GANABA SIN TRABAJAR: EL EXEMBAJADOR GAZMURI COBRÓ CINCO MESES DE SUELDO EN DÓLARES EXPULSADO DE VENEZUELA — Y TODAVÍA NO HA DEVUELTO UN PESO
Jaime Gazmuri tiene un currículum que define perfectamente el universo moral de la izquierda chilena del siglo XXI. Fue senador por el Partido Socialista durante años. Fue el embajador que el gobierno de Gabriel Boric envió a representar a Chile ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela — uno de los gobiernos más represivos, corruptos y antidemocráticos del continente americano, cuya victoria fraudulenta en las elecciones de 2024 fue rechazada por siete países de la región, incluyendo Chile. Fue expulsado por ese mismo Maduro en julio de 2024, cuando Chile se negó a reconocer el fraude electoral. Y luego, durante cinco meses completos, cobró su sueldo de embajador en dólares desde Santiago — sin pisar Venezuela, sin ejercer ninguna función diplomática, sin representar a Chile ante ningún Estado receptor — porque el gobierno de Boric no tuvo la voluntad, el rigor o la honestidad administrativa de terminar formalmente su misión en el momento en que ésta terminó de hecho.
La Contraloría General de la República, bajo la presidenta Dorothy Pérez, determinó en febrero de 2026 que Gazmuri debió haber sido traspasado de Planta A — personal en el exterior — a Planta B — personal en el país — desde el momento en que fue expulsado. Que siguió cobrando en dólares sin justificación legal. Y que la diferencia entre lo que cobró y lo que debió haber cobrado — aproximadamente $21 millones — debe ser devuelta. A la fecha del 23 de mayo de 2026, Gazmuri no ha devuelto un peso. Ni uno.
Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la realidad chilena con la claridad que da la distancia, este caso tiene la estructura perfecta del clientelismo de izquierda latinoamericano: un militante del partido gobernante recibe un cargo diplomático de alta remuneración en dólares, es expulsado del país donde debía ejercer ese cargo, sigue cobrando como si nada hubiera pasado gracias a la inacción deliberada de sus propios correligionarios en el gobierno, y cuando el organismo contralor ordena la devolución, la propia Cancillería del gobierno saliente pide reconsideración para que su amigo no tenga que pagar. Todo a costa del contribuyente chileno. Todo sin consecuencias hasta ahora.
La cronología del aprovechamiento: cómo funciona el sistema
Para entender la dimensión del caso Gazmuri es necesario reconstruir la cronología con precisión, porque cada fecha en esta historia es una decisión deliberada — o una deliberada omisión — que tiene consecuencias económicas reales para el Estado chileno.
Julio 2024: Nicolás Maduro expulsa a los embajadores de siete países — Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Chile — por negarse a reconocer su victoria fraudulenta en las elecciones presidenciales. Gazmuri abandona Venezuela y regresa a Santiago. En términos prácticos, su misión diplomática termina en ese momento. Ya no está en Venezuela. Ya no puede ejercer ninguna función como embajador ante ese Estado. La Convención de Viena es clara: cuando el Estado receptor retira el beneplácito al jefe de misión, la destinación cesa.
Julio 2024 a enero 2025 — cinco meses: Gazmuri sigue en Santiago. Sin ejercer funciones diplomáticas. Sin representar a Chile ante ningún gobierno extranjero. Y cobrando su sueldo de embajador en dólares, correspondiente a la Planta A del Servicio Exterior, que es la escala remuneracional para el personal que se desempeña en el extranjero. El gobierno de Boric no da ninguna orden de terminar administrativamente la misión.
7 de enero de 2025: recién entonces — cinco meses después de que Gazmuri fue expulsado — el gobierno de Boric da formalmente la orden de terminar la misión diplomática. Sin explicación pública. Sin reconocimiento de que debió haberse hecho cinco meses antes.
Contraloría recibe la denuncia de diputados y de la Fundación Fuerza Ciudadana y emite en febrero de 2026 su dictamen: lo que ocurrió no fue un "llamado a consulta" — el eufemismo con que el gobierno Boric intentó justificar la situación — sino una expulsión bajo la Convención de Viena que generó el cese automático de la destinación. Gazmuri debió haber sido traspasado a Planta B desde julio de 2024. La diferencia entre lo que cobró y lo que debía cobrar: aproximadamente $21 millones.
Febrero de 2026 — tres semanas antes del cambio de mando: la Cancillería del gobierno Boric, todavía dirigida por Alberto Van Klaveren, envía un oficio reservado a Contraloría solicitando reconsideración del dictamen. El propio gobierno que pagó los cinco meses de sueldo irregular pide que no se le cobre a su exembajador. El recurso fue presentado en los últimos días del gobierno, cuando ya era imposible para la administración entrante hacer nada al respecto de inmediato.
Mayo de 2026: Contraloría sigue analizando el recurso de reconsideración. Gazmuri confirma a BioBioChile que no le han pedido ningún reembolso. Ni un peso devuelto. El reloj corre y los $21 millones siguen en el bolsillo del exembajador.
El argumento que el gobierno Boric usó y que Contraloría rechazó
La justificación que el gobierno de Boric intentó dar para los cinco meses de sueldo en dólares fue que la situación de Gazmuri correspondía a un "llamado a consulta" — un mecanismo diplomático distinto a la expulsión, que permite mantener al embajador en la nómina regular mientras se evalúa la situación bilateral.
La Contraloría lo desestimó con precisión jurídica: lo que ocurrió fue que Venezuela declaró a Gazmuri "persona non grata" conforme a la Convención de Viena — lo que genera el cese automático de la destinación — no un llamado a consulta iniciado por Chile. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre un mecanismo diplomático legítimo y una situación irregular que obligaba al traspaso inmediato a Planta B.
El gobierno sabía esa distinción. Sus propios asesores jurídicos de Cancillería la conocen. La decisión de no hacer el traspaso durante cinco meses no fue ignorancia. Fue una decisión deliberada de mantener a un correligionario en la nómina más generosa disponible mientras se resolvía qué hacer con él. Y cuando Contraloría finalmente estableció que eso era irregular, la misma Cancillería saliente presentó un recurso de reconsideración para protegerlo.
La red de prebendas: de Caracas a TVN
El caso Gazmuri no termina con los cinco meses de sueldo en dólares. Tiene un capítulo adicional que revela con claridad meridiana cómo funciona la red de prebendas de la izquierda chilena cuando sus militantes quedan sin destino.
En septiembre de 2025 — dos meses después de haber terminado formalmente su misión diplomática, mientras Contraloría analizaba la irregularidad de sus pagos — Jaime Gazmuri fue nombrado presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile. TVN. El canal estatal financiado con recursos públicos, cuyo directorio es designado por el gobierno de turno.
Es decir: expulsado de Venezuela en julio de 2024, cobró cinco meses de sueldo en dólares sin trabajar, y en septiembre de 2025 fue recompensado con la presidencia del directorio del canal estatal. El ciclo completo del clientelismo: cargo diplomático de alta remuneración → expulsión → cobro irregular cinco meses → nuevo cargo en empresa estatal. Todo dentro del ecosistema de poder del mismo partido.
Gazmuri ejerció como presidente del directorio de TVN hasta marzo de 2026, cuando el cambio de gobierno bajo Kast trajo nuevas autoridades a esa institución.
Lo que la Contraloría debe resolver y lo que el gobierno Kast debe exigir
La pelota está ahora en dos canchas simultáneas. En la Contraloría, que debe resolver el recurso de reconsideración presentado por la Cancillería Boric. Y en el gobierno Kast, que debe decidir qué hace con este expediente.
Sobre la Contraloría: el recurso de reconsideración fue presentado por el gobierno saliente con argumentos que no lograron modificar la posición del organismo en su dictamen original. La distinción entre "llamado a consulta" y expulsión bajo la Convención de Viena no cambió con antecedentes adicionales. Si los argumentos no son nuevos en sustancia, la resolución debería ser la misma: Gazmuri debe devolver los $21 millones correspondientes a la diferencia salarial de los cinco meses.
Sobre el gobierno Kast: la Cancillería actual — ya bajo el gobierno Kast — debería tener una posición activa en este proceso. La Cancillería Boric presentó el recurso de reconsideración para proteger a su exembajador. La Cancillería Kast debería retirar ese recurso o al menos declarar que no lo respalda, y exigir que Contraloría resuelva con celeridad para que la recuperación de los fondos públicos irregularmente pagados pueda comenzar.
Hasta ahora, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Fundación Fuerza Ciudadana en respuesta a solicitud de Transparencia, el 16 de abril se enviaron a Contraloría los montos que Gazmuri debería devolver "en caso de no ser acogida la solicitud de reconsideración." Eso sugiere que la Cancillería actual está esperando que Contraloría resuelva para actuar. Es una posición prudente en términos jurídicos pero que tiene el efecto práctico de mantener el reloj corriendo sin que Gazmuri devuelva nada.
El patrón que define al gobierno Boric: amigos primero, Estado después
El caso Gazmuri se inscribe en el mismo patrón que VDI Global ha documentado sistemáticamente esta semana. INDAP prestando dinero de los más vulnerables a cultivadores de marihuana y dueños de autos de $128 millones. Codelco con 26.875 toneladas de producción fantasma y 6.322 trabajadores devolviendo bonos. El Plan Habitacional con campamentos al 24% de cumplimiento. El Caso Convenios con $90 mil millones canalizados hacia organizaciones afines.
Y ahora Gazmuri: un exembajador ante el régimen de Maduro que cobró cinco meses de sueldo en dólares sin ejercer ninguna función, fue recompensado con la presidencia del directorio de TVN, y a la fecha de hoy no ha devuelto un peso de los $21 millones que la Contraloría estableció que recibió irregularmente.
La izquierda chilena habla de justicia social, de igualdad ante la ley y de probidad pública. Su gobierno trató los recursos del Estado como una red de prebendas para sus militantes, sus amigos y sus aliados ideológicos. Gazmuri es la cara más reciente de ese sistema. Un sistema que el gobierno Kast tiene la obligación de desmantelar con la misma determinación con que aprobó la Megarreforma: sin eufemismos, sin gradualidad innecesaria y sin consideraciones que no sean el interés del Estado y de los contribuyentes que lo financian.
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