La puerta de la Embajada de Haití en Providencia terminó derribada este sábado, luego de que cerca de 500 personas se congregaran en las afueras del recinto en medio de la desesperación por obtener el certificado de antecedentes penales de su país de origen, documento exigido por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para avanzar en sus procesos de regularización.

Para VDI Global, el episodio —lamentable en sí mismo por la vulneración a la integridad de una sede diplomática— es también un síntoma de un problema de gestión que involucra tanto a la propia embajada haitiana como al organismo migratorio chileno, y que termina golpeando a miles de personas que hoy viven en Chile en una situación de vulnerabilidad administrativa.

Lo que ocurrió

Según relató a La Tercera David Antoine, vocero de la Comunidad Haitiana en Chile, la manifestación se originó por la imposibilidad de obtener el certificado de antecedentes, un documento "muy solicitado" que la embajada estaría rechazando entregar a numerosas personas. Antoine explicó que existiría un cambio de criterio dentro del Sermig: trámites que se encontraban en etapa de firma habrían sido retrocedidos a la etapa de resolución tras la asunción de un nuevo director del organismo, generando así un cuello de botella que dejó a cientos de personas sin el documento que necesitan para regularizar su situación migratoria.

Desde las 07:00 horas de este sábado, cientos de personas se congregaron en las afueras del edificio de avenida República 590, según el relato del vocero. Hacia las 11:00 horas, "no había nadie que saliera a preguntar o a entregar información", lo que —sumado a información confusa que circuló entre los asistentes sobre una supuesta capacitación que algunos interpretaron como la reanudación de la entrega de certificados— derivó en que, durante la protesta, un grupo de manifestantes derribara la puerta del recinto e ingresara buscando al cónsul.

Carabineros de Chile señaló que no emitirá vocerías respecto al incidente. Según el vocero de la comunidad, la situación se controló posteriormente, con la embajada solicitando que las personas salieran del recinto a cambio de recibir explicaciones sobre el plan a seguir.

La crisis detrás de la protesta

Antoine fue enfático en señalar que la comunidad haitiana en Chile enfrenta una presión creciente por parte del Sermig para regularizar su situación, mientras la propia embajada de su país "no tiene la capacidad" de entregar el documento requerido. El vocero advirtió sobre el riesgo social de esta situación, señalando que personas sin nada que perder pueden volverse "peligrosas", y vinculó la crisis administrativa con la crisis sociopolítica que atraviesa Haití, que —según explicó— repercute directamente en la comunidad migrante radicada en Chile.

Según cifras que citó el propio vocero, cerca de seis de cada diez haitianos en Chile sostienen económicamente a familiares que permanecen en su país de origen, lo que se ve directamente afectado por la falta de regularización migratoria, el desempleo y la consiguiente precarización de sus condiciones de vida.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, este episodio debe leerse en dos planos distintos, sin que uno anule al otro. El primero es de orden público: el ingreso forzado a una sede diplomática, independientemente de las razones que lo motivaron, es un hecho grave que no debe normalizarse ni minimizarse, y corresponde que las autoridades chilenas —en coordinación con la representación haitiana— adopten los resguardos necesarios para que este tipo de situaciones no se repita.

El segundo plano es de gestión institucional, y aquí la responsabilidad no es unívoca: por un lado, la embajada de Haití reconoce no tener capacidad de respuesta ante la demanda del documento; por otro, el relato del vocero apunta a un cambio de criterio del Sermig bajo su nueva dirección que habría retrocedido trámites que ya estaban en etapa de firma. Si esa versión se confirma, corresponde que el Sermig explique públicamente las razones técnicas de ese cambio de criterio y su impacto en miles de expedientes en curso. La migración ordenada y regulada —bandera que este medio ha respaldado consistentemente como parte de la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast— exige, precisamente, que los procesos de regularización funcionen con reglas claras, estables y predecibles, tanto para el Estado chileno como para quienes buscan cumplir con la ley.

Lo que corresponde exigir

• Que el Sermig transparente públicamente los criterios vigentes para la validación de certificados de antecedentes de ciudadanos haitianos, y explique si existió, en efecto, un retroceso de trámites que ya estaban en etapa de firma.
• Que la Embajada de Haití en Chile refuerce su capacidad operativa para atender la demanda de documentación de sus connacionales, en coordinación con las autoridades consulares.
• Que se garantice la seguridad de las sedes diplomáticas acreditadas en Chile, y que cualquier responsabilidad individual por el ingreso forzado de este sábado sea determinada conforme a derecho, sin que ello implique estigmatizar al conjunto de la comunidad haitiana residente en el país.
• Que el Gobierno de Chile, a través de Cancillería y el Sermig, coordine canales de comunicación claros y permanentes con las representaciones diplomáticas de los principales países de origen de la migración en Chile, para evitar que la falta de información derive en episodios de esta naturaleza.

Conclusión

Lo ocurrido este sábado en la Embajada de Haití es, ante todo, la manifestación visible de una frustración acumulada por meses de incertidumbre administrativa. Para VDI Global, la respuesta correcta no pasa por elegir entre exigir orden público o exigir eficiencia estatal: ambas exigencias son compatibles y, de hecho, se refuerzan mutuamente. Un sistema migratorio que funciona con reglas claras y plazos predecibles reduce, precisamente, el tipo de desesperación colectiva que derivó en los hechos de este sábado.