Los allanamientos ejecutados este jueves por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Brigada Anticorrupción de la PDI en las oficinas parlamentarias de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente), en el marco de la investigación por irregularidades en licitaciones de Junaeb, no es un hecho aislado. Es apenas la punta visible de un fenómeno más amplio: en total, siete senadores en ejercicio aparecen hoy vinculados o mencionados, en distintas calidades y con distintos niveles de gravedad, en investigaciones del Ministerio Público.

Para VDI Global, la cifra —siete de 50 senadores, es decir, cerca del 14% de la Cámara Alta— exige una lectura seria, sin banderas políticas, porque el fenómeno atraviesa transversalmente el espectro: alcanza a parlamentarios de la UDI, RN, el PPD, el Partido Comunista, Demócratas y a independientes. No es, como podría instalarse superficialmente, un problema exclusivo de un sector. Es un problema de las instituciones.

El caso Junaeb: el epicentro de esta semana

La causa que originó las diligencias de este jueves indaga eventuales delitos de cohecho, soborno, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos, asociados a contratos de la empresa Soser S.A. con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Entre los antecedentes que investiga la Fiscalía aparecen presuntas raciones de alimentación infladas, certificados falsificados, adulteración de registros y eventual entrega de información privilegiada para acceder a licitaciones públicas.

Sergio Gahona (UDI), senador por la región de Coquimbo, es indagado por el Ministerio Público por presunto cohecho en esta causa, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso. El senador ha declarado públicamente que se encuentra "tranquilo" frente a la investigación. Adicionalmente, su nombre aparece mencionado en la llamada "trama Bielorrusa", en antecedentes vinculados al conservador de Bienes Raíces Sergio Yáber, quien le habría girado un cheque a su nombre por $4 millones. Gahona ha explicado que se trató de un préstamo para enfrentar gastos familiares.

Miguel Ángel Calisto (independiente), senador por Aysén, también fue alcanzado por las diligencias de este jueves en el marco del caso Junaeb. Pero su situación judicial es, con diferencia, la más comprometida de los siete: enfrenta además una causa por fraude reiterado al Fisco en Aysén, donde el 26 de junio la Fiscalía presentó acusación en su contra —junto a otras siete personas— solicitando una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. La tesis del Ministerio Público sostiene que, cuando Calisto se desempeñaba como diputado entre 2018 y 2022, se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos públicos del Congreso mediante asesorías parlamentarias que no se habrían realizado, con un perjuicio fiscal atribuido de al menos $105.554.697. Calisto ya fue desaforado en su etapa como diputado, y la Fiscalía deberá solicitar un nuevo desafuero en su calidad actual de senador, luego de que la audiencia respectiva fuera suspendida por la reapertura de la investigación.

Otros cinco senadores, otros cinco expedientes

Más allá del caso Junaeb, otros cinco senadores aparecen mencionados o investigados en causas independientes entre sí:

Camila Flores (RN), enfrenta una investigación conocida públicamente como la "cuota Flores", que indaga si trabajadores de su equipo parlamentario debían devolver parte de sus remuneraciones utilizando recursos públicos destinados al funcionamiento del Congreso. El Ministerio Público investiga un eventual delito de fraude al Fisco. La senadora ha rechazado las acusaciones y ha declarado su disposición a colaborar con la investigación, que permanece en etapa investigativa.

Alejandro Kusanovic (independiente), senador por Magallanes, es investigado por la Fiscalía Regional de esa región a partir de una denuncia sobre una eventual devolución de parte del sueldo de un exintegrante de su equipo, en un mecanismo que ha sido comparado públicamente con el caso de Flores. En julio, la PDI incautó equipos electrónicos vinculados al parlamentario como parte de la indagatoria.

Loreto Carvajal (PPD) aparece vinculada a una de las aristas de la trama Bielorrusa. En enero, el abogado Eduardo Lagos declaró ante la Fiscalía que la senadora habría recibido $300 millones a cambio de gestionar el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán, antecedente que fue publicado originalmente por CIPER y que hoy investiga la Fiscalía de Aysén. Carvajal rechazó la acusación.

Matías Walker (Demócratas) también aparece mencionado en la trama Bielorrusa, a partir de sus vínculos con Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto e imputado en esa causa. Entre los antecedentes financieros revisados figura una transferencia de $1,6 millones que Yáber le habría hecho a Walker, quien reconoció el movimiento y lo explicó como el reembolso de un pasaje relacionado con un viaje de su hijo, en el marco de una relación de amistad de larga data con el conservador. Walker ha sostenido que estos antecedentes no guardan relación con gestiones ilegales.

Karol Cariola (PC) permanece vinculada al denominado caso Chinamart, originado en gestiones que realizó cuando era diputada en favor del empresario chino Emilio Yang, propietario de esa cadena de tiendas. Un informe de la PDI conocido en abril estableció que algunas de esas gestiones se produjeron "al margen de los canales regulares". Cariola declaró en calidad de imputada y ha rechazado las acusaciones; su defensa sostiene que se trató de gestiones parlamentarias legítimas. Durante julio, los querellantes de la causa desistieron de sus acciones, aunque ello no significó el cierre de la investigación.

Los diputados también en la mira

El fenómeno no se limita al Senado. En la Cámara de Diputados, Cristián Araya (Republicanos) aparece vinculado a la trama Bielorrusa tras ser mencionado en escuchas telefónicas y otros antecedentes relacionados con eventuales gestiones y pagos vinculados a Sergio Yáber. Araya ha negado categóricamente las acusaciones y cualquier vínculo con pagos irregulares.

Asimismo, tras los allanamientos del caso Junaeb, quedó involucrado en los procedimientos el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC), quien declaró públicamente no tener claridad sobre los hechos que se le atribuyen, descartando vínculos con eventuales irregularidades en Junaeb.

El nudo político: el desafuero de Calisto y el quórum del Gobierno

Más allá de las causas individuales, el caso con mayor potencial de impacto político inmediato es el de Calisto. Ninguno de los siete senadores ha perdido hasta ahora su fuero parlamentario —la protección procesal que impide someterlos a determinadas actuaciones penales sin autorización previa de la Corte de Apelaciones—, pero la situación de Calisto es la que presenta el escenario más concreto de cara a un eventual desafuero, dado que la Fiscalía ya presentó acusación en su contra y deberá formalizar una nueva solicitud.

El dato no es menor para La Moneda: Calisto fue uno de los votos clave del Gobierno de José Antonio Kast en la aprobación del Plan de Reconstrucción, pese a no mostrarse favorable a la reforma constitucional de seguridad que impulsa el Ejecutivo. Un desafuero que lo suspenda de sus funciones —aunque continúe percibiendo su dieta parlamentaria— obligaría al Gobierno a salir a buscar apoyos adicionales en la oposición para sostener sus mayorías legislativas.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, este catastro de siete senadores confirma algo que este medio ha planteado de manera consistente: la crisis de probidad en Chile no es propiedad de un sector político, aunque el caso Chinamart, que involucra a la senadora comunista Karol Cariola, y las gestiones cuestionadas de figuras vinculadas a la izquierda en la trama Bielorrusa, refuerzan la necesidad de escrutinio particular sobre sectores que históricamente han hecho de la "ética pública" una bandera discursiva sin necesariamente aplicarla puertas adentro.

Dicho eso, este medio no hace vista gorda cuando la irregularidad toca a senadores de sectores afines a nuestra línea editorial. El caso de Gahona (UDI) exige el mismo rigor que el de Cariola (PC): ninguna militancia es garantía de probidad, y la exigencia de estándares altos debe aplicarse parejo. Es precisamente ese tipo de exigencia técnica —independiente de la simpatía política— la que este medio ha planteado también respecto de la propia gestión del Gobierno de Kast cuando comete errores de ejecución.

Lo que sí resulta preocupante desde una perspectiva de gobernabilidad es que el eventual desafuero de un senador que ha sido pieza clave para las mayorías legislativas del Ejecutivo, como Calisto, introduce un elemento de fragilidad institucional en un momento en que el país necesita avanzar con determinación en su agenda de seguridad. La proliferación de investigaciones judiciales contra parlamentarios en ejercicio —que en algunos casos llevan años en tramitación— también plantea una pregunta de fondo sobre la lentitud de la justicia y la exposición prolongada de figuras públicas a un limbo de sospecha sin resolución.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio Público avance con celeridad y sin dilaciones en cada una de las siete causas, evitando que los procesos se extiendan indefinidamente en perjuicio tanto de la certeza jurídica como de la confianza pública en las instituciones.
• Que la eventual solicitud de desafuero contra Calisto se resuelva conforme a derecho, sin presiones políticas de ningún sector, incluido el propio Gobierno, que tiene interés directo en el resultado.
• Que los partidos políticos de origen de cada uno de los senadores mencionados —sin excepción, sea la UDI, RN, el PPD, el PC o Demócratas— adopten posturas de transparencia y no minimicen la gravedad de las imputaciones por afinidad partidaria.
• Que se fortalezcan los mecanismos de control interno del Congreso sobre el uso de asignaciones y asesorías parlamentarias, dado que varias de estas causas —Calisto, Flores, Kusanovic— apuntan justamente a presuntos manejos irregulares de fondos destinados al funcionamiento legislativo.

Conclusión

Siete senadores en ejercicio, de prácticamente todo el espectro político representado en el Congreso, hoy cargan con algún grado de vinculación a investigaciones penales. El caso Junaeb reactivó la atención pública esta semana, pero el catastro completo revela un fenómeno más estructural y más antiguo, que la sola alternancia de gobiernos no ha logrado resolver. Todos los parlamentarios mencionados mantienen la presunción de inocencia; varios de ellos han negado expresamente las imputaciones. Pero la magnitud del listado —y su impacto potencial sobre la gobernabilidad, particularmente en el caso de Calisto— exige que la ciudadanía y las propias instituciones sigan de cerca cada uno de estos procesos, sin distinción de color político.

Nota editorial: El presente titular, formulado como pregunta, refleja la posición editorial de VDI Global sobre la magnitud del fenómeno descrito en esta nota. No constituye una afirmación de culpabilidad respecto de ninguno de los parlamentarios mencionados. Todos ellos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme en su contra, y en varios casos han negado expresamente las imputaciones.