Lo que comenzó como una crítica pública de dos ministros del gabinete de José Antonio Kast contra la sobretasa arancelaria de 12,5% impuesta por Estados Unidos a las exportaciones chilenas, escaló esta semana hasta convertirse en un episodio diplomático de proporciones mayores: el propio embajador de Donald Trump en Santiago, Brandon Judd, reprendió públicamente a integrantes del gabinete chileno durante un cóctel de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, mientras trascendía que Washington exige a Chile, como condición para reducir el arancel, modificar el Tratado de Libre Comercio vigente desde hace más de veinte años. Esta columna, que ya documentó en profundidad el origen del arancel y las críticas del ministro de Defensa Fernando Barros, actualiza ahora su cobertura con los detalles de un episodio que confirma, con más fuerza que nunca, que la apuesta de Kast por un alineamiento estrecho con la administración Trump está siendo puesta a prueba de la manera más incómoda posible.

El episodio del Ritz: un embajador que cruza la línea diplomática

El incidente central de esta semana ocurrió el miércoles por la noche, durante el cóctel organizado por Amcham Chile para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, en uno de los salones del Hotel Ritz de Santiago. Ante unas 150 personas —en su mayoría empresarios y socios de la cámara binacional, pero también autoridades de gobierno, entre ellas la ministra de Energía Ximena Rincón y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez—, el embajador Brandon Judd criticó duramente a los ministros Fernando Barros (Defensa) y Jaime Campos (Agricultura) por sus declaraciones públicas cuestionando el arancel. Según testigos presenciales citados por La Tercera, "a lo menos en seis ocasiones Judd dijo que las negociaciones que lleva adelante la subsecretaria Estévez se perjudican cuando otros ministros hacen declaraciones sin tener idea de lo que hablan".

El embajador no se limitó a la crítica indirecta: emplazó directamente a los empresarios chilenos presentes con una frase que esta columna considera reveladora del tono impropio de la intervención: "ustedes reclamen a sus autoridades para que no den declaraciones sobre la relación con Estados Unidos". Es difícil imaginar una intervención más contraria a los usos diplomáticos habituales que la de un embajador extranjero incitando públicamente al empresariado local a presionar a sus propias autoridades de gobierno para que guarden silencio. El canciller Francisco Pérez Mackenna, que también había sido invitado al evento, decidió no asistir, en lo que se interpretó como una señal deliberada de distancia frente a la aplicación unilateral de la sobretasa arancelaria.

Judd no se retractó al día siguiente: por el contrario, insistió en sus declaraciones ante la prensa chilena, esta vez con un tono que combinaba el elogio hacia la negociadora chilena con una advertencia apenas velada hacia el resto del gabinete: "la negociación está en curso; tienen una muy buena negociadora, sabe lo que hace, hay mucha confianza en ella", dijo sobre Estévez, para inmediatamente after advertir que "no habrá acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones sin tener nada que ver con ellas".

Lo que Barros y Campos dijeron, y por qué tenían razón en plantearlo

Esta columna ya documentó en detalle las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien calificó la medida arancelaria como "muy injusta" y advirtió que "genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación" bilateral, cuestionando además que el argumento de trabajo forzoso fuera, en el fondo, una excusa para elevar el arancel real a Chile. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, se sumó un día después calificando de "pésima noticia" el alza arancelaria, con una frase que capturó con precisión la incredulidad de buena parte del sector exportador chileno: "la chiva que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste, porque sostener que en Chile existe trabajo forzado... ni el más enemigo de los intereses chilenos se había atrevido a sostenerlo".

Es fundamental subrayar que ninguno de los dos ministros estaba filtrando información confidencial de la negociación bilateral en curso, ni contradiciendo la estrategia oficial de la Cancillería: ambos formulaban una crítica pública y legítima a una decisión ya anunciada y de conocimiento público por parte del gobierno de Estados Unidos, en ejercicio de su propia función ministerial —Defensa, por la reducción de capacidad disuasiva que representa la creciente venta de armamento estadounidense a los vecinos de Chile, y Agricultura, por el impacto económico directo de casi 500 millones de dólares anuales estimado por la Sociedad Nacional de Agricultura sobre el sector que representan—. Que el embajador de un país extranjero pretenda silenciar esas críticas legítimas, formuladas por ministros de un gobierno soberano sobre una decisión que afecta directamente los intereses de su propio país, es exactamente el tipo de sobrepaso que esta línea editorial, consistente con la posición que ya adoptamos al respaldar la firmeza de Barros, no puede dejar de cuestionar con dureza.

El trasfondo militar: F-16 a los vecinos y presión para gastar más en defensa

Que fuera precisamente el ministro de Defensa quien marcara el punto más duro contra Estados Unidos no es casual. Existe, según reveló La Tercera, una evidente preocupación dentro del mundo militar chileno por la decisión de la Casa Blanca de autorizar la venta de aviones de combate F-16 primero a Argentina y ahora a Perú, una decisión que reduce objetivamente la capacidad disuasiva relativa de Chile frente a sus vecinos inmediatos. A esto se suma la presión estadounidense para que los países latinoamericanos incrementen su gasto en defensa hasta casi un 5% anual —muy por encima del actual 1,4% a 2% chileno—, comprando armamento estadounidense e involucrándose más activamente en operaciones militares contra el crimen organizado y el narcotráfico, una exigencia que, según el propio reportaje, no ha encontrado eco en la mayoría de los países de la región.

Esta combinación —debilitamiento relativo de la posición estratégica militar chilena en la región mediante la venta de armamento a sus vecinos, y presión simultánea para que Chile aumente su propio gasto militar comprando ese mismo armamento estadounidense— configura un escenario en que Washington parece beneficiarse comercialmente en ambos extremos de la ecuación regional, mientras Chile absorbe únicamente el costo estratégico de la pérdida relativa de capacidad disuasiva. Esta columna considera que la preocupación de Barros por este punto específico no solo está justificada, sino que merece un seguimiento más detallado en coberturas futuras.

El embajador chileno en Washington: "hola, Pancho, como estái h..."

Uno de los aspectos más reveladores de este reportaje, y que esta columna considera necesario destacar con la misma dureza que aplicó a la conducta del embajador Judd, es el desempeño del propio embajador de Chile en Washington, Andrés Ergas, durante una reunión con gremios empresariales afectados por la sobretasa arancelaria, realizada el lunes en la Cancillería. Según relatan tres asistentes a la cita, Ergas saludó al propio canciller con la informalidad de "hola, Pancho, como estái h...", y su intervención sustantiva fue calificada por uno de los dirigentes gremiales presentes en términos durísimos: "no manejaba datos de cada sector, ni tampoco tenía información sobre la estrategia estadounidense, no maneja los códigos diplomáticos. Toda su intervención, que fue muy breve, fue muy bizarra, fue muy condescendiente con lo que está haciendo Trump".

Este antecedente resulta especialmente relevante porque el nombramiento de Ergas —un empresario sin experiencia diplomática previa— no surgió de los equipos técnicos de la Cancillería, sino del entorno más estrecho del entonces presidente electo Kast, debido a su cercanía personal con el mundo trumpista de Florida, con la expectativa explícita de que ayudara a abrir puertas en la Casa Blanca. Esta columna considera que el desempeño de Ergas, según el testimonio unánime de los gremios que participaron de esa reunión, confirma que la apuesta original de nombrar a un embajador sin trayectoria diplomática, priorizando exclusivamente su cercanía personal al círculo de Trump, no ha rendido los frutos esperados en el momento en que Chile más necesita una representación técnica sólida en Washington.

El Segundo Piso y la reconstrucción de confianzas desde la Cancillería

El reportaje confirma, además, un patrón que esta columna ya documentó extensamente en su cobertura sobre las tensiones internas del gobierno de Kast: antes del cambio de gobierno, Ergas viajó junto al jefe de asesores presidenciales, Alejandro Irarrázaval —el mismo dirigente que, según fuentes propias de VDI Global, habría presionado a Mara Sedini durante su gestión como vocera— y el asesor internacional Eitan Bloch, para sostener reuniones con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, en el marco de una estrategia diseñada desde la Oficina del Presidente Electo para reinstalar a Chile como aliado estratégico de Estados Unidos. Es revelador que, según fuentes diplomáticas citadas en el reportaje, cuando el canciller Pérez Mackenna asumió su cargo, parte de sus esfuerzos iniciales consistieron precisamente en hacer "control de daños" respecto de los compromisos que ese mismo equipo del Segundo Piso había asumido previamente frente a la administración Trump, incluso antes de que el propio gobierno se instalara formalmente.

Esta columna ya había documentado que incluso sectores de la propia Chile Vamos manifestaron suspicacia respecto de los compromisos que ese equipo estaba asumiendo, particularmente frente a la presión de la Casa Blanca para que sus aliados suscribieran los llamados ART —acuerdos escritos— en materias extremadamente sensibles: replicar aranceles y prohibiciones a terceros países, mecanismos de screening, armonización de controles de exportación, prioridad de acceso a minerales críticos, restricciones en infraestructura crítica, e incluso la prohibición de firmar nuevos tratados de libre comercio con determinados países. Muchos de estos compromisos, según confirma el propio reportaje, Chile finalmente no los aceptó firmar, lo que sugiere que la Cancillería, ya bajo la conducción de Pérez Mackenna, logró contener parte del sobrecompromiso que el Segundo Piso había avanzado en la etapa previa a la instalación del gobierno.

La exigencia oculta: modificar el TLC de hace veinte años

El elemento más grave revelado por este reportaje, y que hasta ahora era desconocido públicamente, es la segunda de las dos condiciones que Estados Unidos exige a Chile para reducir su arancel del 12,5% al 10%. La primera condición —promulgar regulaciones para restringir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceros países, apuntando de manera evidente aunque no explícita a China— ya planteaba, por sí sola, un dilema delicado para Chile dada la magnitud de su relación comercial con el gigante asiático. Pero la segunda exigencia es considerablemente más grave: Estados Unidos exige que Chile firme un ART —un acuerdo escrito— en el que se asuma el arancel del 10% para determinados productos, lo que en la práctica implicaría que Chile acepte modificar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos hace más de veinte años, bajo el cual el arancel para el comercio bilateral ha sido cero.

Esta columna respalda plenamente la decisión del equipo negociador chileno de considerar esta exigencia como "una condición imposible de acoger para Chile". Modificar un tratado de libre comercio vigente por dos décadas, que ha sido la base jurídica de una de las relaciones comerciales más estables y beneficiosas de la historia económica reciente de Chile, para acomodar una demanda arancelaria coyuntural de la administración Trump, sentaría un precedente extremadamente peligroso: convertiría en negociable, bajo presión política de corto plazo, un instrumento jurídico que debería ofrecer certeza de largo plazo precisamente para blindar a los países firmantes de este tipo de vaivenes políticos unilaterales. Que el equipo negociador chileno haya optado, en cambio, por defender la vigencia plena del TLC y negociar exclusivamente sobretasas temporales producto por producto, buscando excluir la mayor cantidad posible de productos de este arancel, es la estrategia correcta y la que esta columna respalda sin reservas.

El traspié de Pérez Mackenna: llamar a Estados Unidos "el principal socio estratégico"

Esta columna, en su ejercicio permanente de cobertura exigente incluso hacia figuras cuya gestión general valoramos, no puede dejar de señalar lo que voces tanto de oposición como del propio oficialismo consideran un error de cálculo comunicacional del canciller Pérez Mackenna: tras reunirse en Washington el 6 de julio con el secretario de Estado Marco Rubio, en una conversación de más de 45 minutos centrada en temas regionales como Venezuela y Bolivia, Pérez Mackenna calificó a Estados Unidos como "el principal socio estratégico de Chile", pese a que en ese mismo momento Chile ya figuraba en la lista de países sujetos a la sobretasa más gravosa del 12,5%. Formular esa caracterización tan categórica, en un momento en que Washington ya había decidido aplicar a Chile el tratamiento arancelario más desfavorable posible dentro del proceso de la Sección 301, proyectó una imagen de subordinación diplomática que resultaba difícil de conciliar con los hechos concretos de la relación bilateral en ese preciso momento.

Lo que viene: la visita de Goettman a fines de agosto

El desenlace de esta disputa arancelaria enfrentará su próxima prueba concreta a fines de agosto, cuando Jeffrey Goettman, segundo al mando de la USTR, visite Chile. El resultado de esas negociaciones —que deberán resolver tanto la cuestión del trabajo forzoso como, previsiblemente, la exigencia de modificar el TLC— pondrá a prueba, una vez más, la viabilidad real de la estrategia de acercamiento a Trump que ha caracterizado la política exterior del gobierno de Kast desde su instalación, una estrategia que, según reconoce el propio reportaje, ya generaba suspicacias incluso dentro de la propia coalición de derecha antes de que estallara públicamente esta crisis arancelaria.

Lectura editorial: Trump golpea, pero Chile mantiene su línea roja

Esta columna sostiene que el episodio completo de esta semana —la reprimenda pública del embajador Judd, el pobre desempeño del embajador Ergas, y la exigencia de modificar un tratado de libre comercio de veinte años— confirma que la apuesta de Kast por un alineamiento estrecho y personal con la administración Trump ha chocado con una realidad más dura de lo que el propio Segundo Piso presidencial anticipó durante la etapa de transición. Sin embargo, esta columna reconoce también, con la misma honestidad con que ha criticado los errores de esta estrategia, que el equipo negociador liderado por Pérez Mackenna y Estévez ha mantenido, hasta ahora, una línea roja correcta y firme frente a la exigencia más grave de todas: la modificación del TLC. Que Chile haya defendido la integridad de ese tratado, pese a la presión directa y pública ejercida incluso por el propio embajador estadounidense en Santiago, es la muestra más clara de que, más allá de los traspiés comunicacionales y las tensiones internas documentadas en esta cobertura, el interés nacional chileno sigue prevaleciendo, al menos en el punto más crítico de esta negociación, por sobre cualquier consideración de cercanía política circunstancial con la Casa Blanca.