El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció "un fraude en desarrollo" en la segunda vuelta presidencial peruana y anticipó que no reconocerá como presidenta a su rival Keiko Fujimori, quien lo aventaja por 40.468 votos con el escrutinio al 99,71%. Su argumento: pide anular la votación del exterior, alegando que se vulneró la normativa al exigir el envío físico de las actas hasta Lima en lugar de su transmisión digital, una disposición que ni él ni su partido cuestionaron cuando se informó semanas antes de la elección. Si esos votos del exterior se restaran del cómputo, Sánchez pasaría a ganar por 40.925 sufragios. Ninguna misión de observación electoral internacional ha determinado que ese cambio constituya sospecha de fraude.

Lo que Sánchez denuncia, exactamente

En una rueda de prensa este martes, Roberto Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú —la misma colectividad que postuló en su momento al encarcelado expresidente Pedro Castillo— sostuvo que existe "un fraude en desarrollo" en el escrutinio de la segunda vuelta, y pidió al Jurado Nacional de Elecciones que anule la votación realizada en el exterior. Su argumento central es que se vulneró la "intangibilidad de la normativa electoral" al disponerse que los consulados, en lugar de transmitir digitalmente los resultados de la votación en el exterior, enviaran físicamente las actas hasta Lima para su escrutinio.

Sánchez atribuyó esa decisión al canciller Carlos Pareja, a quien la izquierda peruana considera cercano al fujimorismo, y denunció que el traslado físico de las actas se realizó "sin garantías para evitar la manipulación." Sostuvo que, en esa supuesta afectación, "ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori."

El dato que el propio artículo señala con precisión: nadie objetó esto antes

Aquí está el elemento que cualquier lectura rigurosa de esta denuncia debe destacar en primer plano. Según confirma el propio reporte, "ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de esta disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a Lima" cuando esa norma fue informada semanas antes del día de la elección. Es decir: la regla que hoy Sánchez califica de fraudulenta era pública, conocida, y no generó ninguna objeción de su parte mientras existía la posibilidad de que el resultado le favoreciera.

Tampoco existe, hasta el momento, ninguna misión de observación electoral internacional que haya determinado que ese cambio en el procedimiento de transmisión de actas constituya un indicio de fraude. Es una norma de procedimiento logístico-electoral, no una modificación de último momento ni una decisión adoptada en secreto.

Las cifras: una diferencia de 40 mil votos que se invierte solo si se excluye al exterior

Con el escrutinio al 99,71%, Keiko Fujimori obtiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con una diferencia de 40.468 votos a su favor. Sin embargo, si se excluyeran del cómputo los votos emitidos en el exterior —exactamente el segmento que Sánchez pide anular—, los porcentajes se invierten: Sánchez pasaría a tener el 50,1% de los votos válidos, con 40.925 sufragios más que Fujimori, que quedaría con el 49,88%.

Es decir, la solicitud de anulación que Sánchez presenta no es un reclamo abstracto sobre un procedimiento que afecta por igual a ambos candidatos. Es, en los hechos, la única vía aritmética disponible para revertir un resultado que, en el resto del país, lo tiene en segundo lugar. El propio candidato lo reconoce, sin necesidad de ocultarlo: su reclamo se sustenta explícitamente en que él "ha sido el más votado en el territorio nacional," dejando implícito que es precisamente el voto del exterior —donde, según las cifras, Fujimori obtuvo una ventaja decisiva— el segmento que necesita excluir para ganar.

La prueba que, según el propio candidato, "no necesita otras demostraciones"

Consultado directamente sobre qué pruebas sustentan su denuncia de fraude, Sánchez respondió que la disposición que evitó la transmisión digital de los resultados del exterior "es la prueba evidente y fáctica, no necesita otras demostraciones, ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral." Es una respuesta que, examinada con el rigor que cualquier acusación de esta gravedad exige, no aporta ninguna evidencia de manipulación, alteración de actas, conteo irregular o cualquier otro hecho concreto. Lo que Sánchez presenta como prueba es, en esencia, la existencia misma de la norma de procedimiento que él decidió no impugnar cuando todavía no conocía si el resultado le sería favorable o no.

Esa es, precisamente, la definición de una denuncia formulada sin pruebas: no porque carezca de un argumento articulado —lo tiene—, sino porque ese argumento se sostiene exclusivamente en una norma conocida y no cuestionada con anticipación, presentada ahora como evidencia de fraude únicamente porque el resultado final terminó siéndole desfavorable.

El llamado a las calles y la denuncia constitucional contra el canciller

Sánchez no se limitó a la vía institucional. Declaró que "no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori" si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve a su favor, y llamó a sus seguidores a movilizarse en las calles "para defender la democracia y no tener cinco años más de captura de la democracia y de las instituciones." Es un llamado que, formulado sobre la base de una denuncia sin pruebas concretas y sobre un procedimiento que su propio partido no objetó cuando fue anunciado, plantea un riesgo de inestabilidad política que excede largamente el mérito real del reclamo presentado.

En paralelo, Juntos por el Perú presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, buscando su inhabilitación por diez años y su procesamiento en el fuero civil por la presunta comisión de un delito contra la voluntad popular. El propio funcionario rechazó la acusación, remarcando que solo cumplió funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales, sin que existiera ninguna instrucción de su parte orientada a beneficiar a un candidato específico.

Un patrón que la región ya conoce

Esta no es la primera vez que un candidato derrotado en un proceso electoral muy ajustado en América Latina recurre a la denuncia de fraude sin sustento probatorio como estrategia política tras conocer un resultado adverso. Lo distintivo de este caso es la claridad con que el propio mecanismo de la denuncia revela su función: Sánchez no impugna un procedimiento por considerarlo defectuoso en abstracto, sino porque su exclusión es matemáticamente la única vía que lo convierte en ganador. Y lo hace, además, llamando a movilizaciones callejeras antes de que el Jurado Nacional de Elecciones —la instancia legalmente competente para resolver este tipo de controversias— haya emitido pronunciamiento alguno sobre el fondo de su reclamo.

La democracia peruana, que ya atravesó procesos electorales sumamente tensos en años anteriores, enfrenta ahora la prueba de si sus instituciones electorales pueden resolver esta controversia con el rigor técnico y la velocidad que la situación exige, antes de que el llamado a movilizarse en las calles termine generando una escalada que el propio mérito de la denuncia, examinado con honestidad, no parece justificar.