Un proyecto de ley que se limita a ofrecer —nunca a imponer— la posibilidad de escuchar los latidos del feto antes de interrumpir un embarazo ha desatado acusaciones de "tortura" y "coacción" por parte de organizaciones y figuras políticas que prefieren no confrontar lo que su propia causa implica: que el aborto interrumpe la vida del que está por nacer. Esta columna de VDI Global respalda sin ambigüedades el proyecto presentado el 25 de junio por los diputados Chiara Barchiesi, Catalina Del Real, Álvaro Jofré, Ximena Ossandón, Claudia Reyes y Cristóbal Urruticoechea, y sostiene que la virulencia de la reacción en contra revela, más que preocupación genuina por las mujeres, la incomodidad de negarse a mirar de frente aquello que se está decidiendo interrumpir.

Lo que el proyecto realmente establece

El texto modifica el Código Sanitario para que, como parte de la información veraz, completa y objetiva que la ley ya exige entregar a la mujer, el médico deba informarle si es detectable la actividad cardíaca del embrión o feto según su edad gestacional. Si lo es, debe ofrecerle —de manera verbal y directa, nunca de forma obligatoria— la posibilidad de escucharla, junto con una descripción objetiva. La mujer puede declinar libremente ese ofrecimiento. La única consecuencia prevista es que, si ella decide aceptar y escucha los latidos, el médico deberá abstenerse de practicar la interrupción en ese momento, dejando constancia escrita del proceso completo en su ficha clínica.

No hay obligación de escuchar nada. Hay una oferta de información sobre un hecho biológico real y verificable: que existe una actividad cardíaca detectable, propia de una vida en desarrollo que la propia Constitución chilena manda proteger explícitamente en su artículo 19 N°1, al asegurar a todas las personas "el derecho a la vida" y encomendar a la ley proteger "la vida del que está por nacer". Que ese hecho —verificable con un ecógrafo, no una opinión— incomode tanto a quienes defienden el aborto como para calificar su sola mención como forma de tortura, dice más sobre la fragilidad de su argumento que sobre la supuesta crueldad de la norma.

La reacción: acusar de "tortura" lo que es, en rigor, información

La directora ejecutiva de la corporación Miles, Javiera Canales, calificó la medida de "presión disfrazada de información" y "revictimizante". La entidad académica Cedidh fue más allá, sosteniendo que "condicionar una prestación de salud legal a la aceptación obligatoria de un estímulo emocional no deseado destruye la autonomía de la voluntad". La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, acusó al diputado Urruticoechea de seguir "el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense".

Ninguna de estas reacciones logra explicar por qué informar a una mujer sobre un hecho biológico real —que puede libremente rechazar escuchar— constituye coacción, cuando en cualquier otro ámbito de la medicina chilena el consentimiento informado exige exactamente lo contrario: entregar toda la información relevante, incluso la que resulte incómoda, para que la decisión sea genuinamente libre. Que el estándar de "autonomía informada" se invoque para exigir menos información, y no más, es la contradicción que esta columna considera central en el rechazo al proyecto.

Lo que la bioética seria sí reconoce

No toda la comunidad académica coincidió con el rechazo. La bioeticista Sofía Salas, de la Universidad del Desarrollo, fue clara al advertir que "cuando todo puede calificarse como tortura, el término pierde la fuerza moral y jurídica que justamente permite condenar las violaciones más graves de los derechos humanos". Salas sostuvo, además, que "consultar a la mujer si desea o no escuchar los latidos no restringe su autonomía; por el contrario, la reconoce (...) la autonomía no consiste en recibir menos información, sino en poder elegir libremente qué información se desea conocer".

Esta columna coincide plenamente con ese diagnóstico: el proyecto no impone nada que la mujer no pueda rechazar libremente. Lo único que hace es negarse a que la decisión de interrumpir una vida en desarrollo se tome en la ignorancia deliberada de un hecho biológico verificable, cuando la propia Constitución obliga al Estado a proteger esa vida.

La defensa de quienes impulsan el proyecto

El diputado Cristóbal Urruticoechea fue categórico al defender la iniciativa: "haber convertido el crimen en ley en Chile a través de 3 causales no es algo bueno (...) seguiremos dando todas las batallas necesarias para, en lo posible, terminar con este flagelo". La diputada Ximena Ossandón, por su parte, enmarcó el proyecto en términos de información genuina: "lo que yo pretendo es que la madre esté lo más informada posible, y en eso es parte de escuchar los latidos del corazón, puede hacer que la madre pueda cambiar de parecer ante una decisión tan sensible".

Lo que dicen los críticos más duros, con honestidad

Corresponde, con el mismo rigor que exige esta columna en cualquier tema, dejar constancia de la posición más severa en contra: la académica Diana Aurenque, del Instituto de Ética e Historia de la Medicina de la Universidad de Tubinga, calificó el proyecto de "tramposo", advirtiendo que introduce un criterio adicional a las tres causales ya vigentes y que podría abrir la puerta a que los médicos intervengan en decisiones que hoy son autónomas de los pacientes en otros ámbitos de la medicina. Es un argumento que merece registrarse, aunque esta columna no lo comparta: la diferencia esencial es que ninguna otra decisión médica autónoma involucra, como el aborto, la interrupción de una vida humana en desarrollo que el propio texto constitucional chileno manda proteger.

Conclusión: la verdad no es tortura

El proyecto que hoy se debate no obliga a nada: ofrece información y respeta la decisión final de la mujer, sea cual sea. Lo que desnuda, con una claridad que incomoda a sus críticos, es que buena parte del rechazo al proyecto no nace de una preocupación real por la autonomía femenina, sino del miedo a que esa autonomía se ejerza con toda la información disponible sobre lo que efectivamente está en juego: la vida del que está por nacer, que Chile, por mandato constitucional, tiene la obligación de proteger.