HASTA CUANDO ABUSAN LAS MUNICIPALIDADES: CONTRALORÍA DETECTÓ QUE 322 COMUNAS ENTREGARON MÁS DE 146 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN IRREGULARES A DEUDORES CON MULTAS IMPAGAS — Y ENCIMA SE LOS DIERON A SUS PROPIOS FUNCIONARIOS

Un informe de la Contraloría General de la República desnuda una práctica sistemática que se repitió durante cuatro años en el 93% de los municipios del país: renovar permisos de circulación a vehículos con multas impagas, en flagrante violación de la ley. Pero lo más grave no es la irregularidad masiva. Es que los propios funcionarios municipales y sus familias estuvieron entre los principales beneficiados.

El informe que nadie podrá ignorar

Hay informes de la Contraloría que pasan desapercibidos entre el ruido político del día. Este no debería ser uno de ellos.

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23, publicado este lunes 15 de junio de 2026, revela que entre 2022 y 2025, un total de 322 municipios de Chile —el 93% de las 345 comunas del país— entregaron permisos de circulación de manera irregular a vehículos que tenían multas de tránsito impagas al momento del trámite. El número total de permisos irregulares: 146.469.

No es un error aislado. No es un municipio díscolo ni un funcionario que se equivocó de formulario. Es una práctica sistemática, transversal a todo el territorio, que se mantuvo durante cuatro años consecutivos y que afectó a comunas de todo el espectro político, desde Las Condes hasta La Pintana, desde Santiago hasta Concepción.

La ley es clara. La Ley N° 18.287 establece que los vehículos con multas de tránsito anotadas al 30 de noviembre de un año e impagas al momento del trámite en marzo del año siguiente simplemente no pueden renovar su permiso de circulación, a menos que paguen las multas en el mismo acto. No hay zona gris. No hay interpretación posible. Es una norma que existe precisamente para que las infracciones de tránsito tengan consecuencias reales y para que los municipios no conviertan la renovación anual en una ventanilla de impunidad.

Pues bien: el 93% de los municipios del país convirtió esa ventanilla exactamente en eso.

Los números que duelen

La magnitud del problema se mide en varios niveles, y cada uno es más inquietante que el anterior.

El primero es el volumen bruto: 146.469 permisos irregulares en cuatro años. No es una cifra abstracta. Cada uno de esos permisos representa un vehículo que circuló legalmente por las calles del país sin haber cumplido su obligación legal. Cada uno representa ingresos que el Estado —en este caso los propios municipios— dejó de percibir. Cada uno representa a un conductor que aprendió que las multas de tránsito son opcionales si sabes a qué ventanilla ir.

El segundo nivel es la concentración geográfica. Las comunas con más permisos irregulares son Santiago con 7.356 casos, Estación Central con 6.924, Providencia con 5.727, Maipú con 5.124 y Ñuñoa con 3.920. Llama la atención que Providencia y Ñuñoa —comunas de alto ingreso, con alcaldías que históricamente han presumido de eficiencia administrativa— aparezcan en este listado. La irregularidad no discrimina por nivel socioeconómico ni por color político del alcalde.

El tercer nivel es el de los casos extremos, que rozan lo inverosímil. En Quilicura, un municipio renovó el permiso de circulación a un vehículo que al momento del trámite acumulaba 240 multas vigentes. Doscientas cuarenta. No es un error: es una decisión consciente de ignorar la ley de manera espectacular. En Santiago se renovó un permiso a un vehículo con 149 multas. En Estación Central, uno con 127. En Las Condes, uno con 124. En Concepción, uno con 109.

Un vehículo con 240 multas impagas no es un conductor despistado. Es alguien que decidió que las reglas no le aplican, y que encontró en algún municipio chileno a alguien dispuesto a confirmárselo con un sello oficial.

El cuarto nivel es el de la reincidencia: más de 5.900 vehículos renovaron su permiso en situación irregular en tres de los cuatro años analizados. No una vez. Tres veces. Lo que confirma que no se trató de errores puntuales sino de un patrón consolidado, de una práctica instalada que nadie corrigió porque a nadie le convenía corregirla.

El conflicto de intereses: cuando el municipio se sirve a sí mismo

Hasta aquí, el informe ya sería grave. Pero hay un elemento adicional que eleva la irregularidad a una categoría distinta: el conflicto de intereses.

La Contraloría detectó 1.172 casos en que fueron los propios funcionarios del municipio quienes se beneficiaron de la renovación irregular, teniendo multas vigentes al momento del trámite. Es decir, los mismos empleados que procesaban los permisos —o que trabajaban en la institución que los procesaba— aprovecharon el sistema para beneficiarse a sí mismos.

Y no solo eso. Se detectaron adicionalmente 7.378 casos en que familiares de funcionarios municipales accedieron al mismo beneficio irregular en sus propias comunas. En total, más de 8.500 casos que combinan irregularidad legal con conflicto de intereses institucional.

Esto no es negligencia. Esto es captura del proceso administrativo para beneficio propio. Es exactamente el tipo de corrupción cotidiana, de baja visibilidad pero alto impacto, que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones más cercanas: las que atienden en el mesón de la esquina, las que procesan los trámites del día a día, las que deberían ser el primer rostro amable del Estado.

Cuando esa institución usa sus propios sistemas para saltar las reglas que ella misma debe aplicar, el daño no es solo jurídico. Es moral.

Transantiago: la otra rama del escándalo

El informe de Contraloría tiene un segundo eje que merece atención separada: los infractores del Transantiago.

La Ley N° 21.083 establece que los órganos del Estado deben suspender la renovación del permiso de circulación a personas registradas como infractoras del Transantiago —es decir, a quienes evadieron el pago del transporte público— que sean propietarias de vehículos motorizados. La lógica es simple: si alguien no paga el metro o el bus y encima tiene auto, el Estado tiene un mecanismo de presión para cobrar esa deuda.

Pues bien: 62 municipios renovaron 497 permisos ilegalmente a personas en esa condición. La Municipalidad de Santiago encabeza el listado con 57 permisos irregulares de este tipo entre 2022 y 2025. Le siguen Maipú con 49, Renca con 31, La Florida con 22 y La Pintana con 22.

Son números menores en términos absolutos comparados con los 146 mil permisos por multas impagas. Pero el principio que ilustran es el mismo: el Estado crea una norma, define una consecuencia, y luego la propia institucionalidad estatal la ignora sistemáticamente.

¿Por qué ocurre esto? Las hipótesis que el informe no responde pero que el análisis sugiere

El CIC N° 23 documenta el qué. No responde completamente el por qué. Pero hay hipótesis razonables que el análisis político y administrativo permite plantear.

La primera es la hipótesis de la presión vecinal. Los alcaldes enfrentan permanentemente la demanda de sus vecinos por servicios rápidos y sin complicaciones. Negarle la renovación del permiso a alguien que llega con sus papeles al municipio genera conflicto inmediato, especialmente si la persona argumenta que las multas son injustas, que el sistema registra mal, o que tiene una urgencia. El funcionario de ventanilla, sin supervisión adecuada y sin incentivos para el rigor, toma el camino del menor conflicto: sella y pasa al siguiente.

La segunda es la hipótesis del incentivo perverso. Los municipios en Chile dependen en parte de los ingresos que generan los permisos de circulación. Si exigen el pago previo de multas, algunos propietarios simplemente no renuevan el permiso ese año y lo hacen más adelante o en otra comuna. El municipio pierde el ingreso del permiso en el corto plazo. El resultado es que hay un incentivo financiero implícito para no ser riguroso: renovar hoy aunque sea irregular asegura el ingreso del trámite hoy.

La tercera hipótesis —la más incómoda— es la del clientelismo deliberado. En algunas comunas, especialmente en aquellas donde el alcalde tiene una base electoral muy dependiente de la gestión directa de beneficios, la "manga ancha" en trámites municipales es parte de una economía política no escrita. El vecino que recibe el permiso sin problema vuelve a votar por el mismo alcalde. El que es rechazado en la ventanilla no.

Las tres hipótesis no son mutuamente excluyentes. En algunos municipios habrá negligencia pura. En otros habrá captura deliberada. En casi todos habrá ausencia de supervisión interna suficiente.

Las consecuencias que Contraloría anunció

Ante lo detectado, la Contraloría instruyó a los municipios involucrados iniciar sumarios administrativos para evaluar eventuales responsabilidades. En los casos donde existe posibilidad de que se haya cometido algún delito, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.

Son pasos necesarios pero que la experiencia chilena obliga a mirar con mesura. Los sumarios administrativos municipales tienen una tasa de conclusión efectiva que históricamente ha sido baja. Los responsables directos suelen ser funcionarios de rango medio que operan dentro de estructuras donde la responsabilidad diluida es la norma. Las sanciones efectivas —destituciones, multas, responsabilidades civiles— son la excepción.

Lo que sí puede ser diferente en este caso es la escala. Cuando el problema afecta a 322 municipios y 146.469 trámites, ya no es posible tratarlo como un conjunto de casos individuales desconectados. Es una falla sistémica que requiere una respuesta sistémica: reforma del proceso de renovación, integración tecnológica real entre los registros de multas y los sistemas municipales, y auditoría permanente con consecuencias reales para quienes incumplan.

El rol del Gobierno de Kast: una oportunidad y una exigencia

Este informe llega en un momento político específico: el Gobierno del Presidente Kast transita sus primeros cien días con una agenda de orden, seguridad y rigor institucional como eje central de su discurso. El caso de los permisos irregulares es exactamente el tipo de situación que ese discurso debería interpelar con fuerza.

El Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y los organismos de coordinación con los municipios tienen aquí una oportunidad concreta de demostrar que el compromiso anticorrupción no se limita a los grandes casos mediáticos sino que alcanza también a la corrupción administrativa cotidiana, la que ocurre en las ventanillas, la que afecta a millones de ciudadanos que sí pagan sus multas y que ven cómo otros no lo hacen sin consecuencias.

La exigencia es proporcional a la oportunidad. Si el Gobierno de Kast deja este informe en manos de los sumarios internos municipales sin impulsar una reforma estructural del sistema, habrá desperdiciado una palanca concreta de gestión y de mensaje político. Y si la "derechita cobarde" en el Congreso bloquea eventuales iniciativas de modernización del sistema municipal por cálculos electorales ligados a alcaldes de su propio sector, eso también merecerá ser dicho con todas sus letras.

Conclusión: 146 mil razones para exigir más

El informe de la Contraloría no es una sorpresa para quienes conocen cómo funciona la administración municipal en Chile. Es, sin embargo, una documentación rigurosa y con números duros de algo que muchos sabían pero nadie había medido con esta precisión.

146.469 permisos irregulares. 322 municipios. Cuatro años consecutivos. 8.550 casos de conflicto de intereses entre funcionarios y sus familias. Un vehículo con 240 multas impagas al que le renovaron el permiso igual.

Cada uno de esos números representa una decisión de alguien que tenía la autoridad para aplicar la ley y eligió no hacerlo. En algunos casos por comodidad. En otros por clientelismo. En algunos, probablemente, por corrupción directa.

Chile no puede construir una cultura de legalidad y respeto a las normas si el propio Estado —en su expresión más cercana al ciudadano, que son los municipios— es el primero en saltarse las reglas. Hasta cuando abusan las municipalidades es una pregunta que no merece respuesta retórica. Merece sumarios que terminen, sanciones que se apliquen, y una reforma que cierre las puertas que este informe dejó abiertas de par en par.

Fuente: Datos del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 23 de la Contraloría General de la República.