EL MECANISMO DE LA COMPLICIDAD EXPUESTO: ALBERTO LARRAÍN Y CONSTANZA GÓMEZ ENFRENTAN NUEVOS CARGOS CRIMINALES POR LA ARISTA ANTOFAGASTA DE PROCULTURA
El cerco judicial en torno al mayor escándalo de malversación de caudales públicos y desvío de recursos estatales de la última década —el denominado Caso Convenios— ha vuelto a cerrarse de forma inapelable sobre la cúpula de la Fundación ProCultura. Este lunes 25 de mayo de 2026, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se convirtió en el epicentro de una nueva arremetida penal liderada por el Ministerio Público. El fiscal Cristián Aguilar, integrante clave del equipo de alta complejidad de la Fiscalía Regional, procedió a formalizar cargos criminales directos contra el psiquiatra Alberto Larraín, fundador y director ejecutivo de la ONG, y María Constanza Gómez, exrepresentante legal de la entidad, imputándoles la autoría en seis delitos consumados de apropiación indebida de fondos fiscales.
Este procedimiento, el segundo que enfrentan ambos imputados tras la causa tramitada en la Región Metropolitana, desmenuza el modus operandi mediante el cual la fundación incrementó sus ingresos contractuales con reparticiones del Estado de manera exponencial, pasando de facturar $316 millones de pesos en 2021 a percibir una cifra superior a los $3.282 millones en 2022. La arista de Antofagasta indaga de manera específica las groseras irregularidades cometidas en convenios suscritos de forma directa con el Gobierno Regional (Gore), bajo la cuestionada administración del exgobernador Ricardo Díaz, y con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, entidades que transfirieron de manera conjunta más de $1.100 millones de pesos chilenos bajo el pretexto de ejecutar programas de asistencia social y reparaciones urbanas.
Para el análisis periodístico e interpretativo de VDI Global, la reapertura de estos cargos en el norte del país echa por tierra la estrategia de defensa corporativa orientada a relativizar el impacto del desfalco. Los informes de auditoría forense evacuados por la Contraloría General de la República ya habían advertido de manera taxativa que las millonarias remesas públicas fueron adjudicadas "a dedo", prescindiendo por completo de la exigencia legal de concursos públicos y omitiendo deliberadamente los procesos mínimos de fiscalización técnica respecto al uso final de los dineros, los cuales terminaron financiando las redes políticas y personales de la izquierda radical y los operadores de la "derechita cobarde" que controlaban las platas regionales.
LOS MIL MILLONES DE ANTOFAGASTA: FACHADAS E IMPUNIDAD REPARTIDA
La imputación formalizada por el fiscal Aguilar desglosa dos vías principales de defraudación de los recursos públicos. El primer hito delictual se concentra en el millonario convenio denominado “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta”, mediante el cual el Gobierno Regional traspasó de forma directa la suma de $629 millones de pesos a ProCultura. El proyecto, que pretendía pintar y restaurar inmuebles patrimoniales, jamás llegó a completarse, dejando las obras en el abandono. A esta arista se suman otros cuatro convenios suscritos en paralelo con la Seremi de Vivienda que implicaron un desembolso fiscal superior a los $500 millones de pesos, supuestamente destinados al programa de asentamientos precarios.
La indagatoria del Ministerio Público y las querellas presentadas por actores locales como el exintendente Pablo Toloza apuntan a que Larraín y Gómez, haciendo usufructo de sus roles directivos en la ONG, desviaron estas platas hacia fines totalmente ajenos a los objetivos de los programas sociales. De acuerdo con los peritajes financieros que sustentan los seis cargos de apropiación indebida (tipificados en los artículos 467 y 470 N° 1 del Código Penal), la fundación no cuenta en la actualidad con los saldos en sus cuentas corrientes para restituir los más de $1.010 millones de pesos que permanecen sin rendición ni ejecución técnica.
Es del caso recordar que la defensa técnica de los imputados, liderada por el abogado Cristián Arias, ha intentado bloquear sistemáticamente la tramitación de estas causas mediante incidentes de incompetencia territorial, logrando radicar momentáneamente la arista principal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, la contundencia de las pruebas recolectadas en Antofagasta —que incluyen bitácoras de viajes, cartolas bancarias vacías y chats explícitos entre las autoridades gubernamentales de la administración anterior y el propio Alberto Larraín— forzó la reapertura de este flanco penal en el norte de Chile, consolidando una arremetida judicial que el bando boriquista pretendía sepultar en la impunidad metropolitana.
EL CORDÓN UMBILICAL DE LA IZQUIERDA Y LA CAÍDA DE LOS INTOCABLES
Para VDI Global, el Caso ProCultura representa el ejemplo más nítido del parasitismo institucional ejercido por el progresismo latinoamericano, cuyos hilos se entrelazan de manera directa con las cúpulas del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático que gobernaron el país hasta marzo pasado. Larraín, un operador estrechamente vinculado a las estructuras de poder de la centroizquierda y estrecho aliado de figuras de la plaza metropolitana como Claudio Orrego, diseñó una maquinaria de captación de recursos fiscales que estalló en julio de 2023 con el Caso Convenios y que hoy, en mayo de 2026, sigue arrojando ramificaciones delictivas.
Mientras el gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza decididamente en la implementación de medidas de orden y control fronterizo —como la reciente expulsión masiva de 80 extranjeros delincuentes y la convocatoria a la Cumbre de Seguridad de Santiago—, los tribunales continúan limpiando las cloacas financieras dejadas por el régimen de Gabriel Boric. La utilización de fundaciones fantasmas o reconvertidas a la fuerza para ejecutar labores que correspondían al Estado —como el fallido programa de prevención del suicidio "Quédate" que costó más de mil millones en la capital— demuestra que la izquierda chilena operó bajo una consigna coordinada de saqueo fiscal. Esta nueva formalización en Antofagasta confirma que no existió "prolijidad administrativa", sino una delincuencia institucionalizada que debe ser perseguida con la máxima rigurosidad penal, manteniendo a sus responsables tras las rejas de Capitán Yáber y el penal de San Miguel.
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