El fiscal Eugenio Campos elevó la cifra de menores haitianos desaparecidos a más de 200 y describió la operación como "un grupo muy organizado", con personas que figuran como adulto responsable de más de treinta niños distintos. La Contraloría detectó que entre enero y abril de 2025 ingresaron a Chile más de 3.200 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal. El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, reveló que las aerolíneas incumplieron sistemáticamente la norma que limita a tres o cuatro niños por adulto acompañante. Y el diputado republicano Enrique Basaletti planteó la hipótesis de tráfico de órganos, recordando casos similares en Antofagasta y Arica. El Fiscal Nacional Ángel Valencia no la descartó "de plano". El oficialismo y la oposición coinciden: el Congreso impulsará comisiones investigadoras. VDI Global actualiza el informe con los antecedentes más recientes y más graves conocidos hasta ahora.

La cifra que crece: de "más de 100" a "más de 200" en 24 horas

El fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, entregó este martes en conversación con Radio Duna una actualización que agrava sustancialmente el cuadro que esta misma semana parecía ya alcanzar el límite de lo tolerable.

Campos señaló que la cifra de menores afectados es "más de un centenar" y que incluso esa cifra "puede ser demasiado conservadora": "más de 200", precisó, correspondientes únicamente al período entre enero y abril de 2025. Es decir, la cifra de 200 niños no es el total del fenómeno. Es el total de un recorte de cuatro meses dentro de una ventana de irregularidades que se extiende, según otros antecedentes, hasta octubre de ese año.

El fiscal fue más allá en la descripción del patrón que la investigación ha identificado: "Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales: ingresos de alto volumen de niños y niñas adolescentes, un patrón común respecto de los cuales una escasez de base de datos, muchos de ellos con una gran cantidad". Y agregó el dato que da la medida exacta de la organización detrás de esto: "Que una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena, eso llama poderosamente la atención. Estamos hablando de un grupo muy organizado".

Una persona. Más de treinta niños distintos bajo su responsabilidad declarada. En distintos momentos. Eso no es un error administrativo. Es la firma de una operación criminal con división de tareas, roles asignados y una logística que opera con la fluidez de un negocio establecido.

Los 3.200: la dimensión que cambia la escala del problema

Hasta ahora, la atención pública se había concentrado en los más de 200 niños sin paradero conocido. Pero el informe de la Contraloría incorpora un dato que multiplica por más de quince veces la magnitud del fenómeno bajo investigación.

Entre enero y abril de 2025, ingresaron a Chile más de 3.200 ciudadanos haitianos con permisos de residencia temporal, la mayoría de ellos bajo la figura de reunificación familiar. La Contraloría detectó falencias en la verificación de antecedentes de ese universo completo, así como casos específicos de menores que no residían con los adultos declarados como responsables, o cuya situación nunca fue informada a las autoridades competentes una vez que ingresaron al país.

Esto significa que el problema no se limita a los 200 niños cuyo paradero hoy se desconoce. Existe un universo mucho más amplio de 3.200 personas que ingresaron bajo un mecanismo migratorio —la reunificación familiar— cuya supervisión, según la propia Contraloría, presentó fallas sistemáticas de verificación.

No todos esos 3.200 casos son necesariamente irregulares. Pero el hecho de que el organismo contralor del Estado chileno no pueda garantizar cuántos de ellos cumplieron efectivamente con los requisitos legales es, en sí mismo, una falla de control de proporciones mayúsculas.

El delito que el Servicio Nacional de Migraciones planteó formalmente

La denuncia presentada por el actual Servicio Nacional de Migraciones ante el Ministerio Público no se limita a señalar irregularidades genéricas. Plantea explícitamente la hipótesis de un "eventual delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado", y apunta la responsabilidad hacia "los adultos acompañantes, aerolíneas, agencias de viajes y a quienes resulten responsables".

Es una denuncia que no deja a nadie fuera del radio de sospecha. Incluye a las personas que viajaron como supuestos tutores. Incluye a las aerolíneas que transportaron a los menores. Incluye a las agencias de viaje que coordinaron los itinerarios. Y deja una cláusula abierta —"quienes resulten responsables"— que permite a la Fiscalía seguir la cadena de responsabilidad hacia donde los antecedentes la lleven, incluyendo, eventualmente, hacia funcionarios públicos chilenos.

La Fiscalía confirmó que la relación entre los adultos acompañantes y los menores de edad "no habría sido verificada por las autoridades competentes durante el viaje, ni al momento de ingreso al país". Es decir, el fallo de control no fue parcial. Fue total, en ambos extremos del proceso: ni en el origen del viaje ni en el destino se verificó lo que la ley exige verificar cuando un menor de edad cruza una frontera internacional.

Las tres figuras penales que investiga la Fiscalía

El fiscal Campos detalló con precisión técnica las figuras penales bajo investigación, lo cual permite entender la complejidad jurídica del caso.

La primera es el cohecho y soborno orientado a funcionarios públicos que "dejaron de hacer, o que realizaron con infracción de deberes propios de su cargo, actitudes que en definitiva permitieron este ingreso". Es decir, funcionarios que por acción u omisión, posiblemente a cambio de un pago, facilitaron que estos ingresos irregulares ocurrieran.

La segunda es la figura del funcionario público extranjero, que according al fiscal "no se puede descartar conforme a tratados internacionales". Esto abre una dimensión adicional: la posible participación de funcionarios haitianos o de otros países en la cadena de facilitación de estos ingresos, lo que convertiría el caso en una investigación con alcance internacional formal.

La tercera es la falsificación de instrumento público, "ya sea para el uso o no del ingreso de niñas, niños y adolescentes en nuestro país". Esto sugiere que parte de la documentación utilizada para tramitar las visas o autorizaciones de viaje podría haber sido falsificada, lo que añade una capa adicional de criminalidad organizada al caso.

Tres figuras penales distintas, investigadas simultáneamente, en un caso que involucra menores de edad. Pocas veces el sistema judicial chileno ha enfrentado una investigación de esta complejidad y esta gravedad combinadas.

Lo más grave, en palabras del propio fiscal: no sabemos dónde están

Hay una frase del fiscal Campos que debería ser la que defina la cobertura de este caso por sobre cualquier otra consideración política o institucional. Calificó como "lo más grave" el hecho de que no se conoce la ubicación actual de los menores.

Su explicación fue clínica y devastadora: "Si yo tengo el objetivo, si uno se presenta en la cabeza de que realmente tenemos a personas que vamos a traer a ingresar a nuestro país bajo el pretexto precisamente del programa de reunificación familiar, es porque yo tengo que tener certeza de que la persona A, B o C, o el niño A, B o C, estará en determinado domicilio y bajo un adulto responsable que es persona X. Eso, el día de hoy, en los antecedentes de la investigación, no los tenemos y tenemos que indagar".

Y luego, la frase que resume el estado de incertidumbre en su forma más cruda: "Yo no sé si están ocultos o no, pero es una cantidad mayor a 200, y respecto a los cuales nosotros vamos a indagar y tendremos que determinar su paradero".

El fiscal nacional a cargo de la unidad anticorrupción de Chile, en una entrevista pública, reconociendo que no sabe si más de 200 niños están ocultos deliberadamente o simplemente perdidos en el sistema. Esa frase, sola, debería ser portada de todos los medios del país durante varios días consecutivos.

Thayer: la norma de tres o cuatro niños por adulto que nunca se cumplió

El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, entregó en Radio Bío Bío un detalle técnico que ilumina exactamente cómo operó la falla de control: existe una norma que establece que por cada adulto responsable pueden viajar un máximo de tres o cuatro niños. Esa norma, según Thayer, "no se está cumpliendo", y las aerolíneas embarcaban a los menores sin verificar su cumplimiento.

Thayer fue explícito en distribuir la responsabilidad institucional entre tres entidades: la Dirección General de Aeronáutica Civil, responsable de la autorización y seguridad de los vuelos; la Policía de Investigaciones, responsable del control de frontera y de verificar que los menores sean recibidos por sus padres o tutores legales verificados; y, de manera más general, el sistema completo de control migratorio que debía cruzar la información entre ambas instituciones y no lo hizo.

"Hay tres instituciones acá que eventualmente podrían tener responsabilidad", sintetizó Thayer. Su testimonio confirma, desde dentro del propio aparato del Estado, que el fallo no fue de una sola repartición sino de la articulación completa del sistema.

La hipótesis del tráfico de órganos: lo que se dijo y lo que no se confirmó

Aquí es necesario que VDI Global sea especialmente riguroso, porque la información que circula sobre este punto puede prestarse a interpretaciones que excedan lo que efectivamente se ha dicho.

El diputado Enrique Basaletti, del Partido Republicano, planteó públicamente la hipótesis de que el caso podría estar vinculado a tráfico de órganos, recordando episodios similares ocurridos hace algunos años en Antofagasta y Arica, "donde aparecieron niños que habían sido operados para extraerles órganos", según consignó Radio Cooperativa.

Consultado sobre esa hipótesis, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, respondió de manera ambigua: "Si el diputado afirma que así ocurrió, entiendo que así debe haber ocurrido". Agregó que no recordaba, en su período como fiscal nacional, que se le hubiera reportado un hecho de esa gravedad, pero que "si el general afirma que ocurrió, debe haber ocurrido de esa manera".

Es importante leer esta respuesta con precisión: el Fiscal Nacional no confirmó que exista tráfico de órganos en el caso actual de los niños haitianos. Lo que hizo fue responder, de manera poco clara, sobre la referencia de Basaletti a los casos anteriores de Antofagasta y Arica, que son hechos históricos distintos al caso que hoy se investiga.

Lo que Valencia sí dijo con claridad respecto al caso actual es esto: "Vamos a tener que investigar lo que ocurre. No quiero que cunda el pánico. Pero en teoría no es una cosa delirante. Es una cosa que pudiese ocurrir. Es atroz, pero no hay que descartarlo de plano".

Esa es la posición oficial correcta: no hay confirmación de tráfico de órganos en el caso de los niños haitianos. Hay una hipótesis planteada por un diputado, basada en precedentes históricos de otra naturaleza, que el Fiscal Nacional no descarta como teóricamente posible pero que tampoco confirma con ningún antecedente concreto del caso actual.

VDI Global reporta esta hipótesis porque es parte legítima del debate público y porque fue planteada por una autoridad electa y respondida por la máxima autoridad del Ministerio Público. Pero advertimos con toda claridad: no existe, a la fecha de este informe, ningún antecedente que confirme que los niños haitianos desaparecidos hayan sido víctimas de tráfico de órganos. Si llegara a confirmarse, estaríamos ante uno de los crímenes más abominables que cualquier sociedad pueda enfrentar. Mientras no se confirme, es una hipótesis que merece ser investigada con seriedad, no una certeza que deba alimentar el pánico.

El Congreso se mueve: dos comisiones investigadoras en marcha

La reacción parlamentaria fue inmediata y, en este caso particular, transversal en intensidad aunque no necesariamente en alcance.

Diputados de la UDI y del Partido Republicano confirmaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados. La diputada Natalia Romero, de la UDI, fue categórica: "Estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control".

El diputado Mario Olavarría, también de la UDI, enumeró las instituciones que la comisión deberá interpelar: el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la DGAC, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez. Su definición del momento histórico que vive el país es certera: "Esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia. El Estado tiene la obligación de determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño y adolescente involucrado".

La bancada del Partido Republicano fue un paso más allá: confirmó que impulsará una segunda Comisión Especial Investigadora, de alcance más amplio, para esclarecer los hechos vinculados a la inmigración irregular desde 2014 hasta la fecha, con foco específico en eventuales vulneraciones a los derechos de niños.

El diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, fue explícito sobre el alcance temporal que busca esa comisión: "El país debiese estar a la altura de estas circunstancias. Ya hemos tomado la decisión de presentar una Comisión Especial Investigadora para hacer investigación de los hechos, conocer las responsabilidades, pero no solo respecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric, sino que esto debiese extenderse hacia los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares a comienzos de 2014".

Esa ampliación temporal es relevante editorialmente: sitúa el problema no solo como una falla puntual del último gobierno, sino como una falla estructural del sistema migratorio chileno que se extiende por más de una década y que ningún gobierno —de izquierda ni de derecha— ha corregido de manera efectiva.

Lo que VDI Global sostiene ante esta actualización

Con cada nuevo antecedente que se conoce, este caso confirma su condición de ser el escándalo más grave que Chile enfrenta en el plano de la protección de la infancia y de la integridad institucional desde que existen registros comparables.

El fiscal a cargo habla de "un grupo muy organizado". La Contraloría documenta más de 3.200 ingresos bajo un mecanismo cuya supervisión falló sistemáticamente. El exdirector de Migraciones confirma que las normas básicas de seguridad para el traslado de menores no se cumplieron. Y un diputado, con el respaldo ambiguo pero no desmentido del Fiscal Nacional, ha puesto sobre la mesa la hipótesis del crimen más atroz que se puede cometer contra un niño.

El gobierno de Boric tuvo, durante el período investigado, la responsabilidad institucional completa sobre Migraciones, sobre la PDI, sobre la coordinación con la DGAC, y sobre los organismos de protección de la infancia. Las alertas existieron desde 2023. La denuncia formal de la propia gestión de Thayer ante el Ministerio Público data de 2023. Y los vuelos siguieron llegando durante casi todo 2025.

El gobierno de Kast tiene ahora la responsabilidad de garantizar que las dos comisiones investigadoras anunciadas operen con la máxima celeridad y rigor, que la Fiscalía reciba toda la colaboración institucional posible sin trabas burocráticas, y que la prioridad absoluta —por encima de cualquier consideración política— sea encontrar a esos más de 200 niños y determinar con certeza su situación actual.

Conclusión: la abominación que Chile no puede mirar para el lado

Si la hipótesis del tráfico de órganos llegara a confirmarse con antecedentes concretos, Chile estaría enfrentando uno de los crímenes más atroces que una sociedad pueda padecer dentro de sus propias fronteras, con la complicidad pasiva o activa de su propio aparato estatal. Eso sería, sin matices, abominable.

Pero incluso sin esa hipótesis confirmada, lo que ya sabemos con certeza es suficientemente grave: más de 200 niños cuyo paradero se desconoce, una red organizada que usó personas individuales como tutores de más de treinta menores distintos, tres instituciones del Estado con responsabilidad eventual en la cadena de fallas, y un gobierno que tuvo las alertas desde 2023 y no actuó con la urgencia que el caso exigía.

Chile no puede mirar para el lado. Las comisiones investigadoras deben avanzar con toda la fuerza institucional disponible. La Fiscalía debe tener todos los recursos que necesite. Y la prioridad, por encima de cualquier cálculo político, debe ser una sola: encontrar a esos niños.

Declaraciones del fiscal Eugenio Campos (Unidad de Anticorrupción, Fiscalía Nacional), del Fiscal Nacional Ángel Valencia, del exdirector de Migraciones Luis Thayer, y de los diputados Natalia Romero, Mario Olavarría, Enrique Basaletti y José Carlos Meza.

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