ESTADO DE DERECHO Y ORDEN MIGRATORIO: EL GOBIERNO DE KAST ACELERA LAS EXPULSIONES MASIVAS Y DEJA EN EVIDENCIA LA COMPLICIDAD ANTERIOR
El proceso de reordenamiento de las fronteras nacionales chilenas y la restitución del imperio de la ley penal en materia de extranjería han tomado una velocidad inédita que marca un quiebre definitivo con las políticas de fronteras abiertas de la administración anterior. Este domingo 24 de mayo de 2026, bajo la gestión directa del Presidente José Antonio Kast —a solo 74 días de haber asumido el control del país—, el Ministerio del Interior, a través de la Jefatura Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI), concretó con total éxito la expulsión masiva de 80 nuevos ciudadanos extranjeros que permanecían de forma irregular o arrastraban condenas judiciales por la comisión de delitos graves en el territorio de la República.
Este nuevo operativo, el tercer vuelo masivo coordinado en apenas 40 días desde el inicio del mandato, despegó en horas de la mañana utilizando una aeronave comercial destinada al traslado seguro y expedito de los deportados. La ruta contempló una primera escala logística en la ciudad de Iquique para proceder con la reconducción fronteriza inmediata, para luego continuar con rumbo internacional hacia Bolivia y finalizar su trayecto en Colombia. Con este hito, las estadísticas consolidadas en lo que va del año electoral y bajo las nuevas directrices gubernamentales alcanzan la cifra de 780 individuos expulsados de forma efectiva mediante operativos estatales, además de registrarse un total global de 3.229 personas que han abandonado el país, de las cuales 2.446 corresponden a procesos de salida voluntaria debidamente tramitados.
Desde la perspectiva geográfica y editorial de VDI Global en Israel, donde observamos de cerca cómo los Estados soberanos y las democracias consolidadas deben resguardar sus fronteras frente al colapso migratorio y la infiltración de redes delictivas vinculadas al crimen organizado latinoamericano, los resultados de la administración Kast son inapelables. Al utilizar las herramientas de retención de cinco días contempladas en la normativa de extranjería y activar vuelos comerciales y logísticos eficientes, el Ejecutivo chileno no solo neutraliza amenazas internas, sino que expone el rotundo fracaso moral de los partidos de la ultraizquierda (Frente Amplio y Partido Comunista) que durante cuatro años normalizaron el ingreso masivo por pasos no habilitados.
EL OPERATIVO DE DOMINGO Y LA RADIOGRAFÍA DE LOS EXPULSADOS
Los datos duros y oficiales entregados por las autoridades gubernamentales a medios autorizados como BioBioChile revelan el perfil técnico del procedimiento. El contingente de 80 expulsados estuvo compuesto mayoritariamente por 58 ciudadanos de nacionalidad colombiana y 22 de origen boliviano. De este universo, 60 extranjeros fueron removidos del territorio nacional debido a decretos de expulsión de carácter estrictamente administrativo por vulneraciones reiteradas a la Ley de Migración y Extranjería, mientras que el resto correspondía a resoluciones judiciales emitidas por los tribunales de justicia chilenos.
Entre los individuos que abordaron la aeronave se encontraba el ciudadano colombiano Michael González Hoyos, tipificado por los equipos de seguridad como un "sujeto de alto interés" criminal debido a que arrastraba una condena pendiente en los registros penales por un delito de homicidio perpetrado en el año 2015. El desalojo de este tipo de perfiles del mapa delictual chileno demuestra la consistencia con la que el nuevo equipo biministerial de Claudio Alvarado (Interior) y el titular de Seguridad, Martín Arrau, están implementando la estrategia de persecución penal contra las bandas criminales transnacionales que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla pretendieron matizar bajo el eufemismo de la "migración como derecho humano incondicional".
El uso preferente de aviones comerciales para estas expulsiones ha demostrado ser una innovación de gestión pública relevante, permitiendo al Estado sortear las trabas burocráticas y los elevados costos operativos asociados exclusivamente al uso exclusivo de aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). El director nacional del Servicio de Migraciones enfatizó que las capacidades fiscales continuarán volcadas a intensificar las fiscalizaciones en las principales áreas urbanas del país y a potenciar las reconducciones expeditas en la macrozona norte. Esto se ve respaldado por el nuevo Departamento de Expulsiones, el cual en sus primeras intervenciones operativas logró detectar a más de 300 migrantes en situación irregular en zonas críticas de la capital.
CONTRASTES POLÍTICOS: LA CAÍDA DEL RELATO INMIGRACIONISTA DE LA ULTRAIZQUIERDA
La puesta en marcha de estas medidas ha provocado una inmediata ola de críticas veladas por parte de los remanentes de la oposición ultraizquierdista. Voceros ligados a las fundaciones que promovieron el descontrol fronterizo e incluso figuras del aparato parlamentario del Frente Amplio han intentado relativizar la efectividad de las deportaciones masivas. Sin embargo, los datos de la realidad echan por tierra la retórica obstructiva. En el balance técnico comparativo, la actual administración de Kast ha logrado ejecutar más vuelos y expulsiones en poco más de dos meses que todo el régimen de Gabriel Boric durante sus primeros meses correspondientes del año 2022, periodo en el cual la frontera norte fue virtualmente abandonada a la acción de las mafias de tráfico de personas como el Tren de Aragua.
La firmeza con la que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y las autoridades del área han defendido el diseño migratorio del Presidente Kast reafirma el cumplimiento de las promesas de campaña. Las expulsiones administrativas —que en el pasado se veían truncadas por resquicios judiciales impuestos por abogados activistas de extrema izquierda o defensores de los denominados "territorios liberados"— hoy se tramitan bajo el amparo estricto de la ley, con la PDI ejerciendo sus atribuciones de retención forzosa de hasta cinco días para asegurar el embarque de los expulsados. Este cambio de paradigma explica por qué las denuncias de ingresos clandestinos han registrado una baja sostenida en las encuestas de opinión, consolidando una percepción de orden público que se refleja en el respaldo ciudadano que mantiene el oficialismo.
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