Un estudio doctoral de la Universidad Diego Portales, realizado de manera comparada en Chile, Costa Rica y El Salvador, revela que la ciudadanía chilena entiende la democracia cada vez menos por sus mecanismos electorales y cada vez más por sus resultados concretos. Cuando se pidió a los encuestados seleccionar las características fundamentales de una democracia, la igualdad ante la ley lideró con 60,3%, seguida de servicios públicos eficaces (55,3%) y seguridad (51,8%). Las elecciones libres, en cambio, obtuvieron apenas 21,1% de las menciones, ubicándose entre los atributos menos relevantes para definir el propio régimen democrático del que forman parte.

El diagnóstico que más sorprendió al propio investigador

El estudio, parte de la investigación doctoral en Ciencias Sociales de Jesús Guzmán, de la Universidad Diego Portales, buscó responder qué entienden las personas por democracia, cuánto valoran sus distintos componentes, y hasta qué punto estarían dispuestas a tolerar medidas que la debiliten para enfrentar los principales problemas del país. El propio investigador resumió el hallazgo central con una honestidad poco habitual en este tipo de comunicación académica: "Lo que más me sorprendió es que la ciudadanía entiende la democracia principalmente por eso y no tanto por sus procedimientos. En Chile esto es especialmente marcado."

Según el análisis de Guzmán, los chilenos tienden a asociar la democracia con aspectos institucionales —la independencia de los jueces, la transparencia, la separación de poderes— y con resultados comprobables, mientras que los componentes estrictamente electorales ocupan un lugar secundario en esa misma definición.

La brecha generacional: los mayores de 45 valoran las instituciones, los menores de 24 valoran los resultados

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio aparece al cruzar la edad de los encuestados. Las personas mayores de 45 años otorgan una importancia significativamente mayor a las instituciones democráticas propiamente dichas: contrapesos al poder, independencia judicial, funcionamiento del Estado. Entre los menores de 24 años, en cambio, la valoración se distribuye de manera más equilibrada entre instituciones, derechos y libertades, y resultados palpables.

Guzmán explica esta brecha apelando a la experiencia histórica directa de cada generación: "Las personas mayores tienden a anclar su concepción de democracia en las instituciones, probablemente porque vivieron en carne propia lo que significa perderlas. Los menores de 24 años la entienden desde los derechos y los resultados." Es una distinción que conecta con un patrón generacional ya documentado en otras mediciones de opinión pública a lo largo de esta sesión: quienes vivieron la dictadura militar o la transición democrática valoran de manera distinta el funcionamiento institucional que quienes crecieron dando por sentado que las elecciones y las instituciones democráticas serían siempre una realidad permanente.

"La democracia se legitima no solo por cómo funciona, sino por lo que entrega"

El estudio también midió cuánto valoran los encuestados distintos componentes democráticos en su vida cotidiana, más allá de la pregunta abstracta sobre qué define a una democracia. Los servicios públicos eficientes y una menor desigualdad emergen como los aspectos más importantes, superando con claridad a las dimensiones relacionadas con elecciones, competencia política o controles institucionales. Es decir: para una parte significativa de la ciudadanía chilena, la legitimidad de la democracia no se mide únicamente por la corrección de sus procedimientos electorales, sino por su capacidad efectiva de entregar resultados concretos en la vida material de las personas.

El 50,6%: la inseguridad como problema principal del país

La investigación exploró además cuál es el principal problema que enfrenta cada uno de los tres países analizados. En Chile, la respuesta fue contundente: el 50,6% identificó la inseguridad y el crimen organizado como la principal preocupación nacional. Es una cifra que conecta directamente con todo lo que esta cobertura ya ha documentado a lo largo de la sesión sobre la centralidad de la agenda de seguridad pública —desde el caso del niño de San Bernardo hasta el último sondeo de Cadem que registró un 76% de respaldo a juzgar como adultos a los adolescentes que cometen delitos graves.

A partir de esa identificación del problema central, los participantes fueron consultados sobre distintas medidas que un gobierno podría adoptar para resolverlo, incluyendo algunas conductas explícitamente incompatibles con los principios democráticos: suspender partidos políticos, ignorar resoluciones judiciales, o gobernar sin controles institucionales.

Entre el 10% y el 30%: la disposición a tolerar retrocesos democráticos

La mayoría de los encuestados rechazó esas alternativas autoritarias. Pero el nivel de apoyo registrado, según el propio estudio, "no es irrelevante": dependiendo de la medida específica consultada, entre un 10% y un 30% de los encuestados manifestó algún nivel de acuerdo con acciones que implicarían restringir derechos o debilitar instituciones democráticas para enfrentar el problema de la inseguridad.

La investigación detectó, además, que quienes consideran la inseguridad como el principal problema del país muestran una disposición algo mayor a aceptar restricciones de derechos, aunque esa disposición no se traduce necesariamente en apoyo a suspender elecciones o concentrar poder político de manera explícita.

El verdadero predictor no es la edad, sino la situación económica

El hallazgo más relevante del estudio, desde la perspectiva de la fragilidad democrática regional, es que la edad no resulta ser el factor que mejor explica la tolerancia a medidas antidemocráticas, contrariamente a lo que podría suponerse. La variable que sí predice esa disposición con mayor consistencia es la situación económica personal: mientras peor es la percepción que una persona tiene sobre su propia situación material, mayor es su disposición a tolerar restricciones institucionales o de derechos para resolver problemas considerados urgentes.

El nivel educacional también influye en la misma dirección: las personas con menor educación formal presentan una mayor apertura a aceptar medidas excepcionales que debiliten la democracia. Es una correlación que tiene implicancias económicas directas: en un contexto donde Chile atraviesa, según ya documentó esta cobertura, cinco meses consecutivos de retrocesos del Imacec, según proyecciones recientes, el deterioro de las condiciones materiales de la población no es solamente un problema de crecimiento económico abstracto. Es, según este estudio, un factor de riesgo directo para la propia estabilidad institucional del país, en la medida en que la fragilidad económica erosiona el compromiso ciudadano con los procedimientos democráticos que, en teoría, deberían sostenerse independientemente del ciclo económico.

La advertencia final: "Un debilitamiento gradual desde adentro"

Guzmán cierra su análisis con una conclusión que merece ser tomada como una advertencia seria, no como una exageración alarmista: "El principal riesgo para la democracia no viene necesariamente de un golpe clásico, sino de un debilitamiento gradual desde adentro, impulsado por el descontento ciudadano con los resultados del sistema."

Es una formulación que conecta con un patrón que esta cobertura ya ha identificado en distintos episodios de la sesión, desde la desafección política documentada en encuestas anteriores hasta la creciente fragmentación de la izquierda y la derecha chilenas: cuando una porción significativa de la ciudadanía deja de valorar los mecanismos democráticos como un fin en sí mismo, y empieza a evaluarlos exclusivamente en función de su capacidad de entregar resultados materiales concretos —seguridad, empleo, servicios públicos eficaces—, el sistema democrático queda expuesto a una erosión progresiva que no requiere ningún quiebre institucional abrupto para materializarse: basta con que el deterioro de esos resultados concretos se sostenga en el tiempo, especialmente entre quienes enfrentan las mayores dificultades económicas.