ROBO INSTITUCIONALIZADO: 6.322 TRABAJADORES DE CODELCO DEBEN DEVOLVER US$14,3 MILLONES DE BONOS QUE COBRARON POR PRODUCCIÓN QUE LA MAFIA PACHECO INVENTÓ
El viernes 22 de mayo de 2026, La Tercera confirmó el dato que cierra el círculo del escándalo más grave de la gestión de Codelco bajo el gobierno de Boric: más de 6.322 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz deberán devolver parte de los bonos que recibieron por cumplimiento de metas de producción del año 2025. El monto total a restituir: US$14,3 millones. Un promedio de aproximadamente $2 millones por empleado. Dinero que cobró cada uno de esos trabajadores creyendo — en la gran mayoría de los casos — que lo hacía porque la empresa había cumplido sus metas. Dinero que en realidad correspondía a 26.875 toneladas de cobre que no existían como producción terminada, incluidas en los registros oficiales mediante lo que la propia auditoría calificó como "uso improcedente de normas de excepción."
Ese es el resultado final de lo que VDI Global documentó esta semana bajo el titular de La Mafia Pacheco y su Boss. La producción fantasma de Codelco no fue solo un escándalo de cifras corporativas. Fue un robo institucionalizado que tiene dos víctimas simultáneas: el Estado chileno — dueño de Codelco — que pagó bonos por metas que no se cumplieron, y los 6.322 trabajadores que ahora deben devolver dinero que cobraron de buena fe porque alguien más arriba en la cadena de mando decidió inflar los números para que los registros cerraran bien.
Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la realidad chilena con la perspectiva que da la distancia y el rigor del análisis geopolítico y político, este episodio tiene una dimensión que va más allá del escándalo corporativo. Es la expresión más concreta y más humana del costo que tiene el fraude institucional cuando los que lo ejecutan son los de arriba y los que pagan son los de abajo.
Los números que definen el tamaño del daño
La directora del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, Tamara Agnic — quien lideró la auditoría que destapó el fraude — fue precisa en su declaración a La Tercera: "La corrección de los volúmenes de producción reportados hace necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores. Ese proceso involucra a 6.322 trabajadores y ejecutivos por un monto estimado de US$14,3 millones."
La desagregación por división confirma el alcance del problema. Chuquicamata — con una dotación de 3.992 trabajadores, la que aportó las 20.000 toneladas de óxidos que no cumplían requisitos para ser consideradas producción terminada — es la división más afectada en número de personas. Ministro Hales, con 832 trabajadores y las 6.875 toneladas de arsénico de calcio irregularmente registradas, es el segundo foco. Y la Casa Matriz, con 705 personas, completa el universo de afectados.
La vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, agregó un dato que agrava aún más el cuadro de negligencia institucional bajo el gobierno Boric: Cochilco ya tenía sospechas de las cifras en febrero de 2026 — antes incluso de que terminara el gobierno anterior — y había iniciado su propia auditoría que luego comunicó a la empresa. "Para ser bien honesta, el riesgo que nosotros vimos es que efectivamente había desviaciones en la producción. Ese es el riesgo que se observó y eso es lo que lleva a que amerite que se haga una auditoría al respecto."
Es decir: el organismo regulador del cobre chileno detectó el problema en febrero. La denuncia anónima interna llegó el 3 de marzo. La auditoría se completó en mayo. El directorio actual — ya bajo el gobierno Kast — fue quien destapó, comunicó y presentó la denuncia a la Fiscalía. Máximo Pacheco, presidente del directorio durante todo el período en que ocurrieron las irregularidades, se fue el 25 de mayo. Cinco días después de que el escándalo estalló públicamente.
La distinción que el análisis serio no puede ignorar: víctimas y responsables
VDI Global ha documentado este caso con el título de "La Mafia Pacheco y su Boss." Y ese encuadre editorial es correcto para los responsables de la decisión de inflar las cifras. Pero hay una dimensión del episodio que ningún análisis serio puede ignorar sin perder rigor: los 6.322 trabajadores que deben devolver bonos en su gran mayoría no son los responsables del fraude. Son sus víctimas más directas.
Un trabajador de base en Chuquicamata no decide qué se registra como producción terminada y qué se registra como producto en proceso. Esa decisión la tomaron los ejecutivos que la auditoría identifica en ocho personas — entre ellas un exvicepresidente de Operaciones y un gerente de presupuesto desvinculado. Esos trabajadores cobraron sus bonos porque el sistema de incentivos de la empresa les dijo que las metas habían sido cumplidas. Porque alguien más arriba en la cadena había manipulado los registros para que los números cerraran en positivo al 31 de diciembre de 2025.
Y ahora esos mismos trabajadores deberán devolver un promedio de $2 millones por persona. Dinero que ya gastaron. Dinero que en muchos casos ya no tienen. Dinero que cobrar de buenos fe y que ahora el sistema les reclama porque los ejecutivos que estaban a cargo de garantizar la integridad de las cifras corporativas decidieron que cerrar bien el año era más importante que respetar las normas.
Tamara Agnic reconoció esa dimensión en su declaración: "Ese proceso debe realizarse con gradualidad y apego a derecho, considerando que se trata de personas que recibieron pagos calculados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida como resultado de la auditoría."
Gradualidad y apego a derecho. Bien dicho. Pero eso no resuelve el problema de fondo: los trabajadores pagan por el fraude de sus ejecutivos. Eso es la definición operacional del robo institucionalizado.
Cochilco lo sabía en febrero: ¿por qué nadie actuó?
El dato más inquietante que emergió este viernes es la confirmación de que Cochilco tenía sospechas sobre las cifras de producción de Codelco desde febrero de 2026. El gobierno de Boric terminaba el 11 de marzo. Entre febrero y el 11 de marzo, el organismo regulador del cobre chileno tenía información que sugería desviaciones en la producción de la empresa estatal más importante del país — y esa información no se tradujo en ninguna acción pública durante la gestión Boric.
¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie en los medios convencionales está haciendo con la contundencia que merece. Cochilco detectó el problema. Lo comunicó a la empresa — que lo confirma en su relato de los hechos. Pero no lo comunicó públicamente. No emitió ninguna alerta. No exigió ninguna corrección inmediata. Dejó pasar el cierre de gobierno de Boric sin que el escándalo estallara.
Hay dos interpretaciones posibles. La primera es la más benigna: Cochilco siguió el procedimiento correcto, comunicó sus dudas a la empresa y esperó que el proceso interno de auditoría se completara antes de actuar externamente. Eso es razonable en términos de protocolo regulatorio. La segunda interpretación, más incómoda, es que en los últimos meses del gobierno Boric nadie en el ecosistema institucional que rodeaba a Codelco tenía incentivos para hacer estallar públicamente un escándalo que involucraba al directorio nombrado por ese mismo gobierno.
No estamos afirmando que la segunda interpretación es la correcta. Estamos señalando que la pregunta existe y que merece una respuesta que hasta ahora nadie ha dado.
El impacto en la Fiscalía y lo que viene
El directorio de Codelco ya presentó denuncia ante el Ministerio Público para que investigue la eventual existencia de delitos. Con la cifra de US$14,3 millones en bonos que deben ser devueltos, el cuadro jurídico que enfrenta la investigación fiscal tiene al menos dos dimensiones que merecen ser desarrolladas.
La primera es la responsabilidad penal de quienes tomaron la decisión de registrar como producción terminada material que no cumplía los requisitos normativos. La auditoría identificó ocho personas — siete activas al momento de la investigación y un exejecutivo. El gerente de presupuesto y control de gestión César Márquez fue desvinculado. El exvicepresidente de Operaciones Mauricio Barraza está en la mira de la investigación. Pero la pregunta que la Fiscalía debe responder es si la decisión fue tomada en ese nivel gerencial o si tuvo aval — explícito o implícito — de niveles superiores, incluyendo la presidencia del directorio.
La segunda dimensión es la recuperación de los US$14,3 millones. Agnic señaló que el proceso debe realizarse "con gradualidad y apego a derecho." Eso es correcto como principio. Pero hay una asimetría que la Fiscalía debería considerar: los trabajadores de base recibirán el proceso de devolución gradual y apegado a derecho. Los ejecutivos responsables deberían recibir el proceso más expedito y más contundente disponible en el ordenamiento jurídico. Que los que pagan más rápido sean los que menos responsabilidad tienen en el origen del fraude sería la última expresión de la injusticia institucionalizada que caracterizó la gestión de Codelco bajo Pacheco.
El patrón Boric completo: de la producción fantasma a los bonos devueltos
Este episodio cierra el círculo del legado económico e institucional del gobierno de Boric en Codelco con una coherencia que no necesita interpretación. La empresa estatal más importante de Chile cerró el año 2025 — el último año completo del gobierno Boric — con cifras de producción infladas. Con un diciembre que fue "el mejor mes de la década" gracias a 26.875 toneladas que no cumplían los requisitos para ser producción terminada. Con bonos pagados a 6.322 trabajadores y ejecutivos por metas que en realidad no se habían cumplido. Con un directorio presidido por Máximo Pacheco que declaró públicamente que el salto de diciembre era "limpieza de inventario" y "buena administración." Y con Cochilco detectando el problema en febrero sin que nadie lo hiciera público antes del 11 de marzo.
Ahora esos 6.322 trabajadores deben devolver en promedio $2 millones cada uno. El gobierno Kast enfrenta la tarea de recuperar US$14,3 millones, procesar la denuncia fiscal, disciplinar a los responsables y reconstruir los controles internos de una empresa que los tuvo sistemáticamente desactivados durante el período más relevante.
Suma y sigue. El legado Boric sigue revelando su verdadero tamaño. Y el que paga el precio final, como siempre, no es quien tomó las decisiones. Son los 6.322 trabajadores que ahora deben devolver bonos que cobraron de buena fe.
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