SIERRA BELLA: LA CONTRALORÍA ACREDITA LA RESPONSABILIDAD DE HASSLER Y SEIS CONCEJALES VAN AL TER PARA INHABILITARLA CINCO AÑOS
Subtítulo: El Concejo Municipal de Santiago sesionó de urgencia para revisar el sumario de Contraloría sobre la fallida compra de la Clínica Sierra Bella. El organismo contralor detectó "irregularidades sustanciales": sobreprecio de $8.252 millones por un inmueble que seis meses antes costó $2.200 millones, omisión de controles de legalidad y entrega improcedente de tarjetas de alimentos. Seis concejales irán al TER para que Hassler sea inhabilitada cinco años para ejercer cargos públicos. Ella responde con una querella por "denuncia calumniosa." La democracia chilena, en su versión más bizarra.
La Clínica Sierra Bella lleva más de dos años en el centro del debate político de la comuna de Santiago. Es una historia de una compra que no debía hacerse, que se intentó hacer de todas formas, que la Contraloría objetó, que generó el embargo de un vale vista de más de $2.400 millones y que terminó con nueve funcionarios sancionados y seis destituidos. Es también la historia de una exalcaldesa del Partido Comunista que hoy es diputada y que enfrenta el riesgo de ser inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años.
El lunes 8 de junio de 2026, el alcalde Mario Desbordes convocó una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Santiago para exponer los hallazgos del sumario administrativo que la Contraloría General de la República instruyó sobre la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler en el caso Sierra Bella. Los resultados del sumario son inequívocos: la Contraloría detectó "irregularidades sustanciales" y acreditó "suficientemente" la responsabilidad administrativa de Hassler.
Al término de la sesión, seis de los diez concejales —Luis Fernando Mackenna (UDI), Carolina Prieto, Vicente Martínez y María José Ramírez (republicanos), Santiago Mekis y Juan Mena (ambos RN)— confirmaron que presentarán un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano por "notable abandono de deberes." Si el TER acoge el requerimiento, Hassler quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante cinco años.
En paralelo, Hassler se querelló contra Desbordes por "denuncia calumniosa."
LA COMPRA QUE NO DEBÍA SER: EL NÚMERO QUE LO DICE TODO
Para entender por qué el caso Sierra Bella importa más allá de la política comunal de Santiago, hay que entender un dato que la Contraloría documentó con precisión y que no tiene interpretación favorable para Hassler: la Clínica Sierra Bella se intentó comprar por $8.252 millones, cuando seis meses antes la Inmobiliaria San Valentín la había adquirido por $2.200 millones.
Es una diferencia de $6.052 millones —más de seis mil millones de pesos— entre el precio que pagó un privado en el mercado abierto y el precio que la municipalidad de Santiago estaba a punto de pagar. El sobreprecio supera el 270% del valor de mercado reciente del inmueble.
Eso no es una discrepancia de tasación entre peritos que aplican metodologías distintas. Es una diferencia de una magnitud que no tiene explicación técnica razonable. La Contraloría lo detectó, objetó la compra y generó un reparo que llevó al embargo de un vale vista de más de $2.400 millones. La compra nunca se concretó porque el organismo contralor la bloqueó.
Pero el sumario fue más allá del sobreprecio. La Contraloría documentó tres irregularidades adicionales que configuran el cuadro completo de lo que ocurrió bajo la gestión de Hassler.
La primera es la omisión de controles de legalidad en el proceso de compra. El proceso se intentó concretar "sin licitación pública" y con tasaciones "sin trazabilidad", lo que constituye una violación directa del principio de probidad que rige a los organismos del Estado.
La segunda es la ausencia de autorización del Ministerio de Hacienda, que la ley exige para compras de este tipo y monto. La municipalidad intentó avanzar en la compra sin ese requisito legal.
La tercera es la entrega anticipada de 4.195 tarjetas de alimentos en junio de 2024, más de un mes antes de firmar el contrato con el proveedor. Es una irregularidad que, aunque de menor impacto económico que el sobreprecio de Sierra Bella, ilustra un patrón de gestión que prescinde de los controles formales cuando la urgencia política lo requiere.
EL SUMARIO: NUEVE SANCIONADOS, SEIS DESTITUIDOS, HASSLER RESPONSABLE
El resultado del sumario administrativo instruido por la Contraloría es contundente: nueve funcionarios municipales sancionados, seis de ellos destituidos. Son personas que perdieron sus empleos como consecuencia directa de las irregularidades que ocurrieron bajo la gestión de Hassler.
Sobre Hassler específicamente, la Contraloría fue inequívoca: acreditó "suficientemente" su responsabilidad administrativa sobre cómo se generó el proceso de compra. No es una responsabilidad difusa ni compartida con el equipo técnico. Es una responsabilidad directa de quien ejercía la autoridad máxima en la municipalidad.
Desbordes lo dijo en la sesión del concejo con precisión: "La Contraloría ha sido categórica respecto del sobreprecio." Y explicó que la sesión no era un capricho político sino el cumplimiento de un mandato explícito del organismo contralor: "No es un capricho de la administración ni de los concejales conocer esto. Es la Contraloría la que ordena de forma expresa que se tome conocimiento y evalúe de acuerdo a la norma correspondiente si estos antecedentes son puestos en conocimiento del Tribunal Electoral Regional Metropolitano."
EL TER Y LOS CINCO AÑOS: QUÉ PUEDE OCURRIR
El requerimiento que seis concejales presentarán ante el Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano se basa en el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esa norma establece que un alcalde puede ser sancionado con inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años si se acredita "notable abandono de deberes."
Los concejales argumentan que Hassler incurrió en notable abandono de deberes al intentar concretar una compra con sobreprecio manifiesto, sin licitación pública, sin autorización del Ministerio de Hacienda y con tasaciones sin trazabilidad, desconociendo los reparos previos de la Contraloría y afectando gravemente el patrimonio municipal y la imagen pública de la municipalidad.
Si el TER acoge el requerimiento, Hassler —hoy diputada por el 10° Distrito de la Región Metropolitana, cargo que asumió el 11 de marzo de 2026— quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante cinco años. Eso incluiría su cargo como diputada.
El concejal Mackenna fue explícito sobre las consecuencias: de acreditarse el abandono de deberes, "esto resultará en la inhabilidad de Irací Hassler para ejercer cargos públicos por cinco años."
LA RESPUESTA DE HASSLER: LA QUERELLA COMO ESCUDO
La reacción de Hassler ante el sumario de Contraloría y el requerimiento al TER siguió la estrategia que la izquierda chilena ha perfeccionado en situaciones similares: atacar al quien denuncia para desviar la atención del contenido de la denuncia.
Hassler se querelló contra Desbordes por "denuncia calumniosa", acusando que el alcalde busca reabrir un caso "donde la justicia ya definió que no había delito penal." Es un argumento que confunde deliberadamente dos procesos distintos. El sobreseimiento en el proceso penal —que en Chile tiene estándares probatorios más altos que el proceso administrativo— no implica que no hubo irregularidades administrativas. La Contraloría puede acreditar responsabilidad administrativa sin que haya condena penal, porque los estándares son diferentes.
La concejala del PC Camila Davagnino fue aún más directa en la conflación de ambos procesos: acusó a Desbordes de "pretender sobrepasar las atribuciones del Concejo Municipal a fin de hacer un punto político contra la diputada Hassler por hechos ya resueltos por la justicia."
Esa descripción tiene un problema factual: los hechos no están "ya resueltos." Hay un sobreseimiento en el proceso penal. Hay un sumario administrativo de Contraloría que acredita responsabilidad administrativa. Y ahora hay un requerimiento al TER por notable abandono de deberes. Son tres instancias distintas con estándares distintos y resultados que pueden perfectamente diferir entre sí.
Decir que la justicia "ya resolvió" el caso porque hubo sobreseimiento penal es como decir que un funcionario que cometió irregularidades administrativas no puede ser sancionado administrativamente porque no fue condenado penalmente. Es una lógica que eliminaría el sentido de los controles administrativos del Estado.
EL PATRÓN PC: DEFENDERSE CON EL PROCESO, NO CON LOS HECHOS
El caso Sierra Bella sigue un patrón que el Partido Comunista chileno ha exhibido en otras situaciones de rendición de cuentas: defender a sus figuras no con argumentos sobre los hechos sustantivos sino con argumentos sobre la legitimidad del proceso que los examina.
En el caso Hassler, nadie del PC ha explicado por qué la municipalidad intentó comprar por $8.252 millones un inmueble que seis meses antes costó $2.200 millones. Nadie ha explicado por qué se omitió la licitación pública. Nadie ha explicado la ausencia de autorización del Ministerio de Hacienda. Nadie ha explicado las tasaciones sin trazabilidad.
En cambio, sí hay declaraciones sobre la "persecución política", sobre el "punto político", sobre los "hechos ya resueltos" y sobre el "sobreseimiento judicial."
Es política de sustitución: cuando no hay respuesta a los cargos, se ataca la credibilidad de quien los formula. Es una estrategia que funciona en el corto plazo —genera ruido, confunde el debate, moviliza a los propios— pero que eventualmente enfrenta el problema de que los hechos documentados no desaparecen por tener un relato alternativo.
La Contraloría no es un organismo político. Sus sumarios son procesos técnicos con estándares establecidos. Cuando la Contraloría acredita "irregularidades sustanciales" y responsabilidad administrativa "suficientemente" probada, no está haciendo política. Está documentando lo que encontró.
El TER tampoco es un organismo político. Su función es aplicar la ley cuando se presentan requerimientos con los fundamentos correspondientes. Que seis concejales de distintos partidos coincidan en presentar ese requerimiento dice algo sobre el peso de la evidencia disponible.
LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA HASSLER Y PARA EL PC
Si el TER acoge el requerimiento y declara el notable abandono de deberes, Hassler no solo perdería su escaño como diputada. Quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante cinco años, lo que incluiría la posibilidad de competir en las próximas elecciones municipales o parlamentarias.
Para el PC, perder a Hassler en esas condiciones sería un golpe político significativo. Ella fue la primera militante comunista en ser electa alcaldesa de Santiago, el municipio más emblemático del país. Su trayectoria es un símbolo para la izquierda chilena y especialmente para el PC. Una inhabilitación por notable abandono de deberes en relación a un sobreprecio de $6.000 millones en una compra inmobiliaria sería un daño reputacional de largo plazo para el partido.
Pero eso es una consecuencia política. La pregunta de fondo no es qué le conviene al PC. Es si los hechos documentados por la Contraloría ameritan que el sistema de control institucional aplique las consecuencias que la ley establece.
La respuesta a esa pregunta, a la luz de los antecedentes disponibles, parece afirmativa.
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