EL JUEZ URRUTIA CON DEFENSA DE SIMILAR INMORALIDAD E ILICITUD: QUEZADA LE DICE A CHILE QUE PEDIR LA REMOCIÓN DE URRUTIA ES "PELEA CHICA" — Y CON ESO LO DICE TODO
El abogado Carlos Quezada, defensor del juez Daniel Urrutia, salió el viernes 22 de mayo a responder la carta de la UDI al Presidente Kast pidiendo que invoque el artículo 80 de la Constitución para solicitar a la Corte Suprema la remoción de su cliente. La respuesta tiene tres componentes que VDI Global examina uno por uno — porque cada uno revela algo distinto y complementario sobre la cultura de impunidad que rodea a este caso.
Primer componente: el argumento jurídico. "Si la UDI pretende que se haga efectiva esta responsabilidad mediante la aplicación de una falta de la cual fue absuelto en la Corte de Apelaciones, tendríamos un problema." Segundo componente: la advertencia sobre el mecanismo constitucional. Reabrir el caso vía artículo 80 "podría generar un problema jurídico, considerando que los antecedentes ya fueron revisados por la justicia." Tercer componente — el más revelador — la caracterización de quienes piden la remoción: "Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez."
"Pelea chica." Así califica el abogado de Urrutia la exigencia de que un juez de la República rinda cuentas por haber viajado dos veces al extranjero con licencia médica. El mismo estándar que ha costado el cargo a decenas de funcionarios públicos en todo Chile es, para la defensa del magistrado, una "pelea chica" que distrae de asuntos más importantes.
Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la realidad chilena con la perspectiva que da la distancia y el rigor del análisis político, esa frase resume perfectamente el problema institucional que este caso expone. No es que Quezada tenga malos argumentos jurídicos — alguno tiene. Es que la actitud que revela esa frase es exactamente la misma actitud del juez al que defiende: la convicción de que las normas que aplican al resto no aplican a ellos con la misma intensidad. Que para ciertos personajes del sistema, pedir rendición de cuentas es siempre una "pelea chica" frente a la "pelea grande" que ellos mismos definen.
El argumento jurídico de Quezada: real pero insuficiente
Seamos precisos. Quezada tiene un argumento jurídico que existe y que merece ser examinado con rigor antes de descartarlo. Su punto central es que la Corte de Apelaciones de Santiago ya revisó los mismos hechos — los viajes de Urrutia a Costa Rica en 2020 y Ecuador en 2022 estando con licencia médica — y lo absolvió. Y que usar el mecanismo del artículo 80 para volver a examinar hechos que ya fueron juzgados en sede disciplinaria podría generar problemas jurídicos de non bis in idem — el principio que impide juzgar dos veces por el mismo hecho.
El argumento tiene sustancia en su formulación básica. El non bis in idem es un principio constitucional real y relevante. Si los hechos ya fueron revisados y el magistrado absuelto, hay una pregunta legítima sobre si el artículo 80 puede usarse para volver sobre esos mismos hechos.
Sin embargo, el argumento tiene dos problemas que Quezada omite convenientemente. El primero: el artículo 80 no es un mecanismo disciplinario interno del Poder Judicial. Es una facultad constitucional del Presidente de la República ante la Corte Suprema, un órgano distinto a la Corte de Apelaciones que absolvió a Urrutia. La doctrina constitucional chilena tiene posiciones divididas sobre si la absolución en sede disciplinaria interna clausura el ejercicio de la facultad presidencial del artículo 80. No es un asunto resuelto de forma unívoca.
El segundo problema es aún más relevante: la Corte de Apelaciones no solo absolvió a Urrutia. Lo hizo con "duros reproches" y por un solo voto de diferencia. Una absolución que el propio texto que la contiene contradice en su espíritu no tiene la fuerza moral de cosa juzgada inimpugnable que Quezada le quiere dar. El Presidente de la República tiene la facultad constitucional de pedir que la Corte Suprema evalúe el asunto con sus propios criterios. Eso es exactamente lo que el artículo 80 permite. Y Quezada lo sabe.
"Pelea chica": la frase que revela todo
Pero el argumento jurídico de Quezada es lo de menos. Lo que importa editorialmente — y lo que VDI Global señala con toda la contundencia que corresponde — es la caracterización que hace de quienes piden la remoción.
Llamar "pelea chica" a la exigencia de que un juez sea removido por haber violado las condiciones de su licencia médica no es una estrategia de defensa. Es una declaración de posición institucional. Es decirle al país que el principio de probidad — que para el funcionario de base que viajó con licencia significó sumario, investigación penal y posible destitución — es un asunto menor cuando el involucrado usa toga.
Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, respondió con la frase que resume el problema: "Mientras todo Chile ve con indignación que funcionarios públicos viajan fuera de nuestro país con licencia médica, en los tribunales el juez Urrutia sigue en sus funciones como si nada hubiese pasado." Eso es exactamente el doble estándar que VDI Global ha documentado durante toda esta semana. Y la respuesta de Quezada — "pelea chica" — es la expresión más desnuda y menos disimulada de ese doble estándar que hemos visto en este caso.
Hay un elemento adicional que la defensa de Quezada no menciona pero que VDI Global no puede ignorar. El juez Urrutia no es un magistrado cualquiera que cometió una falta administrativa y que está siendo perseguido injustamente. Es un magistrado con un historial documentado de posicionamiento ideológico público — manifestaciones en el plebiscito constitucional, lenguaje inclusivo en fallos judiciales, cambios de medidas cautelares durante el estallido social, fricciones con carabineros — que ejerció jurisdicción sobre causas políticamente sensibles desde esa posición. El problema no es solo el viaje con licencia. El problema es el patrón completo.
El argumento de la "pelea grande": la trampa retórica
La segunda parte de la declaración de Quezada merece un análisis específico porque es una trampa retórica clásica. "Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez."
La "pelea grande" que Quezada no define es, supuestamente, algo más importante que la probidad judicial. ¿Qué cosa? El abogado no lo dice. Porque la trampa retórica funciona exactamente así: se instala la idea de que hay prioridades superiores sin decir cuáles son, con el objetivo de hacer aparecer como excesiva o focalista la exigencia de rendición de cuentas en el caso específico.
La respuesta correcta a esa trampa es simple y directa: no existe "pelea grande" para un Estado de derecho que sea más importante que garantizar que sus jueces cumplan los mismos estándares de probidad que exigen a todos los ciudadanos. La probidad judicial no es una "pelea chica." Es la condición de posibilidad de todo lo demás. Un Poder Judicial que aplica estándares distintos según el estatus del involucrado no puede impartir justicia real. Y un abogado que defiende esa asimetría con el argumento de que hay "peleas más grandes" no está haciendo un favor a su cliente. Está revelando la cultura institucional que hace posible que su cliente siga en funciones.
Lo que el Presidente Kast debe hacer — y lo que la defensa de Urrutia teme
La declaración de Quezada tiene un efecto político no deseado: le recuerda al gobierno Kast exactamente por qué debe usar el artículo 80. Porque si la defensa de un juez considera que pedir su remoción por viajes con licencia médica es "pelea chica", la señal que el silencio presidencial enviaría sería que el gobierno está de acuerdo con esa jerarquía de importancias.
El Presidente Kast tiene ante sí la oportunidad de demostrar que en este gobierno la probidad no tiene jerarquías. Que el mismo estándar que se aplica al funcionario municipal, al trabajador del INDAP y al empleado de cualquier servicio público se aplica también al juez de la República que tiene en sus manos la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Invocar el artículo 80 no es interferir en la independencia judicial. Es usar el mecanismo constitucional diseñado exactamente para cuando el sistema interno del Poder Judicial falla en disciplinar a sus propios miembros. La Corte de Apelaciones de Santiago falló en eso — su propia absolución lo dice cuando la acompaña de "duros reproches." El artículo 80 existe para ese escenario.
La "pelea chica" que describe Quezada es, en realidad, la pelea más grande que puede darse en materia de institucionalidad: la que define si en Chile las normas se aplican igual para todos o si existen ciudadanos de primera categoría protegidos por el corporativismo de los sistemas que debían controlarlos.
Esa pelea el gobierno Kast no puede perder.
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