EL GOBIERNO ANTERIOR NO PODÍA MENOS QUE SABER: LA FISCALÍA INVESTIGA VUELOS CHÁRTER SIN LISTADO DE PASAJEROS EN EL INGRESO MASIVO DE NIÑOS HAITIANOS DURANTE EL GOBIERNO DE BORIC
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía calificó de "demasiado graves" los antecedentes del caso. Vuelos sin lista de pasajeros, menores sin adultos acompañantes verificados, autorizaciones de viaje ausentes, posible cohecho de funcionarios públicos chilenos y extranjeros. Todo ocurrió entre enero y abril de 2025, bajo el gobierno de Gabriel Boric, con el Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría de la Niñez operando normalmente. La pregunta que la Fiscalía no formula pero que la política no puede eludir es esta: ¿cómo es posible que el Estado no supiera?
Lo que dijo el fiscal y lo que eso significa
El lunes 15 de junio de 2026, el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, concedió una entrevista a Canal 24 Horas que debería haber generado más ruido del que generó. Sus palabras son precisas, medidas, y por eso mismo más inquietantes que cualquier denuncia política.
Campos señaló que los antecedentes del caso son "demasiado graves". Que la Fiscalía no solo investiga eventuales delitos de trata de personas —que ya de por sí constituye uno de los crímenes más graves que contempla el ordenamiento jurídico chileno— sino también soborno y cohecho de funcionarios públicos, chilenos o extranjeros. Y que existe una línea investigativa específica sobre los vuelos chárter utilizados para trasladar a los menores haitianos hacia Chile entre enero y abril de 2025: vuelos sin listado de pasajeros, sin validación de adultos acompañantes, sin verificación de autorizaciones de viaje de menores de edad.
"Particularmente nos interesa poder indagar si hay vuelos sin listado de pasajeros, vuelos sin evidencia o validación, entre otros, de adultos acompañantes de aquellos menores, y la existencia o no de autorizaciones de viaje de menores de edad", dijo el fiscal.
Y luego agregó la frase que más debería incomodar a quienes ocupaban cargos de responsabilidad durante ese período: "Acá vamos a llegar aguas arriba adonde tengamos que llegar, y el Ministerio Público no tiene tapujo alguno respecto de las personas que puedan estar involucradas, sea cual sea el grado, la calidad de la persona."
"Sea cual sea el grado, la calidad de la persona." En el lenguaje jurídico chileno, esa frase equivale a decir que nadie está blindado. Ni funcionarios de rango medio. Ni subsecretarios. Ni ministros. La Fiscalía irá adonde lleven los antecedentes.
Lo que ocurrió y cuándo ocurrió
Los hechos que se investigan ocurrieron entre enero y abril de 2025. Ese período corresponde íntegramente al último tramo del gobierno de Gabriel Boric, que concluyó el 11 de marzo de 2025 con el cambio de mando, y a los primeros días del gobierno de Kast.
El grueso del período investigado —enero, febrero, marzo hasta el 11— es Boric. No hay ambigüedad en eso.
Durante esos meses, ingresaron a Chile, de manera que la propia Fiscalía califica como irregular, un número aún no precisado de niños y adolescentes haitianos a través de vuelos chárter. La figura jurídica invocada por quienes organizaron estos ingresos fue la de "reunificación familiar". Pero según la investigación del Ministerio Público, esa figura habría sido usada como pantalla o, en el mejor de los casos, aplicada con un nivel de control tan deficiente que equivale a su ausencia total.
Los vuelos chárter no son vuelos comerciales anónimos. Son operaciones que requieren coordinación logística, financiamiento, autorización de slots aeroportuarios, tramitación migratoria en origen y en destino, y procesamiento en los puntos de entrada en Chile. No es posible que eso ocurra de manera invisible para el aparato del Estado. Especialmente cuando hablamos de menores de edad —una categoría de personas que, por ley, requiere controles adicionales tanto en la salida de su país de origen como en el ingreso al país de destino.
El Servicio Nacional de Migraciones: primera línea de responsabilidad
El fiscal Campos fue explícito sobre los organismos que deberán proveer información a la investigación. El primero que mencionó fue el Servicio Nacional de Migraciones. La segunda fue la Subsecretaría de la Niñez.
Migraciones es la institución que tiene la responsabilidad primaria de controlar quién entra al país, en qué condiciones, con qué documentación, y si los procedimientos legales aplicables a cada caso fueron cumplidos. En el caso de menores de edad no acompañados o sin verificación adecuada de adultos acompañantes, las obligaciones de control son aún más estrictas.
Que el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía mencione al Servicio Nacional de Migraciones como fuente de antecedentes clave no es un dato menor. Es una señal de que la investigación apunta directamente al funcionamiento interno de ese servicio durante el período investigado: quién autorizó, quién procesó, quién dejó pasar, quién sabía.
La misma pregunta aplica a la Subsecretaría de la Niñez. Este organismo tiene entre sus funciones la protección de los derechos de niños y adolescentes, incluida la supervisión de los procesos de reunificación familiar cuando estos involucran a menores que ingresan al país. Si se usó la figura de reunificación familiar de manera masiva y durante meses, esa subsecretaría debería tener registro de esas operaciones. Si no lo tiene, eso en sí mismo es una irregularidad grave. Si lo tiene, la pregunta es por qué no se actuó.
El financiamiento de los vuelos: la línea que lleva más lejos
La tercera línea investigativa que mencionó el fiscal es la que potencialmente tiene las consecuencias más profundas: quién financia los vuelos chárter.
Un vuelo chárter internacional no es barato. Trasladar menores de edad desde Haití hasta Chile en aeronaves privadas o semi-privadas supone un costo que no está al alcance de familias inmigrantes de escasos recursos que buscan reunificarse con sus hijos. Alguien pagó esos vuelos. Alguien los organizó. Alguien coordinó la logística en ambos extremos del viaje.
Identificar a ese alguien es, probablemente, la clave que abre el caso en toda su dimensión. Porque si el financiamiento de los vuelos lleva a organizaciones con vínculos en el tráfico de personas —que es la hipótesis más grave sobre la mesa— entonces estamos ante una operación de crimen organizado que operó durante meses en territorio chileno con la complicidad activa o la negligencia criminal de funcionarios del Estado.
El fiscal no usó esas palabras exactamente. Pero la dirección de su investigación las implica con claridad suficiente.
El gobierno de Boric y la pregunta que no puede eludirse
Aquí es donde la dimensión política del caso se vuelve ineludible, aunque la Fiscalía —correctamente— la mantenga separada de la investigación penal.
El gobierno de Boric fue un gobierno que hizo de la migración ordenada y de los derechos de los migrantes un eje de su discurso. Fue también un gobierno que tuvo dificultades serias para gestionar la presión migratoria irregular, especialmente en el norte del país. Pero incluso en ese contexto, la figura de la reunificación familiar de menores de edad es una que debería haber tenido protocolos claros, supervisión permanente y alertas institucionales activadas ante cualquier anomalía.
Que entre enero y abril de 2025 hayan ingresado al país menores haitianos en vuelos chárter sin listado de pasajeros, sin verificación de acompañantes adultos, sin autorizaciones de viaje debidamente controladas, y que eso haya ocurrido de manera suficientemente masiva como para que la Fiscalía lo califique de "demasiado grave" y abra una investigación con múltiples líneas —incluyendo cohecho de funcionarios— plantea una pregunta que no puede eludirse con comodidad:
¿El gobierno de Boric no supo lo que estaba ocurriendo, o no quiso saber?
La primera hipótesis —la ignorancia— implica una falla de control institucional de proporciones mayores en pleno ministerio de Interior, en Migraciones y en la Subsecretaría de la Niñez. Es, en sí misma, una falla grave que compromete la responsabilidad política de los titulares de esas carteras.
La segunda hipótesis —la negligencia deliberada— es más oscura y tiene consecuencias potencialmente más serias, tanto políticas como penales para quienes ocupaban posiciones de autoridad.
Hay una tercera hipótesis, que VDI Global no puede descartar pero tampoco afirmar en este momento sin más antecedentes: que algunos funcionarios del Estado hayan participado activamente en facilitar estos ingresos, que es exactamente lo que investiga la línea de cohecho. Si esa hipótesis se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos institucionales más graves de la historia reciente del país.
"Vamos a llegar adonde tengamos que llegar"
La frase del fiscal Campos es la que debería quedarse grabada en la memoria de quienes tienen algo que temer de esta investigación.
El Ministerio Público chileno tiene una tradición institucional de investigar con independencia cuando tiene antecedentes sólidos. La Unidad Anticorrupción, en particular, ha demostrado en casos anteriores que puede sostener investigaciones largas y complejas que terminan en formalizaciones de personas con poder político o económico.
Que sea precisamente esa unidad —y no una fiscalía local— la que lleva el caso, es una señal sobre la gravedad con que la propia institución lo evalúa. Los casos que lleva la Unidad Anticorrupción no son casos menores. Son casos con implicancias sistémicas.
"Sea cual sea el grado, la calidad de la persona", dijo Campos. No hay forma de leer esa frase sin entender que incluye a funcionarios de nivel ministerial si los antecedentes así lo indican.
Lo que el gobierno de Kast debe hacer
El gobierno actual heredó esta investigación. No la inició —los hechos son del gobierno anterior— pero tiene responsabilidades concretas en este momento.
La primera es colaborar plena y activamente con la Fiscalía. El fiscal fue explícito en pedir que los organismos públicos pongan a disposición "la mayor cantidad de antecedentes a la brevedad posible". Eso incluye a instituciones que hoy dependen del Ejecutivo de Kast pero cuyos archivos del período investigado corresponden a la gestión de Boric. No debe haber ninguna razón burocrática, política ni de cualquier otro tipo que retrase esa colaboración.
La segunda es asegurar que los niños haitianos que ingresaron en estas condiciones estén bajo protección adecuada del Estado chileno mientras dura la investigación. Son víctimas potenciales, no actores del delito que se investiga. Su situación debe ser atendida con urgencia y con los estándares que corresponden a menores en situación de vulnerabilidad.
La tercera es no convertir este caso en un instrumento de disputa política de corto plazo. VDI Global tiene una línea editorial clara sobre el gobierno de Boric y sus responsabilidades. Pero una investigación de esta gravedad merece ser tratada con la seriedad que requiere, no instrumentalizada para el ciclo noticioso del día.
Conclusión: la zona gris que debe ser despejada
El fiscal Campos usó una expresión que resume con precisión la situación: "zona gris de alto riesgo". Eso es lo que representa la posibilidad de que menores de edad hayan ingresado a Chile en vuelos sin listado de pasajeros, sin verificación de acompañantes, sin controles migratorios adecuados, durante meses, bajo la supervisión formal —aunque aparentemente ausente— del Estado chileno.
Una zona gris de alto riesgo no se genera sola. Requiere que alguien no haya hecho lo que debía hacer. O que alguien haya hecho activamente lo que no debía hacer. La investigación de la Fiscalía determinará cuál de las dos opciones —o qué combinación de ambas— explica lo que ocurrió entre enero y abril de 2025.
Lo que ya es posible afirmar, sin necesidad de esperar el resultado de la investigación, es esto: el gobierno anterior no podía menos que saber que algo estaba ocurriendo. Las instituciones del Estado chileno no son tan ciegas como para no registrar vuelos chárter con menores de edad durante meses. La pregunta no es si alguien en el aparato estatal tuvo información. La pregunta es qué hizo con ella.
Esa es la pregunta que la Fiscalía va a responder. Y cuando lo haga, las consecuencias políticas y penales serán de la magnitud que corresponda a la gravedad de los hechos.
