Esta columna debe ser clara y no eludir su propia responsabilidad editorial: nos distanciamos de la decisión del gobierno de José Antonio Kast de reanudar relaciones consulares con Venezuela, porque el cúmulo de antecedentes que hoy conocemos no permite identificar en esta política un interés nacional genuino, sino más bien la subordinación de Chile a una lógica de no confrontación con Estados Unidos, que a su vez sostiene, a través de un control casi virreinal, la continuidad de la misma estructura de poder autoritaria que gobernó Venezuela bajo Nicolás Maduro. Que Delcy Rodríguez ya no sea Maduro no cambia lo sustancial: siguen los mismos criminales al mando, y es con ellos con quienes Kast decidió normalizar relaciones, en una decisión que, según revela hoy Ex-Ante, fue posible únicamente porque Chile aceptó la condición explícita de no confrontar al chavismo.

La condición que Caracas impuso, y que Chile aceptó

El antecedente más grave revelado por esta investigación es que la propia Cancillería chilena llevaba meses negociando con Caracas, pero solo logró destrabar el proceso después de entregar garantías de que Chile no confrontaría al régimen chavista, tal como se habría exigido explícitamente desde Venezuela. Esto no es una interpretación ni una lectura forzada de esta columna: es lo que confirman altas fuentes de gobierno citadas directamente en la investigación. Es decir, la normalización de relaciones no se logró porque Chile negociara desde una posición de fuerza defendiendo sus propios principios e intereses, sino porque aceptó, como condición de entrada, silenciar cualquier cuestionamiento a la naturaleza del régimen que gobierna Venezuela.

Este dato adquiere una dimensión todavía más reveladora al conocer el origen del quiebre anterior: las primeras tratativas, iniciadas en diciembre, se derrumbaron precisamente cuando Kast, todavía como presidente electo, afirmó en Buenos Aires que apoyaba "cualquier situación que termine con una dictadura" de Maduro. La respuesta de Caracas fue dura, y las conversaciones quedaron congeladas. Es decir, el propio Kast, antes de asumir, tuvo una posición pública correcta y coherente con los principios democráticos que este medio ha defendido de forma consistente. Que meses después, ya en el poder, haya renunciado a esa posición como condición explícita para destrabar el acuerdo, es exactamente el tipo de cesión de principios frente a la conveniencia diplomática que esta columna no puede acompañar.

El giro del terremoto: humanitarismo legítimo, pero también la puerta de entrada

Es cierto, y esta columna lo reconoce con la misma honestidad con que formula su crítica, que el giro más notorio en la postura de La Moneda hacia el régimen de Delcy Rodríguez llegó tras el devastador terremoto que dejó más de 5.500 muertos en Venezuela el 24 de junio pasado. Kast evitó entonces toda referencia ideológica, con una frase que en su momento pareció, y probablemente fue, genuinamente humanitaria: "ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quién estaba bajo los escombros", mientras Chile desplegaba ayuda humanitaria hacia el pueblo venezolano.

Nadie con sentido común cuestionaría la legitimidad de prestar ayuda humanitaria a una población civil devastada por una catástrofe natural de esa magnitud, independientemente del régimen político que la gobierne. El problema no es ese gesto humanitario puntual, que esta columna respalda sin reservas. El problema es que ese mismo episodio parece haber sido, según se desprende de la propia cronología revelada por Ex-Ante, la puerta de entrada que permitió transitar desde la ayuda humanitaria legítima hacia una normalización diplomática plena que renuncia explícitamente a cuestionar la naturaleza autoritaria del régimen, algo cualitativamente distinto y que no se desprende automáticamente de la solidaridad frente a una tragedia natural.

Rubio, el "virrey" de Venezuela: la mano de Estados Unidos que lo explica todo

El elemento que esta columna considera decisivo para sostener su tesis central —que esta normalización responde a no confrontar a Estados Unidos, más que a un interés nacional chileno autónomo— es la revelación sobre el rol que Washington habría jugado en destrabar este mismo acuerdo. Según confirma la investigación, es difícil pensar que Washington fue ajeno a que Chile lograra este destrabe con el chavismo: republicanos estadounidenses cercanos al secretario de Estado Marco Rubio, contactados desde Chile, habrían sido claves para poner en marcha la reanudación de relaciones consulares entre Santiago y Caracas.

Y aquí llegamos al dato que, para esta columna, resulta más inquietante de toda esta investigación: el propio Rubio ha sido descrito por The New York Times como el "virrey" de facto de Venezuela, controlando desde Washington las finanzas del país, la distribución de sus recursos petroleros y buena parte de las decisiones del gobierno de Delcy Rodríguez, en un nivel de injerencia que el propio diario neoyorquino comparó con el que ejerció Paul Bremer en el Irak ocupado de 2003. Es decir: tras la caída de Maduro, lo que hoy gobierna en Venezuela no es una democracia recuperada ni un régimen distinto en su naturaleza esencial, sino la misma estructura de poder autoritaria, ahora bajo tutela directa y reconocida de Washington. Delcy Rodríguez no gobierna con autonomía: gobierna bajo el control de la administración Trump, que a su vez presiona a sus aliados regionales, incluido Chile, para que normalicen relaciones con esa misma estructura sin cuestionarla.

La pregunta que Kaiser ya había planteado, y que esta investigación responde parcialmente

Esta columna ya recogió, en su cobertura anterior, el cuestionamiento del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien emplazó al gobierno a explicar "en qué nos beneficia retomar relaciones con esta potencia hostil", recordando que el gobierno venezolano actual "es el mismo que tenía Maduro, incluido Diosdado Cabello", investigado en Chile por su presunta responsabilidad en el asesinato de Ronald Ojeda. Esta nueva investigación de Ex-Ante no responde del todo a esa pregunta —el beneficio migratorio concreto, permitir que cerca de 700 mil venezolanos radicados en Chile puedan tramitar pasaportes y documentos vigentes, es real y no debe minimizarse—, pero sí confirma la sospecha de fondo que motivaba el cuestionamiento de Kaiser: que la verdadera lógica detrás de esta normalización no es un cálculo soberano del interés chileno, sino el resultado de una negociación en la que Chile cedió su capacidad de cuestionar la naturaleza del régimen, precisamente porque Estados Unidos —que ya controla de facto las decisiones de ese mismo régimen— lo prefería así.

Por qué esto no es lo que quería la gente de Republicanos

Esta columna comparte el diagnóstico de que esta política exterior específica no representa el proyecto que gran parte del electorado que respaldó a Kast, y en particular a la base más dura del Partido Republicano, esperaba de su gobierno. La identidad de ese proyecto político se construyó, en buena medida, sobre una posición de firmeza inequívoca frente a los regímenes autoritarios de la región —Venezuela, Cuba, Nicaragua—, y sobre la defensa explícita de la democracia liberal frente a cualquier forma de dictadura, sin matices ni excepciones por conveniencia diplomática. Que el propio Kast, antes de asumir, sostuviera públicamente en Buenos Aires su apoyo a "cualquier situación que termine con una dictadura" de Maduro, y que meses después su gobierno acepte como condición de entrada no confrontar a esa misma estructura de poder para lograr un acuerdo consular, es una contradicción que el propio electorado republicano tiene derecho a cuestionar con la misma dureza con que esta columna lo hace.

El argumento migratorio: legítimo, pero no suficiente para justificar el silencio

Esta columna reconoce, con el mismo rigor que aplica a cualquier análisis de política exterior, que existe un argumento migratorio genuino detrás de esta decisión: sin relaciones consulares operativas, resulta materialmente imposible avanzar en la reconducción de venezolanos en situación irregular, un objetivo central de la agenda de seguridad pública del propio Kast. El propio mandatario lo enmarcó en esos términos: "nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico".

Ese argumento es legítimo en abstracto, pero no exime al gobierno de la responsabilidad de explicar por qué la única vía disponible para lograrlo exigía, como condición explícita, renunciar a cualquier cuestionamiento sobre la naturaleza autoritaria del régimen que controla esos mismos trámites consulares. Un gobierno que se define a sí mismo por su firmeza frente a las dictaduras de la región no puede, sin una contradicción evidente, aceptar silenciar esa firmeza como precio de entrada para resolver, aunque sea legítimamente, un problema migratorio interno.

Lo que corresponde exigir: coherencia, no silencio

Esta columna exige al gobierno de Kast una explicación pública y detallada sobre los términos exactos del compromiso de "no confrontación" que, según revela esta investigación, Chile habría asumido frente a Caracas. La ciudadanía, y en particular quienes respaldaron a Kast confiando en su firmeza declarada frente a los regímenes autoritarios de la región, tiene derecho a saber si Chile renunció formalmente a cuestionar las violaciones a los derechos humanos, la persecución de opositores, o la investigación en curso contra Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda, como parte de este acuerdo de normalización. Si la respuesta es afirmativa, esta columna considera que el costo de esa renuncia —medido en términos de coherencia con los propios principios declarados del gobierno y de su coalición— es demasiado alto para justificarlo únicamente con el argumento migratorio, por legítimo que este sea en sí mismo.

Conclusión: la firmeza no puede ser condicional a la conveniencia

Esta columna respalda, y seguirá respaldando, cualquier política migratoria seria que permita a Chile ordenar y regularizar el flujo de venezolanos en situación irregular en su territorio. Lo que no podemos acompañar es que esa política legítima se construya sobre la base de silenciar la naturaleza autoritaria del régimen que hoy gobierna Venezuela bajo tutela directa de Washington, ni que Chile ceda, como precio de entrada, su capacidad soberana de sostener los mismos principios democráticos que el propio Kast defendió públicamente antes de asumir el poder. La firmeza frente a las dictaduras no puede ser una bandera de campaña que se abandona en el ejercicio del gobierno cada vez que resulta diplomáticamente incómodo sostenerla. Por eso, y sin ambigüedad alguna, esta columna se distancia de la posición adoptada por el gobierno de Kast en este episodio específico.