LICENCIA MÉDICA PARA VIAJAR AL EXTRANJERO: EL PODER JUDICIAL SE JUZGA A SÍ MISMO Y ABSUELVE AL JUEZ URRUTIA — MIENTRAS OCHO FUNCIONARIOS VAN A REMOCIÓN

El viernes 22 de mayo de 2026, la Corporación Administrativa del Poder Judicial confirmó la apertura de ocho cuadernos de remoción contra funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Es una decisión que en cualquier institución seria debería ser el mínimo esperable. El problema es el contexto en que ocurre: de los 45 casos investigados en la CAPJ, solo 17 recibieron alguna sanción — el 38% —, 11 fueron sobreseídos, 3 absueltos y 14 correspondían a exfuncionarios que ya no estaban en el cargo cuando comenzaron las indagaciones. Y en paralelo, en el universo más amplio del Poder Judicial — jueces y ministros de corte sumariados por el mismo tipo de conducta — la gran mayoría terminó sobreseída, absuelta o con sanciones menores. Casi ninguna terminó en cuaderno de remoción.

El caso más escandaloso lo protagoniza el juez Daniel Urrutia. La semana pasada, el pleno de la Corte de Santiago lo absolvió por haber viajado a Ecuador estando con licencia médica. Un juez. Viajando al extranjero con licencia médica. Absuelto por sus propios colegas. Eso es el Poder Judicial chileno juzgándose a sí mismo con la vara que reserva para los que son de la casa.

Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la realidad chilena con la claridad que da la distancia, este episodio tiene una dimensión que va más allá del escándalo individual de Urrutia. Es la fotografía de un sistema judicial que aplica estándares distintos según quién está siendo investigado. Y que contrasta de manera insoportable con el rol que ese mismo sistema cumple cuando es el ciudadano común quien debe rendir cuentas ante él.

El universo del fraude: 1.200 funcionarios, casi el 4% con irregularidades

Conviene comenzar por los números que la Contraloría detectó y remitió a las distintas instancias del Poder Judicial. Del total de aproximadamente 1.200 funcionarios judiciales en todo el país, la auditoría identificó irregularidades en casi el 4% — es decir, en torno a 45 casos solo en la CAPJ, sin contar el universo de jueces y ministros de corte que se tramitan en las cortes de apelaciones y eventualmente en la Corte Suprema.

Casi el 4% de los funcionarios de una institución viajando al extranjero con licencia médica. En cualquier empresa privada, en cualquier servicio público con controles mínimos, eso generaría consecuencias masivas e inmediatas. En el Poder Judicial chileno generó investigaciones que en su mayoría terminaron en sobreseimientos y absoluciones, con la excepción de los ocho casos graves que ahora van a cuaderno de remoción.

La conducta en cuestión no es una zona gris jurídica ni un asunto interpretable. Una licencia médica certifica que el funcionario está incapacitado para trabajar por razones de salud. Viajar al extranjero mientras se está en esa condición es, por lo bajo, una falta a la probidad — el informe de la CAPJ lo reconoce explícitamente — y en el caso más grave, un eventual delito de fraude de subvenciones. No hay ambigüedad en el tipo de conducta. La ambigüedad está en cómo la institución decide procesarla cuando los involucrados son sus propios miembros.

El caso Urrutia: el juez que viajó a Ecuador y fue absuelto por sus colegas

El caso más emblemático y más revelador del estándar que el Poder Judicial se aplica a sí mismo es el del juez Daniel Urrutia. La semana pasada, el pleno de la Corte de Santiago — compuesto por los propios ministros de esa corte, colegas de Urrutia en el sistema judicial — lo absolvió por haber viajado a Ecuador estando con licencia médica.

No hay manera de presentar ese resultado como razonable dentro de los parámetros de cualquier sistema de rendición de cuentas que se tome en serio. Un juez cuya función principal es aplicar la ley y sancionar a quienes la infringen, que viola las condiciones de su propia licencia médica viajando al extranjero, y que es absuelto por sus propios pares institucionales. Si ese juez hubiera sido un empleado municipal, un funcionario del SERVIU o un trabajador del INDAP, la Contraloría habría instructado un sumario con sanción y nadie habría levantado la voz para defenderlo.

Pero Urrutia es juez. Y los jueces se juzgan entre ellos. Con la misma vara con que absuelven a los propios, procesan al resto.

El contraste que el Poder Judicial no puede ignorar

El informe de La Tercera señala un dato que el Poder Judicial debería tener muy presente: la Tercera Sala de la Corte Suprema — que integra el ministro Astudillo, uno de los cinco miembros del Consejo Superior que decidirá el destino de los ocho cuadernos de remoción — ha dado luz verde a todas las destituciones de funcionarios públicos ajenos al Poder Judicial que recurrieron vía recurso de protección por el mismo tipo de conducta.

Es decir: la misma Corte Suprema que tiene en sus manos los cuadernos de remoción de sus propios funcionarios ha avalado sistemáticamente que trabajadores del Estado fuera del Poder Judicial sean destituidos por viajar con licencia médica. Para ellos: destitución confirmada vía recurso de protección. Para los propios: sobreseimiento, absolución o cuaderno de remoción que todavía espera definición.

Ese doble estándar no pasa desapercibido en el mundo jurídico chileno. Y no debería pasar desapercibido en la opinión pública. El Poder Judicial es la institución que imparte justicia en Chile. Su legitimidad depende directamente de que aplique los mismos principios que exige al resto. Cuando esa institución se exime a sí misma de los estándares que aplica a terceros, no solo comete una irregularidad administrativa. Erosiona el fundamento mismo de su autoridad moral para juzgar a otros.

Los ocho cuadernos de remoción y lo que viene

Los ocho cuadernos de remoción abiertos corresponden a los funcionarios de la CAPJ cuyas sanciones fueron catalogadas como graves. Estos casos pasan ahora al Consejo Superior de la CAPJ, integrado por la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, y los ministros Mauricio Silva, Jorge Zepeda, Omar Astudillo y la ministra Andrea Muñoz. Son ellos quienes decidirán si los cuadernos de remoción abiertos efectivamente terminan en destituciones.

Adicionalmente, hay seis casos confirmados en segunda instancia por el Consejo Superior, que una vez que los fallos estén firmes también deberán pasar por la evaluación de apertura de cuaderno de remoción. Y — el dato más significativo — la Corte Suprema revisará todos los sumarios del universo judicial más amplio, incluyendo los que vienen sobreseídos, y podría en ese proceso abrir cuadernos de remoción para jueces que sus propias cortes de apelaciones ya absolvieron.

Ese es el escenario en que lo que ocurra en la CAPJ funciona como precedente. Si los ocho cuadernos de remoción terminan en destituciones efectivas, la Suprema tendrá más dificultad para aplicar un estándar diferente con los jueces. Si los cuadernos de remoción de la CAPJ terminan en sanciones menores o en absoluciones, la señal será que el Poder Judicial encontró la manera de cerrar el escándalo sin consecuencias reales para ninguno de los involucrados.

El juez Urrutia: el perfil que hace más escandalosa la absolución

El juez Daniel Urrutia no es un nombre desconocido en la política chilena. Es uno de los magistrados más activos públicamente, con posicionamientos que lo ubican sistemáticamente en la izquierda del espectro político, con declaraciones públicas frecuentes sobre temas que van más allá de la función estrictamente jurisdiccional. Es el tipo de juez que los medios progresistas citan con frecuencia como voz autorizada sobre temas de derechos humanos y justicia social.

Que ese juez haya viajado a Ecuador con licencia médica y que la Corte de Santiago lo haya absuelto no es un episodio administrativo menor. Es la demostración de que en el Poder Judicial chileno hay una cultura de protección corporativa que opera con independencia del mérito jurídico de los casos. Y que esa cultura afecta especialmente a los jueces con mayor visibilidad pública e ideológica, porque su eventual sanción tendría un costo político que sus colegas prefieren no asumir.

Desde VDI Global lo decimos con la claridad que nos caracteriza: la absolución de Urrutia es un escándalo institucional. No porque Urrutia sea de izquierda — la conducta que se le imputa sería igualmente reprochable con cualquier sesgo ideológico — sino porque demuestra que el sistema de rendición de cuentas interno del Poder Judicial chileno no funciona cuando el investigado tiene suficiente capital institucional para ser protegido por sus pares.

Lo que el gobierno Kast debe exigir

El gobierno de José Antonio Kast tiene ante sí una oportunidad y una obligación en este asunto. La oportunidad: usar el escándalo de las licencias médicas fraudulentas como plataforma para exigir al Poder Judicial que aplique a sus propios miembros los mismos estándares que su jurisprudencia ha consolidado para el resto del Estado. La Tercera Sala de la Suprema ya tiene fijada esa jurisprudencia. Aplicarla consistentemente es una cuestión de coherencia institucional elemental.

La obligación: no callarse. Un gobierno que prometió que en Chile la ley se aplica igual para todos no puede mirar para otro lado cuando el órgano encargado de aplicar esa ley se exime a sí mismo de sus propias normas. La ministra de Justicia del gobierno Kast tiene instrumentos institucionales para expresar públicamente la posición del Ejecutivo sobre los estándares de probidad que se esperan de todos los funcionarios públicos — incluyendo los del Poder Judicial.

Chile tiene un problema sistémico de doble estándar institucional. Los ciudadanos comunes son juzgados con una vara. Los funcionarios del Estado con otra. Y los funcionarios del Poder Judicial con una tercera que sus propios colegas administran. Eso no es justicia. Es corporativismo institucionalizado. Y merece ser llamado por su nombre.

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