EL CÓNSUL DEL TRÁFICO DE NIÑOS: LA CANCILLERÍA CONFIRMA QUE EL MEMORÁNDUM QUE ABRIÓ LA PUERTA A LOS NIÑOS HAITIANOS TUVO EFECTO RETROACTIVO HASTA 2022, Y AHORA SE REVOCA TAMBIÉN AL MINISTRO DE FE DEL CONSULADO EN HAITÍ
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó oficialmente que, en mayo de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones flexibilizó de manera retroactiva hasta 2022 los requisitos documentales para ciudadanos haitianos, permitiendo presentar certificados de nacimiento sin legalización y sin trámite consular. La Cancillería reveló además un dato nuevo y revelador: en 2025 se observó un registro "inusualmente elevado" de legalizaciones de documentos en Haití. Como consecuencia, el ministerio puso fin a las funciones del ministro de fe encargado de esas legalizaciones en el consulado de Puerto Príncipe, instruyó un sumario administrativo, y envía un equipo a evaluar y reorganizar completamente las operaciones del consulado.
La precisión institucional que el caso necesitaba
Hasta ahora, esta cobertura había documentado, a través de declaraciones del actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum, la existencia de un memorándum de mayo de 2024 que flexibilizó los requisitos de ingreso de menores haitianos. Lo que la Cancillería confirma ahora, en una declaración pública formal, añade dos precisiones de enorme relevancia que merecen ser destacadas con claridad.
La primera precisión institucional: los consulados de Chile en el exterior no tramitan visas de reunificación familiar. Ese trámite corresponde exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Esta aclaración es importante porque delimita con exactitud el reparto de responsabilidades entre dos organismos distintos del Estado chileno: el memorándum que flexibilizó los requisitos documentales fue una decisión de Migraciones, no de la Cancillería. Lo que sí corresponde a la Cancillería, y es donde ahora se concentra la sanción administrativa, es la función de legalización de documentos que se realiza en el consulado.
La segunda precisión, y la más grave: el memorándum de mayo de 2024 no se aplicó solo hacia adelante. Tuvo efecto retroactivo hasta 2022. La Cancillería lo confirma con la cita textual del propio documento: "para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití."
Esto significa que la flexibilización no solo facilitó nuevos ingresos desde mayo de 2024 en adelante. Retroactivamente, legitimó también los ingresos ocurridos desde 2022, exactamente el período en que comenzaron las primeras alertas documentadas sobre vuelos chárter con un número desproporcionado de menores por adulto responsable. El memorándum no solo abrió una puerta hacia el futuro: blanqueó, en los hechos, el período en que el patrón irregular ya se estaba gestando.
El dato nuevo: un alza "inusualmente elevada" de legalizaciones en Haití
El antecedente más revelador de esta declaración oficial es uno que no había sido reportado hasta ahora con esta precisión: la propia Cancillería confirma que, en 2025, se observó "un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití."
Es la institución misma, no un analista externo ni un parlamentario opositor, la que reconoce que el volumen de legalizaciones documentales gestionadas por el consulado chileno en Puerto Príncipe se disparó hasta niveles que el propio ministerio describe como anómalos. Ese dato conecta directamente con la sospecha que la exministra del Interior, Carolina Tohá, ya había confirmado en una entrevista anterior: que tras la reapertura del consulado en 2025, surgió la sospecha de que alguien dentro de esa sede diplomática estaba colaborando con la organización de los vuelos irregulares.
Un alza "inusualmente elevada" de legalizaciones, justo en el período en que los vuelos chárter alcanzaron su mayor intensidad, es exactamente el tipo de anomalía estadística que cualquier sistema de control interno debería haber detectado y bloqueado en tiempo real, no meses o años después, mediante una revisión retrospectiva activada solo después de que el escándalo se hiciera público.
La sanción: revocación, sumario y derivación a la Fiscalía
Como consecuencia directa de esa anomalía, la Cancillería confirmó que "puso fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocó las facultades del ministro de fe público encargado de dichas labores e instruyó un sumario administrativo, el cual aún se encuentra en curso." Es importante notar que esto añade una capa de sanción distinta y más reciente a la ya conocida: el cónsul había sido removido en octubre de 2025 por una investigación vinculada a la entrega de visados. Lo que se confirma ahora es la revocación adicional de las facultades del ministro de fe específicamente responsable de las legalizaciones de documentos, una función distinta y separada de la del cónsul, lo que sugiere que la investigación interna de la Cancillería identificó un segundo foco de responsabilidad dentro de la misma sede diplomática.
El título de este informe lo dice sin rodeos: ese ministro de fe, el funcionario que firmaba las legalizaciones que dispararon de manera "inusual" en 2025, es, hasta que se demuestre lo contrario, el cónsul del tráfico de niños. No por sentencia judicial —el sumario sigue en curso y la Fiscalía deberá establecer responsabilidades penales con el rigor del debido proceso— sino por la función exacta que ocupaba en el punto de la cadena donde el control documental debía operar y, según confirma la propia Cancillería, falló de manera anómala.
El ministerio confirmó además que "se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI", y que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dispuso el envío de un equipo a Haití "para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones."
La declaración cierra con una afirmación de colaboración institucional: "en el gobierno están colaborando activamente con la investigación de la fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes."
Lo que esta declaración confirma y lo que todavía no resuelve
Esta declaración de la Cancillería tiene un mérito que corresponde reconocer: es transparente, específica, y entrega un dato nuevo —el alza inusual de legalizaciones— que ninguna fuente anterior había revelado con esta precisión. El envío de un equipo a evaluar y reorganizar las operaciones del consulado es, además, una medida correctiva concreta que va más allá de la sola sanción retrospectiva.
Pero la declaración también deja preguntas sin responder que el sumario administrativo, la investigación de la Fiscalía y las comisiones investigadoras del Congreso deberán resolver. La más urgente: ¿quién, dentro del Servicio Nacional de Migraciones, tomó la decisión de aplicar el memorándum de mayo de 2024 con efecto retroactivo hasta 2022, y bajo qué justificación técnica o política se decidió esa retroactividad específica? Una flexibilización de requisitos hacia adelante puede explicarse, aunque sea cuestionable, por la urgencia humanitaria de la crisis haitiana. Una flexibilización retroactiva que blanquea dos años de ingresos previos es una decisión de naturaleza distinta, que merece una explicación específica que, hasta ahora, ninguna autoridad ha entregado.
La segunda pregunta pendiente es sobre el ministro de fe cuyas facultades fueron revocadas: ¿qué rol específico tuvo esa persona en el alza "inusualmente elevada" de legalizaciones? Si el sumario administrativo confirma una colaboración activa y consciente con la organización de los vuelos irregulares, eso constituiría exactamente el tipo de antecedente que la Fiscalía necesita para avanzar en la línea de cohecho de funcionarios públicos que viene investigando desde hace meses.
El patrón que se repite: medidas correctivas después del escándalo, no antes
Esta declaración de la Cancillería se suma a un patrón que esta cobertura ha documentado de manera consistente en cada institución involucrada en este caso: las medidas correctivas llegan después de que el escándalo se hace público, no antes, cuando las alertas internas ya existían. El cónsul fue removido en octubre de 2025 tras una investigación vinculada a la entrega de visados. El ministro de fe ve revocadas sus facultades ahora, en junio de 2026, después de que el preinforme de Contraloría obligara a todo el aparato del Estado a reaccionar. El equipo que evaluará y reorganizará las operaciones del consulado se envía ahora, no en 2023, cuando las primeras alertas sobre vuelos con decenas de niños a cargo de pocos adultos ya circulaban entre las instituciones del Estado chileno.
Cada nueva pieza de información que se conoce sobre este caso confirma la misma estructura: el sistema de control tenía, en algún punto de su cadena, la capacidad de detectar la anomalía. La detectó, en algunos casos, con meses o años de anticipación. Pero la corrección efectiva solo llegó cuando la presión pública y mediática hizo insostenible seguir sin actuar.
