El llamado a "recuperar la mística" de la UDI que hicieron Joaquín Lavín y Andrés Chadwick en un podcast conducido por Pablo Longueira omite un dato que no puede pasarse por alto al evaluar el rol que estas figuras deberían tener en la política chilena actual: los tres arrastran, en distintos grados y con distintos desenlaces judiciales, un historial de investigaciones penales que va desde causas activas hasta absoluciones que no despejan del todo la sospecha pública. Antes de sumarse a cualquier ejercicio de nostalgia partidaria, conviene repasar con precisión qué es lo que efectivamente está probado, qué sigue en investigación y qué quedó, pese a las conclusiones judiciales, como una mancha imborrable en la trayectoria de cada uno.

Chadwick: tres investigaciones abiertas en el marco del caso Hermosilla

El exministro del Interior Andrés Chadwick mantiene, hasta la fecha, calidad de imputado —no de condenado ni de formalizado, una distinción relevante que debe hacerse con rigor— en al menos tres causas penales distintas relacionadas con su vínculo de más de tres décadas con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios.

La primera y más sensible es una investigación reservada que examina transferencias bancarias: se indaga si al menos $226 millones que Chadwick recibió de Hermosilla entre 2020 y 2022 —período en que ya no ejercía cargo público— correspondieron a gestiones de tráfico de influencias ante autoridades administrativas en favor de clientes privados de alto perfil, entre ellos Clínica Las Condes, Huawei, Grupo Patio, AFP PlanVital, VivoCorp y el holding agrícola Graneles del Sur. Los chats incautados al teléfono de Hermosilla muestran, según consta en la investigación, coordinaciones de Chadwick para contactar directamente a subsecretarios de Estado en beneficio de esos intereses privados.

La segunda causa indaga el uso de escoltas de Carabineros asignados a Chadwick por su exposición como exministro, para tareas administrativas y personales en la oficina que compartía con Hermosilla, mucho después de haber dejado el gobierno. La tercera examina su eventual rol en la contratación del exfiscal regional Manuel Guerra —hoy formalizado por cohecho— como académico en la Universidad San Sebastián, casa de estudios donde Chadwick ejercía como decano, en lo que la fiscalía describe como parte de una posible "estructura de crédito corruptivo": funcionarios públicos que hacen favores a cambio de beneficios futuros.

Hasta el cierre de esta nota, Chadwick no ha sido formalizado en ninguna de las tres causas, y el propio exministro ha negado categóricamente, en su declaración ante fiscalía, haber sostenido reuniones o interacciones con Hermosilla más allá de encuentros protocolares. Sin embargo, chats revisados por el Ministerio Público contradicen directamente esa versión, y la Fiscalía Metropolitana Oriente no descarta imputarlo formalmente una vez que acceda a la totalidad de las conversaciones entre Hermosilla y el exfiscal Guerra donde se menciona a Chadwick.

Lavín Jr.: de "alcalde en las sombras" a la prisión preventiva

El caso del hijo del histórico dirigente Joaquín Lavín Infante es, de los tres, el que hoy exhibe el desenlace judicial más grave y concluyente. Joaquín Lavín León, diputado por tres períodos consecutivos hasta su desafuero, fue formalizado en mayo de este año por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, y actualmente cumple prisión preventiva, calificado por el tribunal como un "peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación".

La causa se originó como una arista de la investigación por el desfalco municipal más grande en la historia de Chile, protagonizado por su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien ya estuvo más de 100 días en prisión preventiva y hoy está a punto de enfrentar juicio oral por un fraude que supera los USD 32 millones. Según la Fiscalía, Lavín León operó como "alcalde en las sombras" de Maipú durante la gestión de su cónyuge, utilizando su investidura de diputado para influir en decisiones municipales, mientras en paralelo rendía ante el Congreso facturas ideológicamente falsas por al menos $104 millones, emitidas por una imprenta y por una empresa vinculada a su propio círculo familiar, para financiar irregularmente sus campañas electorales.

La propia Fiscalía dejó abierta la puerta a extender la investigación hacia el padre, Joaquín Lavín Infante, dado que parte del personal contratado por Lavín León habría trabajado también en la fallida campaña presidencial de su progenitor en 2021, aunque hasta el momento no existe una imputación formal en su contra por ese hecho específico.

El costo político de la "UDI popular" que Barriga representó

Vale la pena notar la ironía de fondo: la propia Cathy Barriga, esposa de Lavín León, fue en su momento presentada por la UDI como una de sus grandes apuestas de conexión con "la gente de esfuerzo" —el mismo concepto que Lavín padre reivindicó en el podcast como el sueño original del partido—. El desenlace de esa apuesta terminó siendo el mayor escándalo de corrupción municipal de la historia reciente del país, con la propia alcaldesa presa y su esposo diputado hoy también en prisión preventiva. Si la UDI busca ejemplos de conexión con sectores populares que terminaron bien, este no es uno de ellos, y la nostalgia por "recuperar la mística" debería, como mínimo, hacerse cargo de ese antecedente antes de repetir el mismo tipo de apuesta política.

Longueira: dos causas graves, ninguna condena, pero tampoco una trayectoria limpia

El caso de Pablo Longueira exige la mayor precisión, porque a diferencia de Chadwick y Lavín Jr., ninguna de las dos grandes causas que enfrentó terminó en condena. Es necesario decirlo con la misma claridad con que se documentan los otros dos casos, para no convertir una sospecha histórica en una afirmación que los hechos no respaldan.

Longueira fue investigado por cohecho en la arista Asipes del denominado caso Corpesca, ligado a la tramitación de la Ley de Pesca de 2012 —conocida públicamente como "Ley Longueira" por haber sido él quien, como ministro de Economía, condujo su aprobación—. Esa ley terminó judicialmente comprobada como producto de una trama de sobornos de la industria pesquera hacia parlamentarios: el exsenador Jaime Orpis fue condenado a cárcel efectiva y la propia empresa Corpesca fue condenada penalmente por soborno, un hito judicial inédito para una persona jurídica en Chile. Sin embargo, la causa específica contra Longueira por recibir dineros irregulares de la industria pesquera fue sobreseída de forma definitiva en 2019, tras determinar la Fiscalía que no existieron irregularidades comprobables en su actuar.

La segunda gran causa fue el denominado caso SQM, por financiamiento ilegal de campañas políticas, donde Longueira fue imputado por cohecho y delitos tributarios junto a otros siete acusados y al exgerente de la minera no metálica, Patricio Contesse. Tras un juicio oral que se extendió desde febrero de 2023, Longueira fue absuelto en octubre de 2025, en un fallo que él mismo calificó como "categórico".

Dicho esto, sería impreciso presentar a Longueira como una figura sin mácula: fue objeto de investigación penal en dos de los casos de corrupción más relevantes de la historia política reciente de Chile, ligados directamente a su gestión como ministro y como presidente de partido, y en ambos casos el desenlace favorable llegó después de años de proceso judicial, no de una desestimación inmediata por falta de mérito. A esto se suma el episodio del acuerdo político que selló con el entonces presidente Ricardo Lagos en enero de 2003, en medio del escándalo conocido como MOP-Gate —que involucró el pago de sobresueldos irregulares a funcionarios públicos y terminó con la condena de un exministro de Obras Públicas—. Ese acuerdo se presentó oficialmente como un pacto de modernización del Estado y transparencia en el financiamiento de campañas, pero ha sido objeto de lecturas críticas que lo interpretan como una negociación política que privilegió la estabilidad institucional de ambos sectores por sobre una investigación más profunda de las responsabilidades involucradas. Esa lectura crítica no está judicialmente comprobada como maniobra de encubrimiento, y así debe presentarse: como una interpretación en disputa, no como un hecho establecido.

El patrón común: la sospecha estructural no depende del resultado judicial

Lo que conecta a los tres nombres no es, entonces, una condena uniforme —Chadwick sigue en investigación sin formalizar, Lavín Jr. está formalizado y preso, y Longueira fue sobreseído y absuelto en sus dos causas mayores—, sino un patrón estructural: los tres ocuparon, en distintos momentos, posiciones de máxima confianza dentro del aparato del Estado o del partido, y en los tres casos esa posición terminó cruzándose, de forma documentada por la propia Fiscalía o por sentencias judiciales relacionadas, con redes de favores, financiamiento irregular o tráfico de influencias que beneficiaron a terceros privados o a sus propios círculos familiares y políticos.

Ese patrón es, precisamente, lo que una línea editorial anticorrupción aplicada por igual a todos los sectores políticos no puede pasar por alto, independientemente de la simpatía ideológica que se tenga con el proyecto histórico de la UDI. Un partido que hoy busca "recuperar la mística" fundacional no puede hacerlo apoyándose en las mismas figuras cuya gestión posterior terminó, en más de un caso, en los tribunales.

La nostalgia no es un argumento de reinserción política

Nada de lo anterior implica que Lavín, Chadwick o Longueira no puedan expresar opiniones públicas sobre el rumbo de su partido: eso es parte legítima del debate democrático. Lo que sí resulta cuestionable es que sus trayectorias recientes —una prisión preventiva vigente, tres investigaciones penales abiertas y dos absoluciones que llegaron después de años bajo sospecha por corrupción de alto perfil— se presenten en clave puramente nostálgica, como si el "sueño para Chile" que evocan estuviera desconectado del historial judicial que sus propias gestiones dejaron. La UDI puede legítimamente aspirar a reconectar con la "gente de esfuerzo", pero la pregunta que esta nota busca instalar es si esas tres figuras específicas son, hoy, los vehículos adecuados para esa reconexión, o si su regreso al centro del debate público termina, más bien, recordándole al electorado por qué buena parte de la desconfianza hacia la clase política tiene nombre y apellido.