La cifra que debería estar en el centro del debate fiscal

El Estado chileno destina cerca de US$18.000 millones al año —unos US$1.500 millones mensuales— al pago de remuneraciones de sus 535.000 funcionarios del gobierno central, según reveló el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber en una entrevista con Ex-Ante. Esa cifra representa el 20% del presupuesto nacional completo, que ronda los US$90.000 millones. En términos per cápita, el Estado financia $2,6 millones mensuales por funcionario, frente a una renta promedio de $890.000 y una renta mediana de apenas $640.000 en el sector privado.

Weber, psicólogo organizacional de la Universidad Católica con un MBA y un Master in International Development de la Universidad de Duke, no es un crítico externo improvisado. Fue director nacional del Servicio Civil antes de asumir como subsecretario de Hacienda entre noviembre de 2020 y marzo de 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, período en el que participó del diseño e implementación del IFE Universal y Laboral. Hoy es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, y en diciembre pasado visitó "La Moneda chica" del entonces presidente electo Kast, ofreciendo colaborar "desde afuera" con el nuevo gobierno.

El diagnóstico de Weber: rigidez, crecimiento descontrolado y resultados que no mejoran

En la entrevista, Weber entrega un diagnóstico que va más allá de la cifra global. El empleo público del gobierno central creció 56% en la última década, frente a un 13% del empleo asalariado privado en el mismo período —una brecha que, según el exsubsecretario, "provoca que aumente el costo per cápita" del Estado justo cuando el país "lleva 42 meses con un desempleo sobre el 8%", con cerca de un millón de personas sin trabajo. Weber sostiene que ese crecimiento desproporcionado del empleo estatal no se ha traducido en mejores servicios: cita explícitamente el aumento de las listas de espera y la deuda hospitalaria en salud, y la falta de mejoras en la calidad del sistema educacional público pese a que Chile ya destina más recursos a educación que el promedio de la OCDE.

Sobre si el gasto chileno en personal es comparable al de países de la OCDE, Weber matiza: en apariencia, Chile tiene un Estado pequeño con un gasto no superior al promedio del club de países desarrollados, pero advierte que esas comparaciones deben hacerse con cuidado, porque la estructura de funcionamiento del Estado chileno es distinta a la de esos otros países. El problema central, según él, no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta y qué resultados produce ese gasto.

El corazón del problema: la inamovilidad y una rotación de 0,01% al año

El diagnóstico más contundente de Weber apunta a la inamovilidad funcionaria. Los cargos de planta en el Estado chileno funcionan, en la práctica, como una propiedad del puesto para quien lo ocupa: es prácticamente imposible desvincular a un funcionario de planta, incluso con desempeño deficiente. Weber cita un dato que ilustra la magnitud del problema: de los 535.000 funcionarios públicos del gobierno central, la rotación anual es de apenas 0,01%. La gente, en los hechos, no sale de sus cargos.

Frente a esto, Weber retoma la propuesta que él mismo impulsó durante el segundo gobierno de Piñera: crear un régimen único de contratación —hoy coexisten tres categorías distintas, planta, contrata y honorarios—, con indemnización por años de servicio para que el Estado pueda asumir el costo de desvincular a un funcionario cuando corresponda, y habilitar la movilidad horizontal entre distintas reparticiones públicas. Sobre el sistema de calificaciones de desempeño, la crítica es igual de dura, aunque queda implícita en el diagnóstico: es un sistema que, según ha documentado la prensa especializada en esta misma discusión, otorga la nota máxima a casi la totalidad de los funcionarios, sin que eso tenga ninguna consecuencia real sobre ascensos o desvinculaciones.

Cómo nació esta comisión, y el conflicto que ya estalló con la ANEF

La entrevista a Weber no ocurre en el vacío: se da en medio de la revisión del Estatuto Administrativo impulsada por el gobierno de Kast, un proceso que ya generó un conflicto institucional antes de siquiera comenzar a sesionar. El 10 de agosto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció en el programa Estado Nacional de TVN que convocaría "prontamente" a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, para abordar el Estatuto Administrativo, calificándolo de "tema estructural". El anuncio despertó la molestia inmediata de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que representa a cerca de 100.000 funcionarios públicos: su presidente, José Pérez, calificó el anuncio de "contradictorio" y "violento", recordando que el propio Kast había instruido en mayo la instalación de una mesa técnica distinta entre el gobierno y la ANEF —liderada por el Ministerio del Trabajo—, mesa que, según la organización, ya estaba en desarrollo y a la que incluso habían entregado una propuesta metodológica propia en julio.

El 17 de agosto, el gobierno formalizó la instancia bajo el nombre de Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público: doce expertos —exautoridades de los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric, según fuentes especializadas— con 120 días de plazo para entregar sus conclusiones antes de fin de año. La reacción desde la izquierda más dura no se hizo esperar: el medio de extrema izquierda El Despertar calificó la comisión como "la mesa de los patrones", acusando que su verdadero objetivo bajo el lenguaje de "modernización" y "eficiencia" es "abaratar el costo de la mano de obra, facilitar los despidos y debilitar la protección laboral", llegando a describir la reforma como "un acto de guerra de clases". El diputado comunista Luis Cuello, por su parte, fue más moderado en el tono pero igualmente crítico, señalando que crear una mesa distinta a la ya instalada con la ANEF "demuestra una vez más la desprolijidad del gobierno".

Esta columna registra ambas reacciones con la atribución que corresponde, sin adoptarlas como propias: la calificación de "guerra de clases" es una posición ideológica de un medio de extrema izquierda, no un hecho verificable, como tampoco lo es el diagnóstico de "desprolijidad" del diputado Cuello, que sí merece ser considerado como una crítica de forma legítima sobre la coordinación interna del gobierno.

Una discusión que lleva más de dos décadas sin resolverse

El propio Weber, cuando se le pregunta qué ejes debería recoger la comisión, es enfático: "no tiene que reinventar la rueda". Y tiene razón, porque esta no es la primera vez que Chile intenta esta reforma. El Estatuto Administrativo, promulgado en la Ley N°18.834 el 15 de septiembre de 1989 con 157 artículos, ha sido modificado solo de forma parcial: en 2003 se creó la Alta Dirección Pública y el Servicio Civil, y en 2016 se perfeccionó ese sistema, pero nunca hubo una transformación integral. En marzo de 2022, al cierre del propio segundo gobierno de Piñera —con Weber todavía en el cargo hasta días antes—, se presentó un proyecto con ejes muy similares a los que hoy propone: ingresos fundados en el mérito, evaluaciones de desempeño reales, un Registro de Empleo Público y una categoría diferenciada para asesores de gobierno. Durante la administración de Boric, el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también planteó la necesidad de distinguir entre cargos de confianza política y funciones permanentes del Estado, sin que esa idea prosperara en una reforma efectiva.

Que administraciones de tres colores políticos distintos —Piñera, Boric y ahora Kast— hayan identificado el mismo diagnóstico estructural sin lograr nunca una reforma integral es, para esta columna, la prueba más contundente de que el problema no es ideológico sino de correlación de fuerzas: cada intento anterior se ha topado con la resistencia organizada del gremio de funcionarios públicos, que representa un electorado numeroso y con alta capacidad de movilización.

Lectura editorial

Esta columna respalda con claridad el diagnóstico de Weber y la necesidad urgente de esta reforma. En un país que, según el propio Weber, atraviesa "una situación fiscal crítica", con un Estado que gasta US$1.500 millones mensuales en remuneraciones de un sector cuya rotación anual es prácticamente nula —0,01%—, sostener el statu quo no es una opción neutral: es una decisión activa de seguir financiando rigidez con el dinero de todos los chilenos, incluidos aquellos casi un millón de compatriotas que hoy no tienen trabajo. El argumento de que el Estado chileno funcionó durante la pandemia con apenas 25% de sus empleados de forma presencial, sin colapsar, y que citó el propio Weber, es un dato incómodo que merece más atención de la que ha recibido hasta ahora en el debate público.

Al mismo tiempo, esta columna considera legítima —aunque no comparte su tono ni sus conclusiones— la preocupación de la ANEF respecto del proceso: anunciar una comisión paralela a una mesa técnica ya instalada por instrucción del propio Presidente genera, con razón, desconfianza institucional, y ese desorden de coordinación es una crítica válida al gobierno, independientemente de que el contenido de la reforma sea el correcto. Una reforma necesaria, mal procesada institucionalmente, corre el riesgo real de fracasar como fracasaron sus predecesoras de 2022 y de los años de Boric, no por debilidad del diagnóstico técnico, sino por errores evitables de gestión política.

Lo que corresponde exigir

• Que el gobierno aclare públicamente y sin ambigüedad la relación entre la Comisión Asesora Ministerial anunciada por Quiroz y la mesa técnica con la ANEF que el propio Kast había instruido en mayo, evitando la superposición de instancias que ya generó desconfianza.
• Que la comisión, pese a no incluir representación directa de los trabajadores en su composición de doce expertos, establezca canales formales de consulta con la ANEF y otras organizaciones gremiales antes de entregar sus conclusiones en diciembre.
• Que cualquier propuesta de indemnización por años de servicio para facilitar desvinculaciones venga acompañada de un sistema de evaluación de desempeño real y verificable —no la calificación casi unánime que impera hoy—, para que la reforma no termine siendo, en la práctica, una herramienta de despido arbitrario sin contrapeso técnico.
• Que se transparente con cifras concretas, y no solo con el diagnóstico agregado que entregó Weber, cuánto del gasto en remuneraciones corresponde a personal de salud y educación en la primera línea de atención a la ciudadanía, versus cargos administrativos centrales, para evitar que la discusión pública confunda ambas categorías.

Conclusión

La comisión que revisará el Estatuto Administrativo tiene ante sí un diagnóstico técnico sólido, respaldado por cifras difíciles de refutar y por el fracaso reiterado de al menos tres intentos previos de reforma bajo gobiernos de distinto signo. Lo que está en juego no es solo el ahorro fiscal de corto plazo, sino la capacidad del Estado chileno de modernizarse sin que cada intento termine, una vez más, encallado en la resistencia gremial y en la desprolijidad de coordinación del propio Ejecutivo. Esta columna seguirá de cerca el trabajo de la comisión durante los próximos 120 días, así como la evolución de la relación entre el gobierno y la ANEF, cuya cooperación —o su ausencia— probablemente determinará si esta reforma logra, por fin, lo que ninguna de sus predecesoras consiguió.