EL ESTADO DE CHILE EN ALERTA: KAST CONVOCA A LOS TRES PODERES A LA MONEDA POR LOS NIÑOS HAITIANOS, LA FISCALÍA DESCARTA TRÁFICO DE ÓRGANOS Y EL ACTUAL DIRECTOR DE MIGRACIONES ACUSA AL GOBIERNO DE BORIC DE HABER "PERDIDO EL CONTROL"

El Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a las 8 de la mañana a una reunión inédita en La Moneda con los tres poderes del Estado, el Fiscal Nacional, el director de la PDI y la contralora general, en una señal de la gravedad institucional que ha alcanzado este caso. La Cámara aprobó por unanimidad una comisión investigadora y el Senado realizó una sesión especial. En medio de las audiencias, el fiscal de la Unidad Anticorrupción descartó formalmente la hipótesis de tráfico de órganos. Pero el dato político más relevante de la jornada lo entregó el actual director de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien rompió su cautela anterior y apuntó directamente contra el gobierno de Boric por flexibilizar en 2024 los requisitos de ingreso de menores haitianos.

Una convocatoria sin precedentes: los tres poderes del Estado en La Moneda

La magnitud institucional que ha alcanzado el caso de los niños haitianos quedó de manifiesto este miércoles cuando el Presidente José Antonio Kast convocó, para este jueves a las 8:00 horas, a una reunión en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado para abordar exclusivamente este tema. A la cita se sumarán además el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y la contralora general de la República, Dorothy Pérez.

Esta convocatoria, que había sido propuesta previamente por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, es una señal que pocos casos en la historia reciente de Chile han generado: la decisión de reunir formalmente a Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, policía y contraloría en una sola instancia confirma que este no es un escándalo sectorial more, sino una crisis de control institucional que atraviesa transversalmente al aparato completo del Estado chileno.

La decisión presidencial se tomó horas después de que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, de la UDI, convocara a una reunión interministerial específicamente dedicada al "Esclarecimiento y Protección de Niños Haitianos", que se desarrollaba en La Moneda al cierre de la jornada del miércoles.

El Congreso activa todas sus herramientas en un solo día

Mientras el Ejecutivo coordinaba su respuesta, el Congreso desplegó simultáneamente sus propios mecanismos de control. La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión investigadora cuyo objeto será indagar "la actuación y coordinación institucional del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil y demás órganos de la Administración del Estado que hubieren intervenido o debieran haber intervenido" en estos hechos. La comisión buscará determinar específicamente si las autoridades respondieron adecuadamente a las alertas y denuncias conocidas desde 2023.

En paralelo, la senadora Paulina Núñez ingresó, junto a otros senadores de manera transversal, una moción para reforzar los mecanismos de control, verificación y trazabilidad en los procesos de reunificación familiar. Y a petición del senador Rodolfo Carter, el Senado modificó su tabla de sesiones para realizar este miércoles una sesión especial dedicada íntegramente a este tema.

Que tanto la Cámara como el Senado hayan actuado en el mismo día, con votación unánime en el caso de la comisión investigadora, confirma que este no es un asunto de disputa entre oficialismo y oposición. Es, en los hechos, uno de los pocos temas de esta sesión legislativa donde existe consenso transversal sobre la gravedad de lo ocurrido.

El fiscal Campos descarta el tráfico de órganos: "Eso está descartado"

Antes de la sesión especial del Senado, la Comisión de Seguridad de esa cámara recibió a las principales autoridades involucradas en la investigación: el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos; el director de la PDI, Eduardo Cerna; y el titular de la DGAC, general Humberto Fernández.

En esa instancia, Campos entregó una declaración que corrige y cierra una hipótesis que circuló públicamente en los últimos días: el posible tráfico de órganos. Consultado directamente sobre ese punto, el fiscal fue categórico: "No existe ninguna situación, al día de hoy, que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló. Fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado."

VDI Global reconoce este antecedente con la misma rigurosidad con que reportó originalmente esa hipótesis cuando fue planteada por un diputado y no descartada de plano por el Fiscal Nacional en una declaración anterior y más ambigua. La declaración de Campos, formulada en sede parlamentaria y de manera directa, cierra esa línea de especulación. VDI Global corrige así su cobertura anterior con la misma transparencia con que reportó la hipótesis original: no hay tráfico de órganos en este caso, según la autoridad que dirige específicamente la investigación.

Campos sí confirmó, en cambio, los elementos centrales que mantienen la gravedad del caso intacta: durante 2025 se registró un aumento significativo en el ingreso de menores desde Haití; la Contraloría constató irregularidades en los procesos de reunificación familiar; y existen irregularidades, falencias de control y de coordinación que hoy están siendo indagadas penalmente. "No se escatimará en hacer las solicitudes y diligencias necesarias para establecer dónde están los niños", aseveró.

Las alertas de la PDI: denuncias propias desde 2024

El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica, entregó en la misma comisión un antecedente que reposiciona parcialmente el rol de su institución en esta historia. Según explicó, la PDI fue una de las primeras instituciones en denunciar el fenómeno: "La experiencia que tenemos nosotros en el control migratorio nos hizo levantar alarmas del fenómeno del ingreso masivo y en su momento hicimos las alertas. En abril y octubre de 2024 hicimos incluso denuncias a la Fiscalía", confirmó, agregando que esas investigaciones permanecen en curso.

Sobre los controles efectivos en el aeropuerto, Gatica fue categórico: "Ningún funcionario de la PDI puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida." Y precisó algo relevante para entender la naturaleza exacta de la falla: la gran mayoría de los niños que ingresaron "cumplían los requisitos que en ese momento se exigían" y contaban con permisos de residencia temporal por reunificación familiar "correctamente emitidos por la entidad competente", es decir, por el propio Servicio Nacional de Migraciones.

Esta declaración es clave porque desplaza parte del análisis: si los niños ingresaron cumpliendo formalmente los requisitos vigentes en ese momento, la pregunta relevante no es solo si la PDI falló en el control fronterizo, sino si esos requisitos exigidos eran, en sí mismos, suficientes para garantizar la protección de los menores. Esa pregunta conecta directamente con la revelación más políticamente explosiva de toda la jornada.

La DGAC: "controlamos los aviones, no los pasajeros"

El general Humberto Fernández, titular de la DGAC, reiteró ante el Senado la misma delimitación de responsabilidad que su institución ya había planteado en informes anteriores de esta sesión editorial: recibieron alertas sobre las aerolíneas involucradas, pero su vinculación con estos vuelos es "netamente técnica y dirigida hacia cuestiones aeronáuticas".

"Controlamos los aviones, las tripulaciones, pero no los pasajeros. Los pasajeros puntualmente son un listado que controlan las líneas aéreas", explicó. Agregó un dato regulatorio relevante: las aerolíneas tienen la obligación de entregar esos listados de pasajeros a la PDI para vuelos internacionales, y desde el 1 de enero de este año, tras una modificación al Código Aeronáutico, también para vuelos comerciales que transitan dentro del territorio nacional. Esta precisión normativa sugiere que, antes de esa modificación reciente, existía un vacío regulatorio específico para el control de listados en vuelos domésticos, lo que podría explicar parcialmente por qué la escala no programada en Lima documentada en informes anteriores de esta sesión no generó las alertas cruzadas que debería haber generado.

El golpe de Sauerbaum: el memorándum 1886 que flexibilizó el ingreso de niños

El antecedente más relevante políticamente de toda la jornada lo entregó el actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, de Renovación Nacional. Hasta ahora, Sauerbaum había evitado cuestionar directamente las acciones de las autoridades del gobierno anterior en esta materia. Este miércoles cambió de postura de manera explícita.

Sauerbaum reveló y puso en el centro del debate el memorándum 1886 de 2024, dictado por su antecesor en el cargo, mediante el cual se flexibilizaron los requisitos para el ingreso de menores de edad provenientes de Haití. "Aquí hay múltiples denuncias que se han hecho desde 2023, denuncias parlamentarias, investigaciones. Pero a nosotros nos preocupa que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y haya perdido el control", declaró sin ambigüedades.

Sauerbaum detalló además que existe un oficio enviado por la administración anterior en mayo de 2024, en el que se solicitó rebajar los trámites y facilitar el ingreso de los niños, invocando la situación de violencia que vivía Haití en ese momento. "Eso obviamente pudo haber traído como consecuencia el ingreso masivo de niños", señaló. Según el detalle que entregó posteriormente en la Comisión de Seguridad del Senado, ese cambio normativo permitió que se presentaran certificados de nacimiento sin legalización y sin trámite en el consulado de Haití.

Este es, hasta ahora, el antecedente más directo y técnicamente preciso que vincula una decisión administrativa concreta del gobierno de Boric con el origen estructural del problema. No se trata solo de alertas ignoradas o de oficios sin respuesta, como ya documentó esta sesión editorial extensamente. Se trata de una decisión activa de la administración anterior —flexibilizar los requisitos documentales exigidos— que, según el propio director actual del organismo, "pudo haber traído como consecuencia" precisamente el fenómeno que hoy se investiga.

Sauerbaum también hizo presente que, en octubre pasado, el gobierno de Boric retiró al cónsul de Chile en Puerto Príncipe, Rafael du Monceau, tras recibirse una serie de denuncias por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados. Esta es información adicional de la máxima relevancia: el propio gobierno de Boric tuvo, en sus últimos meses, evidencia suficiente de corrupción en el otorgamiento de visados como para remover a su representante consular en Haití, sin que esa decisión haya derivado en una revisión más amplia y pública del sistema completo de reunificación familiar.

El cruce con la Defensoría de la Niñez

Sauerbaum aprovechó también su intervención para deslizar una crítica hacia la Defensoría de la Niñez, señalando que durante el año pasado se intentaron conformar mesas de trabajo de coordinación que no fueron posibles "porque no hubo real interés" de parte de ese organismo.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, respondió a esa crítica en una entrevista posterior, señalando una distinción relevante: a diferencia del trabajo de coordinación que sí se realizó respecto de niños palestinos, en el caso de los procesos vinculados a menores haitianos su organismo no recibió los antecedentes necesarios para actuar con la misma profundidad. Quesille recalcó que la Defensoría seguirá atenta al curso de las indagaciones para presentar acciones cuando corresponda.

Este intercambio entre Sauerbaum y Quesille es relevante porque confirma, una vez más, el patrón de responsabilidad cruzada que ha caracterizado a todo este caso desde que se conoció: cada institución reconoce parcialmente fallas propias, pero atribuye una parte sustancial de la responsabilidad a la falta de cooperación o de antecedentes de las instituciones vecinas.

Las agencias de viaje: el negocio detrás de los vuelos

La investigación amplía también su foco hacia el rol de las agencias de viaje que articularon estos traslados. Se han identificado al menos cinco empresas bajo investigación. Ciarana Servicios Integrales, representada por el ciudadano haitiano Jameson Charles, quien según antecedentes de prensa está vinculado a una investigación en Haití por tráfico de migrantes. Inversiones Travel VIP Ltda., representada por el peruano Roshimberg Coral Yauri. Charha Travel e Inversiones SPA, representada por la haitiana Nadia Boncoeur. Big Master Producciones SPA, representada por Claudy Pierre-Louis, constituida en Chile en marzo de 2021. Y Perrín Brothers, con un operador dominicano como representante, que en 2025 ya había sido reportada por el Sernac al Ministerio Público por presuntas estafas.

La investigación reconoce, con matices importantes, que existen casos de padres que efectivamente reunieron dinero durante meses para costear legítimamente el traslado de sus hijos, cumpliendo con la documentación de la visa de reunificación familiar. Pero también existen sospechas fundadas de que terceros movilizaron niños sin autorización, sin documentación adecuada y con fines exclusivamente lucrativos. Es precisamente esa distinción la que la investigación deberá establecer con precisión, caso por caso.

La posición de VDI Global: la responsabilidad del gobierno de Boric, ahora con nombre de norma administrativa

Esta sesión editorial ha sostenido, desde que este caso se conoció, que el gobierno de Boric tuvo las alertas necesarias y no actuó con la urgencia que la situación exigía. Con la revelación del memorándum 1886 de 2024 por parte del propio director actual de Migraciones, esa afirmación adquiere un respaldo documental mucho más preciso: ya no se trata solo de oficios ignorados o de respuestas tardías ante advertencias externas, sino de una decisión administrativa activa y deliberada, tomada por la propia gestión de Migraciones en 2024, de flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos en un contexto de violencia extrema en su país de origen.

VDI Global también reconoce, con la misma vara de rigor que aplica siempre, la corrección de un antecedente que reportamos en un informe anterior: la hipótesis de tráfico de órganos, planteada en su momento por un diputado y sobre la cual el Fiscal Nacional había dado una respuesta ambigua, queda ahora formalmente descartada por el fiscal a cargo de la investigación, con una declaración categórica y sin matices. Esa hipótesis no se sostiene con los antecedentes disponibles, y VDI Global lo comunica con la misma claridad con que reportó la incertidumbre original.

Lo que permanece, sin matiz alguno, es la gravedad central del caso: más de 200 niños cuyo paradero sigue sin esclarecerse, una decisión administrativa del gobierno de Boric que flexibilizó los controles documentales en el momento exacto en que el fenómeno se intensificó, un cónsul removido por corrupción en el otorgamiento de visados sin que eso generara una revisión sistémica más amplia, y ahora, finalmente, una convocatoria de los tres poderes del Estado a La Moneda que confirma que Chile enfrenta, en este caso, una crisis institucional de proporciones que trasciende largamente cualquier cálculo político de corto plazo.

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