Durante semanas, esta cobertura editorial dedicó un volumen de informes sin precedentes al caso de los niños haitianos: más de 200 menores inicialmente reportados sin paradero, doce adultos identificados como responsables repetidos de 486 niños, hipótesis de tráfico de personas y, en un momento, incluso de tráfico de órganos. Hoy, con el Fiscal Nacional, el director de la Unidad Anticorrupción, la PDI y el propio ministro de Defensa coincidiendo en que no existe ninguna denuncia ni antecedente que respalde delitos contra los menores, corresponde hacer la pregunta que cualquier medio serio debe hacerse cuando la evidencia cambia: ¿esto fue una sobrerreacción mediática y política, o hubo efectivamente delitos que la propia investigación terminó acotando a su dimensión real? Y una pregunta todavía más incómoda: ¿pudo este episodio terminar pareciendo una orquestación política antes que una investigación genuina?

Lo que dijo hoy el Fiscal Nacional, sin ambigüedad

En el programa Tolerancia Cero, el fiscal nacional Ángel Valencia fue categórico: hasta ahora no existen denuncias que permitan sostener que niños haitianos ingresados a Chile mediante procesos de reunificación familiar se encuentren desaparecidos, ni tampoco antecedentes que respalden hipótesis de tráfico de órganos o explotación sexual infantil. "Pedimos un catastro, y podrían aparecer a nivel nacional, pero de momento, con los días que ya han transcurrido, no ha aparecido ningún caso relevante. De momento no tenemos denuncias sobre el particular", declaró, aunque matizó con prudencia: "no podemos descartar que ello pudiera eventualmente haber ocurrido."

Sobre la explotación sexual infantil específicamente, fue igualmente directo: "No, hasta la fecha. Si bien hemos encargado la búsqueda de casos, de momento no ha aparecido ninguna denuncia que pueda asociarse directamente a los hechos que estamos investigando."

Esa declaración no es aislada. El director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Eugenio Campos, ya había sostenido lo mismo días antes, calificando la hipótesis del tráfico de órganos directamente de "malentendido": "No hay ninguna denuncia respecto del tráfico de órganos, quiero dejarlo con claridad, ni el más mínimo antecedente." Y agregó algo que, leído en retrospectiva, debería habernos hecho más cautelosos desde el principio: "Uno tampoco puede ser alarmista en esto."

La PDI: "Cumplían los requisitos que en ese momento se exigían"

La Policía de Investigaciones, a través de su prefecto Ricardo Gatica, sostuvo desde el primer momento una posición que esta misma cobertura registró, aunque sin darle, en su momento, todo el peso que quizás merecía: "Ningún funcionario de la PDI puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida." Y precisó que "la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando, cumplían los requisitos que en ese momento se exigían" y contaban con permisos "correctamente emitidos por la entidad competente."

El ministro de Defensa, Fernando Barros, fue todavía más allá en su desescalada del caso, llegando a criticar explícitamente cómo se generó la alarma pública: "Es muy lamentable que un preinforme se filtre. Eso dio lugar a una visión que no tenía la segunda parte y da pie a pánico. Pongamos la pelota en el piso." Y fue categórico: "No hay una sola denuncia o acción criminal que diga que un niño se perdió, ni en Haití ni en Chile."

Lo que sí queda, y no es poco: fallas administrativas graves, no inocuas

Aquí es donde esta autocrítica necesita ser precisa y no caer en el extremo opuesto de minimizar todo lo que se documentó. Ni el Fiscal Nacional, ni Campos, ni Barros, ni la PDI han dicho que no haya ocurrido nada irregular. Lo que han dicho, de manera consistente, es que no hay evidencia de los delitos más graves —trata de personas con fines de explotación, tráfico de órganos, explotación sexual— que en algún momento del ciclo noticioso circularon como hipótesis.

Lo que permanece, y que el propio ministro Barros calificó de "terrible desorden" y "muy mala política", son fallas reales y documentadas: el memorándum de 2024 que flexibilizó con efecto retroactivo los controles documentales; la ausencia de un sistema de seguimiento posterior al ingreso que permitiera verificar, con el tiempo, que los menores efectivamente permanecían en las direcciones declaradas; la falta de coordinación entre Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez; y la cifra, confirmada por Contraloría, de doce adultos que se repitieron como responsables de 486 menores en distintos viajes, un patrón que, aunque no haya derivado en los delitos más graves que se temieron, sigue siendo una anomalía que ningún sistema de control migratorio debería haber tolerado sin activar alertas tempranas.

La Fiscalía mantiene además, según confirmó el propio Valencia, una investigación abierta sobre el ingreso masivo de menores entre enero y abril de 2025, distinta de la causa iniciada en 2023 o 2024 a partir de la denuncia del entonces director de Migraciones, Luis Thayer. Esa investigación sigue en curso, y es la instancia correcta para determinar, con el tiempo y el rigor que el debido proceso exige, si hubo responsabilidad penal de funcionarios públicos en las fallas administrativas detectadas.

El ejercicio de autocrítica que corresponde hacer

Dicho todo lo anterior, es necesario que esta cobertura se mida a sí misma con la misma vara que ha aplicado a cada autoridad, partido y funcionario durante esta sesión editorial. ¿Se sobredimensionó el caso en algún momento del ciclo de cobertura? La respuesta honesta es: probablemente sí, en al menos un aspecto puntual. La hipótesis del tráfico de órganos, planteada inicialmente por un diputado y reportada con la cautela debida en su momento —siempre señalando que no había confirmación—, terminó ocupando un espacio desproporcionado en el debate público en relación con la solidez real de la evidencia que la sustentaba, que resultó ser, según las propias palabras de la Fiscalía, nula desde el principio.

¿Significa eso que toda la cobertura fue una sobrerreacción? No. La cadena de alertas ignoradas desde 2023, el memorándum retroactivo de 2024, la sospecha confirmada por la propia Carolina Tohá de un funcionario consular colaborando con vuelos irregulares, y la cifra de doce adultos repitiéndose como responsables de cientos de menores, son hechos documentados por la propia Contraloría, no especulaciones de esta cobertura ni de ningún otro medio. Esos hechos justificaban, y siguen justificando, una investigación rigurosa y una exigencia de responsabilidades políticas y administrativas.

La distinción que esta autocrítica debe establecer con claridad es la siguiente: hubo una falla administrativa real y grave, documentada con cifras oficiales. No hay, hasta ahora, evidencia de los delitos más extremos que en algún momento se mencionaron como hipótesis. Tratar ambas cosas con el mismo nivel de alarma fue, en retrospectiva, un error de calibración que esta cobertura debe reconocer.

La pregunta más delicada: ¿hubo orquestación política?

Aquí está la pregunta que más debe inquietar a cualquiera que haya respaldado el cambio de gobierno con la expectativa de una conducción distinta, más seria y menos dada al espectáculo político que la que se le criticaba al oficialismo anterior. Si el resultado final de esta secuencia de hechos es que un preinforme de Contraloría se filtró, generó una ola de pánico político y mediático con hipótesis de tráfico de órganos y trata de personas, movilizó una convocatoria de los tres poderes del Estado y una fuerza de tarea presidencial, y termina, semanas después, con el propio Fiscal Nacional diciendo que no hay denuncias ni antecedentes de los delitos más graves que se temieron, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse si ese ciclo completo fue gestionado con la sobriedad institucional que el caso merecía, o si en algún punto se permitió, deliberadamente o por negligencia comunicacional, que el escándalo creciera más allá de lo que la evidencia disponible sostenía.

Esta cobertura no tiene, a esta hora, ningún antecedente que permita afirmar que hubo una orquestación deliberada desde el gobierno de Kast para inflar este caso con fines políticos. Eso sería, en sí mismo, una acusación grave que requeriría pruebas concretas que no existen. Lo que sí es legítimo señalar es que la combinación de una filtración de prensa, una respuesta institucional de máxima escala —tres poderes del Estado convocados en La Moneda—, y una desescalada posterior tan marcada en cuestión de semanas, es exactamente el tipo de secuencia que, sin necesidad de que exista mala intención de parte de nadie, puede terminar percibida por una parte de la ciudadanía como un episodio de sobreactuación política, sea cual sea el origen real de esa sobreactuación.

Quienes respaldaron a Kast esperando una gestión seria, alejada de la lógica de shock comunicacional permanente y de la sobreexplotación política de cada escándalo —el mismo estilo que durante años se le reprochó a sectores de la izquierda chilena— tienen derecho a exigir que, hacia adelante, los anuncios de gravedad institucional máxima se hagan con la misma cautela que hoy exhibe el Fiscal Nacional al hablar de este caso, y no con la urgencia mediática que predominó en sus primeras semanas.

Lo que corresponde hacer ahora

La investigación de la Fiscalía sobre las fallas administrativas y las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos sigue abierta, y debe continuar con el rigor que cualquier caso de esta naturaleza exige, sin que la ausencia de los delitos más graves que se temieron sirva de excusa para minimizar las fallas reales que sí están documentadas. El memorándum de 2024, la falta de seguimiento posterior al ingreso de los menores, y la responsabilidad de quienes dictaron esa flexibilización con efecto retroactivo, siguen siendo preguntas legítimas que merecen respuesta.

Pero esta cobertura, con la misma honestidad que ha exigido a cada actor político durante esta sesión, reconoce que el tratamiento de las hipótesis más extremas mereció mayor cautela desde el inicio, y que el episodio completo —desde la filtración hasta la desescalada actual— deja una lección incómoda sobre la velocidad con que un escándalo político puede crecer más allá de lo que la evidencia disponible sostiene, independientemente de quién se beneficie o se perjudique políticamente en cada etapa de ese proceso.