Mientras en Chile la megarreforma tributaria recién aprobada por el Senado avanza hacia un esquema de invariabilidad que imita, con años de retraso, lo que Argentina ya lleva aplicando desde 2024, el gobierno de Javier Milei anunció hace tres días un Súper RIGI para proyectos sobre US$1.000 millones, mientras el

régimen original —el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— ya acumula compromisos de inversión aprobados por más de US$43 mil millones, cifra que se triplica hasta cerca de US$150.000 millones si se suman los montos comprometidos pendientes de aprobación. La ironía no podría ser más elocuente: el país que durante décadas fue sinónimo de inestabilidad regulatoria y estatismo hoy exporta a Chile la receta de la certeza jurídica de largo plazo, justo cuando ciertos sectores en Chile advierten sobre el riesgo de derivar hacia un modelo económico más intervencionista.

Lo que el RIGI ofrece: 30 años de estabilidad tributaria, cambiaria y aduanera

El RIGI, vigente desde el 8 de julio de 2024 dentro de la llamada "Ley Base" u Ómnibus, establece beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros por 30 años para iniciativas superiores a los US$200 millones en ocho industrias ya existentes: Energía, Forestal, Infraestructura, Minería, Petróleo y Gas, Siderurgia, Turismo, Tecnología y Exportación estratégica a largo plazo. El nuevo Súper RIGI, ingresado a discusión en junio pasado por el propio Milei, apunta además a áreas estratégicas y tecnológicas nuevas —como data centers— para proyectos sobre US$1.000 millones.

Según datos oficiales citados en el reportaje, de los US$142.075 millones en inversiones comprometidas bajo el régimen, US$85.240 millones corresponden a proyectos energéticos, US$52.722 millones a minería, US$3.086 millones a industria y US$1.027 millones a infraestructura. Entre los proyectos más destacados figura el Terminal Timbúes en Santa Fe, el ferrocarril de carga Nuevo Central, y en energía, el oleoducto Vaca Muerta Sur, con una inversión de US$3.000 millones que permitirá exportar 700 mil barriles de petróleo diarios, una cifra similar a la que producía el país hace un par de años.

Los proyectos ya aprobados y los que están en fila

El propio Milei entregó hace tres días el último cómputo: 20 proyectos aprobados por más de US$43 mil millones. Entre los aprobados destacan Southern Energy con PAE-GOLAR en Río Negro (US$15.156 millones), VMOS con Vaca Muerta también en Río Negro (US$2.900 millones), y Rincón Mining en Salta (US$2.744 millones). En la lista de pendientes de aprobación aparecen montos aún mayores: YPF con LLL Oil en Neuquén (US$25.000 millones), Chevron con El Trepial también en Neuquén (US$13.800 millones), y Pluspetrol con Bajo del Choique (US$12.000 millones).

El régimen se ha concentrado geográficamente en diez provincias, entre ellas Neuquén y Río Negro —zona beneficiada, según el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, por el hecho de que "Buenos Aires no esté encima"—. Solo tres provincias no han adherido al RIGI: Buenos Aires, bajo el gobernador peronista Axel Kicillof, además de las también peronistas Formosa y La Rioja.

"Ha sido un éxito", dicen los economistas

El economista argentino y ex BofA Merrill Lynch, Marcos Buscaglia, resumió el logro central del régimen: "el problema que debía resolver el RIGI era cómo atraer inversiones de largo plazo en un país que cambia las reglas del juego. Y a eso, ha sido un éxito". El viceministro de Economía, José Luis Daza, había sido igual de categórico en junio: "Argentina es el país que presenta las mejores oportunidades de negocios y de inversión en el mundo". El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, llegó a reconocer en una columna publicada en Cooperativa que "Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años".

Buscaglia fue explícito sobre qué es lo más valorado del esquema: "la estabilidad cambiaria, poder sacar los dividendos, etcétera, es lo más valorado". Esto es especialmente relevante considerando que actualmente existen 110 impuestos municipales y provinciales en Argentina, según el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram: "se necesita que se sumen, porque la Nación no saca nada con bajar impuestos, si después vendrán los municipios a subirlos".

El litio y la minería: el sector que despegó

El sector minero exhibe cifras concretas de expansión: a junio ya se habían presentado quince proyectos, de los cuales solo uno había sido rechazado, y diez ya están aprobados por US$10.370 millones. Los cuatro restantes se aprobarían entre 45 y 60 días y representarían una inversión superior a los US$32.000 millones. En litio específicamente, ya en 2025 hubo siete proyectos y la producción pasó de 35.000 a 116.000 toneladas de carbonato, con la expectativa de que para 2035 Argentina pueda ser al menos el segundo productor mundial de carbonato de litio.

El propio Buscaglia contrasta el potencial minero argentino con el chileno: "Argentina hace años que venimos hablando de potencial minero en comparación con Chile, que exporta US$50.000 millones por año en cobre y nosotros, cero. Ahora ya no debemos hablar solo de potencial. No sabemos si podemos llegar a esa cifra, pero por lo que conocemos sí es posible llegar a exportar de acá a cinco o seis años unos US$20.000 millones".

Chile reacciona con una invariabilidad similar, pero con retraso

El propio presidente José Antonio Kast en Chile repuso también una invariabilidad similar a la del régimen trasandino, en la megarreforma que esta misma línea editorial ha respaldado en su cobertura previa por su diseño técnico de invariabilidad escalonada. La subsecretaria de Relaciones Económicas, Paula Estévez, había planteado hace semanas en El Mercurio la lógica de esta reacción con total claridad: "si Argentina ofrece estabilidad tributaria por 20 años, es necesario que Chile la tenga".

En el caso chileno, la invariabilidad que aprobó esta semana el Senado y debe revisar la Cámara de Diputados a contar del lunes, es tributaria y en rangos que parten en 10 años para iniciativas por US$50 millones hasta 20 años para proyectos por US$350 millones —un esquema que esta columna ya calificó como una mejora técnica razonable sobre la propuesta original, aunque considerablemente más acotado en plazos que los 30 años que ofrece el régimen argentino—.

La crítica: "una tremenda estupidez" según algunos, trepidación empresarial según otros

No todo es celebración unánime en Argentina. Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, fue durísimo en su crítica al RIGI: "es una tremenda estupidez, porque es inversión que jamás se hubiera hecho". Su fundación incluso prevé proponer que la estabilidad tributaria y cambiaria que promete el RIGI se extienda a todas las compañías que ya invirtieron, incluso a las pymes.

Al mismo tiempo, persiste una cautela empresarial de fondo que los propios economistas reconocen: "más allá de las inversiones con el RIGI, el sector empresarial está con mucha trepidación para invertir todavía, hasta que no haya una idea de que el modelo no va a volver a cambiar", advierte un economista consultado en el reportaje, quien grafica la incertidumbre con una analogía comercial: "imagínate si fueras a abrir una cadena de ropa internacional, cuando no sabes cuándo me van a cerrar la importación. La gente aún duda".

El costo fiscal y el retorno de las grandes marcas

El régimen no está exento de impacto recaudatorio: en mayo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó, en base a diez desarrollos incorporados al RIGI, una pérdida de recaudación de entre US$1.307 y US$2.362 millones anuales, suponiendo que todos alcancen su plena producción entre 2030 y 2033. El propio régimen incluye exenciones al arancel de importación, aunque Buscaglia precisa que eso podría variar: "en vez de cobrar cero, que sea un impuesto bajo, porque deja en desventaja a los proveedores locales", citando el caso de una minera que importó un campamento llave en mano de China por ser más barato que el producto local.

El efecto de esta recuperación de confianza ya se refleja en el consumo: en 2024 volvió a Argentina la cadena de ropa interior Victoria's Secret, y ahora anunció su primer flagship de 400 m2 en Buenos Aires. La lencería italiana Intimissimi apunta a abrir hasta 20 locales en cinco años, y H&M y posiblemente Uniqlo también evalúan su arribo. Gucci ya registró su marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y Dolce & Gabbana esperaba abrir tiendas en la lujosa avenida Alvear o en el mall Patio Bullrich. A esas se suman Decathlon, Pizza Hut —que va por su cuarto intento en el país— y, en el sector automotor, la china BYD.

El desafío pendiente: que el crecimiento llegue al conurbano

El economista Federico Foch fue claro en advertir los límites geográficos del fenómeno: "el RIGI está motorizando economías que tienen un gran impacto, pero no en la gente. Hay dos Argentinas y hasta que le llegue a la gente va a tardar", señala, apuntando específicamente al conurbano bonaerense —con 15 millones de personas— como la zona que "no come con el RIGI". El conurbano tiene la tasa de desempleo más alta de Argentina, con un 9,7%, frente a un promedio nacional de 7,8%, tras dos alzas interanuales consecutivas.

Lectura editorial: la ironía de un péndulo que se cruza

Esta columna encuentra en este contraste una de las paradojas más elocuentes de la política económica regional reciente: mientras Argentina, el país que durante décadas simbolizó la inestabilidad institucional y el estatismo populista, construye hoy un régimen de certeza jurídica de 30 años que ya atrajo compromisos por casi US$150.000 millones, ciertos sectores en Chile —el país que durante décadas fue el ejemplo regional de institucionalidad económica estable— avanzan hacia fórmulas de mayor intervención estatal en distintas áreas de política pública, mientras el propio gobierno de Kast debe copiar, con años de retraso y plazos más acotados, la fórmula de invariabilidad que Argentina ya inauguró en 2024. Que el propio presidente de la Cámara Minera de Chile reconozca públicamente que "Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años" debería ser, para cualquier sector político chileno, una señal de alarma sobre la velocidad con que el país está perdiendo la ventaja comparativa institucional que supo construir durante décadas frente a sus vecinos.