EL DICTAMEN QUE RETRATA AL DIPUTADO MANOUCHEHRI: CONTRALORÍA DESECHÓ SU DENUNCIA CONTRA PÍA ADRIASOLA Y LA CONTRALORA LE MANDÓ UN RECADO QUE NO TIENE DESPERDICIO
El 19 de mayo de 2026, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen D292/2026. Una resolución que en su parte central es contundente y sin matices: "no se advierte algún reproche de juridicidad" en la actuación de la Primera Dama Pía Adriasola al servir almuerzos en el casino del Palacio de La Moneda. Caso cerrado. Cuatro instituciones del Estado — la Contraloría, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Salud Pública y la Seremi de Salud Metropolitana — revisaron el asunto y llegaron a la misma conclusión: no hubo falla sanitaria, no hubo irregularidad jurídica y no hubo riesgo para nadie.
Pero la parte más importante del dictamen no es la que absuelve a Adriasola. Es la que, al final del documento, la contralora Dorothy Pérez dedica a quien presentó la denuncia: el diputado Daniel Manouchehri del Partido Socialista. Un párrafo que en el lenguaje institucional de la Contraloría equivale a un bofetón con guante blanco, redactado con la elegancia técnica que corresponde a un organismo constitucional pero con una carga política que cualquier lector mínimamente atento puede descifrar sin dificultad.
Desde Israel, donde VDI Global opera y sigue la política chilena con la perspectiva que da la distancia y el rigor del análisis, este dictamen tiene dos lecturas simultáneas que vale desarrollar. La primera es la más obvia: la denuncia de Manouchehri era una operación de guerrilla política sin sustento, que usó los recursos del Estado para intentar ensuciar a la Primera Dama con una imagen descontextualizada. La segunda, más interesante, es lo que el episodio completo revela sobre el estado de la oposición chilena y sobre los métodos que usa cuando no tiene argumentos de fondo.
El origen: un video, una cámara y un diputado en busca de titular
A fines de marzo de 2026, en los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, circuló un video en el que se veía a Pía Adriasola — esposa del Presidente — sirviendo comida a funcionarios de La Moneda en el casino del palacio. Sin mascarilla. Sin guantes. Sin cobertor de pelo. Para la mayoría de los chilenos, la imagen era lo que era: un gesto espontáneo y cercano de la Primera Dama con el personal del palacio presidencial en los días iniciales de una nueva administración. El tipo de gesto humano que habitualmente genera simpatía pública.
Para Daniel Manouchehri, fue una oportunidad. El diputado PS — conocido en el Congreso por sus acusaciones bulladas, sus exabruptos públicos y su estilo de política del espectáculo — envió un oficio de fiscalización a la Contraloría denunciando que Adriasola había transgredido normas sanitarias. El objetivo no era proteger la salud de los funcionarios de La Moneda. Era generar un titular, instalar una narrativa de irregularidad en el gobierno recién asumido y usar el aparato institucional del Estado como plataforma de comunicación política.
Lo que Manouchehri no calculó — o calculó y no le importó — es que la Contraloría tendría que tomarse en serio la denuncia, desplegar recursos humanos, financieros y materiales, coordinar cuatro instituciones y emitir un dictamen formal. Todo para concluir lo que cualquier persona con sentido común podía ver en el video: que la Primera Dama no manipuló alimentos ni puso en riesgo a nadie.
Lo que concluyeron las cuatro instituciones
El Dictamen D292/2026 es específico y documentado. La Contraloría estableció que la participación de Adriasola "no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos", sino una colaboración acotada y sin contacto con las etapas críticas de manipulación alimentaria. La Seremi de Salud Metropolitana realizó una visita inspectiva a La Moneda — una visita real, con funcionarios en terreno, generada por la denuncia de Manouchehri — y afirmó que no constató fallas en los procedimientos de control ni afectaciones a las condiciones sanitarias del servicio.
La actitud de Adriasola fue caracterizada por la Contraloría con cuatro adjetivos que condensan perfectamente la proporcionalidad del episodio: "breve, espontánea, aislada y sin incidencia en la inocuidad de los alimentos ni en la continuidad del servicio." Cuatro palabras que, en el lenguaje institucional de la Contraloría, equivalen a decir: esto no debería haber llegado hasta acá.
Y sin embargo llegó. Porque Manouchehri lo presentó. Y porque la Contraloría, aunque lo considere una pérdida de tiempo institucional, está obligada a responder las presentaciones parlamentarias.
El "téngase presente": el recado de Dorothy Pérez que no tiene desperdicio
La parte más reveladora del Dictamen D292/2026 no está en las conclusiones sobre Adriasola. Está en el párrafo final que la contralora Dorothy Pérez incluyó en la resolución y que en el lenguaje burocrático chileno se conoce como un "téngase presente" — un recurso técnico que permite dejar constancia de algo sin que sea parte de la decisión central del dictamen, pero que queda en el registro oficial y dice exactamente lo que el firmante quiere decir.
El párrafo merece ser citado en extenso porque cada palabra fue elegida con precisión: "Es útil hacer presente que para que esta Contraloría pueda ejercer sus funciones de control de toda la administración del Estado y de las demás entidades que la ley le mandata fiscalizar, requiere de significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales, los que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidoso resguardo para asegurar un control eficiente y eficaz, de modo de que, por regla general, debe desarrollar su tarea conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en estricto orden de prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social."
Traducción al lenguaje directo que esta tribuna practica: la Contraloría tiene recursos escasos que debe priorizar para controlar el Estado. Investigar si la Primera Dama usaba guantes al servir almuerzo no está en esas prioridades. Que hayamos tenido que hacerlo por su denuncia es un uso indebido de los recursos institucionales de este país.
Pérez agrega que su entidad "busca atender con la mayor prontitud posible todas las presentaciones parlamentarias, aunque no surjan de un acuerdo de dicha Corporación como lo exige la ley" — recordatorio sutil de que la denuncia de Manouchehri ni siquiera contaba con el respaldo formal de la Cámara, sino que fue una iniciativa personal — y que lo hace "considerando la representación ciudadana que invisten" los parlamentarios.
La cortesía institucional en la forma. El recado inequívoco en el fondo. Dorothy Pérez le dijo a Manouchehri, en lenguaje de Contraloría: usted nos hizo gastar recursos en una tontera de guerrilla política. Y lo dejó en el registro oficial para que quede.
El costo institucional de la guerrilla política
Este episodio tiene una dimensión que va más allá del absurdo inmediato de investigar si la Primera Dama usaba cobertor de pelo al servir sopa. Para que el Dictamen D292/2026 pudiera emitirse, la Contraloría tuvo que coordinar a cuatro instituciones del Estado: la propia Contraloría, la Dirección Administrativa de la Presidencia, la Subsecretaría de Salud Pública y la Seremi de Salud Metropolitana. Funcionarios de cada una de esas reparticiones tuvieron que redactar informes, coordinar criterios, realizar inspecciones en terreno y producir documentación oficial. Todo financiado con dinero de los contribuyentes chilenos.
Mientras esos recursos se dedicaban a investigar un gesto espontáneo de la Primera Dama en el casino de La Moneda, la Contraloría tiene en su cola de trabajo auditorías de programas sociales, revisiones de contratos públicos, investigaciones sobre uso de fondos en municipios y decenas de denuncias sobre irregularidades reales en el aparato del Estado. El INDAP que prestó dinero a cultivadores de marihuana con un 6% de supervisión en terreno. El Codelco con 26.875 toneladas de producción fantasma. La sociedad de la suegra de Vallejo facturando $1.209 millones al Hospital Herminda Martín. Eso es lo que la Contraloría debería estar investigando con la totalidad de sus recursos disponibles.
Manouchehri le robó a esas investigaciones el tiempo y los recursos que destinó a responder su denuncia sobre los guantes de Pía Adriasola. Y lo sabe. Y le da igual.
Quién es Manouchehri y por qué este episodio es consistente con su trayectoria
Daniel Manouchehri no es un diputado que ocasionalmente comete excesos. Es un diputado cuyo método de trabajo político está construido sobre los excesos. La política del espectáculo como estrategia permanente: acusaciones bulladas, denuncias que generan titulares, actuaciones en comisión diseñadas para la cámara y no para el debate serio, y uso sistemático de las herramientas institucionales del Congreso como plataforma de comunicación personal.
Es el mismo Manouchehri que en la comisión de Hacienda ha protagonizado episodios que sus propios colegas de bancada han debido contener. El mismo que votó en bloque contra la Megarreforma mientras su partido acumula el expediente que ya conocemos: Caso Convenios, INDAP, Codelco, Monsalve. El mismo que usa la Contraloría para investigar si la Primera Dama sirve almuerzo con guantes mientras su sector político dejó el Estado en las condiciones que los informes de auditoría han comenzado a revelar sistemáticamente.
La contralora Dorothy Pérez no lo nombró en su "téngase presente." No necesitaba hacerlo. El dictamen está firmado y es público. El recado quedó en el registro oficial de la República. Y VDI Global se encarga de que llegue a quien corresponde.
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