Hay una escena que resume bien lo que está ocurriendo con el juez Daniel Urrutia Laubreaux, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y presidente regional de la Organización de Trabajadores Judiciales: un funcionario del Estado chileno, pagado con fondos públicos, que viajó al exterior mientras estaba con licencia médica por estrés —no una vez, sino dos—, fue investigado

disciplinariamente por ello, fue absuelto por prescripción gracias a un solo voto de diferencia, y acto seguido denunció a la institución que lo investigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es una secuencia que a cualquier trabajador común del sector privado o público le resultaría incomprensible. Que un juez viaje al exterior con licencia médica, sea reprendido por conducta disciplinariamente reprochable según el propio fallo que lo absuelve, y luego se presente ante un tribunal internacional como víctima de represalias, requiere un nivel de autoconvicción que va más allá de la simple audacia. Requiere haber habitado durante demasiado tiempo en un mundo donde las reglas que aplican a todos los demás simplemente no aplican a uno.

Eso es exactamente lo que VDI Global le dice al juez Urrutia hoy. Y lo decimos con datos.

Los hechos, sin adornos

El juez Daniel Urrutia viajó a Costa Rica en enero de 2020 estando con licencia médica. Viajó a Ecuador en junio de 2022, también con licencia médica, argumentando que la visita era parte de un tratamiento en una comunidad terapéutica. En ambos casos la licencia era por estrés. En ambos casos el viaje al exterior era incompatible con la naturaleza de una licencia médica, cuyo propósito es la recuperación y el reposo, no el desplazamiento internacional.

La Corte de Apelaciones de Santiago lo investigó. Su propia fiscal judicial, Macarena Troncoso, acreditó todos los antecedentes y propuso una sanción concreta: dos meses de suspensión de funciones con goce de la mitad del sueldo. El pleno del tribunal deliberó. El resultado fue 14 a 13. Urrutia fue absuelto por prescripción, pero el fallo reconoció explícitamente que en ambos casos existieron conductas disciplinariamente reprochables.

Salvado por un voto. Absuelto, no exonerado. Libre de sanción por el paso del tiempo, no por inocencia. Esa es la distinción que el juez Urrutia ha elegido no enfatizar en sus comunicaciones públicas ni en el comunicado de su organización gremial.

La denuncia ante la Corte IDH: un uso abusivo del sistema internacional

Absuelto y sin sanción, lo que un magistrado razonable haría es cerrar el episodio, tomar nota de las críticas que el fallo le dirigió a su conducta y seguir ejerciendo sus funciones con mayor cuidado. Eso no es lo que hizo Urrutia.

En cambio, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el sumario administrativo en su contra constituyó una represalia por su comparecencia ante ese mismo tribunal en una causa anterior: el caso Urrutia Laubreaux versus Chile, tramitado en 2020. La Corte IDH acusó recibo de la denuncia y ordenó al Estado chileno, a través de la Cancillería, entregar una respuesta antes del 6 de agosto de 2026.

Hay que detenerse aquí, porque lo que está ocurriendo tiene consecuencias institucionales que van mucho más allá de la figura del juez Urrutia.

Un magistrado del Estado chileno, que fue investigado por una conducta que el propio tribunal que lo absolvió calificó como disciplinariamente reprochable, está usando el sistema interamericano de derechos humanos para impugnar el hecho mismo de haber sido investigado. No impugna una condena, porque no fue condenado. No impugna una sanción injusta, porque no fue sancionado. Impugna el sumario en sí: la apertura de una investigación administrativa por parte de la institución que tiene el deber legal de supervisar la conducta de los jueces.

En otras palabras, Urrutia está argumentando que investigarlo fue, en sí mismo, una violación a sus derechos. Que la Corte de Apelaciones de Santiago no debería haber abierto un sumario. Que el solo hecho de ser sometido a un proceso disciplinario —del cual salió absuelto— constituye una represalia inaceptable que merece la atención de un tribunal internacional.

Ese argumento, si prosperara, tendría consecuencias devastadoras para la capacidad del sistema judicial chileno de ejercer control disciplinario interno sobre sus propios integrantes. Significaría que un juez que viaja al exterior con licencia médica puede impugnar internacionalmente cualquier intento de investigarlo. Que la supervisión disciplinaria se convierte en una actividad de alto riesgo institucional para quien la ejerce. Que el poder de los magistrados sobre sus propias condiciones de trabajo es, en la práctica, ilimitado.

El historial de Urrutia: una larga carrera de confrontación institucional

Daniel Urrutia no es un juez cualquiera. Tiene una historia extensa de confrontaciones con las instituciones que lo rodean, que incluye episodios de alto perfil y que ha construido una imagen pública de magistrado comprometido con los derechos humanos y perseguido por el establishment judicial.

Esa narrativa tiene algún sustento real: la Corte IDH falló a su favor en el caso Urrutia Laubreaux versus Chile, determinando que Chile había violado su derecho a la libertad de expresión y su independencia judicial al sancionarlo por un informe que elaboró sobre condiciones carcelarias. Esa sentencia de 2020 es parte del registro histórico y debe reconocerse como lo que es.

Pero una victoria legítima en un caso específico no convierte a una persona en inmune a toda fiscalización futura. No crea un escudo permanente contra cualquier investigación disciplinaria. No significa que cada sumario posterior sea automáticamente una represalia. El historial de Urrutia en la Corte IDH le da credibilidad moral en ciertos contextos. No le otorga impunidad institucional para el resto de su carrera.

Lo que preocupa de la denuncia actual es precisamente esa extrapolación: la de una victoria legítima hacia una pretensión de intocabilidad. El argumento implícito es que cualquier investigación disciplinaria contra Urrutia debe entenderse como una represalia por su activismo en derechos humanos. Que la institución que lo supervisa no puede ejercer sus funciones sin correr el riesgo de ser llevada ante un tribunal internacional.

Ese argumento tiene nombre: blindaje institucional. Y no es exclusivo de Urrutia. Es un patrón que se ha vuelto demasiado frecuente en ciertos sectores del Poder Judicial chileno, donde algunos magistrados han aprendido a usar el lenguaje de los derechos humanos como escudo frente a la rendición de cuentas por su propia conducta. El problema no es que defiendan derechos humanos. El problema es que usan esa bandera para eludir responsabilidades que cualquier otro funcionario público tendría que asumir sin posibilidad de recurso internacional.

Lo que la licencia médica significa y lo que definitivamente no significa

Vale la pena ser precisos sobre este punto porque hay quienes han intentado presentar el episodio como un asunto menor o como una persecución desproporcionada.

Una licencia médica es un instrumento de protección laboral que permite a un trabajador ausentarse de sus funciones para recuperarse de una condición de salud que le impide trabajar. Su propósito es la recuperación. Las licencias médicas están financiadas directa o indirectamente por el sistema público de salud y por las instituciones empleadoras. En el caso de los jueces, eso significa que el Estado chileno —y por ende los contribuyentes— financia el período de reposo.

Viajar al exterior durante una licencia médica no es automáticamente imposible en todos los casos. Hay situaciones médicas específicas en que un viaje puede ser parte del tratamiento. Pero esas situaciones requieren justificación médica clara, autorización institucional y transparencia. Lo que Urrutia ofreció en su defensa —que viajó a Ecuador a una comunidad terapéutica para tratamiento por estrés— es una justificación que el tribunal consideró insuficiente para eximirlo de toda reprochabilidad, aunque sí suficiente para no sancionarlo dado el tiempo transcurrido.

La pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse es simple: ¿podría un trabajador promedio del sector público viajar dos veces al exterior con licencia médica por estrés, ser investigado por ello, ser absuelto por prescripción y luego demandar internacionalmente a su empleador por haberlo investigado? La respuesta es conocida. Y la asimetría entre esa respuesta y lo que está ocurriendo con Urrutia describe con precisión el problema que VDI Global lleva meses señalando en el Poder Judicial chileno: la existencia de una clase de funcionarios que opera bajo un conjunto diferente de reglas que el resto de los ciudadanos que se supone deben servir.

El momento judicial chileno y lo que está en juego

Este episodio no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento en que el Poder Judicial chileno está bajo escrutinio intenso por múltiples flancos: el debate sobre jueces que tomaron licencias médicas mientras tramitaban causas sensibles, el pleno pendiente de la Corte Suprema sobre eventuales remociones, la discusión sobre el "perdonazo" judicial, y la reforma judicial que el gobierno de Kast ha señalado como prioridad.

En ese contexto, la denuncia de Urrutia ante la Corte IDH no es solo un episodio personal. Es una señal sobre cómo ciertos sectores del Poder Judicial han desarrollado un repertorio sofisticado para neutralizar cualquier intento de reforma o control disciplinario efectivo. Cada vez que se intenta investigar a un magistrado por conductas que serían inaceptables en cualquier otro funcionario, aparece el argumento de la persecución, de la represalia, de la amenaza a la independencia judicial. Y cuando ese argumento se agota en los tribunales locales, se exporta al sistema interamericano.

La independencia judicial es un valor institucional fundamental que VDI Global defiende sin ambigüedades. Los jueces deben poder fallar sin presión política, sin temor a represalias por sus resoluciones y sin interferencia del Ejecutivo en sus decisiones jurisdiccionales. Ese principio es innegociable en un Estado de derecho.

Pero la independencia judicial no es lo mismo que la irresponsabilidad judicial. Un juez que viaja al exterior con licencia médica no está ejerciendo su independencia jurisdiccional. Está incumpliendo sus obligaciones laborales. Investigarlo por eso no es una amenaza a la independencia judicial: es el ejercicio normal de la supervisión disciplinaria que cualquier institución responsable debe aplicar a sus integrantes.

Confundir ambas cosas —o peor, hacerlo deliberadamente para eludir responsabilidades— es precisamente lo que el juez Urrutia está haciendo. Y es lo que el sistema no debería tolerar, independientemente de cuántas victorias previas tenga ese magistrado ante tribunales internacionales.

Lo que le dice VDI Global al juez Urrutia

Juez Urrutia: usted fue investigado por una conducta que su propio tribunal calificó como disciplinariamente reprochable. Fue absuelto, no porque su conducta fuera inocua, sino porque el tiempo lo salvó. Tiene ese derecho. La prescripción es una garantía legal válida y nadie se la discute.

Lo que no tiene es el derecho a convertir esa absolución en una persecución. Lo que no tiene es el derecho a usar los mecanismos internacionales de derechos humanos —creados para proteger a ciudadanos frente a Estados que los oprimen— para impugnar el hecho de que su institución haya cumplido su deber de investigarlo.

Los derechos humanos no son el privilegio corporativo de los jueces que les permite operar sin supervisión. La independencia judicial no significa irresponsabilidad judicial. Y la Corte IDH no es el tribunal de apelaciones personal de los magistrados chilenos que prefieren no rendir cuentas ante sus propias instituciones.

Lo que le decimos, en suma, es lo que cualquier ciudadano honesto ya sabe: hay una diferencia entre defender derechos y eludir responsabilidades. Usted, juez Urrutia, lleva demasiado tiempo confundiendo ambas cosas. Y el Chile que viene —el Chile que votó por cambiar las reglas del juego en noviembre pasado— tiene cada vez menos paciencia para esa confusión.