A menos de dos semanas de que comience el debate legislativo de la reforma constitucional de seguridad del Presidente José Antonio Kast y el ministro Martín Arrau, dirigentes de Renovación Nacional —partido de la propia coalición de gobierno— ya están negociando con la oposición para eliminar el corazón de la iniciativa: el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el senador Andrés Longton (RN) conversan directamente con Pedro Araya (PPD) y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, para "salvar" la reforma vaciándola de su contenido más duro. Arrau insiste en que el instrumento tiene piso político. La pregunta es: ¿piso político con quién, si la propia coalición ya lo está sacrificando?

Lo que está en juego: el corazón de la reforma

El proyecto presentado por Kast y Arrau busca fortalecer la seguridad pública mediante una reforma constitucional que, entre otros puntos, crea un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, pensado para intervenir de forma dura e intensiva en zonas donde opera el crimen organizado. Es, según el propio ministro Arrau, "el corazón de la iniciativa".

Sin embargo, el debate legislativo —que recién comenzaría en la segunda semana de septiembre— ya arrancó con el pie cambiado. La Comisión de Constitución del Senado, presidida por Pedro Araya (PPD), decidió priorizar primero la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente, postergando la discusión de fondo sobre seguridad. La Moneda, por su parte, retiró la suma urgencia que en teoría obligaba a votar la reforma esta semana.

Ese respiro, en lugar de usarse para robustecer la posición del Gobierno, está siendo aprovechado por sectores del propio oficialismo para negociar su desmantelamiento.

RN negocia con el PS lo que Arrau defiende como innegociable

Según consigna La Tercera, en Renovación Nacional ya existe un diseño claro: la única forma de evitar el rechazo de la reforma es eliminar del texto la idea del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. Para lograrlo, RN ya inició conversaciones directas con Pedro Araya (PPD) y con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La propia Paulina Núñez, presidenta del Senado y militante de RN, lo dijo sin rodeos: "Tenemos una reforma constitucional que, para sacarla adelante, requiere dejar de lado el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el que ya tenemos que es el de Emergencia".

El senador Andrés Longton, también de RN, fue incluso más lejos al cuestionar públicamente la necesidad misma del instrumento que su propio Gobierno impulsa: "Si el objetivo del nuevo estado de excepción de Seguridad es el mismo que el de Emergencia, la pregunta es ¿por qué se necesita?". Longton llegó a poner en duda si el nuevo régimen es siquiera necesario, abriendo la puerta a que RN termine votando en contra de la columna vertebral de la reforma de su propio Presidente.

Mientras tanto, el ministro Arrau sostiene la posición contraria: "Hay consenso en que se necesita un estado de excepción constitucional local. Se requiere una intervención dura e intensiva donde opera el crimen organizado". El problema es que ese "consenso" que invoca Arrau no existe ni siquiera dentro de la propia coalición de gobierno.

La alternativa que se cocina: fusionar la reforma con mociones del PS

No conformes con presionar por eliminar el estado de excepción, en RN también promueven fusionar la propuesta de Arrau con mociones constitucionales presentadas por la senadora socialista Paulina Vodanovic, entre ellas una que modifica la Carta Fundamental para establecer un régimen penitenciario especial, firmada —entre otros— por Núñez, Vodanovic y Manuel José Ossandón (RN).

Si ese plan avanza, el Ejecutivo lograría, en el mejor de los casos, mantener la idea de legislar. Pero el costo sería alto: según reconoce la propia nota de La Tercera, eso obligaría a La Moneda a borrar no solo el estado de excepción, sino "probablemente también aceptar que se eliminen las restricciones de derechos y beneficios fiscales" contempladas en el proyecto original.

Es decir: la reforma de seguridad de Kast terminaría siendo, en la práctica, una reforma redactada a medias por el PS.

El otro frente: Araya y su comparación desafortunada

El senador Pedro Araya (PPD), tras reunirse este miércoles con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reiteró sus reparos calificando la reforma como "una mala reforma, que pareciera ser un copy paste hecho con inteligencia artificial de distintas legislaciones". Una descalificación gratuita hacia una iniciativa que busca enfrentar al crimen organizado, viniendo de un sector que durante años miró para el lado frente a la crisis de seguridad que hoy vive Chile.

El escenario aritmético tampoco ayuda: al tratarse de una reforma constitucional, se requieren 29 votos en el Senado, tanto para la idea de legislar como para cada punto sensible. Y de los 26 votos que el oficialismo logró reunir para la megarreforma económica, al menos cuatro senadores afines —los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, la libertaria Vanessa Kaiser y el republicano Ignacio Urrutia— no estarían dispuestos a aprobar ni siquiera la idea de legislar.

Lectura editorial

Desde VDI Global lo decimos con claridad: lo que está ocurriendo con esta reforma es exactamente el tipo de "falta de meticulosidad" que hemos criticado cuando proviene del propio oficialismo. No basta con presentar una reforma ambiciosa si, a la primera señal de resistencia parlamentaria, los propios aliados de Gobierno corren a negociarla con el PS hasta vaciarla de contenido.

Renovación Nacional no es un partido de oposición. Es parte de la coalición que llevó a Kast a La Moneda con una agenda de seguridad como bandera principal (ACOT). Que sean dirigentes del propio oficialismo —y no la izquierda— quienes lideren la ofensiva para eliminar el instrumento central de la reforma, mientras negocian directamente con Paulina Vodanovic y el PS, es una muestra de debilidad política que no puede pasar sin crítica.

Respaldamos la firmeza del ministro Arrau al sostener que el nuevo estado de excepción es necesario para intervenir con dureza donde opera el crimen organizado. Pero el Gobierno tiene una responsabilidad que no puede eludir: si su propia coalición no está convencida ni disciplinada, el problema no es solo de la oposición, es de conducción política. Exigimos que La Moneda ordene filas antes de que la reforma llegue a la sala convertida en una versión descafeinada, negociada a la baja con la misma izquierda que ha sido incapaz, durante años, de ofrecer una alternativa real frente al crimen organizado.

Lo que corresponde exigir

• Que RN transparente públicamente si apoyará o no el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, en lugar de negociarlo puertas adentro con el PS.
• Que el Gobierno y el ministro Arrau exijan disciplina de coalición antes de aceptar cualquier fusión con mociones del PS que diluya el proyecto original.
• Que se transparente qué "restricciones de derechos y beneficios fiscales" del proyecto original estarían dispuestos a sacrificar a cambio de votos.
• Que la ciudadanía conozca, con nombre y apellido, qué senadores de la propia coalición están dispuestos a votar en contra del corazón de la reforma de seguridad de su propio Presidente.

Conclusión

La reforma de seguridad de Kast y Arrau no está siendo derrotada por la izquierda: está siendo negociada a la baja por sectores de la propia derecha. Mientras Araya y Vodanovic se sientan a conversar con RN, el instrumento que el propio ministro Arrau califica como "el corazón de la iniciativa" corre serio riesgo de terminar sacrificado antes incluso de llegar a votación. VDI Global seguirá esta tramitación de cerca, porque en seguridad pública no hay espacio para medias tintas negociadas con quienes durante años se opusieron a enfrentar con firmeza al crimen organizado.