Cada 11 de septiembre, Chile vuelve a enfrentarse consigo mismo. No hay fecha en el calendario nacional que divida con más claridad las dos almas del país: para unos, el día que Chile se libró de una deriva marxista que amenazaba con destruir sus instituciones y su economía; para otros, el día en que comenzó la dictadura más brutal de su historia reciente. A 53 años de aquel 11 de septiembre de 1973, VDI Global se plantea la pregunta que cada chileno debería hacerse con honestidad: si hubiéramos vivido esos años, ¿habríamos apoyado o repudiado el Pronunciamiento Militar? Y, con la distancia que da el tiempo, ¿deberíamos hoy celebrarlo o repudiarlo?

El Chile de 1973: la pregunta que exige contexto, no solo veredicto

Cualquier ejercicio honesto de memoria histórica debe partir por reconstruir, sin anacronismos, el país que existía antes del 11 de septiembre de 1973. Chile atravesaba, hacia mediados de 1973, una crisis económica, política e institucional de una profundidad que resulta difícil de dimensionar desde la estabilidad del Chile de 2026: inflación descontrolada que superaba el 300% anual, desabastecimiento generalizado de bienes básicos, mercado negro extendido, expropiaciones y tomas de terrenos y empresas fuera de todo marco legal, y un Congreso Nacional que, en agosto de ese año, aprobó un acuerdo declarando que el gobierno de Salvador Allende había incurrido en graves e reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes de la República.

A eso se sumaba un clima de creciente violencia política, con grupos armados de extrema izquierda —el MIR entre ellos— operando abiertamente al margen de la ley, y sectores del propio gobierno de la Unidad Popular avanzando hacia lo que muchos analistas de la época, chilenos y extranjeros, interpretaron como un intento de instalar un modelo de sociedad inspirado en el bloque soviético, incompatible con la tradición democrática, republicana y de propiedad privada que Chile había sostenido durante décadas.

Es en ese contexto —no en el de un Chile próspero y estable interrumpido caprichosamente por unos generales ambiciosos— donde corresponde situar la pregunta que este artículo plantea.

Si hubiéramos vivido ese Chile: la pregunta honesta

Imaginemos, por un momento, ser un chileno cualquiera en agosto de 1973: un padre o madre de familia haciendo fila durante horas para conseguir alimentos racionados, un pequeño empresario viendo cómo su fábrica era tomada por trabajadores instigados desde el propio gobierno, un profesional viendo cómo sus ahorros se evaporaban mes a mes por una inflación galopante, o simplemente un ciudadano leyendo en el diario que el propio Congreso, controlado en ese momento por la oposición a Allende, declaraba que el Ejecutivo había roto el orden constitucional del país.

¿Habríamos, en ese contexto, repudiado con la misma certeza retrospectiva que hoy exhiben ciertos sectores la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿O habríamos visto en el Pronunciamiento Militar, como lo vieron millones de chilenos en su momento —no solo la élite económica, sino amplios sectores de clase media y hasta de sectores populares agotados por el caos—, una salida necesaria frente a un país que se deslizaba hacia el abismo?

Desde VDI Global creemos que la honestidad intelectual exige responder que sí: probablemente, la mayoría de quienes hoy condenan sin matices aquel 11 de septiembre, viviendo las circunstancias reales de ese Chile —no la caricatura simplificada que domina buena parte del relato escolar y mediático actual—, habría al menos comprendido, si no apoyado activamente, la intervención militar como una respuesta a una crisis de proporciones que amenazaba con desembocar en una guerra civil.

Lo que vino después: la línea que no se debe cruzar

Dicho esto, y con la misma firmeza con que defendemos la legitimidad histórica del Pronunciamiento como respuesta a la crisis de 1973, VDI Global no puede ni debe guardar silencio sobre lo que ocurrió después: la violación sistemática de los derechos humanos durante el régimen militar. Los informes Rettig y Valech, elaborados con participación de comisiones independientes durante gobiernos democráticos posteriores, documentaron miles de víctimas de ejecución política, desaparición forzada, tortura y prisión política. Ese es un hecho histórico establecido, no una opinión discutible, y ninguna justificación sobre la necesidad del Pronunciamiento inicial puede extenderse para justificar los crímenes cometidos posteriormente por agentes del Estado contra ciudadanos chilenos.

Aquí está, a nuestro juicio, la distinción que la política chilena rara vez logra sostener con la claridad que merece: una cosa es evaluar la legitimidad histórica de la intervención militar de septiembre de 1973 como respuesta a una crisis institucional real y documentada; otra completamente distinta es justificar o minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años posteriores por el régimen que surgió de esa intervención. VDI Global sostiene la primera posición con convicción, y rechaza sin ambigüedades cualquier intento de negar, relativizar o justificar la segunda.

¿Celebrar o repudiar, 53 años después?

Entonces, ¿qué corresponde hacer hoy, en 2026, con esta fecha? Nuestra posición editorial es clara: Chile debería poder reconocer, sin la polarización artificial que ciertos sectores insisten en mantener viva, que el gobierno militar —más allá del horror de las violaciones a los derechos humanos, que jamás debe olvidarse ni minimizarse— sacó a Chile de una deriva que amenazaba con destruir sus instituciones republicanas y su economía, y sentó las bases del ordenamiento económico que, con matices y correcciones posteriores, convirtió a Chile en la economía más próspera y estable de América Latina durante las décadas siguientes. Ese es un hecho verificable en cualquier comparación regional de indicadores de pobreza, crecimiento y estabilidad institucional entre 1990 y hoy.

Es precisamente esa dualidad incómoda —un régimen que, según nuestra lectura, hizo un bien profundo y duradero a Chile en lo institucional y económico, pero que a la vez cometió crímenes gravísimos contra sus propios ciudadanos— la que genera el intenso rechazo que hoy exhibe la izquierda chilena hacia cualquier evaluación matizada de ese período. Para ese sector, reconocer cualquier aspecto positivo del gobierno militar equivale, en su lógica, a blanquear sus crímenes. Nosotros no compartimos esa equivalencia: se puede, y se debe, sostener ambas verdades a la vez, sin que una anule a la otra.

Lectura editorial

Desde VDI Global sostenemos, con la misma honestidad con que hemos abordado cada tema en nuestras coberturas, que quienes hoy exigen una condena absoluta y sin matices de todo lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 —incluyendo la propia decisión de las Fuerzas Armadas de intervenir— suelen hacerlo desde una lectura que ignora deliberadamente, o desconoce, la gravedad real de la crisis que Chile atravesaba bajo el gobierno de la Unidad Popular. Al mismo tiempo, quienes celebran sin ninguna reserva ni autocrítica el período completo de 1973 a 1990, incluyendo las violaciones a los derechos humanos, incurren en un error igualmente grave: convierten una necesidad histórica en una carta blanca moral que nunca debió existir.

Chile, 53 años después, merece un debate más maduro que la simple oposición entre "dictadura genocida" y "salvación heroica". Merece reconocer que miles de compatriotas vieron en septiembre de 1973 el fin de un peligro real para la democracia chilena, y que ese alivio, sentido por una parte significativa del país en su momento, no fue una fabricación propagandística ni una manipulación de clase, sino una respuesta genuina a una crisis genuina. Y merece, con la misma firmeza, no olvidar jamás a quienes fueron torturados, ejecutados o hechos desaparecer por el aparato represivo que surgió de esa intervención.

Conclusión

A la pregunta de si, viviendo el Chile real de 1973 —no su versión idealizada ni su versión demonizada, sino el país concreto sumido en inflación descontrolada, desabastecimiento y quiebre institucional documentado por su propio Congreso—, habríamos apoyado o repudiado el Pronunciamiento Militar, VDI Global responde con honestidad: probablemente lo habríamos comprendido, e incluso respaldado, como hicieron millones de chilenos de la época. Y a la pregunta de si, hoy, deberíamos celebrar ese Pronunciamiento o repudiar a la Junta que lo llevó a cabo, nuestra respuesta es igualmente honesta y necesariamente doble: celebramos que Chile haya escapado de una deriva que amenazaba con destruirlo, pero repudiamos, sin ninguna reserva, los crímenes contra los derechos humanos cometidos después por quienes tomaron el poder ese día. Ambas cosas son ciertas. Ambas merecen decirse en voz alta. Y ninguna de las dos debería seguir siendo tabú en el Chile de 2026.