"FUE COMO HABLAR CON UNA PARED": TOHÁ, MONSALVE Y CORDERO RECIBIERON LA ALERTA DIRECTA SOBRE LOS NIÑOS HAITIANOS EN 2023 Y NO HICIERON NADA — EL ENTRAMADO COMPLETO DE LAS SIETE INSTITUCIONES QUE FALLARON

Un nuevo informe revela que al menos siete organismos públicos fueron alertados, en distintos momentos desde mayo de 2023, sobre el ingreso irregular de niños haitianos a Chile. El testimonio más demoledor es el del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, de la UDI, quien aseguró haber advertido personalmente a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, al subsecretario Manuel Monsalve y al ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre vuelos chárter que aterrizaban de madrugada con decenas de niños a cargo de un solo adulto. Su conclusión es lapidaria: "Fue como hablar con una pared." La Defensoría de la Niñez confirma que, tras años de oficios, "tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo."

El nombre que faltaba: Juan Manuel Fuenzalida

Hasta ahora, esta sesión editorial había documentado la cadena de alertas institucionales sobre el ingreso irregular de niños haitianos a través de oficios formales entre organismos del Estado. Lo que faltaba era el nombre de la persona que, desde la política, intentó activar una respuesta y se topó con la indiferencia. Ese nombre es Juan Manuel Fuenzalida, exdiputado de la UDI.

Fuenzalida reveló que el informe de Contraloría que destapó este escándalo se originó, en parte, a partir de una denuncia que él mismo presentó hace año y medio, después de que funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con quienes trabajaba de cerca por la vulnerabilidad que observaba en los aeropuertos, le advirtieran directamente sobre la llegada "entre gallos y medianoche" de aviones chárter cargados de niños haitianos.

Fuenzalida no se quedó con la información. La llevó a quienes, en ese momento, tenían la responsabilidad política de actuar: la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá; el entonces subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve; y el entonces ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Su relato de esa experiencia es la frase que debería resonar con más fuerza en todo este caso: "Fue como hablar con una pared. Nadie se cuestionaba que llegara un adulto con 40 niños."

Un adulto. Cuarenta niños. Y la respuesta del aparato político del gobierno de Boric, según el testimonio directo de quien hizo la advertencia, fue silencio institucional.

La cifra que la PDI ya tenía en marzo de 2023: 76 vuelos, 2.142 niños

El entramado de alertas no comienza con Fuenzalida. Comienza, según los antecedentes ahora reconstruidos, con un funcionario de la propia DGAC que en los primeros meses de 2023 expresó su inquietud sobre estos vuelos al entonces diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, hoy exsubsecretario de Seguridad Pública y asesor en La Moneda.

Jouannet actuó con la celeridad institucional que correspondía: el 14 de marzo de 2023 envió un oficio formal al Ministerio del Interior solicitando información sobre si existía "un aumento en el ingreso al país, durante el último año, de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana". El Ministerio derivó la consulta a la PDI, que respondió con una cifra que debería haber encendido todas las alarmas del Estado chileno: entre enero de 2022 y marzo de 2023 habían llegado 76 vuelos chárter al país con un total de 2.142 niños haitianos.

Setenta y seis vuelos. Más de dos mil niños. En catorce meses. Esa cifra estaba en poder del Ministerio del Interior desde marzo de 2023. La PDI, en ese mismo informe, mencionó que había hecho gestiones sobre el tema con el Servicio Nacional de Migraciones, la propia DGAC y la Junta de Aeronáutica Civil. El sistema de alertas, en ese momento, funcionaba: la información llegaba, se documentaba, se ponía en conocimiento de las autoridades competentes. Lo que no funcionó fue la respuesta.

Lo que Tohá reconoce, y lo que omite

La exministra del Interior, Carolina Tohá, entregó su versión de los hechos, y es importante reconocer que, a diferencia de su silencio en informes anteriores de este caso documentados por esta sesión editorial, esta vez sí habló. Confirmó que en aquel entonces "se presentó una querella" que estableció tres empresas involucradas: Sky Airlines de Chile, Aeroregional de Ecuador y Star Perú, identificadas por la PDI en abril de 2023 como asociadas a una "cifra extraordinaria" de niños y adolescentes haitianos ingresados por el aeropuerto de Santiago.

Tohá agregó que, aunque el proceso judicial aún no llegaba a juicio, esos datos se utilizaron para solicitar el retiro de la licencia a las aerolíneas, pero que "la DGAC no acogió" esa solicitud. Posteriormente, según su relato, se suspendió la entrega de visas en Haití.

Aquí hay un punto que merece ser señalado con toda claridad editorial: Tohá confirma que su propio ministerio impulsó una querella y solicitó el retiro de licencias a las aerolíneas involucradas, y que esa solicitud fue rechazada por la DGAC. Es decir, según la propia versión de la exministra, el fallo no habría sido enteramente de su cartera, sino de la negativa de un organismo dependiente del Ministerio de Defensa a actuar sobre la base de los antecedentes que el Ministerio del Interior le entregó.

Esto es relevante porque distribuye la responsabilidad de manera más precisa de lo que las versiones anteriores permitían establecer. Pero no exime a Tohá de la responsabilidad política de no haber escalado ese rechazo de la DGAC hacia una instancia superior de coordinación interministerial, ni de no haber informado públicamente, en su momento, que existía un organismo del Estado que se negaba a actuar frente a antecedentes que su propio ministerio consideraba lo suficientemente graves como para presentar una querella.

Thayer: "no había documentación que correspondía", pero "la PDI no informó de ninguna anomalía"

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, ya había entregado antecedentes sobre este caso en informes anteriores de esta sesión editorial. Su versión más reciente agrega precisión sobre la cronología: confirmó que en marzo de 2023 hizo una denuncia formal contra tres líneas aéreas por vulnerar la norma migratoria, ya que "no tenían la documentación que correspondía en el embarque". Posteriormente, en julio de 2025, envió el oficio ya conocido a la DGAC pidiendo la suspensión de esas mismas aerolíneas.

Thayer fue explícito en un punto que merece atención: explicó que, en el marco de la investigación del Ministerio Público, su servicio se enteró de que ya existía una pesquisa avanzada por tráfico de personas, y que a partir de ese momento "empezamos a recibir documentos fraudulentos y empezamos a rechazar visas". Es decir, según su relato, el Servicio de Migraciones sí endureció sus controles una vez que tomó conocimiento de la magnitud del problema.

Pero Thayer también hizo algo que conviene registrar con cuidado: deslindó responsabilidades hacia otra institución. Señaló que "el problema que levanta el informe tiene que ver con que en el aeropuerto venían muchos niños a cargo de pocos adultos", y agregó que "la PDI no informó de ninguna anomalía en la entrega de los niños a los padres". Es la misma lógica de responsabilidad cruzada que ya se ha observado en otros testimonios de este caso: cada institución reconoce parcialmente su rol, pero apunta el fallo final hacia la siguiente institución en la cadena.

La pregunta técnica que lo resume todo: ¿se cargó la dirección en el sistema?

La directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, entregó la explicación técnica más precisa disponible hasta ahora sobre dónde exactamente pudo haber fallado el sistema.

Según Vargas, hay tres verificaciones que deben confirmarse: si los niños traían su visa aprobada; si, estando aprobada, todos los documentos estaban efectivamente cargados y verificados en el sistema del Servicio Nacional de Migraciones; y si la PDI verificó, al momento del ingreso, que los niños portaran tanto la visa aprobada como el permiso notarial de ambos padres.

El punto más revelador de su análisis es este: la visa de reunificación familiar exige que el sistema registre la dirección donde el menor va a vivir en Chile, declarada por el padre o madre residente. Si la investigación hoy concluye que no se sabe el paradero de los niños, la pregunta inmediata y necesaria es si esa dirección fue efectivamente registrada al momento de tramitar la visa. "Si no se puso, el problema está en el Servicio Nacional de Migraciones", sentenció Vargas.

Esta es, en términos simples, la pregunta que debería estructurar el resto de la investigación: ¿existe o no existe, en los sistemas oficiales del Estado chileno, un registro de domicilio para cada uno de los más de 200 niños cuyo paradero hoy se desconoce? Si existe, hay que ir a esas direcciones y verificar. Si no existe, la falla de origen está identificada con precisión.

La Defensoría de la Niñez: tres años de oficios y "un porcentaje de respuesta bastante bajo"

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, entregó este miércoles el balance más completo hasta ahora sobre el historial de advertencias formales que su organismo envió a lo largo de los años. Confirmó oficios dirigidos a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez), al Servicio Nacional de Migraciones, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente a Migraciones a propósito de la implementación de un registro biométrico para identificar niños en contexto de movilidad, a la Policía de Investigaciones, y a otras autoridades, incluyendo al Congreso.

Su evaluación del resultado de todos esos años de oficios es contundente: "En general tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo. No obtuvimos respuestas formales, o bien se manifestaron voluntades institucionales para avanzar en la elaboración de protocolos, en mecanismos de coordinación, en medidas de protección."

El historial documentado es extenso y merece reconstruirse con precisión. En enero de 2023, cuando la defensora era Patricia Muñoz, se envió un oficio a la entonces subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, solicitando la creación de una mesa técnica para elaborar un protocolo de regularización de niños migrantes. En mayo de ese mismo año, Muñoz volvió a oficiar denunciando que, tras una primera sesión de esa mesa técnica, no se convocó a ninguna sesión adicional, calificando esa interrupción de "preocupante". En septiembre de 2024, ya con Quesille como defensor, se ofició nuevamente solicitando información sobre el proceso de enrolamiento de menores extranjeros. Y en octubre de 2025 —cuando los niños ya habían ingresado al país— se solicitó información específica sobre el estado del protocolo para la solicitud de visa humanitaria de menores sin documentos de identificación.

La conclusión de Quesille es la más clara confirmación institucional de todo este caso: pese a la constitución formal de una mesa de trabajo por parte de la Subsecretaría de la Niñez, "no se generó una medida concreta". Y fue explícito en delimitar el rol de su propio organismo: "Pusimos los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes, las que tienen que tomar las acciones, no la Defensoría de la Niñez, que no tenemos un rol investigativo, nuestro rol es simplemente de persuasión."

Un oficio adicional, el N° 539/2025, dirigido el 6 de mayo de 2025 al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitó específicamente el protocolo policial para el ingreso de menores extranjeros con visa de reunificación familiar, y el protocolo para identificar factores de riesgo de comisión de delitos en esos ingresos. La respuesta que la Defensoría obtuvo a ese oficio, y a uno equivalente enviado el mismo día a Thayer solicitando cifras exactas de permisos otorgados y rechazados entre 2022 y la fecha, fue, según pudo confirmarse, "solo acusando recibo".

Acusar recibo. No responder. No entregar los datos solicitados. Esa fue, en los hechos, la respuesta institucional del Estado chileno a una autoridad constitucional diseñada específicamente para proteger los derechos de los niños, durante más de dos años de oficios formales y documentados.

El mapa completo de la responsabilidad institucional

Con este nuevo informe, es posible reconstruir con precisión el entramado completo de instituciones que tuvieron información y no actuaron con la urgencia que el caso exigía: la Dirección General de Aeronáutica Civil, que recibió alertas desde funcionarios propios en 2023 y que rechazó la solicitud de retiro de licencias a las aerolíneas presentada por el Ministerio del Interior; el propio Ministerio del Interior, bajo Tohá, Monsalve y luego Cordero en Seguridad, que recibió la cifra de 76 vuelos y 2.142 niños desde marzo de 2023 y que, según el testimonio directo de quien hizo la advertencia política, respondió como "hablar con una pared"; la Policía de Investigaciones, que procesó miles de ingresos sin reportar anomalías en la entrega de los menores a sus supuestos tutores; el Servicio Nacional de Migraciones, que denunció a las aerolíneas pero cuya verificación de domicilios declarados sigue siendo, según expertos, la pregunta clave sin responder; la Subsecretaría de la Niñez, que constituyó una mesa técnica que se reunió una vez y luego no volvió a convocarse; el Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez); y la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería.

Siete organismos. Tres años de oficios. Una cifra de más de 200 niños sin paradero conocido. Y una frase que resume todo lo que falló: "Fue como hablar con una pared."

La posición de VDI Global: nombres, fechas y responsabilidad política directa

Esta sesión editorial ha sostenido, desde que este caso se conoció, que el gobierno de Boric tuvo las alertas y no actuó con la urgencia necesaria. Con este informe, esa afirmación deja de ser una inferencia razonable basada en oficios institucionales y se convierte en un hecho documentado con nombres, fechas y testimonios directos.

Carolina Tohá, Manuel Monsalve y Luis Cordero recibieron, según el testimonio del propio exdiputado que hizo la advertencia, información directa y específica sobre vuelos chárter que llegaban de madrugada con decenas de niños a cargo de un solo adulto, y la respuesta fue, en sus palabras, equivalente a "hablar con una pared". Eso no es ambigüedad institucional ni complejidad burocrática. Es la descripción, hecha por un testigo directo, de indiferencia política frente a una alerta de máxima gravedad sobre la seguridad de menores de edad.

VDI Global reconoce, con la misma vara que aplica siempre, que Tohá ha entregado en este último informe una versión más completa que en ocasiones anteriores, incluyendo el dato de que la DGAC rechazó la solicitud de su ministerio de retirar las licencias a las aerolíneas involucradas. Ese antecedente matiza, sin eliminar, la responsabilidad política del Ministerio del Interior durante ese período. Pero no explica por qué, frente a ese rechazo de la DGAC, no se escaló el conflicto institucional hacia una resolución de más alto nivel, ni por qué la advertencia directa de un parlamentario no generó ninguna acción concreta más allá de la querella ya mencionada.

El Congreso, a través de las comisiones investigadoras ya anunciadas, tiene ahora la obligación de citar formalmente a Tohá, Monsalve, Cordero, y a las autoridades de la DGAC del período correspondiente, para que expliquen, bajo la responsabilidad que corresponde a una comparecencia parlamentaria formal, por qué la cifra de 76 vuelos y 2.142 niños documentada desde marzo de 2023 no generó ninguna respuesta institucional efectiva durante los años siguientes.

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