"TIENEN LA LIBERTAD DE PRESENTAR LAS QUERELLAS QUE QUIERAN": PODUJE ENFRENTA A LA CONSTRUCTORA QUE HIZO CASAS FALLADAS PARA LOS DAMNIFICADOS DE VALPARAÍSO Y NO SE DEJA AMEDRENTAR
El viernes 5 de junio de 2026, la empresa Social Arquitectura Limitada — SARQ — y la constructora San Sebastián presentaron una querella criminal contra el ministro de Vivienda Iván Poduje, el seremi de Vivienda de Valparaíso Marcelo Ruíz y el director (s) del Serviu de Valparaíso Rodrigo Muñoz. Los cargos que les imputan son una lista que suena más impresionante mientras más se la lee: prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al fisco.
La respuesta de Poduje fue la de un hombre que sabe exactamente lo que hizo y por qué lo hizo: "Estas querellas están presentadas por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados. Ellos tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran, nosotros vamos a seguir adelante."
Y para que no quedara duda de la dirección del conflicto: "Nosotros tenemos nuestras propias querellas — cuatro — ya hemos demolido gran parte de las viviendas y además vamos a pedir la restitución de los montos que le fueron pagados."
Eso se llama no achicarse. Y en Chile, donde los funcionarios públicos suelen buscar la salida diplomática cuando una empresa con abogados los querella, la postura de Poduje merece ser analizada y respaldada con la claridad que VDI Global tiene por costumbre aplicar.
El contexto: casas falladas para los damnificados del megaincendio de Valparaíso
Para entender por qué este episodio importa, hay que recordar el origen de todo. El megaincendio de Valparaíso de 2024 fue una de las peores catástrofes de la historia reciente de Chile. Cientos de familias perdieron todo. El Estado chileno asignó recursos para la reconstrucción. Y parte de ese dinero fue a la constructora San Sebastián para que construyera 150 viviendas en El Olivar destinadas a las familias damnificadas.
Las viviendas que San Sebastián entregó presentaban problemas estructurales documentados. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile — IDIEM — elaboró un informe técnico que sustentó la decisión de demolición. Las viviendas fueron construidas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados para el uso que se les dio.
Eso no lo dice Poduje como argumento político. Lo dice el IDIEM de la Universidad de Chile, que es uno de los organismos técnicos de mayor prestigio en materia de estructuras y materiales en el país.
Cómo llegó el Ministerio de Vivienda a descubrir las irregularidades también es relevante. Según el propio Poduje, fue a través de "la denuncia de un proveedor de materiales." Es decir, alguien que suministraba materiales a la constructora denunció las irregularidades. Esa es la cadena que derivó en la inspección, en el informe técnico, en la demolición y ahora en la querella del ministerio contra San Sebastián.
Lo que la empresa acusa: la querella como herramienta de presión
La acusación de SARQ tiene un componente que requiere ser analizado con cuidado. La abogada Erika Maira señaló que el ministerio habría "gestado un plan para excluir a las empresas a cargo del proyecto y liderar la reconstrucción con empresas de su preferencia." Y acusó que funcionarios del gobierno habrían "amenazado a inspectores de obras del Serviu para redactar informes falsos reportando graves fallas constructivas inexistentes."
Poduje respondió a ese punto específico con precisión: "Tenemos sumariados a inspectores fiscales que no fiscalizaron y, probablemente, a eso se refiere con las presiones." En otras palabras: el ministerio tiene sumariados a sus propios inspectores por no haber fiscalizado correctamente. La empresa interpreta eso como "amenazas para fabricar informes falsos." La lectura del ministerio es la contraria: los inspectores no hicieron su trabajo y el Estado está procesando esa omisión.
La acusación de que el ministerio quería excluir a las empresas para favorecer a otras de su preferencia es la más grave jurídicamente — si se probara implicaría corrupción. Pero hay que notar que esa acusación viene de la empresa que construyó las casas que el IDIEM de la U de Chile calificó de defectuosas. La credibilidad de quien acusa y la calidad de la evidencia que presenta son factores que el tribunal evaluará. Lo que sí es claro es que el ministerio no se achicó ante la presión judicial: anunció que irá a tribunales a pedir la restitución del dinero pagado.
La postura de Poduje: no a las casas parchadas, sí a casas sólidas
La frase más importante de Poduje en esta polémica no es la de las querellas. Es esta: "Si esa empresa pretende que nosotros, como Ministerio de Vivienda, luego de detectar estas irregularidades que fueron denunciadas por proveedores y por los vecinos, vamos a entregar sus casas falladas, reparadas — no lo vamos a hacer, aunque se querellen acá y en la OEA y en todas partes. Vamos a ir a tribunales y vamos a pedir que nos devuelvan las platas y a las familias les vamos a entregar casas sólidas."
Esa frase define completamente el eje del conflicto. No es un debate técnico sobre si las casas tenían o no problemas estructurales — el IDIEM ya resolvió eso. Es un debate sobre si el Estado chileno, ante la presión judicial de una empresa contratista, debe retrocedecer y entregar a familias damnificadas viviendas que un organismo técnico independiente calificó como defectuosas.
Poduje dijo que no. Y tiene razón.
La alternativa que la empresa parece preferir — que el ministerio "arregle, refuerce, cambie materiales" y entregue las casas así — es exactamente lo que no puede hacerse. Eso sería entregarle a familias que ya lo perdieron todo en un incendio unas viviendas parcheadas que pueden presentar problemas en el futuro, con el riesgo estructural y el riesgo de incendio que implican materiales no calificados para ese uso. Y que además habrían sido pagadas con dinero del Estado a una empresa que no cumplió lo que contrató.
El contexto más amplio: Poduje y la reconstrucción de Valparaíso
Iván Poduje llegó al Ministerio de Vivienda con un mandato claro en materia de reconstrucción: revisar lo que el gobierno de Boric dejó, detectar irregularidades y exigir que el Estado no entregue a las familias damnificadas viviendas que no cumplen los estándares. Ese mandato implica necesariamente revisar contratos, inspeccionar lo ejecutado y actuar cuando los resultados no son los prometidos.
Que una empresa querelle al ministro que encontró irregularidades en su obra y decidió demolerla no es una señal de que Poduje se equivocó. Es una señal de que el proceso de revisión está funcionando y de que hay actores con intereses que se sienten amenazados por esa revisión.
La pregunta que el tribunal deberá responder no es si Poduje actuó con dolo — la cadena de evidencias apunta en la dirección contraria. La pregunta es si la empresa San Sebastián puede justificar ante la justicia por qué construyó 150 viviendas para damnificados del megaincendio de Valparaíso "sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados."
Esa es la pregunta que el sistema judicial chileno debería estar haciendo. Y es la que el ministerio de Poduje está empujando con sus propias cuatro querellas y con el pedido de restitución de los montos pagados.
La posición de VDI Global
Poduje demolió casas defectuosas construidas con dinero del Estado para damnificados del megaincendio de Valparaíso. La empresa que las construyó lo querelló. Poduje respondió que irá a tribunales a pedir que le devuelvan la plata. Eso no es soberbia. Es exactamente lo que debe hacer un ministro que encuentra que el Estado pagó por casas que no cumplen los estándares mínimos de seguridad. Que lo querellen "en la OEA y en todas partes" no cambia la naturaleza de lo que el IDIEM documentó. Las casas eran defectuosas. Se demolieron. Las familias recibirán casas sólidas. Y las empresas responsables enfrentarán las consecuencias. Así debe funcionar el Estado.
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