. El estacionamiento del Palacio de Tribunales está en calle Bandera — que próximamente será exclusiva para buses de la Red Movilidad — y los ministros de apelaciones comparten ese estacionamiento con los ministros de la Suprema que sí pueden circular por vías exclusivas.
La CAPJ rechazó la solicitud en marzo de 2026, argumentando que es materia de atribución privativa del Ministerio de Transportes. Pero el tema no quedó cerrado: ese mismo lunes 8 de junio de 2026, el pleno de la Corte de Apelaciones lo trataría nuevamente ante la inminente reapertura del eje Bandera.
Lo que revela el episodio: la lógica del privilegio que se autoexpande
Lo revelado documenta algo que va más allá del anecdotario judicial. Revela la lógica de cómo los privilegios institucionales se autoexpanden en Chile.
El punto de partida es que los ministros de la Corte Suprema tienen vías exclusivas. Eso genera un precedente. El argumento de los ministros de la Corte de Apelaciones no fue "necesitamos una excepción puntual por un problema logístico específico." Fue "los supremos lo tienen, nosotros compartimos estacionamiento con ellos, ¿por qué no nosotros?"
Esa lógica — "ellos lo tienen, ¿por qué no nosotros?" — es exactamente la que hace que los privilegios institucionales se expandan con el tiempo. Nadie propone eliminar los existentes. Simplemente se propone extenderlos hacia abajo en la jerarquía. Y cuando ese movimiento se repite, el resultado es un Estado donde cada función relevante viene acompañada de su correspondiente paquete de beneficios que el ciudadano común no tiene.
Lo revelador no es solo que los ministros de la Corte de Apelaciones lo pidieran. Es que lo discutieron en pleno — es decir, que la institución como tal tomó la decisión de solicitarlo, no un ministro a título personal. Y que quienes los rechazaron no fueron los ministros de la Suprema por considerarlo excesivo, sino la CAPJ por una razón de competencia: eso lo decide el Ministerio de Transportes, no nosotros.
La razón de fondo — si el privilegio es justificado o no, si los ministros de apelaciones necesitan vías exclusivas o pueden llegar al trabajo como cualquier otro funcionario público — no fue parte del debate. Simplemente no hubo debate sobre el fondo.
La casta y sus privilegios: el cuadro más amplio
Este episodio no puede leerse en el vacío. Ocurre en el contexto de un debate político chileno donde el gobierno de Kast está intentando instalar el principio de que las conductas tienen consecuencias y que los beneficios del Estado deben estar ligados al cumplimiento de responsabilidades — desde el Registro de Vándalos hasta la revisión del gasto público.
Y en ese contexto, la casta judicial chilena sigue operando con la lógica contraria: los cargos de relevancia institucional tienen beneficios por el solo hecho de ejercerse, independientemente de los resultados, sin necesidad de justificación pública y con la única fricción de que alguien en la cadena institucional diga "eso lo autoriza otro organismo."
Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago ganan sueldos que se cuentan en millones de pesos mensuales. Tienen vehículos institucionales. Tienen estacionamiento en el centro de Santiago — en el Palacio de Tribunales, en plena zona de congestión máxima — cuando la inmensa mayoría de los trabajadores de Santiago llega al trabajo en metro o en bus. Y encima de todo eso, querían poder circular por las vías exclusivas que el Estado construyó para el transporte público masivo de los ciudadanos que no tienen chofer ni vehículo institucional.
Eso se llama decadencia de la élite institucional. La convicción de que el privilegio es la condición natural del cargo, no la excepción que debe justificarse.
Lo que el Ministerio de Transportes debería responder
Cuando la Corte de Apelaciones de Santiago presente su solicitud formal ante la SeremiTT — porque la CAPJ les dijo que ese es el camino — la pregunta que el ministro de Transportes De Grange debería hacerse es simple: ¿en qué se diferencia la necesidad de seguridad de un ministro de la Corte de Apelaciones de la de cualquier otro funcionario público de alto rango?
Si la respuesta es "en nada" — la respuesta a la solicitud debería ser un no claro, fundamentado y público. No un rechazo por competencia que pasa la pelota. Sino una definición de política pública: en Chile, las vías exclusivas son para el transporte público masivo. Punto.
La transparencia en la justificación de los privilegios institucionales es exactamente el tipo de accountability que el gobierno de Kast debería promover. Y rechazar públicamente esta solicitud — si llega — sería una señal coherente con el principio que está instalando.
La posición de VDI Global
Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago quisieron las vías exclusivas de los supremos. La CAPJ les dijo que le pregunten al Ministerio de Transportes. El lunes vuelven a discutirlo en pleno. Todo esto en una semana en que el gobierno de Kast firmó el Registro de Vándalos y el Congreso debate rendición de cuentas de alcaldes.
Mientras tanto, la casta judicial sigue discutiendo sus propios privilegios en sesiones de pleno. Sin transparencia pública hasta que alguien lo investiga. Sin vergüenza aparente. Sin nadie que les diga que el Estado no fue construido para su comodidad, sino para servir a los ciudadanos que pagan sus sueldos con sus impuestos.
Eso es lo que se llama decadencia institucional. Y en Chile tiene nombre, apellido y resolución exenta.
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