El exjefe militar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, condenado por crímenes de la magnitud del secuestro y asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards, logró que la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería recomendara formalmente su traslado inmediato de regreso a la cárcel de Rancagua, alegando que las condiciones del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad podrían constituir "trato inhumano" hacia su persona. Entre sus quejas documentadas: el agua de la ducha sale muy fría, lo esposan tres veces al día, y en Rancagua tenía calentador de agua, televisor, una silla con respaldo y una bicicleta ergonométrica. Un juzgado de garantía debatirá este miércoles si corresponde devolverlo a esas condiciones.

Quién es el hombre cuyo bienestar carcelario hoy ocupa a un tribunal

Antes de entrar en el detalle de esta recomendación de Gendarmería, vale la pena recordar, con la precisión que la memoria histórica exige, quién es Mauricio Hernández Norambuena, conocido como "comandante Ramiro". Fue uno de los jefes militares del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado vinculado al Partido Comunista que operó durante y después de la dictadura. Entre los crímenes por los que ha sido condenado figuran el secuestro y posterior asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991, y el secuestro del empresario Cristián Edwards, hijo del entonces director de El Mercurio, en 1991. Posteriormente fue condenado también en Brasil por el secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto, antes de ser repatriado a Chile para cumplir sus condenas pendientes.

Es, en otras palabras, un hombre cuya trayectoria está marcada por el uso de la violencia política armada contra civiles y figuras públicas en función de un proyecto ideológico revolucionario. Ese es el contexto que cualquier análisis de su situación carcelaria actual debe tener presente, sin que eso signifique, por supuesto, que las normas sobre trato digno a personas privadas de libertad dejen de aplicarse a un condenado por delitos graves. Pero sí exige que la ponderación de sus quejas se haga con el mismo rigor —ni más complaciente ni más severo— que se aplicaría a cualquier otro interno, sin que la magnitud de sus crímenes desaparezca del análisis.

El vaivén carcelario: de Rancagua al Repas, y ahora de vuelta a Rancagua

A inicios de junio, Gendarmería dispuso el traslado de Hernández Norambuena desde la cárcel de Rancagua hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), invocando "condiciones de seguridad" y su calidad de interno de alta connotación pública. La institución penitenciaria explicó en su momento que "de manera continua la institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto."

Sin embargo, tras una presentación de su abogada, Yanira González, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso que efectivos del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería visitaran el recinto para constatar las condiciones de reclusión. La visita se materializó el 16 de junio, y al concluirla, los profesionales de Gendarmería sugirieron el traslado inmediato del exfrentista, argumentando que mantenerlo en el Repas "puede conllevar a un trato inhumano contrario a lo establecido" en la normativa internacional suscrita por Chile, dado que se trata de un adulto mayor de 68 años con varias patologías.

El informe será debatido en una audiencia fijada para este miércoles 24 de junio. En el intertanto, la jueza Carolina Gajardo resolvió que los funcionarios del Repas deben adoptar las medidas necesarias para asegurar las condiciones mínimas que requiere Hernández Norambuena, "atendido la calidad de persona mayor."

Las quejas: agua fría, esposas tres veces al día, y el recuerdo de Brasil

El detalle de lo que Hernández Norambuena describió a los profesionales de Gendarmería durante la entrevista merece reproducirse porque permite entender exactamente qué está en juego en esta recomendación. "Aquí es bien duro y frío, en la ducha el agua sale muy helada. Todo el entorno lo hace más frío aún, tres veces al día soy allanado y me ponen esposas y eso me afecta, tengo muchos flashes back de mi estadía en Brasil, es estar constantemente reviviendo recuerdos postraumáticos", declaró.

Sobre el traslado mismo, fue categórico: "Es una medida descabellada. Tengo 68 años, con varios problemas de salud, es incomprensible el traslado. Los primeros 30 días fue estar igual que en Brasil, fue estar sin nada, me vine con lo puesto." Relató además que, recién a los dos días de llegar, le entregaron un colchón "en mejores condiciones" porque el original era "muy delgado", y que gracias a una encomienda pudo finalmente tener ropa de abrigo. "Insisto con el frío, en mi pieza pongo todos los días bolsas de nylon en la ventana para que no entre tanto frío y todos los días me las sacan", agregó.

La comparación con su estadía previa en Rancagua es, quizás, el pasaje más revelador de todo el informe. Allí, según su propio relato, tenía televisor, "un calentador de agua, lo que me permitía bañarme con un balde y mezclar agua caliente con helada y no pasar tanto frío", y gracias a "un documental que hice" obtuvo "una silla con respaldo y una lámpara para poder leer y escribir." En el Repas, en cambio, dijo tener "una banca pequeña, que me incomoda por mi espalda", y una luz que permanece encendida toda la noche, lo que lo obliga a "leer como escondido, tapándome la cara."

Lo que Gendarmería ponderó: bicicleta ergonométrica y "envejecimiento activo"

Entre los elementos que los profesionales de Gendarmería consideraron relevantes para fundamentar su recomendación de traslado figura que, en Rancagua, Hernández Norambuena tenía controles de salud más periódicos, acceso a una bicicleta ergonométrica para hacer ejercicio, y acceso a libros, lo que el propio informe estima "beneficioso para fomentar un envejecimiento activo y saludable" al que el condenado, según se sostiene, "debiese tener acceso."

El alcaide del Repas, coronel Edgardo Cáceres, entregó por su parte un cuadro de la situación carcelaria que contrasta notoriamente con el relato de víctima permanente que ofrece el propio condenado: que no ha hecho solicitudes formales, que lo ha visitado personal del INDH, su hermana y su abogado, que las horas de patio —dos en la mañana y dos en la tarde— son las mismas que rigen para todos los internos de la sección de Alta Seguridad, y que la unidad cuenta con equipo profesional de Área Técnica, incluyendo psiquiatra, psicólogo, dentista, asistente social y kinesiólogo, además de que recibe visitas semanales de tres horas en un gimnasio habilitado para ese fin.

El contraste que esta historia expone sin necesidad de exagerar nada

No hace falta exagerar ni distorsionar ningún hecho para que esta historia hable por sí misma. Un hombre condenado por el secuestro y asesinato de un senador de la República, y por el secuestro de un empresario y posteriormente de otro empresario en Brasil, está hoy en el centro de un proceso judicial cuyo objeto es determinar si el agua de su ducha debería estar más caliente, si debería tener una silla con mejor respaldo para leer, y si merece volver a tener acceso a una bicicleta ergonométrica para sostener "un envejecimiento activo y saludable."

Eso no significa, en términos jurídicos estrictos, que las normas internacionales sobre trato digno a personas privadas de libertad —que Chile ha suscrito y que aplican, correctamente, sin distinción del delito cometido— deban dejar de observarse en su caso. El Estado de derecho exige precisamente eso: que ni siquiera el responsable de los crímenes más graves quede fuera de la protección mínima que esas convenciones garantizan. Ese principio es, en sí mismo, una de las bases civilizatorias que distinguen a una democracia de la barbarie que practicó el propio Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando ejecutó al senador Guzmán.

Pero el cuidado, el esmero y la atención detallada con que Gendarmería ha documentado cada queja de Hernández Norambuena —desde la temperatura del agua hasta el tipo de silla en que se sienta a leer— contrasta de manera notoria con la indiferencia institucional que tantas otras víctimas del propio terrorismo de los años noventa, y sus familias, debieron enfrentar durante décadas para que la justicia chilena reconociera, investigara y sancionara los crímenes que hoy mantienen a este mismo hombre en prisión.

Lo que corresponde ahora

La audiencia de este miércoles 24 de junio deberá resolver, con el respaldo técnico que entrega el informe del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, si Hernández Norambuena regresa a Rancagua o permanece en el Repas. Sea cual sea la decisión, lo que esta historia ya deja en evidencia es la asimetría de atención y de recursos que el sistema penitenciario chileno está dispuesto a desplegar para garantizar condiciones óptimas a un condenado por terrorismo de extrema gravedad, en comparación con el trato que recibe la inmensa mayoría de la población penal del país, que enfrenta, sin que ningún informe especializado documente sus quejas con el mismo nivel de detalle, condiciones de hacinamiento y precariedad muchísimo más severas que las que describe el propio comandante Ramiro.