RECURRIRÁN A CUALQUIER COSA PARA NO PAGAR: LOS DEUDORES DEL CAE LLEGAN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL — Y BORIC ES EL RESPONSABLE DE ESTE DESASTRE CULTURAL

Al menos cinco deudores del Crédito con Aval del Estado presentaron requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El argumento: el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda de naturaleza civil. Antes habían intentado las Cortes de Apelaciones — 239 recursos declarados inadmisibles, un 74% de rechazo —. Antes de eso, habían intentado recursos de protección. Y antes de todo eso, habían esperado que la promesa de Gabriel Boric de condonar el CAE se materializara. No se materializó. Y ahora recurren al Tribunal Constitucional en busca del atajo que les permita no pagar lo que contrajeron voluntariamente.

Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la realidad chilena con la claridad que da la distancia y el rigor del análisis político, este episodio tiene una dimensión que va mucho más allá del debate jurídico sobre si el CAE es una deuda civil o tributaria. Es el retrato de un daño cultural profundo que el gobierno de Gabriel Boric causó deliberadamente con una promesa que sabía que no podía cumplir — o que no le importó cumplir — y cuyas consecuencias el gobierno de Kast y el conjunto de la sociedad chilena están pagando hoy.

El diputado Ricardo Neumann de la UDI lo dijo con precisión en su declaración: Boric creó "un daño cultural" con la promesa de condonación. Y tiene razón. Pero eso requiere una explicación que los medios convencionales no hacen y que VDI Global sí hace.

La promesa que Boric nunca debió hacer y sus consecuencias concretas

El Crédito con Aval del Estado es un instrumento financiero que permite a estudiantes de educación superior acceder a financiamiento bancario con garantía estatal. No es una beca. No es un subsidio. Es un crédito. Un contrato entre una persona y un banco, con el Estado como garante, que establece una obligación de pago con intereses y plazo definidos. Cuando alguien firma ese contrato, acepta libremente las condiciones. Nadie fue engañado sobre la naturaleza del instrumento.

Durante la campaña presidencial de 2021 y a lo largo de su gobierno, Gabriel Boric instaló en el imaginario de cientos de miles de deudores del CAE la expectativa concreta de que su deuda sería condonada. No como una aspiración de largo plazo sujeta a condiciones. Como una promesa política específica que formó parte de su programa y de su retórica permanente.

Esa promesa no se cumplió. El gobierno de Boric terminó el 11 de marzo de 2026 sin haber condonado el CAE. Las razones son múltiples y van desde la falta de voluntad política real hasta la imposibilidad jurídica y fiscal de ejecutarla. Pero el daño ya estaba hecho. Cientos de miles de personas que debían pagar su crédito decidieron no hacerlo — o pausar el pago — esperando la condonación que nunca llegó. Y cuando la Tesorería General de la República comenzó a cobrar con los mecanismos legales disponibles, esas mismas personas se encontraron en mora, con deuda acumulada y con la convicción — instalada por el propio gobierno — de que el cobro era una injusticia.

Ese es el daño cultural que Neumann identifica. No es un concepto abstracto. Es una generación de deudores que Boric convenció de que no pagar era legítimo, que la deuda era ilegítima y que el Estado eventualmente les daría la razón. Y cuando el Estado no les dio la razón — porque el Estado de derecho funciona conforme a contratos, no a promesas electorales —, esa generación comenzó a buscar atajos legales para evitar el pago.

El recorrido de los atajos: de las Cortes al TC

La secuencia de maniobras jurídicas que los deudores del CAE han intentado desde que la Tesorería comenzó sus cobros es el retrato más elocuente de lo que ocurre cuando una generación es convencida de que no debe pagar lo que debe.

Primer intento: recursos ante las Cortes de Apelaciones del país. Resultado: 239 recursos declarados inadmisibles. Un 74% de rechazo. Las cortes respaldaron masivamente los cobros de la Tesorería porque el mecanismo es legal, está establecido en la ley y tiene sustento jurídico sólido.

Segundo frente: la Contraloría. Este viernes la propia Dorothy Pérez frenó el cobro a una deudora específica cuya retención de impuestos estaba afectando el pago de sus cotizaciones previsionales — una situación de caso individual con condiciones particulares. Pero la Tesorería aclaró de inmediato que ese pronunciamiento de la Contraloría "no elimina ni limita las facultades de cobranza respecto a las deudas del CAE." Es decir: no es una victoria general. Es una excepción individual que los medios de comunicación más cercanos a la narrativa de la condonación intentarán presentar como un precedente general.

Tercer intento, el más reciente: el Tribunal Constitucional. El argumento de los cinco requerimientos presentados es técnicamente específico — el CAE es una deuda civil y no debería cobrarse mediante procedimiento tributario — y tiene, según algunos abogados consultados, una base jurídica que merece ser examinada caso a caso. El abogado Marcelo Brunet reconoció que existe una base real para el argumento pero aclaró que, aunque prosperara, no resolvería el problema de los morosos. Es decir: incluso el mejor escenario jurídico para los deudores — que el TC acoja los requerimientos — no significa que la deuda desaparece. Solo que el mecanismo de cobro debe cambiarse. La deuda sigue existiendo.

Eso es lo que los deudores del CAE y sus abogados no dicen con suficiente claridad. El debate no es sobre si deben pagar. Es sobre cómo se les cobra. Y mientras ese debate se resuelve en el TC, el reloj sigue corriendo, los intereses siguen acumulándose y la deuda total del sistema sigue creciendo.

El argumento jurídico: válido para examinar, insuficiente para no pagar

La distinción que plantean los requerimientos ante el TC merece ser explicada con precisión porque es técnicamente real aunque procesalmente insuficiente como excusa para no pagar.

El CAE es efectivamente un crédito de naturaleza civil — un préstamo entre un banco privado y un estudiante, con aval estatal. Cuando el banco cede la deuda al Estado por incumplimiento del deudor, el Estado la cobra. Y lo hace mediante el mecanismo de cobranza de la Tesorería General de la República, que incluye la retención de devoluciones de impuestos y otros instrumentos propios del sistema tributario.

El argumento de los deudores es que ese mecanismo tributario no puede aplicarse a una deuda de naturaleza civil. Que el Estado debería cobrarla mediante juicio ejecutivo civil. Ese es un debate jurídico legítimo que el Tribunal Constitucional deberá resolver.

Pero hay dos cosas que ese debate no modifica en ningún escenario. Primera: la deuda existe. Fue contraída voluntariamente. Tiene un monto, unos intereses y un plazo. Nada de eso cambia según el mecanismo de cobro. Segunda: el TC no tiene competencia para condonar deudas. Puede, en el mejor caso para los deudores, ordenar que el cobro se haga por vía civil en lugar de tributaria. Pero la deuda se sigue debiendo.

Lo que los deudores buscan en el TC no es una resolución jurídica que aclare el mecanismo correcto de cobro. Buscan tiempo. Cada instancia nueva — Cortes de Apelaciones, Contraloría, Tribunal Constitucional — es un mecanismo de dilación que posterga el momento del pago. Y en ese juego, el Estado y los contribuyentes que garantizaron esos créditos son los que acumulan el costo de la demora.

Lo que el gobierno Kast debe sostener sin vacilación

La posición del gobierno de Kast en este asunto debe ser clara, consistente y sin ambigüedades. La Tesorería está haciendo lo que le corresponde: cobrar deudas legalmente establecidas mediante los mecanismos que la ley le otorga. La Tesorería ya lo confirmó respecto al pronunciamiento de la Contraloría: el dictamen no limita las facultades de cobranza.

El gobierno Kast no puede ceder ante la presión política de los deudores del CAE. No porque sea insensible a la situación de quienes genuinamente tienen dificultades para pagar — para ese caso existen mecanismos de reprogramación que el propio sistema contempla —. Sino porque ceder en el principio de que las deudas se pagan sería institucionalizar el daño cultural que Boric instaló y confirmarle a una generación entera que las promesas electorales tienen más valor jurídico que los contratos firmados.

El diputado DC Héctor Barría "valoró los múltiples caminos que han tomado los morosos." No es sorpresa que la DC vea con buenos ojos que sus potenciales votantes eviten pagar sus deudas. Pero ese es exactamente el tipo de populismo irresponsable que Chile no puede permitirse si quiere ser el país serio que Kast prometió reconstruir.

Las deudas se pagan. Los contratos se respetan. Las promesas electorales no tienen fuerza legal. Y el Tribunal Constitucional no es una instancia de condonación. Esas son las cuatro verdades que este gobierno debe sostener mientras los deudores del CAE recurren a cualquier cosa para no pagar.

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