LA CÁMARA AVANZA EN PROTEGER A LOS QUE NOS PROTEGEN: COMISIÓN APRUEBA SANCIONAR INSULTOS Y AGRESIONES CONTRA CARABINEROS Y LA PDI, CON RESPALDO TRANSVERSAL Y URGENCIA DEL GOBIERNO DE KAST
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó en general, con siete votos a favor y dos en contra, el proyecto de ley impulsado por Renovación Nacional que aumenta las sanciones contra quienes insulten, maltraten o agredan a funcionarios de Carabineros y de la PDI en el ejercicio de sus funciones. El gobierno de José Antonio Kast le otorgó urgencia simple, acelerando su tramitación. El proyecto forma parte de la agenda Naín-Retamal 2.0 y avanza ahora hacia una ronda de audiencias con expertos, en medio de matices técnicos planteados por la Defensoría Penal Pública y algunos parlamentarios sobre la prueba y la proporcionalidad de las sanciones.
Una señal concreta para quienes enfrentan el crimen organizado
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados dio este miércoles un paso relevante en la agenda de seguridad del gobierno de Kast: aprobó en general, con siete votos a favor y dos en contra, el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones mediante el aumento de las sanciones para quienes los insulten, agredan o menoscaben durante el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, impulsada principalmente por diputados de Renovación Nacional, se enmarca en la denominada agenda Naín-Retamal 2.0, el paquete legislativo que ese partido ha promovido de manera sostenida para reforzar las herramientas legales de apoyo a las fuerzas de orden y seguridad. El nombre de la agenda honra la memoria de los carabineros asesinados Daniel Palma Naín y Sergio Retamal, símbolos del costo humano que la violencia contra las policías ha tenido en Chile en los últimos años.
El proyecto recibió un impulso decisivo cuando el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió otorgarle urgencia simple, lo que acelera su tramitación legislativa. Esta decisión del Ejecutivo confirma que el fortalecimiento de las herramientas legales de respaldo a las policías sigue siendo, en la práctica y no solo en el discurso, uno de los ejes prioritarios de la agenda de seguridad del gobierno de Kast.
El debate en comisión: respaldo, matices y la voz del general director de Carabineros
La sesión contó con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien siguió de cerca el debate de una iniciativa diseñada específicamente para reforzar el respeto y el respaldo institucional hacia las policías. Su intervención durante la instancia incluyó una reflexión que añade matiz y honestidad institucional al debate: "Les tengo gran respeto a Carabineros, pero tengo confianza lúcida, tenemos problemas de carabineros que muchas veces provocan a las personas y tienen un actuar que no está de acuerdo a la función pública."
Esa declaración del propio general director es relevante porque evita que el proyecto se lea como una defensa corporativa ciega de la institución policial. Araya reconoce, desde dentro de la propia jerarquía de Carabineros, que existen conductas policiales problemáticas que también deben corregirse. Eso no resta legitimidad al proyecto de ley —que aborda un problema distinto, el de los insultos y agresiones que reciben los funcionarios en el cumplimiento de su deber— pero sí confirma que el debate de seguridad pública en Chile, cuando se hace con seriedad, no puede limitarse a una sola dirección de exigencia.
El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad y autor de la iniciativa junto a la bancada de RN, valoró el respaldo transversal que el proyecto obtuvo en esta primera etapa de tramitación. "Estamos saliendo de la comisión de Seguridad acá en la Cámara de Diputados y tenemos buenas noticias. Está avanzando la ley Naín Retamal 2.0 que hemos propuesto como Renovación Nacional", señaló. González fue enfático en el mensaje de fondo: "No hay ninguna política de seguridad pública que pueda tener éxito sin policías empoderadas y respetadas. Por eso es necesario que quienes han socavado por años la autoridad de Carabineros sepan que esto cambió, y que desde hoy los Carabineros no aceptarán más insultos y menoscabos en una mal entendida libertad de expresión."
González también destacó un elemento particular de la iniciativa: su valor para resguardar específicamente a las funcionarias mujeres de Carabineros, que con frecuencia reciben insultos de grueso calibre durante el ejercicio de sus funciones, un problema de género dentro de la violencia hacia las policías que rara vez recibe la atención pública que merece.
La definición de "ofensa grave": el debate técnico que viene
No todas las intervenciones en la comisión fueron de respaldo sin matices. La defensora nacional de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina, planteó reparos específicos respecto a la redacción del proyecto, la interpretación de las sanciones contempladas y la proporcionalidad de las mismas. Son objeciones técnicas legítimas que cualquier proyecto de esta naturaleza debe poder resolver antes de su aprobación definitiva, para evitar que la ley termine siendo impugnada en su aplicación práctica por falta de precisión jurídica.
En esa misma línea, el diputado del Partido Republicano Enrique Basaletti coincidió con la defensora nacional respecto a la necesidad de precisar qué constituye exactamente una "ofensa grave". Basaletti propuso una definición concreta: "Yo la definiría como expresiones o actos que por su naturaleza, intensidad o concepto, tengan por objeto humillar, denostar o degradar la función policial a quien la ejerce." Es una propuesta que apunta correctamente al problema central que cualquier ley de este tipo enfrenta: la línea entre la crítica legítima a la actuación policial —que en una democracia debe estar protegida— y el insulto o la agresión verbal que busca degradar la función policial sin aportar ningún contenido crítico sustantivo.
Esa distinción es exactamente la que el Congreso deberá resolver con precisión en los próximos trámites, porque una redacción demasiado amplia podría terminar criminalizando la crítica legítima a la actuación policial, mientras que una redacción demasiado estrecha dejaría sin protección real a los funcionarios frente a las formas más groseras y reiteradas de menosprecio que efectivamente buscan socavar su autoridad sin ningún propósito de fiscalización ciudadana.
La crítica desde la izquierda: ¿es esto lo prioritario?
El diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista, planteó una objeción de fondo distinta, centrada no en la técnica legislativa sino en la prioridad política del proyecto. Según Leiva, la principal problemática que el sistema de seguridad debe enfrentar es la lucha contra el crimen organizado, no los "asuntos de orden público" que aborda esta iniciativa específica. Agregó una crítica adicional sobre la estrategia legislativa: "Respecto al aumento de las sanciones a ofensas o delitos contra carabineros, existen varios proyectos de ley en tramitación, incluso en segundo trámite constitucional, y si el Ejecutivo quisiera como vehículo de agilizar colocarle urgencia a esos proyectos y no iniciar desde cero la tramitación de una ley de esta naturaleza."
Es una crítica que merece ser tomada en serio en su dimensión técnica, aunque VDI Global discrepa de su jerarquización implícita entre la lucha contra el crimen organizado y el respaldo a las policías frente a la violencia y el menosprecio cotidiano. Ambos objetivos no son mutuamente excluyentes ni compiten por los mismos recursos legislativos: fortalecer la autoridad y el respeto hacia los funcionarios policiales es, precisamente, una condición necesaria para que esas mismas policías puedan enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado. Una fuerza policial que opera bajo un clima permanente de menosprecio institucional y agresión verbal sistemática tiene, estructuralmente, menos capacidad operativa que una que cuenta con respaldo legal y social claro.
El punto de Leiva sobre la existencia de proyectos similares ya en trámite avanzado es, sin embargo, una observación legislativa válida que el Ejecutivo debería responder con claridad: si existen iniciativas equivalentes en segundo trámite constitucional, la pregunta de por qué priorizar una nueva moción en lugar de acelerar las que ya tienen avance merece una explicación pública del gobierno.
El problema probatorio que nadie ha resuelto todavía
Uno de los señalamientos más sustantivos sobre los desafíos prácticos de esta ley provino del diputado independiente-PPD Jaime Araya, quien es parte de los autores del proyecto y respalda la iniciativa de fondo, pero advirtió sobre un problema de diseño que deberá resolverse antes de su aprobación final: "Esto que se plantea va a ser muy problemático, porque la víctima va a ser el propio funcionario policial y, de ese punto de vista, quien va a suministrar los medios de prueba, serán los mismos. Entonces falta resolver cómo será el tema probatorio."
Es una preocupación legítima y técnicamente sólida. Si la única prueba disponible en un proceso por insulto o agresión contra un funcionario policial es el propio testimonio de ese funcionario, sin registro audiovisual independiente, el sistema judicial enfrentará dificultades reales para discernir entre denuncias fundadas y eventuales excesos en la aplicación de la norma. Araya planteó, como solución parcial a ese problema, la necesidad de resolver la implementación de cámaras corporales para los funcionarios policiales, una tecnología que en muchos países ha demostrado ser efectiva tanto para proteger a los policías de denuncias infundadas como para proteger a los ciudadanos de eventuales abusos de autoridad.
El paquete más amplio: legítima defensa para funcionarios de franco
Este proyecto no llega de manera aislada. Forma parte de un paquete más amplio de iniciativas de la agenda Naín-Retamal 2.0 al que el gobierno de Kast ya había decidido dar urgencia legislativa días antes. Entre esas medidas figura un segundo proyecto que busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que se encuentren de franco —es decir, fuera de servicio— cuando intervengan para enfrentar delitos flagrantes o proteger a terceros, otorgándoles respaldo legal para actuar ante emergencias incluso cuando no están formalmente en función.
El conjunto de medidas incluye también el fortalecimiento de mecanismos de ascenso extraordinario y reconocimiento institucional para funcionarios fallecidos o gravemente heridos en actos de servicio, mayores facultades para controles preventivos en zonas de alta incidencia delictual, y sanciones más severas para homicidios o lesiones gravísimas contra policías, incluyendo modificaciones en materia de responsabilidad penal adolescente para los delitos de extrema gravedad cometidos contra funcionarios.
El diputado de RN Diego Schalper destacó que el gobierno haya acogido los planteamientos formulados por su bancada, una valoración que confirma una dinámica de colaboración efectiva entre el Ejecutivo y al menos un sector de Chile Vamos en esta materia específica, en contraste con las tensiones que esta misma sesión editorial ha documentado en otros frentes de la relación entre el gobierno de Kast y parte de la coalición de centroderecha tradicional.
La posición de VDI Global: respaldo al fondo, exigencia en la forma
VDI Global respalda el principio central de este proyecto: ninguna política de seguridad pública puede sostenerse sobre policías deslegitimadas, insultadas y agredidas sin consecuencias. El respeto a la autoridad policial es una condición básica del orden democrático, y su erosión progresiva durante los últimos años en Chile ha tenido costos reales tanto para la seguridad ciudadana como para la moral y la capacidad operativa de las fuerzas de orden.
Al mismo tiempo, esta sesión editorial ha sido consistente en exigir rigor técnico y respeto a las garantías procesales en toda la legislación que se tramita, sin excepciones de bando político. Las objeciones planteadas por la Defensoría Penal Pública sobre proporcionalidad, por el diputado Basaletti sobre la definición precisa de "ofensa grave", y por el diputado Araya sobre el problema probatorio, no son obstáculos ideológicos al proyecto. Son exactamente el tipo de escrutinio legislativo riguroso que cualquier ley que aumente sanciones penales debe atravesar antes de su aprobación definitiva, para que su aplicación efectiva no termine generando litigios interminables por imprecisión normativa ni vulnerando garantías básicas del debido proceso.
El camino que sigue —la ronda de audiencias con expertos anunciada tras esta aprobación en general— es exactamente la instancia donde esos matices técnicos deben resolverse, antes de que el proyecto avance hacia su votación en particular y su tramitación en el Senado.
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