EL "VIOLADOR DE LA MONEDA" QUERÍA FAVORES: MONSALVE LE PIDIÓ AL GOBIERNO KAST QUE LO AYUDARA CON SU SUMARIO — Y LE CERRARON LA PUERTA EN LA CARA

Manuel Monsalve tiene el descaro de pedir favores. El exsubsecretario del Interior, imputado por violación y abuso sexual contra una subalterna — los hechos que le valieron el apodo que ya es parte permanente del léxico político chileno — tuvo la audacia de enviar, el 25 de marzo pasado, apenas días después de que el gobierno de José Antonio Kast asumiera, un oficio de 11 páginas al subsecretario del Interior Máximo Pavez. Un documento reservado en el que le pedía, en esencia, que el nuevo gobierno hiciera el trabajo sucio que el gobierno de Boric no hizo: investigar supuestas irregularidades en el sumario administrativo levantado en su contra y presentar una denuncia penal por eventual falsificación de instrumento público.

La respuesta fue la correcta. Un portazo limpio y sin ambigüedades. Pavez le comunicó que no tiene atribuciones para acceder a lo requerido porque el sumario está vigente y en manos de la Contraloría, y que los propios tribunales ya habían rechazado los mismos planteamientos de Monsalve por las mismas razones. Caso cerrado desde la Subsecretaría del Interior.

Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la política chilena con la distancia que permite ver con claridad lo que los medios convencionales normalizan, esta historia tiene una dimensión que va mucho más allá del episodio administrativo. Lo que Monsalve intentó el 25 de marzo es una maniobra política de manual: usar el cambio de gobierno para reencuadrar su situación judicial y administrativa, convirtiendo las irregularidades del sumario en una causa propia que el nuevo gobierno debía abrazar. No funcionó. Y que no haya funcionado dice algo muy positivo sobre el gobierno Kast.

Quién es Monsalve y por qué importa recordarlo

Para los lectores que siguen a VDI Global desde distintas latitudes, conviene ser precisos sobre quién es Manuel Monsalve y qué hizo. Fue subsecretario del Interior del gobierno de Gabriel Boric — el número dos del ministerio más importante del gabinete, la persona que operativamente dirigía la seguridad interior del país. En octubre de 2024 fue formalizado por violación y abuso sexual contra una funcionaria que trabajaba bajo su autoridad directa. Los hechos habrían ocurrido en dependencias de La Moneda. De ahí el apodo que en la política chilena ya nadie necesita explicar.

La investigación judicial está en curso. El juicio oral se aproxima. Y el sumario administrativo — la investigación disciplinaria paralela que el Ministerio del Interior instruyó en su contra — es el objeto de la maniobra que Monsalve intentó con su oficio de 11 páginas.

El argumento de Monsalve: el sumario fue antedatado

La tesis que Monsalve desplegó en su oficio a Pavez es técnicamente específica y políticamente conveniente: sostiene que el sumario administrativo fue iniciado después de su renuncia al cargo, pero que la resolución que lo originó habría sido antedatada para hacer aparecer que comenzó mientras todavía era funcionario. De ser cierto, el sumario sería ilegal en su origen. Y si el sumario es ilegal en su origen, cualquier consecuencia administrativa que emerja de él — incluyendo eventuales sanciones que afecten su situación procesal o previsional — quedaría invalidada.

En el oficio, Monsalve le planteó a Pavez que los antecedentes demuestran "más allá de toda duda razonable" que el sumario fue iniciado con un "acto antedatado" y que eso configura "irregularidades administrativas graves y delitos de falsificación de instrumento público." Le pidió que instruyera un sumario administrativo contra los responsables e ingresara una denuncia ante el Ministerio Público.

La estrategia es transparente en su lógica: si logra invalidar el sumario, elimina una de las piezas del expediente administrativo en su contra. Y si logra que el nuevo gobierno instruyera esa investigación, le daría al asunto una legitimidad institucional que ningún tribunal le ha otorgado hasta ahora.

Por qué Pavez tenía razón al cerrarle la puerta

El subsecretario Máximo Pavez respondió con precisión jurídica. Dos argumentos centrales. Primero: no tiene atribuciones para tomar medidas sobre un sumario que está vigente y en manos de la Contraloría General de la República. El sumario no ha concluido. Mientras esté activo bajo supervisión de la Contraloría, la Subsecretaría del Interior no puede intervenir ni instruir investigaciones paralelas sobre el mismo proceso sin invadir las competencias del organismo contralor.

Segundo: los mismos planteamientos que Monsalve le hizo a Pavez ya fueron llevados por el propio Monsalve ante los tribunales de justicia. Y los tribunales también los rechazaron. La razón es la misma: la indagación administrativa no se ha cerrado. No existe un acto administrativo firme y definitivo sobre el cual ejercer control jurisdiccional. Monsalve está intentando impugnar un proceso que todavía está en curso, y lo está haciendo ante todas las instancias posibles esperando que alguna le dé el resultado que busca.

Pavez no tenía ninguna razón jurídica para actuar. Y más importante: no tenía ninguna razón política para hacerlo. El gobierno de Kast no le debe absolutamente nada a Manuel Monsalve. Ni una sola consideración. Ni un solo favor. El hecho de que Monsalve — o su entorno — haya tenido "cierta expectativa" de que la administración Kast pudiera acoger lo planteado revela una incomprensión profunda sobre la naturaleza de este gobierno o una dosis extraordinaria de cinismo político.

El as bajo la manga y lo que viene

El entorno de Monsalve no se rindió con el portazo de Pavez. Según informa La Tercera, tienen otra jugada en curso: una solicitud via Transparencia Activa dirigida a la misma Subsecretaría del Interior, pidiendo información sobre la trazabilidad completa del acto administrativo que dio curso al sumario. Con esa información esperan obtener nuevos antecedentes que robustezcan su teoría del antedatamiento y evaluar eventuales nuevas acciones legales.

Todo esto ad portas de la preparación del juicio oral. El timing es relevante. La defensa de Monsalve está construyendo argumentos en todos los frentes disponibles — judicial, administrativo, institucional — en la antesala del proceso que definirá su situación penal definitiva. Es una estrategia de saturación: presentar tantos flancos de ataque simultáneos que alguno eventualmente rinda frutos o, al menos, genere suficiente ruido para complicar la narrativa.

El gobierno Kast, al cerrarle la puerta de forma clara y fundamentada, hizo exactamente lo correcto. No por antipatía personal ni por cálculo político. Por una razón más simple y más importante: porque no correspondía. El Estado no puede convertirse en aliado procesal de un imputado por violación solo porque ese imputado alega que el proceso en su contra tiene vicios formales. Si los vicios existen, los tribunales y la Contraloría tienen los mecanismos para verificarlo y actuar. Ese es el Estado de derecho funcionando. No el favor político pedido en un oficio reservado de 11 páginas.

El legado moral de la izquierda chilena

La historia de Monsalve no puede separarse del contexto más amplio del gobierno Boric y de lo que ese gobierno representó en términos de cultura institucional y moral pública. Monsalve era el número dos del Ministerio del Interior. La persona que todos los días entraba a La Moneda a gestionar la seguridad del país. El funcionario en quien Boric depositó la confianza de administrar el aparato de seguridad del Estado. Y era simultáneamente, según la acusación en curso, alguien que usó su posición de poder para cometer abuso sexual contra una mujer que dependía laboralmente de él.

Que ese gobierno haya llegado a su fin con su exsubsecretario del Interior imputado por violación y con un juicio oral aproximándose es parte del retrato definitivo de una administración que habló permanentemente de feminismo, perspectiva de género y protección de las mujeres mientras uno de sus hombres más importantes presuntamente violaba a una subordinada en dependencias del palacio de gobierno.

Y que ese mismo hombre tenga hoy el descaro de pedirle favores institucionales al gobierno que lo reemplazó, usando el argumento de que el proceso en su contra fue irregular, es la última expresión de una cultura política que nunca asumió responsabilidades, nunca rindió cuentas y siempre encontró una excusa procesal para eludir las consecuencias de sus actos.

El gobierno Kast le cerró la puerta. Bien hecho.

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