EL GOBIERNO DE KAST REVISA LAS PENSIONES DE GRACIA DEL ESTALLIDO SOCIAL DESPUÉS DE QUE UN BENEFICIARIO FUERA DETENIDO POR TRÁFICO DE FENTANILO
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el gobierno está auditando todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social de 2019, luego de que se conociera que Benjamín Huerta Escobar, uno de los beneficiarios, fue detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle. Republicanos, libertarios y la UDI llevaban meses presionando por esta revisión. El biministro Claudio Alvarado fue categórico: "Los recursos de todos los chilenos para una gracia presidencial no pueden estar disponibles para personas que están cometiendo delitos." Son más de 7 mil millones de pesos gastados hasta enero, según cifras de la UDI, en un beneficio que la oposición denuncia se entregó sin verificación suficiente de antecedentes.
El caso que destapó el problema
El detonante de este anuncio fue un hecho concreto: Benjamín Huerta Escobar, beneficiario de una pensión de gracia otorgada en el contexto del estallido social de octubre de 2019, fue detenido en Ovalle por tráfico de fentanilo. Una droga sintética que en otros países ha generado crisis sanitarias de proporciones devastadoras, y cuya presencia creciente en el mercado de drogas chileno es motivo de alarma transversal.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue consultado directamente por el caso y aclaró de inmediato: "Ya no es beneficiario de pensiones de gracia." Pero no se quedó en la respuesta puntual. Aprovechó la instancia para confirmar algo que, según fuentes de La Moneda, se venía trabajando desde el inicio de la administración: una revisión completa de todas las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social.
"El gobierno del Presidente José Antonio Kast está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019. Por lo tanto, circunstancias como esta, nosotros queremos que sean investigadas y a través de nuestro organismo, nuestro departamento de acción social, estamos trabajando en una revisión completa", explicó Pavez.
Qué son las pensiones de gracia y por qué importan
Las pensiones de gracia son un beneficio discrecional que el Presidente de la República puede otorgar a personas en situaciones excepcionales, financiado con recursos públicos. En el contexto específico del estallido social de 2019, el gobierno de Boric otorgó estas pensiones a personas que sufrieron lesiones o secuelas durante las protestas y la represión policial, particularmente a quienes perdieron la visión por el uso de perdigones y otros proyectiles por parte de Carabineros.
El objetivo declarado de estas pensiones era reparar, al menos parcialmente, el daño sufrido por víctimas de la violencia estatal durante ese período. Es un objetivo que, en sí mismo, tiene una justificación humanitaria comprensible y que muchos sectores políticos, incluyendo parte de la derecha, reconocieron como necesario en su momento.
El problema que ha emergido no es la existencia del beneficio. Es la falta de control posterior sobre quiénes lo siguen recibiendo y bajo qué condiciones. Pavez fue explícito sobre la lógica de la revisión: "Es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República."
La frase que define el criterio: méritos que se acaban
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, entregó la explicación jurídica y política más clara sobre el fundamento de esta revisión. Señaló que existen "procedimientos administrativos para revocar el beneficio" y que "indudablemente que hay personas que en algún minuto alguna autoridad consideró que eran merecedores de esa pensión y posteriormente otra autoridad puede considerar que esos méritos se acabaron, se terminaron y se procede en consecuencia al acto administrativo".
Es una formulación cuidadosa, jurídicamente prudente, que evita acusar retroactivamente a quien otorgó originalmente el beneficio mientras deja absolutamente claro que la continuidad del beneficio no es un derecho adquirido e inamovible. Si las circunstancias que justificaron la pensión cambiaron —por ejemplo, si el beneficiario comete delitos que contradicen el espíritu reparatorio del beneficio— el Estado tiene tanto la facultad como la obligación de revisar y, si corresponde, revocar.
La frase que sintetiza el criterio de fondo, y que VDI Global suscribe sin reservas, es la de Alvarado: "Los recursos de todos los chilenos para una gracia presidencial no pueden estar disponibles para personas que están cometiendo delitos."
La presión política: un tema que unió a republicanos, libertarios y la UDI
Este anuncio no surge en el vacío. Es el resultado de una presión política sostenida durante meses desde distintos sectores de la coalición de gobierno y sus aliados parlamentarios, que coincidieron en considerar este tema como una de las materias más sentidas para sus respectivas bases.
La bancada de la UDI, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se reunió esta semana con el biministro Alvarado específicamente para solicitar la revisión de estos beneficios. Días antes, la misma bancada se había reunido con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el mismo objetivo.
La semana pasada, los diputados de la UDI impulsaron un proyecto de resolución solicitando directamente al Presidente Kast revocar las pensiones de gracia en casos de antecedentes penales o incumplimiento de las condiciones originales para recibirlas. La iniciativa fue aprobada por una mayoría contundente: 86 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones.
El comunicado emitido por la bancada UDI tras el anuncio de Pavez incluye una cifra que merece ser destacada: "Estamos hablando de más de 7 mil millones de pesos gastados hasta enero de este año, de los cuales una parte importante terminó en manos de supuestos beneficiarios que ni siquiera presentaron todos los antecedentes al momento de postular o, peor aún, de personas que tenían antecedentes penales, algunas de las cuales incluso reincidieron después de cumplir su condena."
Es una cifra que, de confirmarse en el detalle de la auditoría que el gobierno está realizando, expondría una falla de control administrativo significativa en el proceso original de otorgamiento de estos beneficios durante el gobierno de Boric.
Por su parte, los diputados republicanos Javiera Rodríguez y Sebastián Zamora sostuvieron este martes un encuentro con el subsecretario Pavez para avanzar en las revisiones, que según advierten desde esa colectividad podrían alcanzar más de 20 casos adicionales a los ya identificados.
Lo que esto revela sobre el legado del gobierno de Boric
Este episodio se suma a un patrón que VDI Global ha documentado de manera consistente en esta sesión editorial: decisiones tomadas durante el gobierno de Boric con objetivos declarados legítimos —en este caso, la reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social— que terminaron implementadas con controles insuficientes que generaron consecuencias no deseadas.
No se trata de cuestionar la legitimidad del objetivo original. Las pensiones de gracia para personas que perdieron la visión o sufrieron secuelas graves durante la represión del estallido social responden a una obligación moral y, en muchos casos, legal del Estado chileno. El problema es, una vez más, el de la implementación: ¿se verificaron adecuadamente los antecedentes de cada postulante al momento de otorgar el beneficio? ¿Existían mecanismos de revisión periódica para confirmar que las condiciones que justificaron el otorgamiento se mantenían vigentes? ¿Por qué fue necesario que un caso de tráfico de fentanilo saliera a la luz pública para que se activara una revisión que, según La Moneda, ya se venía realizando "desde el día uno" pero que recién ahora se anuncia formalmente?
Esa última pregunta es particularmente relevante. Si la revisión efectivamente se viene realizando desde el inicio de la administración Kast, como aseguran fuentes de La Moneda, cabe preguntarse por qué no se había comunicado públicamente hasta que un caso mediático la hizo inevitable. La transparencia proactiva sobre el uso de recursos públicos no debería depender de que estalle un escándalo.
El mérito del gobierno de Kast en este episodio
Dicho lo anterior, es necesario reconocer con la misma vara de exigencia que VDI Global aplica en todos los casos: el gobierno de Kast está actuando correctamente al confirmar y profundizar esta revisión, y al hacerlo con un criterio jurídico sólido que no criminaliza retroactivamente la decisión original sino que establece, de manera razonable, que el mantenimiento de un beneficio público está condicionado a que las circunstancias que lo justificaron sigan vigentes.
La coordinación entre el Ejecutivo y las bancadas de la UDI y republicanos en este tema, lejos de ser un conflicto, es exactamente el tipo de articulación que la coalición de gobierno necesita mostrar con mayor frecuencia: un problema identificado, presión parlamentaria legítima y sostenida, y una respuesta del Ejecutivo que no se hizo esperar más de lo razonable.
Lo que falta por resolver
El anuncio de Pavez es un paso necesario, pero deja preguntas abiertas que la auditoría completa deberá responder. ¿Cuántos de los más de 20 casos que republicanos estiman podrían estar en revisión corresponden efectivamente a antecedentes penales graves, y cuántos a situaciones administrativas menores? ¿Cuál es el criterio exacto que el departamento de acción social del Ministerio del Interior está aplicando para determinar qué casos amerita revocación? ¿Habrá responsabilidades administrativas para quienes, durante el gobierno de Boric, no verificaron adecuadamente los antecedentes de los postulantes originales?
VDI Global seguirá esta historia y exigirá que, cuando "haya novedades", como prometió Pavez, estas se comuniquen con el detalle y la transparencia que el manejo de fondos públicos requiere.
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