El Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso enfrenta una revisión administrativa después de que Contraloría detectara que 3.898 funcionarios o trabajadores de la región salieron del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, dentro de un universo nacional de más de 25.000 casos similares. En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que su cartera investiga a empresas patrocinantes de programas habitacionales, revelando que detectó una relación de parentesco entre una funcionaria del Serviu y una de esas entidades, además de gestiones que ya fueron denunciadas. "Esta señora usaba las vacaciones —que están acreditadas— para hacer negocios", declaró el ministro.

El universo de las licencias: 3.898 casos solo en Valparaíso

El antecedente que originó esta revisión administrativa proviene de un informe de la Contraloría General de la República, ya conocido a nivel nacional desde mayo de 2025, que identificó a más de 25.000 funcionarios o trabajadores del sector público que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica vigente entre 2023 y 2024. En la Región de Valparaíso específicamente, esa cifra alcanzó los 3.898 casos, un número que, por sí solo, confirma que el fenómeno no fue un episodio aislado sino una práctica extendida dentro de la administración pública regional.

Tras conocerse ese informe, el Ministerio de Hacienda instruyó a los organismos del gobierno central a iniciar los procesos disciplinarios correspondientes, lo que llevó al Serviu de Valparaíso a abrir su propia revisión interna sobre la magnitud y las circunstancias específicas de los casos registrados en esa institución.

La pregunta que abrió una segunda línea de investigación

Lo que comenzó como una revisión centrada exclusivamente en el uso de licencias médicas derivó hacia un terreno distinto y más sensible: las consultas sobre eventuales vínculos entre funcionarios del Serviu y entidades patrocinantes que trabajan en los programas habitacionales del Minvu, entre las que se mencionan específicamente a Uno a Uno SpA y Social Arquitectura.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la cartera investiga a las empresas patrocinantes en general, estén o no vinculadas directamente al caso conocido como El Olivar. Y fue explícito sobre el hallazgo más concreto de esa investigación: "el Minvu detectó una relación de parentesco entre una funcionaria del Serviu y una entidad patrocinante, además de gestiones que" ya fueron denunciadas formalmente.

"Usaba las vacaciones para hacer negocios"

La frase de Poodje que mejor resume la gravedad de lo que su ministerio investiga es la siguiente: "Además de tener una relación, esta señora usaba las vacaciones —que están acreditadas— para hacer negocios." Es una declaración que distingue con precisión dos elementos: por un lado, el vínculo de parentesco entre la funcionaria y la entidad patrocinante, que por sí solo ya plantea un conflicto de interés que la normativa de probidad debería haber prevenido; por otro, el uso del tiempo formal de vacaciones —correctamente acreditado ante la institución— para realizar gestiones comerciales vinculadas a esa misma relación de parentesco.

Esa distinción importa porque sitúa el problema más allá de la simple irregularidad administrativa de una licencia médica mal utilizada: aquí se trata de un potencial conflicto de interés sostenido en el tiempo, donde una funcionaria pública habría aprovechado su posición y sus períodos de descanso formal para favorecer, o al menos gestionar negocios con, una entidad con la que mantiene un vínculo familiar directo.

Las consecuencias legales posibles: de lo administrativo al fraude al fisco

El abogado Ariel Manríquez, consultado sobre el alcance jurídico de este tipo de casos, explicó que pueden mantenerse exclusivamente en sede administrativa o derivar en una investigación penal, dependiendo de los antecedentes específicos que se logren acreditar. Fue claro en señalar la consecuencia más grave posible: si se comprueba un uso irregular de recursos públicos en el contexto de esta relación entre la funcionaria y la entidad patrocinante, podrían abrirse aristas por fraude al fisco u otros delitos contra la administración pública.

Es exactamente el mismo tipo de escalada jurídica que esta cobertura ya ha documentado en otros casos de esta sesión —desde el memorándum de Luis Thayer hasta la red de tráfico de migrantes vinculada a una ONG que recibía fondos estatales—: lo que comienza como una revisión administrativa de cumplimiento normativo puede, dependiendo de lo que la investigación efectivamente acredite, escalar hacia responsabilidades penales concretas.

La respuesta de Uno a Uno SpA: negación categórica

Consultada directamente por Radio Bío Bío, la empresa Uno a Uno SpA negó tener en su planilla a personas que hayan trabajado en el Serviu. Su representante, Soledad Monsalve, agregó dos precisiones adicionales: que es la única dueña de la empresa, sin socios, y que "no se referirá más al tema." Es una respuesta que rechaza de manera directa cualquier vínculo laboral formal con exfuncionarios del servicio, aunque no aborda específicamente la naturaleza del vínculo de parentesco que el propio ministro Poduje atribuyó a una funcionaria activa del Serviu, no necesariamente a una persona que haya trabajado formalmente para la empresa.

Esta misma empresa ya había respondido públicamente, días antes, a otras acusaciones de Poduje relacionadas con el caso El Olivar, sosteniendo en esa ocasión que "jamás hemos trabajado proyectos en El Olivar."

El silencio de la Seremi: lo que todavía falta por aclarar

Al cierre de la información disponible, la Seremi de Vivienda de Valparaíso no se había referido a las consultas sobre la revisión de convenios con entidades patrocinantes ni sobre eventuales medidas administrativas asociadas a este caso específico. Es un silencio que deja pendiente, por ahora, la versión institucional regional sobre cómo se gestionará esta investigación desde el propio servicio afectado, mientras el ministerio central, a través de Poduje, ya ha entregado declaraciones públicas detalladas sobre los hallazgos preliminares.

Lo que este caso confirma sobre la fiscalización del gasto en vivienda

Este episodio se suma a un patrón más amplio de revisión de las entidades patrocinantes que operan dentro de los programas habitacionales del Minvu, un sector que administra recursos públicos de magnitud considerable para la construcción y reparación de viviendas sociales, y donde los conflictos de interés entre funcionarios públicos y las empresas privadas que ejecutan o patrocinan esos proyectos representan uno de los riesgos de probidad más persistentes de la política habitacional chilena. Que el propio ministro de Vivienda haya optado por hacer pública esta investigación, con el nivel de detalle que entregó sobre el caso específico de la funcionaria del Serviu, sugiere una decisión deliberada de transparencia activa frente a este tipo de hallazgos, en lugar de tramitarlos exclusivamente por la vía administrativa interna sin comunicación pública.