El expresidente Gabriel Boric, quien recién en febrero cumplió 40 años, ya recibe hoy y de por vida una dieta vitalicia financiada íntegramente por los impuestos de todos los chilenos, sin necesidad de esperar la edad legal de jubilación que rige para el resto de la ciudadanía. Ese privilegio, ya cuestionable en sí mismo desde una perspectiva de sentido común fiscal, volvió al centro del debate público esta semana después de que el propio Boric compartiera en sus redes sociales un video en el que el vocalista de la banda Candelabro, Matías Ávila, calificó al actual presidente José Antonio Kast y a su gobierno como "imbéciles". La reacción no se hizo esperar: la bancada de diputados de la UDI anunció que reingresará, para septiembre, el proyecto de ley que busca que la dieta de los expresidentes se pague recién a partir de los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres, la misma edad de jubilación legal que rige para el resto de los chilenos.

Lo que realmente ocurrió: el respaldo de Boric a un insulto ajeno

Conviene ser preciso sobre los hechos, con el mismo rigor que esta columna exige en cualquier controversia política. Boric no pronunció personalmente la palabra "imbéciles" contra el gobierno de Kast: compartió, en sus historias de Instagram, un extracto de una entrevista realizada en el programa La Junta Plus, conducido por Julio César Rodríguez, en la que el vocalista de Candelabro, Matías Ávila, respondiendo a una pregunta sobre su confianza en la juventud actual, declaró: "creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo". El expresidente acompañó esa publicación con un mensaje de respaldo explícito hacia el grupo musical: "grandes Mati, Javi y Franco".

Es una distinción relevante: Boric no formuló el insulto directamente, pero sí decidió amplificarlo desde su cuenta personal —con millones de seguidores— y expresar su respaldo público a quien lo pronunció, sin matizar ni distanciarse en absoluto del contenido específico de esas declaraciones hacia el actual jefe de Estado y su gabinete. Esta columna considera que esa distinción técnica, aunque real, no atenúa sustancialmente la gravedad del gesto: compartir y celebrar un insulto directo contra el presidente en ejercicio, desde la cuenta oficial de un expresidente de la República, constituye en los hechos una forma de respaldo activo a ese mismo insulto, más allá de que la autoría material de la palabra corresponda a un tercero.

La reacción transversal: desde el oficialismo hasta la propia UDI

La reacción a este gesto fue amplia y transversal dentro de la coalición de gobierno. El diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del propio Presidente y militante del Partido Republicano, fue el primero en cuestionar públicamente al exmandatario: "¿pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente, su lado activista le vuelve a ganar al expresidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal Gabriel Boric". El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, calificó la conducta de Boric como "indigna", acusando que el exmandatario "confirma que no tiene ningún respeto por la investidura presidencial al compartir mensajes de odio en sus redes sociales", en una declaración en que además vinculó este episodio con controversias anteriores del propio Boric —entre ellas, según la caracterización del propio Bruna, haber "insultado a los militares" en ocasiones previas—, un antecedente que esta columna no puede verificar de manera independiente en el marco de esta nota y que corresponde, por tanto, atribuir exclusivamente a la interpretación del propio dirigente republicano.

Quizás la reacción más reveladora, por provenir de un sector que no comparte necesariamente la línea más dura del Partido Republicano, fue la del timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en el programa Conectados de Radio Agricultura ofreció una reflexión particularmente mordaz: "yo creo que estaba curado, pero la otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante". Ramírez fue explícito en reconocer que, pese a nunca haber compartido las ideas del exmandatario y haber ejercido oposición durante su gobierno, "no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta", contrastando esta conducta con la actitud que el propio Boric mantuvo durante el proceso de cambio de mando, que el propio Ramírez describió como respetuosa hacia las instituciones.

El reingreso del proyecto: la dieta desde los 65 años

Fue en ese contexto que los diputados de la UDI Sergio Bobadilla y Eduardo Cretton anunciaron formalmente que reingresarán, en septiembre, el proyecto de ley que había sido rechazado en septiembre de 2025 por falta de quórum, y que busca establecer que la dieta de los expresidentes se pague recién desde los 65 años en el caso de los hombres, y desde los 60 en el de las mujeres, alineando ese beneficio con la edad de jubilación legal que rige para el resto de la ciudadanía chilena. Los parlamentarios fueron explícitos en vincular la reactivación de la iniciativa con este episodio específico: "en medio de la actual emergencia laboral que enfrenta nuestro país y la estrechez fiscal que heredamos tras el irresponsable manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior, resulta de toda lógica que la dieta de los expresidentes de Chile se pague desde la edad legal de jubilación".

Bobadilla y Cretton fueron igualmente directos en su reproche hacia la conducta de Boric: "quien recibe una dieta que es financiada con los impuestos de todos los chilenos tiene el deber de contribuir con el respeto a nuestras instituciones y mantener siempre un estándar republicano, independiente del cargo que haya ocupado". Y agregaron una crítica que conecta este episodio con la trayectoria política previa del exmandatario: "es muy preocupante que, a menos de cinco meses de haber dejado La Moneda, el expresidente Gabriel Boric haya vuelto a caer en las mismas prácticas que marcaron buena parte de su trayectoria como dirigente estudiantil y como parlamentario, recurriendo nuevamente a las descalificaciones".

Por qué el título de "jubilado premium" describe con precisión el problema de fondo

Esta columna considera que el concepto de "jubilado premium" captura con exactitud la anomalía que este episodio ha puesto nuevamente sobre la mesa. Gabriel Boric, con apenas 40 años de edad, ya percibe hoy una dieta vitalicia de expresidente, sin ninguna relación con la edad de jubilación legal —65 años para hombres, 60 para mujeres bajo el sistema previsional chileno tradicional— que rige para la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Es decir, mientras un chileno común debe cotizar y esperar durante décadas para acceder a una pensión de vejez, un expresidente accede de manera inmediata y automática a un beneficio vitalicio financiado con fondos públicos, independientemente de su edad al momento de dejar el cargo. Esta asimetría, que ya resultaba difícil de justificar en abstracto desde una perspectiva de equidad fiscal, se vuelve considerablemente más difícil de sostener cuando el propio beneficiario de ese privilegio protagoniza, apenas meses después de dejar el poder, un episodio que la propia oposición transversal calificó como una "afrenta a la institucionalidad".

El argumento de fondo: sentido común fiscal, no solo represalia política

Esta columna reconoce que existe el riesgo legítimo de que la reactivación de este proyecto específico, en el momento preciso de esta controversia, se perciba como una represalia política dirigida contra la figura de Boric en particular, más que como una reforma estructural de sentido común aplicable a cualquier expresidente, presente o futuro, independientemente de su color político. Es una crítica que merece consideración seria: el propio texto del proyecto, que ya había sido rechazado en 2025 por falta de quórum —es decir, antes de este episodio específico—, sugiere que la UDI ya consideraba esta reforma necesaria con anterioridad a la controversia de Candelabro, lo que atenúa parcialmente la lectura de pura represalia coyuntural.

Dicho esto, esta columna respalda el contenido sustantivo de la iniciativa, independientemente del momento político en que se reactive: no existe justificación razonable para que un beneficio vitalicio financiado con recursos públicos —la dieta de expresidente— se otorgue sin ninguna relación con la edad de jubilación que la propia legislación chilena exige al resto de sus ciudadanos. Que un expresidente que deja el cargo a los 40, 45 o 50 años reciba de inmediato una pensión vitalicia equivalente, mientras un profesor, un obrero o un pequeño empresario deben esperar hasta los 65 años para acceder a su propia jubilación, es una asimetría que la ciudadanía tiene todo el derecho a cuestionar, en un momento además de particular estrechez fiscal para el país, documentada extensamente por esta columna en su cobertura sobre el deterioro económico reciente.

El costo reputacional para Boric: la reincidencia como patrón

Más allá del debate legislativo específico sobre la dieta, esta columna considera relevante señalar el patrón de conducta que este episodio confirma respecto de la figura de Boric tras dejar la presidencia. El propio Guillermo Ramírez fue elocuente al contrastar la actitud respetuosa que el exmandatario mantuvo durante el propio proceso de cambio de mando con lo que describió como una reincidencia en prácticas de descalificación que ya lo habían caracterizado durante su etapa de dirigente estudiantil y parlamentario, antes de asumir la presidencia. Que un expresidente, apenas cinco meses después de dejar La Moneda, vuelva a adoptar un rol activo de crítica pública hacia su sucesor mediante la amplificación de insultos directos —y no de argumentos políticos sustantivos sobre políticas públicas concretas, que serían plenamente legítimos como ejercicio de oposición informada—, es un patrón que erosiona el estándar de responsabilidad institucional que la propia ciudadanía espera de quien ha ocupado la primera magistratura del país, independientemente del signo político de quien la ejerza en cada momento.

Lo que corresponde exigir: reciprocidad institucional, no solo silencio

Esta columna no sostiene que los expresidentes deban renunciar a su derecho legítimo de opinar sobre la contingencia política nacional una vez que dejan el cargo: la crítica informada y sustantiva a las políticas de cualquier gobierno, incluso desde un expresidente, es parte legítima del debate democrático. Lo que sí corresponde exigir, como bien plantearon Bobadilla y Cretton, es que ese ejercicio de opinión se mantenga dentro de un estándar de responsabilidad republicana, evitando la amplificación de insultos personales directos hacia la máxima autoridad del país en ejercicio. La dieta vitalicia financiada por todos los chilenos no es, ni debería ser, un cheque en blanco que eximiera a quienes la reciben de ese estándar mínimo de conducta institucional, particularmente cuando ese mismo beneficio ya representa, en sí mismo, un privilegio que trasciende ampliamente lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos que financian esa dieta reciben del propio Estado en materia previsional.

Conclusión: un debate que trasciende la coyuntura de Candelabro

El episodio puntual de esta semana —Boric compartiendo el respaldo a un músico que insultó a Kast— probablemente se disipará del ciclo noticioso en pocos días, como suelen hacerlo las controversias de redes sociales. Lo que no debería disiparse, y que esta columna respalda que la UDI mantenga como prioridad legislativa más allá de la coyuntura específica que la reactivó, es la reforma de fondo que busca alinear la dieta vitalicia de los expresidentes con la edad de jubilación legal que rige para el resto de los chilenos. Que un "jubilado premium" de 40 años pueda seguir recibiendo ese beneficio de por vida, mientras protagoniza episodios que la propia clase política transversal califica como impropios de la investidura que ostentó, es precisamente el tipo de privilegio injustificado que esta línea editorial, consistente en su exigencia de rigor fiscal y responsabilidad institucional aplicada por igual a todos los sectores, no puede dejar de cuestionar.