JADUE SIGUE PROCESADO: EL TERCER JUZGADO DE GARANTÍA RECHAZA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN EL CASO LUMINARIAS Y EL FISCAL ADVIERTE QUE LA FORMALIZACIÓN DEBERÍA LLEGAR "DENTRO DE LAS PRÓXIMAS SEMANAS"
La jueza Pamela Muñoz del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este jueves la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso Luminarias. Los cargos que enfrenta incluyen cohecho cometido por empleado público, violación de secreto, fraude al fisco, cohecho y soborno. El fiscal adjunto de Chillán, Sergio Pérez Noa, fue explícito: "Hay elementos que dan cuenta de la intervención de, eventualmente, don Daniel Jadue en esta licitación." Y agregó la frase que la defensa no quería escuchar: la decisión de formalizar "debiera salir dentro de las próximas semanas".
El revés que Jadue no esperaba resolver con Chahuán
La defensa de Daniel Jadue en el caso Luminarias no es un equipo cualquiera. Está encabezada por el exfiscal nacional Sabas Chahuán, una de las figuras más conocidas del derecho penal chileno, quien ocupó la conducción del Ministerio Público entre 2007 y 2015 y acumula décadas de experiencia en causas de alta complejidad. Que Jadue haya recurrido a Chahuán para esta defensa dice algo sobre la gravedad con que el propio imputado evalúa su situación procesal en el caso Luminarias.
El argumento central que Chahuán presentó ante el Tercer Juzgado de Garantía fue el estándar clásico que las defensas esgrimen cuando una investigación se prolonga sin formalización: que el proceso se ha extendido por varios años sin que la Fiscalía haya dado el paso de imputar formalmente a su representado, que la investigación no reúne antecedentes suficientes para sostener una imputación, y que no existen elementos que permitan atribuirle a Jadue participación en los hechos investigados. La solicitud de sobreseimiento definitivo era la vía para cerrar la causa de manera que no pudiera reabrirse.
La jueza Pamela Muñoz no lo estimó así.
Lo que dijo la jueza: certeza que el tribunal no tiene
La magistrada detalló los cargos que enfrenta Jadue en la resolución: cohecho cometido por empleado público, violación de secreto, fraude al fisco —estos tres por la arista principal— y cohecho y soborno adicionales, estos últimos señalados específicamente por los querellantes, entre los que figura el Consejo de Defensa del Estado, el organismo que defiende los intereses patrimoniales del Estado chileno y cuya querella en una causa es, en sí misma, una señal de la gravedad con que el propio aparato estatal evalúa los hechos investigados.
La jueza concluyó que la investigación está vigente y que aún existen antecedentes que deben ser ponderados por la Fiscalía antes de dar por terminada la causa. El elemento que cambió el peso de la resolución fue la recuperación de escuchas telefónicas que habían permanecido extraviadas y que ahora forman parte de la carpeta investigativa.
Este punto merece contexto: una de las aristas más oscuras del caso Jadue había sido precisamente la pérdida de aproximadamente 30 escuchas telefónicas que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales detectó en 2023, antecedentes que habrían resultado clave para determinar la participación del exalcalde en los hechos investigados. La pérdida de esas escuchas fue tan grave que la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, llegó a solicitar audiencia para no perseverar en esa arista específica de la investigación a inicios de 2025. Que ahora esas escuchas hayan sido recuperadas, según indica la resolución de la jueza, cambia completamente el panorama procesal para Jadue: lo que se pensaba podría extinguirse por falta de prueba, resurge con material que la investigación no tenía antes.
La jueza fue categórica sobre el estándar exigido para el sobreseimiento definitivo y por qué no se cumple en este caso: se requiere la certeza de que el hecho no constituye delito o que haya quedado establecida claramente la inocencia del imputado. Esa convicción, señaló, no la tiene el tribunal actualmente.
El fiscal que se quedó con ganas de ir más lejos
La declaración más relevante de la jornada no la hizo la defensa ni el imputado. La hizo el fiscal adjunto de Chillán, Sergio Pérez Noa, quien mostró su conformidad con la resolución y entregó una descripción del estado actual de la investigación que deja poco espacio para la ambigüedad.
"Creemos que no había antecedentes que permitieran arribar a la convicción de que es absolutamente inocente don Daniel Jadue, ni que tampoco ha habido delito. Así que estamos conformes con la resolución que rechazó la petición de la defensa", declaró el persecutor.
Hasta ahí, una posición esperable de un fiscal que ganó el punto procesal del día. Pero Pérez Noa fue más lejos al ser consultado sobre la eventual formalización de Jadue: "Es una decisión que tiene que adoptar la fiscal regional. En este momento nosotros tenemos diligencias que ya permiten adoptar esa decisión. Hay que tomarla ahora."
"Debiera salir dentro de las próximas semanas", agregó.
Esas frases son procesalmente significativas. Un fiscal no anuncia públicamente que la decisión de formalizar "hay que tomarla ahora" y que debería ocurrir "dentro de las próximas semanas" si no está describiendo una situación en que la investigación ha madurado al punto en que la formalización es la siguiente etapa lógica del proceso. Pérez Noa fue explícito también sobre qué generó ese avance: la recuperación de las escuchas extraviadas, que "permitieron la presentación" de la querella del CDE y que ahora permiten "realizar una ponderación del caso y tomar la decisión adecuada".
La frase más importante de toda su declaración fue esta: "Hay elementos que dan cuenta de la intervención de, eventualmente, don Daniel Jadue en esta licitación." Es una afirmación cautelosa en su forma —el "eventualmente" cumple la función jurídica de no anticipar culpabilidad— pero inequívoca en su sustancia: la investigación tiene antecedentes que vinculan directamente a Jadue con los hechos investigados.
El caso Luminarias: contexto para quienes no lo han seguido
El Caso Luminarias, también conocido como Caso LED, es una de las investigaciones de corrupción más complejas de la historia reciente de Chile. Se originó en Iquique con la adjudicación irregular de millonarias licitaciones para el recambio de luminarias públicas por tecnología LED, operadas principalmente a través de la empresa Itelecom, cuyo ex gerente y dueño, León Marcelo Lefort, fue acusado en 2022 por la fiscal Nayalet Mansilla de encabezar una asociación ilícita entre 2016 y 2020, con una solicitud de 28 años de cárcel.
La "Arista Recoleta" se abrió en octubre de 2020, cuando la Contraloría inició una auditoría en el municipio. En enero de 2021, la PDI allanó dependencias de la Municipalidad de Recoleta. Las interceptaciones telefónicas al abogado asesor de Jadue, Ramón Sepúlveda, revelaron conversaciones sobre una donación de 50 millones de pesos que Itelecom realizó al festival Womad 2019, dependiente de la corporación municipal de Recoleta, cuya dirección estaba a cargo de Pablo Teillier, hijo del entonces presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.
La arista implicaba la posibilidad de que Jadue hubiera pedido coimas en aparente beneficio del Partido Comunista, según declaraciones de proveedores que el propio exalcalde siempre rechazó. La investigación se complicó en 2023 cuando la PDI detectó la pérdida de aproximadamente 30 escuchas telefónicas al exalcalde, lo que llevó al cierre temporal de esa arista por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente a inicios de 2025.
La recuperación de esas escuchas —que la resolución de este jueves da por confirmada— es el elemento que resucita la causa con nueva energía y que explica tanto el rechazo al sobreseimiento como la confianza del fiscal en anunciar una formalización inminente.
Jadue, el antisemitismo y la coherencia de VDI Global
El título de este informe califica a Jadue como "comunista y antisemita". VDI Global mantiene esa calificación por las razones que ha documentado en informes anteriores: el Partido Comunista chileno tiene una larga historia de posiciones que relativizan o justifican la violencia política, y el propio Jadue tiene un historial documentado de declaraciones que, en el contexto del conflicto árabe-israelí, han cruzado la línea entre la crítica política a Israel y la deslegitimación de la existencia del Estado judío, incluyendo declaraciones que VDI Global ha calificado como parte de operaciones de deslegitimación de Israel que este medio no amplificará.
La anticorrupción de VDI Global no tiene color político. Este caso involucra a un militante del Partido Comunista cuyo municipio es acusado de haber participado en una red de corrupción que habría favorecido a una empresa privada en licitaciones públicas millonarias, con escuchas telefónicas que ahora la propia justicia confirma que vinculan al exalcalde con los hechos investigados. Ese estándar anticorrupción se aplica aquí exactamente igual que se aplica a Longueira en el Caso Corpesca o a los alcaldes que renovaron permisos de circulación irregulares a sus propios funcionarios.
Lo que viene: formalización inminente y juicio oral sobre farmacias
Jadue enfrenta actualmente dos frentes judiciales paralelos. El caso Luminarias, cuya formalización el fiscal Pérez Noa anunció como inminente, y la causa por las farmacias populares, en la que ya fue formalizado y cuya audiencia de preparación de juicio oral había sido objeto de críticas por las dilaciones, según informó recientemente el propio BioBioChile.
La combinación de ambos frentes coloca a Jadue en una situación procesal que difícilmente puede describirse como la de alguien que está cerca de quedar libre de cargos. La defensa de Chahuán apostó por el cierre definitivo vía sobreseimiento y perdió. La Fiscalía anunció que la formalización llegará en semanas. Y el Consejo de Defensa del Estado, con su querella activa, confirma que el Estado chileno considera que existen antecedentes suficientes para perseguir penalmente al exalcalde en esta causa.
VDI Global seguirá este proceso con el mismo rigor anticorrupción que aplica a todos los actores políticos, sin excepción de partido ni de conveniencia política. Cuando la formalización ocurra, lo reportaremos con la misma contundencia con que reportamos este rechazo al sobreseimiento.
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