A partir del próximo miércoles 2 de septiembre, la Corte Suprema comenzará la revisión de los cuadernos de remoción contra 56 jueces y juezas que habrían hecho mal uso de licencias médicas para viajar fuera del país, tras la denuncia formulada meses atrás por la Contraloría General de la República. El proceso, inédito por su magnitud, ya generó divisiones internas en el máximo tribunal, una demanda de tutela laboral de la Asociación Nacional de Magistrados, recursos ante el Tribunal Constitucional y hasta un pronunciamiento de una relatora especial de la ONU.

El origen: una denuncia de Contraloría que destapó 56 casos

Según informó la propia Corte Suprema a mediados de junio, serían 56 los casos de magistrados que habrían incurrido en la falta de utilizar licencias médicas para ausentarse del país, a partir de una denuncia presentada meses atrás por la Contraloría General de la República. A esa cifra podrían sumarse otros 11 casos que se encuentran actualmente en proceso de notificación, lo que eleva el universo potencial a 67 jueces investigados.

La magnitud del proceso queda reflejada en su propia planificación: según El Mercurio, los 56 casos requerirían entre 37 y 42 horas de trabajo en audiencias, lo que equivale a entre seis y siete días completos de jornadas maratónicas, de 10:30 a 18:00 horas, considerando 30 minutos de alegato por cada parte y entre 40 minutos y una hora de audiencia por cuaderno. Se estima que el proceso podría extenderse hasta el 9 o 10 de septiembre.

Una decisión que no fue unánime

La apertura de los cuadernos de remoción tampoco contó con el respaldo unánime del máximo tribunal. Según consignó La Tercera, las votaciones variaron caso por caso, pero hubo tres magistrados —Leopoldo Llanos, Mauricio Silva y María Angélica Repetto— que votaron sistemáticamente en contra de abrir cuadernos de remoción contra jueces que ya habían enfrentado sumarios administrativos por los mismos hechos. Sin embargo, se trató del voto de minoría.

La resistencia gremial: tutela laboral y recursos ante el TC

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, encabezada por Mariela Hernández, manifestó su expectativa de que el proceso se desarrolle "con estricto respeto al debido proceso", recordando que la apertura de cuadernos "no constituye una sanción anticipada ni una declaración de responsabilidad". Pero la Asociación fue más allá y presentó una demanda de tutela laboral en contra de la propia Corte Suprema, alegando que el proceso "vulnera la honra de los asociados", ya que las conductas imputadas habrían sido "conocidas y resueltas en procedimientos disciplinarios ejecutoriados", con jueces que ya resultaron sancionados, absueltos o sobreseídos por los mismos hechos.

En paralelo, cerca de diez jueces recurrieron directamente al Tribunal Constitucional buscando declarar inconstitucional el proceso. Los resultados han sido dispares: el recurso del juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, fue declarado parcialmente admisible y mantiene su cuaderno suspendido, un antecedente que podría sentar precedente para otros casos similares. En cambio, el requerimiento del ministro José Delgado fue declarado inadmisible, al igual que los presentados por los jueces Daniel Urrutia y María Verónica Arancibia.

Consultada sobre el tema, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue clara en defender el derecho de los magistrados a recurrir: "Es una facultad, es un derecho que tiene cada uno de ellos para invocar ante el TC que un determinado artículo es contrario a la Carta Fundamental".

La ONU también opinó

El proceso incluso generó preocupación a nivel internacional. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió su inquietud por el hecho de que se estén revisando "conductas que ya habían sido examinadas y resueltas mediante procedimientos disciplinarios previos".

Lectura editorial

Desde VDI Global valoramos que la Corte Suprema haya decidido actuar frente a una denuncia grave de la Contraloría: jueces que utilizaron licencias médicas —un beneficio pensado para el descanso y la recuperación de salud— para viajar al extranjero, es exactamente el tipo de abuso institucional que erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial. Que sean 56, y potencialmente 67, los magistrados investigados por esta conducta no es un detalle menor: habla de un problema sistémico dentro del propio Poder Judicial, la institución que precisamente debe velar por el cumplimiento estricto de la ley.

Entendemos y respetamos el argumento del debido proceso que invoca la Asociación de Magistrados, así como la inquietud de la relatora de la ONU sobre el principio de "non bis in idem". Son garantías legítimas que cualquier persona investigada, incluidos los jueces, tiene derecho a invocar. Pero también creemos que la ciudadanía tiene derecho a exigir que, si existieron sumarios previos que resultaron insuficientes o que no consideraron toda la gravedad de estas conductas, la propia Corte Suprema tenga las herramientas para revisar la situación con mayor rigor, especialmente cuando se trata de la integridad del sistema de justicia.

Como corresponde, cada uno de los 56 magistrados mantiene presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme en su respectivo cuaderno de remoción. Será la propia Corte Suprema, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, la que determine caso por caso si corresponde o no la remoción.

Lo que corresponde exigir

• Que el proceso de revisión, que comienza el 2 de septiembre, se desarrolle con estricto apego al debido proceso, tal como lo pide la propia Asociación de Magistrados.
• Que se transparente públicamente el resultado de cada uno de los 56 cuadernos de remoción, una vez concluido el proceso.
• Que se resuelvan con celeridad los recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional, para no dilatar innecesariamente la definición de estos casos.
• Que, independientemente del resultado de este proceso específico, se revisen los mecanismos de control sobre el uso de licencias médicas en el Poder Judicial, para evitar que un abuso de esta magnitud vuelva a ocurrir.

Conclusión

La revisión de 56 cuadernos de remoción que inicia la Corte Suprema el próximo miércoles es, por su magnitud, un proceso inédito en la historia reciente del Poder Judicial chileno. Entre el reclamo legítimo del debido proceso y la necesidad igualmente legítima de que la ciudadanía confíe en que los jueces cumplen la ley que aplican a otros, el desenlace de este proceso marcará un precedente clave para la autoridad moral del sistema judicial chileno. VDI Global seguirá de cerca su desarrollo.