EL VUELO FANTASMA: 124 NIÑOS HAITIANOS SALIERON DE PUERTO PRÍNCIPE, SOLO 44 LLEGARON A SANTIAGO — EL GOBIERNO DE BORIC NO HIZO O NO QUISO HACER NADA CON LAS ALERTAS QUE TENÍA DOS MESES ANTES

Un vuelo del 15 de octubre de 2025 con más de un centenar de niños haitianos hizo una escala no programada en Lima, donde los menores fueron bajados y redistribuidos en otra aeronave sin explicación alguna. La ruta original, de Puerto Príncipe a Santiago, nunca se cumplió tal como estaba planeada. El resultado: de 124 niños reportados al salir de Haití, solo 44 llegaron a Santiago. La DGAC reconoció que ya tenía conocimiento de situaciones anómalas en estos vuelos desde agosto de 2025, dos meses antes de este aterrizaje. El senador republicano Felipe Kast (Carter) exigió consecuencias extremas para los responsables. El exjefe de Extranjería planteó sin rodeos la hipótesis de un negocio lucrativo detrás de toda la operación.

Una escala que nadie había anunciado, y una llegada que no coincide con la salida

El caso de los niños haitianos desaparecidos en Chile, que esta sesión editorial ha documentado en sus distintas etapas, suma ahora un antecedente que agrava de manera sustancial el cuadro ya conocido: la reconstrucción detallada de uno de los vuelos chárter más cuestionados, el que aterrizó en Santiago el 15 de octubre de 2025.

Según los antecedentes reconstruidos, este vuelo despegó de Puerto Príncipe, Haití, con más de un centenar de niños a bordo. La ruta originalmente trazada contemplaba un trayecto directo o con escalas previamente informadas hacia Santiago. Eso no fue lo que ocurrió. El vuelo hizo una escala no programada en Lima, Perú, donde una parte de los menores fue bajada del avión original y "extrañamente redistribuida" en otra aeronave, sin que las autoridades hayan logrado establecer hasta ahora quién tomó esa decisión, con qué autorización, y bajo qué criterio se decidió qué niños continuaban en cada avión.

El resultado de esa operación es la cifra que debería alarmar a cualquier autoridad con responsabilidad en la materia: el vuelo llegó a Santiago con 44 niños, cuando en Puerto Príncipe se había reportado la salida de 124. Ochenta menores de edad que partieron de Haití en este vuelo y que no llegaron a Chile en la aeronave ni en el momento que originalmente correspondía. La pregunta que ninguna autoridad ha respondido hasta ahora, y que es la más urgente de todo este caso, es: ¿dónde están esos ochenta niños?

Lo que la DGAC ya sabía dos meses antes

Uno de los elementos más graves de esta reconstrucción es el momento en que la Dirección General de Aeronáutica Civil tomó conocimiento de irregularidades en este tipo de vuelos chárter no regulares. La propia DGAC ha reconocido que, en agosto de 2025 —es decir, dos meses antes de que este vuelo específico aterrizara en Santiago con la mitad de los niños que debía traer— ya tenía conocimiento de "situaciones anómalas" en estas operaciones.

Pese a esa información, la DGAC sostuvo que su rol es exclusivamente técnico y no migratorio, vinculado a la regulación de operaciones aéreas, aeronaves y tripulaciones, no al control de quiénes viajan ni bajo qué condiciones de protección de menores. Bajo ese argumento, confirmó que mantiene una investigación administrativa abierta contra una aerolínea, actualmente "en etapa de cierre", sin que se conozcan sanciones concretas hasta la fecha.

El problema con ese argumento, que VDI Global ya señaló en informes anteriores de esta misma sesión, es que tener conocimiento de "situaciones anómalas" en vuelos que transportan menores de edad y limitarse a evaluar exclusivamente el aspecto técnico-aeronáutico, sin activar ningún mecanismo de alerta cruzada con la PDI, con el Servicio Nacional de Migraciones o con la Defensoría de la Niñez, no es una conducta neutral. Es, en los hechos, una decisión de permitir que las operaciones continuaran exactamente como venían ocurriendo.

La reconstrucción fragmentada: lo que el Estado no ha podido explicar

La reconstrucción completa de lo ocurrido el 15 de octubre de 2025 ha resultado, según los propios antecedentes disponibles, "compleja y fragmentada". Las autoridades no han logrado entregar a la ciudadanía una versión completa y coherente de lo ocurrido ese día, a pesar de que existen múltiples oficios que se intercambiaron entre las distintas instituciones del Estado en torno a este vuelo y a otros de similares características.

No se ha revelado, hasta el momento de este informe, quién organizó específicamente este vuelo, quién lo pagó, ni por qué se modificaron los planes de ruta originales para incluir una escala no programada en Lima con redistribución de pasajeros menores de edad. La ruta original, simplemente, nunca se cumplió, y nadie en el aparato del Estado chileno ha explicado satisfactoriamente por qué.

Esta falta de explicación coherente, casi nueve meses después de ocurridos los hechos, es en sí misma una falla institucional de proporciones mayores. No se trata de un episodio menor que requiera tiempo de investigación para esclarecerse en sus matices más finos. Se trata de la pregunta más básica posible —cuántos niños subieron a un avión en Haití y cuántos llegaron a Chile— y la respuesta, nueve meses después, sigue siendo un vacío de ochenta menores sin paradero conocido.

El "negocio" detrás de los vuelos: la hipótesis del exjefe de Extranjería

Rodrigo Sandoval, exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, entregó una declaración pública que apunta directamente a la lógica económica que podría estar detrás de toda esta operación. Consultado sobre los vuelos chárter con niños haitianos, Sandoval planteó sin rodeos la pregunta que estructura todo el caso: dado que no existen vuelos comerciales directos desde Haití hacia Chile, cualquier padre o madre residente en Chile que quiera traer a su hijo legítimamente enfrenta una dificultad logística real. Esa necesidad legítima de las familias migrantes haitianas es, según Sandoval, exactamente el terreno fértil donde "obviamente existe espacio para negocio".

Sandoval fue más explícito todavía sobre la naturaleza de este tipo de operaciones criminales: "Buena parte de los grandes ilícitos que comete el crimen organizado son ilícitos que, en cada una de sus etapas, cumple perfectamente la ley, pero que finalmente el objetivo que persiguen es un objetivo ilícito." Es una descripción precisa de cómo operan las redes de tráfico de personas sofisticadas: cada eslabón individual de la cadena —contratar un vuelo chárter, tramitar una visa de reunificación familiar, procesar el ingreso en el aeropuerto— puede parecer, aisladamente, un acto administrativo legal. El problema es la intención y el resultado final de la cadena completa.

Sandoval también abordó los límites de control que enfrenta la PDI en el aeropuerto: el funcionario policial no tiene, según explicó, una facultad legal de controlar a dónde va efectivamente el niño una vez que ingresa al país. "Por práctica, la PDI tiende a buscar a los padres que lo hacen entrar, pero eso es por una buena práctica que hacen ellos", señaló, lo que confirma que ese control posterior al ingreso depende más de la diligencia informal de los funcionarios que de un protocolo legal exigible.

El Fiscal Nacional aclara: no son exactamente los mismos hechos

En medio de la creciente atención mediática y política sobre este caso, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, entregó una precisión importante sobre el estado de las distintas investigaciones en curso. Según explicó, la Fiscalía Centro Norte ya llevaba adelante una investigación por hechos distintos a los que motivaron la apertura de oficio más reciente, aunque ambas pesquisas tienen "algún grado de similitud".

Esta aclaración es relevante porque permite entender la complejidad procesal del caso: no se trata de una sola investigación lineal, sino de distintas líneas que se fueron abriendo en momentos diferentes, a partir de denuncias y alertas distintas, que ahora la Fiscalía deberá articular para construir una imagen completa de lo ocurrido. El propio Valencia confirmó que la investigación más reciente responde directamente a la fiscalización que hizo la Contraloría sobre los ingresos de menores haitianos registrados durante el año pasado.

El antecedente de enero de 2023: la primera alerta que el sistema ya ignoró

Vale la pena reconstruir también el origen más temprano de las alertas en este caso, porque confirma que el patrón de falta de respuesta institucional no comenzó en 2025, sino casi tres años antes. El 25 de enero de 2023, se alertó que un vuelo de la aerolínea Star Perú aterrizaría en Chile proveniente de Puerto Príncipe, con 141 pasajeros, 98 de ellos menores de edad, a cargo de solo dos adultos y sin la documentación requerida. Ese vuelo específico finalmente no se concretó, pero la alerta generada fue precisamente la que dio origen a la indagación inicial sobre este fenómeno.

Es decir: el sistema de alertas del Estado chileno funcionó correctamente en enero de 2023, en el sentido de que detectó el riesgo y evitó que ese vuelo específico ocurriera bajo esas condiciones irregulares. El problema es que esa misma alerta inicial, que debería haber generado un protocolo de control reforzado y permanente para todos los vuelos chárter similares desde Haití, no impidió que, entre enero y octubre de 2025, ocurrieran decenas de vuelos adicionales con patrones de irregularidad equivalentes o peores, incluyendo el vuelo del 15 de octubre con la discrepancia de ochenta niños sin explicación.

Entre enero y abril de 2025, según antecedentes ya documentados por esta sesión editorial, se trasladaron alrededor de 2.500 ciudadanos haitianos mediante estos vuelos chárter, muchos de ellos menores de edad. Fue en ese contexto que, en julio de 2025, el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, ofició formalmente a la DGAC para que no autorizara nuevos vuelos de las aerolíneas involucradas, al haber detectado que no cumplían con la normativa exigida. Esa solicitud, como ya documentó VDI Global, no impidió que los vuelos continuaran, incluyendo el del 15 de octubre, tres meses después de esa alerta formal.

"Colgaremos del palo mayor de la Esmeralda a los responsables": la indignación que cruza límites

La gravedad del caso ha generado reacciones políticas de extrema dureza verbal. El senador republicano declaró públicamente, en referencia a este caso, que se debería "colgar del palo mayor de la Esmeralda a los responsables", invocando la imagen del histórico buque escuela de la Armada de Chile como metáfora de castigo ejemplar.

VDI Global reporta esta declaración porque refleja, de manera cruda, el nivel de indignación que el caso ha generado incluso entre autoridades del propio sistema político formal. Pero es necesario decirlo con claridad: esa frase es una expresión retórica de indignación, no una propuesta de política pública ni una posición que VDI Global respalde como forma de hacer justicia. La gravedad de lo ocurrido —si se confirma que hubo tráfico de personas, cohecho de funcionarios y omisión deliberada de controles— exige las máximas penas que la ley chilena contempla, aplicadas con todo el rigor del debido proceso. No exige ni se beneficia de un lenguaje que evoca ejecuciones extrajudiciales, por comprensible que sea la frustración que lo origina.

Lo que el gobierno de Boric no hizo, o no quiso hacer

El título de este informe resume la conclusión que la acumulación de antecedentes obliga a sostener: el gobierno de Boric no hizo, o no quiso hacer, lo necesario para detener esta operación cuando todavía tenía el poder institucional y el tiempo para hacerlo.

Las alertas existieron desde enero de 2023. La denuncia formal de Migraciones ante el Ministerio Público data de ese mismo año. El oficio explícito de Thayer a la DGAC pidiendo no autorizar más vuelos de las aerolíneas sospechosas es de julio de 2025. Y pese a toda esa cadena de advertencias documentadas, el 15 de octubre de 2025 —en los últimos meses del gobierno de Boric— un vuelo con 124 niños haitianos hizo una escala no programada en Lima y llegó a Santiago con menos de la mitad de esos menores, sin que hasta el día de hoy exista una explicación oficial coherente de qué pasó con los ochenta restantes.

No es razonable seguir sosteniendo que se trató de fallas aisladas, de errores administrativos puntuales o de la complejidad inherente a los procesos migratorios. La acumulación de alertas ignoradas, de oficios sin respuesta, de vuelos que continuaron pese a advertencias explícitas, y de una discrepancia de ochenta niños en un solo vuelo, configura un patrón de negligencia institucional sostenida que el gobierno de Boric tuvo el tiempo, la información y la responsabilidad de corregir, y que no corrigió.

Lo que el gobierno de Kast debe exigir ahora

El gobierno actual hereda esta investigación, no la responsabilidad de haberla generado. Pero tiene la obligación, que VDI Global ya ha planteado en informes anteriores de esta sesión, de colaborar plenamente con la Fiscalía, de impulsar con la máxima celeridad las comisiones investigadoras ya anunciadas en el Congreso, y de exigir explicaciones formales y documentadas a quienes ocuparon cargos de responsabilidad en Migraciones, en la Subsecretaría de la Niñez y en el Ministerio del Interior durante el período en que estos vuelos ocurrieron.

La pregunta de los ochenta niños que faltan en el vuelo del 15 de octubre no puede quedar como un dato more entre decenas de antecedentes fragmentados. Debe convertirse en la pregunta central que toda la investigación, parlamentaria y penal, esté obligada a responder antes que cualquier otra.